Durante la última década, entidades comerciales furtivas de todo el mundo han industrializado la producción, venta y difusión de investigaciones académicas falsas, perjudicando los repositorios de literatura en los que se basan múltiples profesionales, desde médicos hasta ingenieros, para tomar decisiones que afectan a las vidas humanas.

Resulta extremadamente difícil conocer la magnitud real del problema [1]. Hasta la fecha se han retractado unos 55.000 artículos académicos por diversos motivos, pero los científicos y las empresas, que analizan la literatura científica en busca de indicios de fraude, estiman que están circulando muchos más artículos falsos, posiblemente hasta varios cientos de miles [2-4]. Estas investigaciones falsas pueden confundir a los investigadores legítimos, que deben analizar densas ecuaciones, evidencias, imágenes y metodologías, solo para descubrir que son inventadas.

Incluso cuando se detectan artículos falsos, normalmente por detectives aficionados en su tiempo libre, las revistas académicas suelen tardar en retractarlos, lo que permite que los artículos contaminen lo que muchos consideran sacrosanto [5]: la vasta biblioteca mundial de trabajos académicos en la que se introducen nuevas ideas, se revisan otras investigaciones y se discuten hallazgos.

Estos documentos falsos están suponiendo un obstáculo para la investigación que ha ayudado a millones de personas a contar con medicamentos y terapias vitales para tratar desde el cáncer hasta la covid-19. Los datos de los analistas muestran que entre las áreas de conocimiento más afectadas figuran el cáncer y la medicina, mientras que áreas como la filosofía y el arte están menos perjudicadas. Algunos científicos han abandonado el trabajo de su vida porque no pueden mantener el ritmo por la cantidad de documentos falsos contra los que deben luchar.

El problema refleja cómo ha avanzado la mercantilización de la ciencia a nivel mundial. Las universidades, y quienes financian la investigación, llevan mucho tiempo decidiendo los ascensos y la seguridad laboral en la publicación regular en revistas académicas, dando lugar al mantra “publicar o perecer”.

Pero ahora, los autores del fraude se han infiltrado en la industria editorial académica para dar prioridad a las ganancias monetarias sobre la erudición. Equipados con destreza en tecnología, agilidad y vastas redes de investigadores corruptos, están produciendo artículos en masa sobre todo tipo de temas, desde genes desconocidos hasta la inteligencia artificial en la medicina [6-8].

Estos artículos se integran en la biblioteca mundial de la investigación más rápidamente de lo que pueden ser eliminados. Cada semana se publican en todo el mundo unos 119.000 artículos académicos y documentos de conferencias, lo que equivale a más de 6 millones al año [9]. Los editores estiman que, en la mayoría de las revistas, alrededor del 2% de los artículos que se envían —pero no necesariamente se publican— son probablemente falsos, aunque esta cifra puede ser mucho mayor para algunas publicaciones [10].

Aunque ningún país es inmune a esta práctica, es especialmente pronunciada en las economías emergentes, donde los recursos para hacer investigación científica fiable son limitados y donde los gobiernos, deseosos de competir a escala mundial, impulsan incentivos especialmente fuertes del tipo “publicar o perecer”.

Como resultado, existe una bulliciosa economía clandestina en línea para todo lo relacionado con las publicaciones académicas. Se venden autores, citas e incluso editores de revistas académicas [11]. Este fraude es tan frecuente que tiene su propio nombre: “fábricas de artículos” (paper mills), una expresión que recuerda a las “fábricas de trabajos para los estudiantes” [12], donde los estudiantes hacen trampa pidiendo a otros que les escriban un trabajo para su clase.

El impacto en las editoriales es grave. En los casos más sonados, los artículos falsos pueden perjudicar los ingresos de una revista [13]. Importantes índices científicos, bases de datos de publicaciones académicas en las que se basan muchos investigadores para realizar su trabajo, pueden eliminar de sus registros a las revistas que publiquen demasiados artículos fraudulentos [14]. Cada vez se critica más que los editores legítimos podrían hacer más para rastrear y poner en la lista negra a las revistas y autores que regularmente publican artículos falsos que, a veces, son poco más que frases juntas generadas mediante inteligencia artificial [15].

Para comprender mejor el alcance, las ramificaciones y las posibles soluciones de este ataque metastásico a la ciencia, nosotros, un redactor colaborador de Retraction Watch [16], un sitio web que informa sobre retractaciones de artículos científicos y temas relacionados, y dos informáticos de la Université Toulouse III-Paul Sabatier y la Université Grenoble Alpes de Francia especializados en detectar publicaciones falsas, pasamos seis meses investigando a las fábricas de artículos científicos [17, 18].

Algunos de nosotros, en distintos momentos, nos dedicamos a rastrear sitios web y publicaciones en redes sociales, entrevistando a editores, redactores, expertos en integridad en la investigación, científicos, médicos, sociólogos e investigadores dedicados a la tarea titánica de limpiar el acervo bibliográfico. También implicó que algunos de nosotros analizáramos artículos científicos en busca de indicios de fraude.

