Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
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Este informe sobre políticas examina un enfoque judicial innovador de la Corte Constitucional de Colombia en respuesta a un aumento de las demandas de solución de controversias inversor-Estado (ISDS por sus siglas en inglés). La Corte introdujo una doctrina denominada ‘exequibilidad condicionada’, que obliga al ejecutivo a negociar declaraciones interpretativas conjuntas y vinculantes antes de ratificar un Acuerdo Internacional de Inversión (AII). Este proceso tiene como objetivo aclarar el lenguaje ambiguo y asegurar que las disposiciones del AII se alineen con los principios constitucionales, particularmente en lo relativo al derecho soberano a regular y a la protección de los derechos humanos y ambientales.
El análisis examina la doctrina del “escudo constitucional” establecida por este mecanismo interno, enfatizando su base legal en el artículo 31.3(a) de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Sin embargo, resalta una discrepancia significativa: el incierto reconocimiento de estos acuerdos subsecuentes en el marco del arbitraje internacional de inversiones. El informe señala que los tribunales arbitrales, que a menudo funcionan como sistemas jurídicos autónomos, pueden no respetar de manera consistente dichas disposiciones constitucionales internas. Esto genera una tensión constante entre la soberanía nacional y la independencia arbitral. Este informe sobre políticas concluye abordando las limitaciones de depender únicamente de soluciones internas y hace un llamado a reformas sistémicas a nivel internacional, como por ejemplo dentro del Grupo de Trabajo III de la CNUDMI.