Derecho

Reuben Guttman y Liza Vertinsky han escrito una nota en Statnews en la que tratan de extraer lecciones de los juicios por opioides [1]. A continuación, los puntos más importantes.

En la década de 1990, los fiscales generales de los estados aprendieron a aprovechar sus recursos contratando a abogados privados para demandar a la industria tabacalera. Los abogados privados trabajaban en régimen de contingencia, lo que significa que no cobraban a menos que se recuperara dinero de la industria tabacalera. De esta forma, los estados pudieron emprender litigios novedosos y aprovechar la inversión de los bufetes privados en innovación jurídica sin poner en riesgo el dinero de los contribuyentes.

Desde que se firmó el Acuerdo General sobre el Tabaco en 1998, los fiscales generales han utilizado estrategias parecidas en las demandas que han afectado la salud.

En julio de 2022, 52 estados y territorios, junto con muchos gobiernos locales, celebraron un acuerdo multi jurisdiccional por US$26.000 millones con tres importantes distribuidores farmacéuticos y Johnson & Johnson, para resolver las demandas derivadas de sus prácticas comerciales con los opioides. Previamente se habían alcanzado acuerdos con Purdue Pharma, McKinsey Consulting, Mallinckrodt e Insys Therapeutics, y posteriormente se han llegado a acuerdos con otros dos fabricantes de opioides.

Si bien los fiscales están contentos porque van a recibir más de US$30.000 millones, se ha hecho poco para cambiar el comportamiento de la industria farmacéutica, y para educar a los responsables políticos y al público sobre la conducta de la industria.

Con demasiada frecuencia, estos casos se resuelven sin llegar a comprobar plenamente los hechos -lo que se denomina descubrimiento- o sin un juicio público y sin que se publique la decisión judicial. Las resoluciones de acuerdos multimillonarios sobre los opioides se promocionan en los comunicados de prensa como grandes éxitos, mientras que las empresas culpables no admiten culpa, y al mismo tiempo dicen a los inversores que el acuerdo fue una decisión comercial que no afectará sus resultados a largo plazo. De hecho, la historia demuestra que cuando las empresas farmacéuticas pagan cientos de millones de dólares -o incluso miles de millones de dólares- para resolver las demandas por negligencia en la comercialización de medicamentos, su precio por acción no se ve afectado, o incluso puede recibir un impulso porque los inversores creen que es un pago barato que les permite infringir la ley.

Los acuerdos de confidencialidad -que se suelen celebrar para evitar retrasos en la presentación de los documentos necesarios en los litigios civiles- mantienen en secreto los detalles más sórdidos. Y cuando no hay juicio, el público no se entera de muchos detalles y los legisladores tienen dificultades para elaborar leyes que impidan esas conductas.

Si la industria farmacéutica está utilizando tácticas sutiles de marketing para manipular los hábitos de prescripción de los médicos, por ejemplo, el público -incluidos los legisladores, los reguladores, la prensa e incluso los médicos- debe conocer los detalles. Para que los litigios tengan un impacto deben estar diseñados para lograr cambios en el comportamiento de la industria. Al igual que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte investiga y emite un informe público cuando se produce un accidente ferroviario, y al igual que se exigen Declaraciones de Impacto Ambiental para los proyectos federales que podrían afectar significativamente la calidad del medio ambiente, los Fiscales Generales del Estado deben tratar las negligencias de las empresas en materia de salud y seguridad como merecedoras de informes públicos detallados. Y deberían dejar claro a los abogados implicados -ya sea en la empresa o en virtud de un acuerdo de contingencia- que los acuerdos de confidencialidad que encubren el secreto de las infracciones se deben utilizar con moderación, y solo para proteger los secretos comerciales legítimos.

A fin de cuentas, el público debe conocer todos los hechos y los responsables políticos deben actuar en consecuencia. Un simple comunicado de prensa en el que se anuncia un acuerdo aparentemente muy costoso no logra ninguno de esos objetivos.