Lo que fue surgiendo es evidencia de una crisis profundamente arraigada que ha llevado a muchos investigadores y responsables políticos a solicitar a las universidades y muchos gobiernos de todas partes del mundo a encontrar otras formas de evaluar y recompensar a los académicos y profesionales de la salud.

Del mismo modo que los sitios web tendenciosos disfrazados de contenido objetivo están acabando con el periodismo basado en evidencias, y amenazando las elecciones, la ciencia falsa está debilitando la base de conocimientos sobre la que se asienta la sociedad moderna [19].

Como parte de nuestro trabajo para detectar estas publicaciones falsas, Guillaume Cabanac, coautor del trabajo, desarrolló el Detector de artículos problemáticos, que filtra 130 millones de artículos académicos nuevos y antiguos cada semana, en busca de nueve tipos de pistas que indiquen que un artículo podría ser falso o contener errores [20-22]. Un indicio clave es una frase torturada, es decir, un enunciado extraño generado por un programa informático que sustituye términos científicos comunes por sinónimos, para evitar el plagio directo de un artículo legítimo.

Frases torturadas que encontró el Detector de artículos problemáticos
El detector de documentos analiza los trabajos de investigación en busca de indicios de fábricas de artículos, incluyendo frases torturadas. Estas son algunas de las más de 6.000 frases torturadas que la herramienta ha encontrado en más de 18.000 artículos de revistas. El detector marca los artículos que contienen más de cinco frases torturadas.

Una molécula desconocida
Frank Cackowski, de la Universidad Estatal Wayne de Detroit, estaba desconcertado [23].

El oncólogo estaba estudiando una secuencia de reacciones químicas en las células para ver si podrían ser una diana terapéutica para fármacos contra el cáncer de próstata. Un artículo publicado en 2018,en la revista American Journal of Cancer Research despertó su interés al leer que una molécula poco conocida llamada SNHG1 podía interactuar con las reacciones químicas que estaba explorando [24]. Él y su colega Steven Zielske, investigador de Wayne State, comenzaron una serie de experimentos para aprender más sobre el nexo. Sorprendentemente, descubrieron que no existía tal nexo [25].

Mientras tanto, Zielske había empezado a sospechar del artículo. Se dio cuenta de que dos gráficos que mostraban resultados de diferentes líneas celulares eran idénticos, lo que “era como verter agua en dos vasos con los ojos cerrados y que las cantidades del líquido hubieran salido exactamente iguales”. Otro gráfico y un cuadro del artículo también contenían datos idénticos de forma inexplicable.

En 2020, Zielske describió sus dudas en un post anónimo en PubPeer, un foro en línea donde muchos científicos denuncian posible mala praxis en la investigación, y también se puso en contacto con la editorial de la revista [26, 27]. Poco después, la revista retiró el artículo, citando “materiales y/o datos falsificados” [28].

“La ciencia ya es bastante difícil de por sí, cuando la gente realmente está siendo honesta y tratando de hacer un trabajo serio”, dice Cackowski, que también trabaja en el Instituto del Cáncer Karmanos en Michigan. “Y es realmente frustrante perder tu tiempo por confiar en las publicaciones fraudulentas de otra persona”.

“Una de las luchas más exigentes para mí es mantener la fe en la ciencia”, dice Oviedo-García, quien recomienda a sus alumnos que busquen los artículos en PubPeer antes de confiar demasiado en estos. Su investigación se ha ralentizado, añade, porque ahora se siente obligada a buscar informes de revisión por pares de los estudios que utiliza en su trabajo. A menudo no los hay, porque “muy pocas revistas publican esos informes de revisión”, dice Oviedo-García.

Un problema “totalmente descomunal”
No está claro cuándo fue que las fábricas de artículos empezaron a operar a gran escala. Según la base de datos Retraction Watch, que contiene información sobre decenas de miles de retractaciones, el primer artículo retractado, por la presunta implicación de estas fábricas, se publicó en 2004 [29]. (La base de datos está gestionada por The Center for Scientific Integrity [Centro para la Integridad Científica], la organización sin ánimo de lucro, matriz de Retraction Watch). Tampoco está claro cuántos artículos de baja calidad, plagiados o inventados han generado estas fábricas de artículos.

Trabajos retirados de revistas académicas anualmente
El aumento de las retractaciones en 2023 se debe en parte a la avalancha de más de 11.300 retractaciones en los últimos dos años de Wiley, una de las cinco editoriales académicas más importantes, que cerró 19 revistas dudosas supervisadas por su filial, Hindawi. Las retractaciones de 2024 están incompletas.

Pero los expertos afirman que es probable que el número sea significativo y vaya en aumento. Una fábrica de artículos científicos vinculados a Rusia en Letonia, por ejemplo, afirma que en su sitio web ha publicado “más de 12.650 artículos” desde 2012 [30, 31].

