Canadá y EE UU

• Aproximadamente cuatro de cada diez adultos estadounidenses afirman que tienen que racionar sus medicamentos debido al precio [1]. Nadie debería verse obligado a elegir entre satisfacer sus necesidades básicas, como comprar víveres, y atender las necesidades médicas de sus seres queridos.

Los precios son elevados gracias al poder de monopolio que tienen las empresas de medicamentos de venta con receta.

• Las patentes y otras exclusividades que otorga el gobierno dan a las empresas el poder de fijar los precios, lo que hace que los nuevos medicamentos se comercialicen a decenas o cientos de miles de dólares al año.
• La mediana del precio de catálogo de un año de tratamiento que las empresas farmacéuticas fijan para un medicamento nuevo ronda los US$400.000 [2]. Habitualmente, establecen un precio de más de US$1 millón al año para las terapias celulares y génicas.
• Además, año tras año, las empresas aumentan los precios de los medicamentos más antiguos de sus carteras de productos.

El gobierno impone pocas restricciones en materia de precios.

• Medicare, el mayor comprador de medicamentos a nivel mundial, tiene prohibido negociar precios más bajos hasta que un medicamento lleve casi una década, o incluso más, en el mercado.
• Nuestras agencias de salud no hacen nada para frenar los precios que las empresas farmacéuticas cobran a los más de 200 millones de estadounidenses que obtienen su seguro médico a través de su empleador, a través del mercado de la Ley de Cuidado de Salud Asequible u de otra fuente privada.

La razón detrás de estos fracasos es clara: el cabildeo que hacen las grandes empresas farmacéuticas.

• Las grandes empresas farmacéuticas han gastado más de US$100 millones al año en actividades de cabildeo, durante los últimos 20 años, y en la actualidad están gastando más que nunca [3].
• El número de cabilderos que emplea la industria farmacéutica supera en 200 personas al número de senadores y congresistas que hay en Washington.
• Las empresas farmacéuticas y los grupos industriales gastan miles de millones de dólares en subvenciones para organizaciones de defensa de los pacientes e instituciones académicas, con el fin de expandir su influencia [4].
• Esto lo podemos cambiar. El Congreso, al igual que el presidente, tiene la facultad de reducir los precios, en virtud de la legislación vigente. Podemos lograr que los medicamentos sean asequibles para todos.

Soluciones
El Gobierno debe hacer cuatro cosas:
Aumentar el poder de negociación, impedir los aumentos de precios, frenar el abuso de los monopolios y limitar el gasto de los pacientes.

Negociar los precios de todos los medicamentos para que las empresas farmacéuticas no puedan cobrarnos entre tres y cuatro veces más por los mismos medicamentos, tal como se hace en otros países [5].

• El presidente Biden y los demócratas del Congreso acabaron con el dominio de las grandes empresas farmacéuticas por primera vez en toda una generación, otorgándole finalmente el poder a Medicare para que pudiera negociar los precios de algunos de los medicamentos más antiguos.
• Ocho de cada diez personas apoyan la idea de seguir avanzando, y de que Medicare negocie los precios de todos los medicamentos que adquiere, para no pagar más de lo que cuestan esos mismos medicamentos en otros países [6].
• EE UU puede reducir los precios de los medicamentos a la mitad, o incluso más, utilizando los precios internacionales como límite máximo en las negociaciones de precios de Medicare, para luego ampliar el acceso a estos precios reducidos para todos los estadounidenses [7].
• Esta estrategia ahorrará US$150.000 millones al año, tanto a Medicare como a los seguros privados, y reducirá drásticamente los gastos de bolsillo de los pacientes [8].

Frenar los aumentos de precios de un año a otro.

• Martin Shkreli, el “Pharma Bro” responsable del aumento de precios, no actuó solo. Las empresas de medicamentos de marca suelen subir el precio de sus productos a un ritmo que supera la inflación [9].
• Medicare y Medicaid cuentan con protecciones contra los aumentos de precios, pero las personas que obtienen su seguro a través de su empleador, o de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, quedan excluidas. El Congreso debería aprobar una ley que penalice a los fabricantes de medicamentos por los aumentos de precios para los pacientes.

Luchar contra el poder monopolístico.

