Joel Lexchin ha publicado un artículo en JAMA [1] comentando un artículo de Osipenko y sus colegas [2], lo resumimos a continuación. Osipenko et al. descubrieron que el 27% de los 632 medicamentos nuevos introducidos en el mercado francés entre 2008 y 2018 se originaron únicamente en el entorno académico o fueron fruto de una colaboración entre la academia y el sector comercial. Los autores también evaluaron el valor terapéutico de los fármacos nuevos utilizando la escala de Prescrire y de la agencia reguladora francesa (Haute Autorité de Santé o HAS). Según los criterios de Prescrire, los académicos inventaron más medicamentos que añadieron valor terapéutico que la industria (33,9% frente a 21,1%; p<<0,001). Según la metodología de HAS, el 7,7% de los medicamentos que descubrieron los académicos aportaron valor terapéutico, en comparación con sólo el 2,6% de los descubiertos por la industria (P = 0,003).
Estos hallazgos confirman los hallazgos de un estudio que había evaluado los 26 medicamentos transformadores aprobados por la FDA entre 1984 y 2009, que reveló que muchos se basaban en descubrimientos realizados por investigadores académicos que habían recibido apoyo del gobierno federal [3].
Estos resultados demuestran que la industria farmacéutica no ha descubierto todos los medicamentos nuevos que se comercializan y que no todos los medicamentos aprobados ofrecen más opciones terapéuticas a los pacientes.
Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) financiaron los 356 medicamentos nuevos que aprobó la FDA entre 2010 y 2019 [4], especialmente la ciencia básica relacionada con la diana terapéutica, más que el medicamento en sí. La investigación con apoyo público también desempeña un papel importante en la última etapa del desarrollo de al menos uno de cada cuatro medicamentos nuevos [5].
Los ensayos clínicos que financian las empresas no suelen incluir a los pacientes que han interrumpido tratamientos previos por falta de eficacia o porque no los toleraban bien. Además, los diseños de muchos ensayos pivotales son problemáticos, porque no utilizan comparadores apropiados, se basan en criterios de valoración indirectos o subrogados, y suelen tener una duración demasiado corta, sobre todo cuando se trata de medicamentos para dolencias crónicas. Consecuentemente, cuando se comercializan los medicamentos nuevos, los médicos y los pacientes ignoran como estos se comparan con los tratamientos existentes.
El estudio de Osipenko et al [2] encontró que, en el mejor de los casos, menos del 8% de los medicamentos nuevos ofrecían un beneficio clínico adicional importante que no aportaban los medicamentos existentes. Esta cifra es inferior a una estimación previa de 31%, independientemente de si se originan en el mundo académico o en la industria [6].
Los resultados de Osipenko et al [2] sobre el bajo valor terapéutico de los nuevos fármacos no deberían sorprender, pues las empresas farmacéuticas se centran en desarrollar productos con valor comercial. Ésta es la razón por la que la mayoría de las empresas evitan invertir en la investigación y el desarrollo de medicamentos para enfermedades desatendidas y para las que predominan en los países de bajos ingresos. Entre 2000 y 2011, solo se comercializaron cuatro medicamentos nuevos para enfermedades desatendidas, lo que representa el 1% de los 336 medicamentos nuevos aprobados, aunque las enfermedades como el dengue, la filariasis linfática y las helmintiasis transmitidas por el suelo afectan anualmente a cerca de 2.000 millones de personas distribuidas en todo el mundo.
Más de una cuarta parte de los nuevos medicamentos se originan en el sector público y esos medicamentos aportan más valor terapéutico que los que provienen de la industria. Sin embargo, dado que la industria sigue siendo responsable de la última etapa del desarrollo de hasta el 75% de los medicamentos nuevos, hay que prestar atención a como se estructuran las políticas públicas para alinear mejor las actividades de investigación y desarrollo de las empresas farmacéuticas con las necesidades de salud pública.
Las soluciones que se suelen proponer se centran en estímulos financieros para las empresas farmacéuticas: ampliación del periodo de protección por patente o de la exclusividad de datos, y exenciones fiscales. Sin embargo, permitir que una de las industrias más rentables del mundo aumente aún más sus ingresos, no ha sido particularmente efectivo.
Las reformas regulatorias se han utilizado para incentivar la innovación. Sin embargo, estos esfuerzos, como la Ley estadounidense de Curas del Siglo XXI de 2016, se han centrado en acelerar el proceso de aprobación de medicamentos. Se ha prestado mucha menos atención a las medidas que estimularían el desarrollo de terapias que aportan valor terapéutico, como el exigir ensayos de superioridad, cuando sea posible, utilizando la terapia más eficaz como comparador; restringir el uso de criterios de valoración indirectos o subrogados no validados; y contar con al menos un ensayo pivotal realizado por entidades independientes de la empresa que presenta la solicitud de comercialización.
Otra opción para abordar los precios persistentemente altos de los medicamentos es que el NIH utilice de derechos de entrada (march-in rights). Los derechos de entrada permitirían que los NIH concedieran licencias para los productos desarrollados con financiación pública, creando así competencia, reduciendo los precios de los medicamentos y aumentando su disponibilidad.
Un acercamiento más radical consistiría en utilizar la cláusula de necesidad médica noruega [7], por la que solo se aprobaban los medicamentos que demostraban ser superiores a los existentes. Esto hizo que Noruega contara con un número bajo de medicamentos disponibles, lo que se consideró una característica positiva del sistema noruego [7].
Los medicamentos se deben desarrollar, ante todo, para mejorar la salud. Con demasiada frecuencia, los nuevos medicamentos no satisfacen esta necesidad. Se requieren intervenciones importantes de política pública, incluyendo cambiar los requisitos para los ensayos previos a la comercialización, hacer cumplir los derechos de entrada y prepararse para pensar en aprobar únicamente medicamentos que añadan valor terapéutico. Cuando muchos medicamentos nuevos no ofrecen ninguna ventaja terapéutica a los pacientes, los únicos beneficiarios son las empresas que los comercializan. Esta situación no es aceptable y requiere medidas urgentes para corregirla.
Referencias