Un análisis de 53.000 artículos enviados, pero no necesariamente publicados, a seis editoriales reveló que la proporción de artículos sospechosos oscilaba entre el 2% y el 46% en todas las revistas [32]. Y la editorial estadounidense Wiley, que ha retractado más de 11.300 artículos fraudulentos y cerrado 19 revistas muy afectadas de su antigua división Hindawi, declaró recientemente que su nueva herramienta de detección de fábricas de artículos identifica hasta 1 de cada 7 envíos [33, 34].

Adam Day, de Clear Skies (un servicio dedicado a detectar el fraude organizado en la investigación), calcula que hasta el 2% de los varios millones de trabajos científicos publicados en 2022 fueron fraudulentos [35]. Algunos campos presentan más problemas que otros. La cifra se acerca al 3% en biología y medicina, y en algunos subcampos, como el cáncer, la cifra puede ser mucho mayor, según Day. A pesar de que hoy en día existe una mayor conciencia al respecto, “no veo ningún cambio significativo en esta tendencia”, afirma. Con la mejora de los métodos de detección, “cualquier estimación que se publique ahora será más alta”.

Artículos publicados en 2022 que activaron la alarma por fabricación de artículos científicos
Cuando Adam Day utilizó el programa “Papermill Alarm” (alarma por fabricación de artículos científicos) de su empresa, para analizar los 5,7 millones de artículos publicados en 2022 en la base de datos OpenAlex, descubrió un número preocupante de artículos potencialmente falsos, sobre todo en biología, medicina, informática, química y ciencia de los materiales. Papermill Alarm identifica los artículos que contienen similitudes textuales con artículos falsos conocidos.

El problema de las fábricas de artículos científicos es “verdaderamente descomunal”, dijo Sabina Alam, directora de Ética e Integridad Editorial en Taylor & Francis, una de las principales editoriales académicas [36]. En 2019, ninguno de los 175 casos de ética que los editores remitieron a su equipo estaba relacionado con las fábricas de artículos, dijo Alam. Los casos que se revisan por cuestiones éticas incluyen envíos de manuscritos nuevos y artículos ya publicados. En 2023, “tuvimos casi 4.000 casos”, dijo. “Y la mitad de ellos involucraban a fábricas de artículos científicos”.

Jennifer Byrne, una científica australiana que ahora dirige un grupo de investigación para mejorar la fiabilidad de la investigación médica, presentó su testimonio en una audiencia del Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes de EE UU, en julio de 2022 [37, 38]. Señaló que 700, o casi el 6%, de los 12.000 artículos de investigación sobre el cáncer que se analizaron, tenían errores que podrían indicar la implicación de una fábrica de artículos falsos. Byrne cerró su laboratorio de investigación sobre el cáncer en 2017, porque los genes sobre los que había pasado dos décadas investigando y escribiendo se convirtieron en el blanco de un enorme número de artículos falsos [39]. Un científico deshonesto que falsifica datos es una cosa, pero una fábrica de artículos podía producir docenas de estudios falsos en el tiempo que le tomaba a su equipo publicar uno legítimo.

“La amenaza de las fábricas de artículos para la publicación científica y la integridad no es comparable a nada que yo haya experimentado en mis 30 años de carrera científica… Tan solo en el campo de la ciencia genética humana, el número de artículos potencialmente fraudulentos podría superar los 100.000 originales”, escribió a los legisladores, y añadió: “Esta estimación puede parecer impactante, pero en realidad es bastante moderada”.

En un área de la investigación genética, el estudio del ARN no codificante en distintos tipos de cáncer´, “estamos hablando de que más del 50% de los artículos publicados provienen de fábricas de artículos”, dijo Byrne. “Es como nadar en basura”.

En 2022, Byrne y sus colegas, entre ellos dos de nosotros, descubrieron que la investigación genética dudosa, a pesar de no tener un impacto inmediato en la atención al paciente, sigue influyendo en el trabajo de otros científicos, incluyendo a los que realizan ensayos clínicos [40]. Sin embargo, los editores suelen tardar en retractarse de los artículos viciados, incluso cuando se les advierte de indicios evidentes de fraude [41]. Descubrimos que el 97% de los 712 artículos fraudulentos de investigación genética que identificamos seguían estando en las bases bibliográficas sin haberse corregido[42].

Cuando sí se retractan, suele ser gracias a los esfuerzos de una pequeña comunidad internacional de investigadores aficionados como Oviedo-García y los que publican en PubPeer.

Jillian Goldfarb, profesora asociada de Ingeniería Química y Biomolecular en la Universidad de Cornell y antigua editora de la revista Fuel de Elsevier, lamenta la forma en que la editorial ha gestionado la amenaza que suponen las fábricas de artículos.

“Evaluaba más de 50 artículos al día”, afirma en una entrevista por correo electrónico. Aunque disponía de tecnología para detectar plagios, envíos duplicados y cambios de autor sospechosos, no era suficiente. “No es razonable pensar que un editor, para quien este no suele ser su trabajo a tiempo completo, pueda detectar estas cosas leyendo 50 artículos a la vez. La falta de tiempo, sumada a la presión de las editoriales, para aumentar los índices de envío y las citas, y reducir el tiempo de revisión, pone a los editores en una situación imposible”.