• Somos nosotros, los ciudadanos, quienes otorgamos a las empresas farmacéuticas su poder de monopolio, y podemos retirarles ese poder.
• Los medicamentos genéricos de bajo costo han ahorrado al país más de un billón de dólares (posiblemente mucho más) [10, 11].
• Las empresas farmacéuticas utilizan toda una serie de estrategias para prolongar sus monopolios, y el Congreso debe poner fin a estas estrategias, incluyendo la “perennización” y las marañas de patentes, el salto de producto (“product hopping”), los acuerdos de pago por retraso y el abuso de las peticiones ciudadanas.
• El Congreso debería limitar de forma racional las patentes de continuidad que prolongan los monopolios durante años, o incluso décadas, y anular las exclusividades que han creado.
• Cuando la investigación y el desarrollo se financian con fondos públicos que aportan los contribuyentes, los organismos que conceden subvenciones deben condicionar dicha ayuda a que se apliquen precios justos y se garantice el acceso.
• El presidente debería autorizar la competencia de los medicamentos genéricos para los productos patentados, caso por caso, cuando las empresas fijen precios abusivos.

Limitar los gastos de bolsillo.

• Los gastos de bolsillo inasequibles obligan a millones de pacientes a racionar el tratamiento partiendo las pastillas por la mitad, saltándose dosis, dejando de surtir recetas o tomando otras medidas [12].
• El presidente Biden y los demócratas del Congreso establecieron un límite anual de US$2.000 para los gastos de bolsillo, lo que ayuda a los beneficiarios de Medicare más afectados por los elevados precios de los medicamentos.
• Al reducir el límite de gastos de bolsillo en medicamentos de venta con receta y extenderlo a los estadounidenses con seguro, ya sea a través de su empresa o de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, los responsables políticos pueden ayudar a que millones de estadounidenses se adhieran al tratamiento y lograr que los medicamentos sean asequibles [13].

Principios
Podemos tener tanto medicamentos asequibles como mayor innovación.

• Estamos pagando por un monopolio. Las empresas fijan los precios para maximizar sus ingresos, en lugar de fijarlos en función de los gastos en I+D.
• La investigación financiada por los contribuyentes respaldó todos los nuevos medicamentos aprobados entre 2010 y 2019 [14].
• Los contribuyentes aportan anualmente casi US$50.000 millones para investigación médica, a través de los Institutos Nacionales de Salud (NIH o National Institutes of Health) [15].
• Las empresas farmacéuticas se aprovechan enormemente de esta subvención. A cambio, los NIH deberían exigir precios asequibles y un acceso equitativo.
• La investigación de los NIH es extremadamente productiva y se debería ampliar para que sea la salud, y no las ganancias, la que guíe nuestras prioridades en materia de investigación médica.

Las encuestas revelan que, con apoyo de ambos partidos, los estadounidenses quieren soluciones firmes.

• Ocho de cada diez apoyan que Medicare negocie los precios de todos los medicamentos que adquiere, para no pagar más de lo que cuestan esos mismos medicamentos en otros países [16].
• Ocho de cada diez están a favor de romper los monopolios de las patentes para que se reduzcan los precios de los medicamentos [17].
• Dos tercios están a favor de que los medicamentos de venta con receta sean bienes públicos que pague el gobierno federal [18].
• Tres de cada cuatro están a favor de reducir los períodos de monopolio [19].
• Nueve de cada diez propietarios de pequeñas empresas creen que los medicamentos que se desarrollan con el dinero de los contribuyentes deberían ser asequibles para todos los estadounidenses [20].

Incluso sin la intervención del Congreso, el presidente puede reducir los precios en virtud de la legislación vigente.

• En virtud del artículo 1498, el Gobierno puede autorizar la competencia de medicamentos genéricos o la fabricación de medicamentos patentados para programas públicos, en cualquier momento, a cambio de una competencia razonable [21].
• A través de los derechos de intervención, el Gobierno puede autorizar la competencia de medicamentos genéricos en todo el mercado estadounidense, cuando la financiación federal haya resultado directamente en la invención de un nuevo fármaco [22].
• El Gobierno utilizaba estas facultades para adquirir versiones genéricas de medicamentos patentados, a un bajo precio, en la década de 1960. En la actualidad, las agencias gubernamentales siguen utilizando estas facultades en materia de patentes en otros sectores (energía, defensa). Luisiana aprovechó la posibilidad de conceder licencias de patentes para negociar importantes descuentos en el tratamiento contra la hepatitis C. La administración de George W. Bush hizo lo mismo durante la crisis del ántrax [23].
• Nuestras agencias gubernamentales pueden exigir precios justos y un acceso equitativo, en los contratos de I+D y otros acuerdos, tal y como han comenzado a hacer los NIH de manera parcial [24].
• El presidente debería insistir, y puede exigir, que los contribuyentes obtengan precios asequibles por los tratamientos y curas que han sido posibles gracias a los fondos públicos destinados a la investigación.