Derecho y Litigación

Sacklers pactan sin inmunidad. En enero de 2025, Purdue Pharma y miembros de la familia Sackler llegaron a un acuerdo por US$7.400 millones con 15 estados para resolver miles de demandas relacionadas con su papel en la crisis de los opioides en EE.UU. Este nuevo pacto surge tras la anulación por parte de la Corte Suprema de un acuerdo previo de US$6.000 millones, debido a que los Sackler querían obtener inmunidad frente a futuras demandas sin haberse declarado en bancarrota como Purdue [1].

Con este acuerdo, los Sackler no recibirán inmunidad legal, pero contribuirán con US$6.500 millones al acuerdo, en pagos a plazos durante los próximos 15 años, incluyendo US$1.500 millones a desembolsar al inicio de la vigencia del plan, y hasta US$500 millones adicionales condicionados al valor de ciertos activos internacionales vendidos [2]. A su vez, se establece un fondo de hasta US$800 millones durante cinco años para su defensa en caso de futuras demandas civiles. Además, los Sackler perderán el control de Purdue, empresa acusada de minimizar los riesgos de adicción del OxyContin y de promover agresivamente su prescripción [1].

Purdue Pharma contribuirá con US$900 millones y se transformará en una nueva compañía sin fines de lucro enfocada en desarrollar y distribuir medicamentos para el trastorno por uso de opioides y la reversión de sobredosis, sin vínculo alguno con los Sackler [2]. Además, Purdue se compromete a publicar millones de documentos [3].

El plan garantiza que las víctimas de la crisis reciban una compensación adecuada, destinando más de US$850 millones a individuos afectados, y establece que gobiernos locales y estatales reinviertan los pagos en programas contra la epidemia. A diferencia del plan anterior, bloqueado por la Corte Suprema en 2024, este acuerdo no otorga inmunidad automática a los Sackler y representa una contribución mayor por parte de la familia.

Con esto se zanjan años de disputas legales desde que Purdue se acogió al Capítulo 11 en 2019, tras enfrentar miles de demandas de gobiernos estatales y locales, hospitales, y víctimas individuales que acusan a la empresa de haber promovido de manera engañosa el OxyContin, lo que contribuyó a una epidemia de adicción y muertes por sobredosis [4].

El fiscal general de Connecticut, William Tong, calificó el acuerdo como una victoria contra una familia de “milmillonarios crueles” responsables de una de las peores crisis de salud pública del país. Desde 1999 hasta 2021, se estiman más de 645,000 muertes por opioides, en gran parte atribuidas al marketing de Purdue [1].

La farmacéutica Purdue introdujo en el mercado el OxyContin en la década de 1990, promocionándolo agresivamente como un analgésico seguro y no adictivo. Esta afirmación, respaldada por una intensa campaña dirigida a médicos y avalada inicialmente por autoridades regulatorias, resultó ser falsa. Millones de personas se volvieron dependientes del medicamento, lo que sentó las bases de la actual epidemia de opioides y abrió el camino al uso masivo del fentanilo, una sustancia aún más letal [5].

A pesar de su rol central en esta tragedia, los Sackler han evitado enfrentar cargos penales. La falta de consecuencias penales para los Sackler ha generado indignación entre activistas y familiares de víctimas, quienes denuncian una doble vara en la aplicación de la justicia: mientras miles de personas adictas terminan en prisión o en la morgue, los impulsores corporativos del desastre conservan su fortuna y libertad [5].

Mientras tanto, el discurso político se ha enfocado en culpar a actores externos, como China o los cárteles mexicanos, por el ingreso de fentanilo al país. No obstante, como han recordado críticos y expertos, la raíz del problema está en una industria farmacéutica nacional que actuó sin ética ni control durante años, con la complacencia o negligencia de las autoridades [5].

Este plan se suma a acuerdos previos de otros actores de la industria farmacéutica y distribuidoras que totalizan aproximadamente 50 mil millones de dólares para combatir la crisis [3].

Cabe señalar que el litigio ha generado gastos legales y administrativos superiores a los US$900 millonesmientras que el fondo inicialmente propuesto para compensar a las víctimas individuales ronda los US$750 millones, cifra que podría aumentar tras las nuevas negociaciones [4].

Fiscales Generales Demandaron a Walgreens por Prácticas Peligrosas con Recetas Médicas [6]. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha presentado una demanda civil contra Walgreens (Walgreens Boots Alliance, Walgreen Co y diversas subsidiarias), alegando que violó la Ley de Sustancias Controladas y la Ley de Reclamaciones Falsas.

El 29 de diciembre de 2024, Walgreens era la tercera cadena de farmacias más grande de EE. UU., con 8475 locales, detrás de CVS (9.165 locales) y Express Scripts (45.948 locales). Estas tres cadenas representan el 85% de las 10 farmacias más grandes del país.

La demanda, se centra en el surtido y reembolso de millones de recetas durante casi 13 años (desde agosto de 2012 hasta el presente). El DOJ alega que estas recetas eran ilegales porque incluían cantidades excesivas de opioides peligrosos y otras sustancias controladas, dispensación de recetas antes de tiempo, y combinaciones de medicamentos de alto riesgo que suelen ser abusados juntos, como opioides, benzodiacepinas y relajantes musculares comúnmente usados para el manejo del dolor. Cuando se combinan, estos fármacos pueden aumentar la dopamina y deprimir la respiración.

Las multas contra Walgreens podrían ser enormes si se le encuentra responsable, con hasta US$$80,850 dólares por receta ilegal y la posibilidad de daños triples (treble damages).

El DOJ indicó que Walgreens presionó a sus farmacéuticos para que surtieran las recetas, pero sin verificar su validez. Además, la empresa supuestamente ocultó información a los farmacéuticos, incluyendo advertencias de otros profesionales sobre posibles actividades ilegales de los prescriptores.

. La investigación contó con el apoyo del FBI, la DEA y la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo. Esta acción siguió a la presentación original de 4 demandas por parte de denunciantes, que luego fueron consolidadas bajo la Ley de Reclamaciones Falsas.