En octubre de 2023, Goldfarb dimitió de su cargo de editora de Fuel. En un post en LinkedIn sobre su decisión, citó la incapacidad de la empresa para avanzar en docenas de artículos que ella había identificado por la probabilidad de que procedieran de fábricas de artículos; la contratación de un editor principal que, según se informa, se dedicaba a la fabricación de artículos y citas” y sus propuestas de candidatos para ocupar puestos editoriales “con perfiles de PubPeer más largos y con un número de retractaciones superior al de los artículos que la mayoría de la gente tiene en su currículum, y cuyos nombres aparecen como autores en sitios web de artículos en venta” [43].

“Esto nos dice a mí, a nuestra comunidad y al público, que valoran la cantidad de artículos y las ganancias por encima de la ciencia”, escribió Goldfarb.

En respuesta a las preguntas sobre la dimisión de Goldfarb, un portavoz de Elsevier dijo a The Conversation que “[Elsevier] se toma muy en serio todas las denuncias sobre mala praxis de investigación en nuestras revistas” y que está examinando las denuncias de Goldfarb. El portavoz añadió que el equipo editorial de Fuel “ha estado trabajando para hacer otros cambios en la revista para beneficiar a autores y lectores”.

Así no funciona, amigo
Las propuestas de negocios llevaban años acumulándose en la bandeja de entrada de João de Deus Barreto Segundo, director editorial de seis revistas publicadas por la Escuela Bahiana de Medicina y Salud Pública de Salvador, en Brasil. Varias procedían de editoriales sospechosas que estaban a la caza de nuevas revistas para añadir a su catálogo. Otras procedían de académicos que sugerían tratos sospechosos u ofrecían sobornos para que publicaran sus artículos.

En un correo electrónico de febrero de 2024, un profesor adjunto de economía de Polonia explicaba que dirigía una empresa que trabajaba con universidades europeas. “¿Estaría interesado en colaborar en la publicación de artículos de científicos que colaboran conmigo?”, preguntó Artur Borcuch [44]. “Luego discutiremos los posibles detalles y las condiciones financieras” [45].

Un administrador universitario de Irak fue más directo: “Como incentivo, estoy dispuesto a ofrecer una subvención de US$500 por cada artículo aceptado que se envíe a su apreciada revista”, escribió Ahmed Alkhayyat, director del Centro de Investigación Científica de la Universidad Islámica, en Náyaf, y gestor del “ranking mundial” de la escuela [46-48].

“Así no es cómo funciona, amigo”, replicó Barreto Segundo.

En un correo electrónico enviado a The Conversation, Borcuch negó cualquier intención inapropiada. “Mi responsabilidad es mediar en los aspectos técnicos y de procedimiento de la publicación de un artículo”, dijo Borcuch, y añadió que, cuando trabajaba con varios científicos, “solicitaba un descuento a la editorial en su nombre”. Informado de que la editorial brasileña no cobraba tarifas por publicación, Borcuch dijo que se había producido un “error” ya que un “empleado” envió, en su nombre, el correo electrónico “a diferentes revistas”.

Las revistas académicas tienen diferentes modelos de pago. Muchas se basan en suscripciones y no cobran a los autores por publicar, pero imponen tarifas considerables por leer los artículos. Las bibliotecas y universidades también pagan grandes sumas por tener acceso.

El modelo de acceso abierto —en el que cualquiera puede leer el artículo—, cada vez más extendido, incluye costosas tasas de publicación que se cobran a los autores para compensar la pérdida de ingresos por la venta de los artículos. Estos pagos no pretenden influir en si se acepta o no un manuscrito.

La Escuela Bahiana de Medicina y Salud Pública, entre otras, no cobra a los autores ni a los lectores, pero el empleador de Barreto Segundo desempeña un papel clave en el negocio de las publicaciones académicas, que genera cerca de US$30.000 millones al año, con márgenes de ganancia de hasta el 40% [49, 50]. Las editoriales académicas obtienen sus ingresos principalmente de las cuotas de suscripción de instituciones como bibliotecas y universidades, de los pagos individuales para acceder a artículos de pago y de las cuotas de acceso abierto que pagan los autores para garantizar que sus artículos sean de libre acceso.

Esta industria es tan lucrativa que ha atraído a agentes sin escrúpulos deseosos de encontrar la manera de desviar parte de esos ingresos [51].

Ahmed Torad, profesor de la Universidad de Kafr El Sheikh, en Egipto, y redactor jefe de la Revista Egipcia de Fisioterapia (Egyptian Journal of Physiotherapy), pedía una comisión del 30% por cada artículo que enviara a la editorial brasileña [52, 53]. “Esta comisión se calculará en base a las tarifas de publicación que generen los manuscritos que yo presente”, escribió Torad, señalando que él se especializaba “en poner en contacto a investigadores y autores con revistas idóneas para su publicación” [54].

Al parecer, no se dio cuenta de que la Escuela Bahiana de Medicina y Salud Pública no cobra cuotas a los autores.

