Políticas Internacionales

• Las instituciones públicas invierten en la industria farmacéutica. A veces, los intereses económicos de estas empresas entran en conflicto con la posibilidad de que las personas cuyo dinero están administrando puedan acceder al tratamiento, como lo demuestran los precios excesivos de algunos medicamentos.

Cuando el precio de los medicamentos se convierte en un obstáculo para su acceso, los intereses de los pacientes y de los accionistas de las empresas son divergentes. Un estudio ha demostrado que una proporción considerable de los accionistas de empresas farmacéuticas son de inversionistas públicos o casi públicos.

Según este estudio, basado principalmente en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), alrededor de US$50.000 millones de los US$162.000 millones que las empresas farmacéuticas de todo el mundo gastan anualmente en investigación y desarrollo (I + D) provienen de empresas públicas o inversores casi públicos, incluyendo los fondos de pensiones (en países donde las pensiones están capitalizadas y no se basan en la redistribución), fondos soberanos (fondos de inversión en poder de un Estado) y bancos públicos o con participación pública [1]. Estos inversionistas, que deben representar los intereses públicos, son de facto actores importantes en la financiación de la I + D farmacéutica.

Este estudio utilizó como ejemplos al bevacizumab (Avastin) y eculizumab (Soliris), y documentó que en varios países, incluyendo países de ingresos altos (Canadá, Nueva Zelanda, Países Bajos, Reino Unido), tienen un acceso limitado a ciertos medicamentos por su alto precio, mientras que, al mismo tiempo, los inversores públicos de estos países son accionistas de las empresas involucradas (en estos ejemplos, Roche y Alexion Pharmaceuticals, respectivamente). De hecho, algunos de ellos han invertido varias decenas o incluso cientos de millones de dólares [1].

El objetivo de los que gestionan las inversiones, es decir de los actúan como intermediarios entre el inversor público y la empresa, suelen ser el de maximizar la rentabilidad financiera y, por lo tanto, tienen un interés personal en que los precios de los medicamentos sean lo más altos posible, aun cuando se puedan convertir en una barrera de acceso al tratamiento para las personas cuyos fondos están administrando. Los únicos actores importantes que pueden contrarrestar el interés de los gestores de inversiones en maximizar la rentabilidad, porque tienen otros intereses además de los financieros, son los gestores de las instituciones públicas o cuasi públicas que invierten en I + D farmacéutica. Estas instituciones tienen que defender el acceso al tratamiento de las personas cuyos fondos están gestionando y ejercer influencia en las prioridades de I + D [1].