El Bundestag, la cámara baja del Parlamento alemán, aprobó el 10 de julio de 2026 [1], un controvertido paquete de ahorro en sanidad destinado a aliviar el creciente coste del sistema público de salud y evitar nuevos aumentos de las cotizaciones [2].
El seguro médico en Alemania es obligatorio. El 90% de la población cotiza al seguro público, dependiendo de sus ingresos. Estas aportaciones suponen aproximadamente el 14,5% de la recaudación, y se reparten a partes iguales entre el empleador y el empleado, más una pequeña prima adicional que depende de la aseguradora.
Las cotizaciones al seguro médico de los alemanes han aumentado una media del 3% este año, pero los gastos de las aseguradoras públicas ascienden aún más rápidamente.
La reforma, presentada por la ministra de Sanidad, Nina Warken, pretende reducir el gasto sanitario a partir de 2027, mediante una serie de medidas que afectan a consultas médicas, hospitales, farmacias y la industria farmacéutica.
Sin medidas de ahorro, los fondos públicos de seguro de salud de Alemania se enfrentan a un déficit presupuestario de más de €15.000 millones (US$17.700 millones) en 2027. Alemania tiene uno de los sistemas de salud más caros del mundo. En marzo, una comisión de expertos presentó una lista de 66 propuestas de ahorro para ayudar a frenar el aumento descontrolado de los costos. Y la ministra Warken acaba de anunciar una serie de propuestas. Entre las medidas se incluyen [2]:
Los fabricantes de medicamentos se oponen al cambio [3]
La industria farmacéutica se opone a: tener que ofrecer mayores descuentos, que pasarán al 15,5%, a una mayor rebaja en las vacunas patentadas y a la congelación de precios de dichas vacunas entre 2027 y 2030.
Wolfgang Grosse Entrup, director de la VCI, la asociación de la industria química de Alemania afirmó: “La ley, en su forma actual, se convertirá en un bumerán político… En una coyuntura económica difícil, se está poniendo deliberadamente en riesgo la competitividad de Alemania como centro farmacéutico, por el temor a las reformas al Estado de bienestar”.
La farmacéutica alemana Merck KGaA en un comunicado calificó la legislación como “un duro golpe para el sector farmacéutico de Alemania”. “Pone en peligro la atención a los pacientes, perjudica el desarrollo de nuevos medicamentos y debilita la posición de Alemania como centro de innovación”.
AstraZeneca señaló que los cambios provocarían una reducción del acceso de los pacientes a los medicamentos, una disminución de la investigación clínica y el traslado de la producción “a otros países que valoran la innovación”.
Referencias