Al igual que Borcuch, Alkhayyat negó cualquier intención inapropiada. Dijo que había habido un “malentendido” por parte del editor, explicando que el pago que ofrecía estaba destinado a cubrir los supuestos gastos de elaboración del artículo. “Algunas revistas piden dinero. Así que es normal”, dijo Alkhayyat.

Torad explicó que había enviado su oferta de conseguir artículos a cambio de una comisión, a unas 280 revistas, pero que no había obligado a nadie a aceptar los manuscritos. Algunas se mostraron reticentes a su propuesta, a pesar de que habitualmente cobran a los autores miles de dólares por publicar. Sugirió que la comunidad científica no se sentía cómoda admitiendo que la publicación de artículos académicos se ha convertido en un negocio como cualquier otro, aunque sea “obvio para muchos científicos”.

Todos los indeseables avances se dirigieron a una de las revistas que dirigía Barreto Segundo, The Journal of Physiotherapy Research (Revista de Investigación en Fisioterapia), poco después de que fuera indexada en Scopus, una base de datos de resúmenes y citas que pertenece a la editorial Elsevier.

Junto con Web of Science de Clarivate, Scopus se ha convertido en un importante sello de calidad para las publicaciones académicas en todo el mundo. Los artículos de las revistas indexadas son una fuente de ingresos para sus autores: ayudan a asegurar puestos de trabajo, ascensos, financiación y, en algunos países, incluso desencadenan recompensas en efectivo. Para académicos o médicos de países más pobres, pueden convertirse en un billete de entrada al Norte global [55].

Pensemos en Egipto, un país plagado de ensayos clínicos dudosos [56-59]. Las universidades suelen pagar a sus empleados grandes sumas por publicaciones internacionales, en función del factor de impacto de la revista [60]. Las regulaciones nacionales contienen una estructura de incentivos similar: para obtener el rango de profesor titular, por ejemplo, los candidatos deben tener al menos cinco publicaciones en dos años, según el Consejo Supremo de Universidades de Egipto [61]. Los estudios en revistas que están indexadas en Scopus o Web of Science no solo reciben puntos extra, sino que además están exentos de mayor escrutinio cuando se evalúa a los aspirantes. Cuanto mayor sea el factor de impacto de una publicación, más puntos obtendrán los estudios.

Con tanta atención a las métricas, es cada vez más frecuente que los investigadores egipcios tomen atajos, según un médico de El Cairo que pidió el anonimato por temor a represalias. A menudo se cede la autoría a colegas que luego devuelven el favor, o se crean estudios de la nada. A veces se escoge un artículo legítimo que ya se ha publicado, se cambian detalles clave como el tipo de enfermedad o la intervención quirúrgica y se modifican ligeramente las cifras, explica la fuente.

Esto afecta a las guías clínicas y a la atención médica, “por lo que es una vergüenza”, dijo el médico.

La ivermectina, un fármaco que se utiliza para tratar parásitos en animales y humanos, es un buen ejemplo. Cuando algunos estudios demostraron que era eficaz contra la covid-19, la ivermectina fue aclamada como un “medicamento milagroso” al principio de la pandemia [62]. Aumentaron las recetas, y con ellas las llamadas a los centros de intoxicaciones de EE UU; según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades un hombre pasó nueve días en el hospital tras ingerir una formula inyectable del fármaco dirigida al ganado [63]. Resultó que casi todas las investigaciones que demostraban un efecto positivo sobre la covid-19 tenían indicios de ser falsas, según informaron la BBC y otros medios, incluyendo un estudio realizado en Egipto que actualmente está retractado [64, 65]. Sin aportar ningún beneficio aparente, algunos pacientes se quedaron únicamente con los efectos adversos [66].

La mala praxis en la investigación no se limita a las economías emergentes, ya que recientemente ha acabado con presidentes de universidades y científicos de alto nivel en organismos gubernamentales de EE UU [63, 64]. Tampoco se limita a la importancia que se da a las publicaciones. En Noruega, por ejemplo, el gobierno asigna fondos a institutos de investigación, hospitales y universidades en función de cuántos trabajos académicos publican los empleados y en qué revistas [65]. El país ha decidido poner fin parcialmente a esta práctica a partir de 2025 [66].

“El incentivo académico y ánimo de lucro es enorme”, dice Lisa Bero, profesora de Medicina y Salud Pública, en el Anschutz Medical Campus de la Universidad de Colorado, y editora principal de integridad en investigación de la Colaboración Cochrane, una organización internacional sin ánimo de lucro que elabora revisiones de la evidencia sobre tratamientos médicos. “Lo he visto en todas las instituciones en las que he trabajado”.

Pero en el Sur global, el edicto de “publicar o perecer” se enfrenta con infraestructuras de investigación y sistemas educativos subdesarrollados, lo que deja a los científicos en un aprieto. Para obtener un doctorado, el médico de El Cairo que pidió el anonimato realizó todo un ensayo clínico sin ayuda de nadie: desde la compra de los medicamentos para el estudio hasta la asignación aleatoria de los pacientes, recopiló y analizó los datos y pagó las tasas para la publicación de artículos. En naciones más ricas, equipos enteros realizan este tipo de trabajos, y su costo llega a ser de cientos de miles de dólares.

