Cannabis medicinal

Pese a que los efectos secundarios del consumo de cannabis son cada vez más conocidos y preocupantes, varios países latinoamericanos han legalizado el uso medicinal del cannabis y están llevando a cabo investigaciones sobre sus posibles usos terapéuticos. A continuación, resumimos algunos ejemplos:

La empresa de investigación agropecuaria Embrapa de Brasil, ha iniciado un programa de 12 años para investigar el cultivo de cannabis, enfocándose en crear un banco de semillas y adaptar variedades al clima brasileño [1].

Colombia legalizó el uso medicinal del cannabis en 2016 mediante el Decreto 780 y lo reguló con el Decreto 613 de 2017. Se permite el uso de cannabis con niveles altos de THC para fines medicinales; sin embargo, persisten retos como el acceso de los pacientes, limitaciones en la educación médica y cuellos de botella entre la regulación y la implementación de lo regulado. En 2021, el gobierno amplió el marco legal con el Decreto 811, permitiendo la exportación de flor seca y productos derivados. Hay numerosas licencias otorgadas para actividades como el cultivo, fabricación de derivados, uso de semillas e investigación. Colombia ha enfocado su industria en productos como extractos, aceites, cosméticos, industria textil y cáñamo [2-4].

Argentina empezó a regular el uso medicinal del cannabis y sus derivados, con fines de investigación, en 2017. En 2020, se autorizó el autocultivo controlado para uso medicinal con licencia REPROCANN, y la venta de aceites terapéuticos en farmacias autorizadas. ANMAT autoriza importaciones con receta. En 2022 se aprobó una ley para regular la producción industrial [2,5].

Perú legalizó el uso medicinal del cannabis en 2017 con la Ley 30681, pero el reglamento no se aprobó hasta 2019. En 2020 solo había una farmacia autorizada; hoy existen 27. El MINSA lleva un registro nacional de pacientes consumidores y controla el uso según el contenido de THC. La transformación de cannabis solo es legal si tiene menos del 1% de THC. Está prohibida la publicidad y se establecen tres tipos de licencias: investigación, comercialización e importación [2,5].

Uruguay, primer país en legalizar el cannabis medicinal y recreativo con la Ley 19.172 en 2013, creó el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). Se permite el uso de cannabis con más del 1% de THC para fines medicinales. Seis empresas producen cannabis medicinal y hay 19 licencias de investigación. Está prohibida toda publicidad relacionada con cannabis psicoactivo [2,5].

En Jamaica se despenalizó el uso de cannabis con fines sanitarios y religiosos en 2015, promoviendo su aplicación terapéutica y cultural mostrando una apertura progresiva y permitiendo el cultivo personal de hasta cinco plantas. Aunque se reconoce su valor medicinal, persisten desafíos de acceso regulado y comercialización [5].

En Costa Rica se promulgó una ley para regular el cannabis medicinal en el 2022, enfocándose en el control gubernamental para garantizar productos seguros y eficacia sanitaria. Representa un paso importante hacia una industria controlada y con potencial de desarrollo económico y terapéutico [5].

México legalizó el uso medicinal del cannabis en 2017 y en 2021 se autorizó su uso recreativo. El reglamento permite la investigación, prescripción y producción. No se limita el porcentaje de THC, pero la responsabilidad por daños recae en médicos o fabricantes, según el caso. México lideró en 2021 el mercado latinoamericano con US$59 millones [2]. Aunque el consumo medicinal de marihuana es legal en México, recientemente la Cofepris emitió una alerta contra la venta ilegal de productos con CBD que no cuentan con las autorizaciones sanitarias necesarias, subrayando la importancia de la regulación estricta en este ámbito [6].

Salud y Fármacos publicó la historia de la legalización de la marihuana en agosto de 2020. Se puede leer en este enlace https://www.saludyfarmacos.org/boletin-farmacos/boletines/ago202003/28_la/#

En Chile se ha avanzado en el uso médico del cannabis, pero aún es restrictivo. En 2015, el cannabis fue retirado de la lista de drogas duras, permitiendo su venta en farmacias. En 2022, las ventas alcanzaron los US$3,5 millones s, con proyecciones de US$17 millones para 2026. Las leyes siguen siendo complejas y restrictivas, especialmente para el cultivo personal. Activistas como Vale Verdosa presionan por una regulación más clara y centrada en el uso informado, especialmente en poblaciones vulnerables como embarazadas y lactantes [5].

Ecuador definió su marco legal recientemente, pero con obstáculos. El Código Penal permite el uso terapéutico del cannabis con un límite de THC del 1%. En 2023, el Ministerio de Agricultura otorgó nueve permisos: ocho para cáñamo y uno para cannabis medicinal. El mercado es incipiente, con avances regulatorios, pero dificultades en la producción local y el acceso a los productos [5].

Al abordar la percepción de inocuidad del cannabis en contextos educativos, clínicos, en conversaciones familiares (núcleo primario de formación), y en los escenarios donde se toman las decisiones de política pública que afectan la salud de la población, hay que tener en cuenta la evidencia científica sobre la relación entre el consumo de cannabis y el riesgo de desarrollar esquizofrenia [7-9], que es mayor para los grupos etarios más jóvenes, como los adolescentes.

Para que las decisiones de política pública ayuden a proteger la salud individual y colectiva, es fundamental basarse en estudios epidemiológicos y en la evidencia científica verificable sobre los riesgos que confiere el consumo de cannabis y su posible efecto adictivo, especialmente para los grupos poblacionales en mayor riesgo de sufrir efectos indeseables.