“Aquí, la investigación es todo un reto”, afirmó el médico. Por eso los científicos “intentan manipular y encontrar formas más fáciles de cumplir su cometido”.

Las instituciones también han engañado al sistema para figurar en las clasificaciones internacionales. En 2011, la revista Science describió cómo se ofrecieron cuantiosos pagos a investigadores prolíficos de EE UU y Europa por incluir a universidades saudíes como afiliaciones secundarias en sus trabajos [67]. Y en 2023, la revista, en colaboración con Retraction Watch, destapó una estratagema de autocitación masiva por parte de una facultad de Odontología de la India que obligaba a los estudiantes universitarios a publicar artículos en los que se hiciera referencia al trabajo de otros profesores de la universidad [68].

Raíces y soluciones
Según el sociólogo de la ciencia, Yves Gingras, de la Université du Québec à Montréal, el origen de estos desagradables esquemas se remonta a la introducción de métricas basadas en el rendimiento en el mundo académico, una iniciativa impulsada por el movimiento de la Nueva Gestión Pública que se extendió por todo el mundo occidental en la década de 1980 [69]. Gingras escribió [70] que cuando las universidades y las instituciones públicas adoptaron la gestión empresarial, los artículos científicos se convirtieron en “unidades contables” que servían para evaluar y recompensar la productividad científica, en lugar de ser “unidades de conocimiento” que hacían que nuestra comprensión del mundo que nos rodea avanzara.

Esta transformación llevó a muchos investigadores a competir en cifras en lugar de en contenido, lo que hizo que las métricas de publicación se establecieran como medidas deficientes de la destreza académica [71]. Como ha demostrado Gingras, el controvertido microbiólogo francés, Didier Raoult, que actualmente tiene más de una docena de artículos retractados, tiene un índice h, una medida que combina el número de publicaciones y de citas, que duplica la de Albert Einstein, “prueba de que el índice es absurdo”, dijo Gingras [72-74].

Peor aún, se ha producido una especie de inflación científica, o “burbuja cienciométrica”, en la que cada nueva publicación representa un incremento cada vez menor de los conocimientos [75]. Gingras afirmó: “Publicamos artículos cada vez más superficiales, publicamos artículos que hay que corregir y orillamos a la gente a que cometa fraude”.

En cuanto a las perspectivas profesionales de cada académico, el valor medio de una publicación ha caído en picado, lo que ha provocado un aumento del número de autores hiperprolíficos [76]. Uno de los casos más notorios es el del químico español Rafael Luque, quien supuestamente publicó un estudio cada 37 horas en 2023 [77].

En 2024, Landon Halloran, geocientífico de la Universidad de Neuchâtel, en Suiza, recibió una solicitud de empleo poco habitual para una vacante en su laboratorio. Un investigador chino con un doctorado le había enviado su currículum. A sus 31 años, el solicitante había acumulado 160 publicaciones en revistas indexadas en Scopus, 62 de ellas realizadas nada más en 2022, el mismo año en que obtuvo su doctorado. Según Halloran aunque el solicitante no era el único sobresalía: “con una productividad sospechosamente alta. Mis colegas y yo nunca nos habíamos topado con nadie parecido en el ámbito de las geociencias”.

Según expertos del sector y editores, ahora hay más conciencia sobre las amenazas de las fábricas de artículos científicos y otros agentes malintencionados. Algunas revistas comprueban periódicamente si hay imágenes fraudulentas [78]. Cuando un artículo incluye una imagen defectuosa generada por IA puede ser señal de que un científico ha tomado un atajo imprudente o de que proviene de una fábrica de artículos.

La política de la Colaboración Cochrane excluye a los estudios sospechosos de sus análisis de evidencia médica [79]. La organización también ha desarrollado una herramienta para ayudar a sus revisores a detectar ensayos médicos fraudulentos, del mismo modo que las editoriales han empezado a examinar los envíos y a compartir datos y tecnologías entre ellas para combatir el fraude [80, 81].

Esta imagen, generada por la IA, contiene lenguaje visual confuso sobre el transporte y la administración de fármacos en el organismo. Por ejemplo, la figura superior izquierda es una mezcla disparatada de una jeringa, un inhalador y pastillas. Y la molécula portadora sensible al pH de la parte inferior izquierda es enorme, compitiendo con el tamaño de los pulmones. Después de que los científicos señalaran que la imagen publicada no tenía sentido, la revista publicó una corrección. Captura de pantalla de The Conversation, CC BY-ND (licencia de Creative Commons Attribution-NoDerivatives) [82, 83].

Este gráfico es la imagen corregida que sustituyó a la imagen anterior generada por IA. En este caso, según la corrección, la revista determinó que el artículo era legítimo pero los científicos habían utilizado IA para generar la imagen que lo describía. Captura de pantalla de The Conversation, CC BY-ND [84, 85]

“La gente se está dando cuenta y dice: ‘vaya, esto está ocurriendo en mi campo, y también en el tuyo’”, comentó Bero, de la Colaboración Cochrane. “’Así que realmente necesitamos coordinarnos y, ya sabes, desarrollar un método y un plan general para acabar con estas situaciones’”.

Según Alam, director de Ética e Integridad Editorial, lo que hizo que la empresa Taylor & Francis prestara atención fue una investigación sobre una fábrica de artículos científicos que hicieron Elisabeth Bik y tres de sus colegas, conocidos por los seudónimos Smut Clyde, Morty y Tiger BB8 en 2020 [86]. Con 76 artículos posiblemente fraudulentos, la revista Artificial Cells, Nanomedicine, and Biotechnology (Células artificiales, nanomedicina y biotecnología), con sede en el Reino Unido, fue la más afectada.

“Salió a la luz un campo minado”, dice Alam, que también copreside United2Act, un proyecto lanzado en 2023 que reúne a editores, investigadores y detectives en la lucha contra las fábricas de artículos [87]. “Fue la primera vez que nos dimos cuenta de que esencialmente se estaban utilizando imágenes de archivo para representar experimentos”.

La empresa Taylor & Francis decidió revisar los cientos de artículos de su cartera que contuvieran tipos de imágenes similares. Duplicó el equipo de Alam, que ahora tiene 14,5 puestos dedicados a hacer investigaciones, y también empezó a controlar las tasas de envío. Al parecer, las fábricas de artículos no eran clientes quisquillosos.

“Lo que intentan hacer es encontrar una puerta y, si consiguen entrar, empiezan a enviar muchos documentos de golpe”, explica Alam. De repente, setenta y seis artículos falsos parecían ser una gota de agua en el océano. En una revista de Taylor & Francis, por ejemplo, el equipo de Alam identificó casi 1.000 manuscritos que tenían todos los indicios de proceder de una fábrica de artículos.

Y en 2023, rechazó unas 300 propuestas dudosas de ediciones especiales. Alam dijo: “Hemos bloqueado muchísimas”.

Verificadores de fraude
Ha surgido una pequeña industria de nuevas empresas tecnológicas para ayudar a que editores, investigadores e instituciones puedan detectar posibles fraudes. El sitio web Argos, lanzado en septiembre de 2024 por Scitility (un servicio de alertas con sede en Sparks, en Nevada), permite a los autores verificar si los nuevos colaboradores están siendo rastreados por retractaciones o problemas de mala praxis. Según la revista Nature, ha identificado a decenas de miles de artículos de “alto riesgo” [88-90].

Morressier, una empresa que se dedica a organizar conferencias y comunicaciones científicas con sede en Berlín, “pretende restaurar la confianza en la ciencia mejorando la forma en que se publica la investigación científica”, según su sitio web [90]. Ofrece herramientas de integridad que se aplican a todo el ciclo de vida de la investigación. Entre otras herramientas nuevas de revisión de artículos figuran Signals, de la empresa londinense Research Signals, y Papermill Alarm, de Clear Skies [91-93].

Los responsables de fraude tampoco se han quedado de brazos cruzados. En 2022, cuando Clear Skies lanzó Papermill Alarm, el primer académico que preguntó por la nueva herramienta fue un miembro de una fábrica de artículos científicos, según Day. Day explica que la persona quería tener acceso para poder verificar sus trabajos antes de enviarlos a las editoriales. “Las fábricas de artículos científicos han demostrado ser adaptables y también bastante rápidas para contraatacar”.

Dada la carrera armamentista en curso, Alam reconoce que la lucha contra las fábricas de artículos científicos no se ganará mientras se mantenga el auge de la demanda de sus productos.

Según un análisis de la revista Nature, la tasa de retractación se triplicó entre 2012 y 2022, hasta acercarse al 0,02%, o alrededor de 1 de cada 5.000 artículos [94]. Luego casi se duplicó en 2023, en gran parte debido a la debacle de Hindawi de Wiley [95]. Según Byrne, la edición comercial actual es parte del problema. Por un lado, la limpieza de la bibliografía es una labor ingente y costosa que no aporta beneficios económicos directos. “Por el momento, las revistas y los editores nunca serán capaces de corregir la bibliografía en la escala y los plazos necesarios para resolver el problema de las fábricas de artículos científicos”, afirmó Byrne. “O bien tenemos que monetizar las correcciones de forma que se pague a los editores por su trabajo, o bien nos olvidamos de los editores y lo hacemos nosotros mismos”.

Pero eso no solucionaría el sesgo intrínseco de las publicaciones con ánimo de lucro: las revistas no reciben dinero por rechazar artículos. Bodo Stern, exdirector de la revista Cell y jefe de Iniciativas Estratégicas del Instituto Médico Howard Hughes, una organización de investigación sin ánimo de lucro y uno de los principales financiadores de Chevy Chase en Maryland, dijo: “Les pagamos por aceptar artículos. Es decir, ¿qué más pueden hacer las revistas sino aceptar artículos?”.

Stern añadió que hay más de 50.000 revistas en el mercado, incluso si algunas se esfuerzan por hacerlo lo correcto, los autores de artículos defectuosos invierten tiempo intentando venderlo hasta que encuentran quién lo haga, [96]. “Ese sistema no puede funcionar como mecanismo de control de calidad. Existen tantas revistas, que todo puede llegar a publicarse”.

Desde el punto de vista de Stern, el camino a seguir es dejar de pagar a las revistas para que acepten artículos y empezar a considerarlas como servicios públicos que sirven al bien común. Y afirmó: “Deberíamos pagar por mecanismos de control de calidad transparentes y rigurosos”.

La revisión por pares, por su parte, “debería reconocerse como un verdadero producto intelectual, igual que el artículo original, porque los autores del artículo y los revisores utilizan las mismas competencias”, dijo Stern. Del mismo modo, las revistas deberían hacer públicos todos los informes de revisión por pares, incluso de los manuscritos que rechazan. “Cuando realizan un control de calidad, no pueden simplemente rechazar el artículo y luego dejar que se publique en otro sitio”, dijo Stern. “Ese no es un buen trabajo”.

Mejores mediciones
Stern no es el primer científico que lamenta la excesiva atención prestada a la bibliometría. “Necesitamos menos investigación, mejor investigación y que la investigación se haga por las razones correctas”, escribió el difunto estadístico Douglas G. Altman en una editorial de 1994 muy citada [97]. “Dejar de utilizar el número de publicaciones como indicador de la capacidad para investigar sería un comienzo”.

Casi dos décadas después, un grupo de unos 150 científicos y 75 organizaciones científicas publicaron la Declaración de San Francisco sobre la Evaluación de la Investigación (DORA o Declaration on Research Assessment), desaconsejando el uso del factor de impacto de las revistas y otras medidas como indicadores de calidad [98, 99]. Desde entonces, más de 25.000 personas y organizaciones de 165 países han firmado la declaración de 2013 [100].

A pesar de la declaración, en la actualidad, las mediciones siguen siendo muy utilizadas, y los científicos afirman que existe un nuevo sentido de urgencia.

Richard Sever, director adjunto de Cold Spring Harbor Laboratory Press, en Nueva York, y cofundador de los servidores de prepublicaciones bioRxiv y medRxiv afirma que debido al gran número de artículos falsos: “Estamos llegando a un punto en el que la gente realmente siente que tiene que hacer algo”.

Stern y sus colegas han intentado introducir mejoras en su institución. Desde hace tiempo se exige a los investigadores, que desean renovar su contrato de siete años, que escriban un breve párrafo describiendo la importancia de sus principales resultados. Desde finales de 2023, también se les ha pedido que eliminen los nombres de las revistas de sus solicitudes.

De ese modo, “es imposible hacer lo que hacen todos los revisores, yo lo he hecho, mirar la bibliografía y en un segundo decidir: ‘oh, esta persona ha sido productiva porque ha publicado muchos artículos, y están publicados en las revistas pertinentes’”, dice Stern. “Lo que importa es si realmente ha tenido un impacto”.

Desviar la atención de las mediciones prácticas de rendimiento parece posible no solo para instituciones privadas ricas como el Instituto Médico Howard Hughes, sino también para grandes financiadores gubernamentales. En Australia, por ejemplo, el National Health and Medical Research Council (Comisión Nacional de Salud e Investigación Médica o NHMRC) puso en marcha en 2022 la política “los 10 mejores de cada 10”, con el objetivo, en parte, de “valorar la calidad de la investigación por encima de la cantidad de publicaciones” [101, 102].

En lugar de dar toda su bibliografía, el organismo, que evalúa miles de solicitudes de becas cada año, pidió a los investigadores que enumeraran un máximo de 10 publicaciones de la última década y explicaran la contribución que cada una de ellas había hecho a la ciencia. Según un informe de evaluación realizado en abril de 2024, cerca de tres cuartas partes de los revisores de becas afirmaron que la nueva política les permitía concentrarse más en la calidad de la investigación que en la cantidad [103]. Y más de la mitad afirmaron que les permitió reducir el tiempo que dedicaban a cada solicitud.

Gingras, sociólogo canadiense, aboga por dar a los científicos el tiempo que necesitan para producir trabajos que sean relevantes, en lugar de un torrente desbordado de publicaciones. Es uno de los firmantes del Manifiesto por una Ciencia Lenta: “Una vez que se consiga una ciencia lenta, puedo predecir que el número de correcciones, el número de retractaciones, disminuirá”, afirma [104].

En un momento dado, Gingras participó en la evaluación de una organización de investigación cuya misión era mejorar la seguridad en el lugar de trabajo. Un empleado presentó su trabajo. “Dijo una frase que nunca olvidaré”, recuerda Gingras. El empleado empezó diciendo: “’Sabe, estoy orgulloso de una cosa: mi índice h es cero’. Y eso fue brillante”. El científico había desarrollado una tecnología que evitaba las caídas mortales entre los trabajadores de la construcción. “Me dijo: ‘Eso es algo útil, y es mi trabajo’. Yo dije: ‘¡Bravo!’”.