Tratado Pandémico

Los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) han logrado avances en su labor relativa al anexo sobre Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS), que constituye una parte fundamental del Acuerdo de la OMS sobre Pandemias, y han convenido hoy en que se necesita más tiempo para ultimar el acuerdo de forma que garantice una respuesta mejor y más equitativa a futuras pandemias.

Hoy, los países han concluido la sesión reanudada de la sexta reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental acerca del Acuerdo de la OMS sobre Pandemias, celebrada en Ginebra, que se ha centrado en el Sistema PABS. El resultado de esta labor se presentará este mes a la 79.ª Asamblea Mundial de la Salud. Teniendo en cuenta la necesidad de celebrar nuevas negociaciones, se pedirá a la Asamblea que considere la posibilidad de que la labor del Grupo de Trabajo Intergubernamental continúe según lo dispuesto en la resolución WHA78.1 y que presente el resultado a la próxima Asamblea, prevista para mayo de 2027, o antes de esa fecha en una reunión extraordinaria de la Asamblea Mundial de la Salud en 2026.

«Se lograron avances reales con respecto al anexo PABS y confío en que la continuación de las negociaciones permita superar las diferencias», dijo el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director General de la OMS. «Los Estados Miembros deben seguir abordando las cuestiones pendientes con urgencia, porque cuando hablamos de una próxima pandemia, no estamos hablando de si sucederá, sino de cuándo sucederá. El anexo PABS es la última pieza del rompecabezas no solo para el Acuerdo sobre Pandemias, sino para todas las iniciativas que la OMS y los Estados Miembros han puesto en marcha como resultado de las enseñanzas extraídas de la pandemia de covid-19».

El sistema PABS está concebido para garantizar, en pie de igualdad, el intercambio rápido de patógenos con potencial pandémico y la participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su uso, como vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos. Es necesario ultimar el anexo PABS para que los países puedan proceder a la firma y la ratificación del Acuerdo sobre Pandemias.

«Ultimar un documento de tal complejidad técnica y jurídica exige precisión y dedicación, algo de lo que los Estados Miembros han hecho gala de principio a fin», dijo el copresidente de la Mesa del Grupo de Trabajo Intergubernamental, el Embajador del Brasil Tovar da Silva Nunes. «Aún no lo hemos conseguido, pero con una prórroga para nuestras negociaciones, lo conseguiremos».

El copresidente del Grupo de Trabajo Intergubernamental, el Sr. Matthew Harpur, dijo: «Los Estados Miembros de la OMS han demostrado un compromiso firme y sostenido con las negociaciones sobre la elaboración de un anexo relativo al Sistema de Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios. La Mesa del Grupo de Trabajo Intergubernamental está segura de que avanzamos en la dirección correcta para ultimar el anexo PABS y que, al hacerlo, dotaremos al Acuerdo de la OMS sobre Pandemias del marco necesario para velar porque los países estén mejor preparados y protegidos, y de forma más equitativa, para la próxima pandemia».

El Grupo de Trabajo Intergubernamental acerca del Acuerdo de la OMS sobre Pandemias celebrará su séptima reunión del 6 al 17 de julio de 2026.

En mayo de 2025, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó el Acuerdo de la OMS sobre Pandemias con el propósito de mejorar la prevención, la preparación y la respuesta de los países frente a las pandemias. También creó un Grupo de Trabajo Intergubernamental de composición abierta para llevar a cabo las tareas más importantes, como la redacción y la negociación del Sistema PABS.

Nota de Salud y Fármacos. El 20 de mayo, Rajnia Rodrigues y Nithin Ramakrishnan del Third World Network [1] publicaron un comentario sobre los avances y las dificultades que impidieron finalizar el Anexo al Acuerdo Pandémico en el plazo previsto. A continuación, ofrecemos un resumen de los puntos más importantes, pero no incluimos la descripción completa de las posturas adoptadas por los diferentes países.

Uno de los impedimentos más importantes fue que mientas los países en desarrollo recalcaron que el acceso a los patógenos y datos conexos, así como la distribución de beneficios, deben permanecer interconectados, ser exigibles y basarse en acuerdos contractuales jurídicamente vinculantes firmados en el momento de acceder a las muestras de los patógenos; los países desarrollados fueron reticentes a comprometerse con un contrato jurídicamente vinculante al acceder a las muestras.

Las delegaciones destacaron que el Anexo es esencial para la aplicación del Artículo 12 del Acuerdo sobre la Pandemia y para que el tratado avance hacia su firma y ratificación. La Unión Europea (UE) espera que el trabajo del grupo de trabajo intergubernamental (GTIG) sobre el PABS continúe hasta la próxima Asamblea Mundial de la Salud (AMS) en 2027, mientras que la Región de África y Brasil señalaron la necesidad de trabajar para lograr su posible conclusión en 2026.

Muchos Estados Miembros advirtieron sobre los riesgos de apresurar las negociaciones, especialmente si se compromete la seguridad jurídica de las obligaciones de reparto de beneficios, que solo se garantiza si los beneficiarios tienen la obligación legal de compartirlos de manera justa y equitativa. Dicha obligación se establece mediante acuerdos contractuales en los regímenes de acceso y distribución de beneficios (ABS), que son los que aseguran la interconexión entre el acceso y la distribución de beneficios; y debilitar este vínculo implicaría que la distribución de beneficios siga siendo voluntaria, como lo fue durante la pandemia de covid-19.

Los países en desarrollo enfatizan la seguridad jurídica. Bután, en nombre de la Región de Asia Sudoriental de la OMS, declaró que «el acceso y la distribución de beneficios deben seguir siendo interdependientes y aplicarse en igualdad de condiciones, tanto en contextos pandémicos como interpandémicos».

La región también solicitó «mecanismos de trazabilidad sólidos» a lo largo del ciclo de vida de los materiales y de la información de secuenciación que forman parte de los sistemas de acceso y distribución de beneficios (PABS), para lo que se requieren «instrumentos jurídicos estandarizados, identificadores únicos y acuerdos transparentes» que abarquen «todo el ciclo de vida de los materiales y la información de secuenciación de los PABS». Bangladesh afirmó que todos estos elementos del ecosistema PABS deberían entrar en funcionamiento simultáneamente, argumentó que el registro de usuarios es una condición previa para la trazabilidad y expresó su apoyo a una base de datos de la OMS, que debería regirse por los principios de rendición de cuentas, transparencia y trazabilidad.

China afirmó que las nuevas normas deben cambiar el statu quo, que es inequitativo, y deben ser operativas, proporcionando suficiente seguridad jurídica. India afirmó que el sistema PABS se debe sustentar en contratos estandardizados y jurídicamente vinculantes, y solicitó mecanismos de trazabilidad sólidos, incluyendo la aplicación de tecnologías digitales avanzadas.

Nepal subrayó que “un marco creíble y eficaz debe garantizar la seguridad jurídica, la transparencia y la rendición de cuentas”, haciendo hincapié en “la importancia de los contratos estandarizados” y solicitando que haya “transferencia de tecnología, una colaboración científica sustantiva, se fortalezcan los laboratorios nacionales y se apoye la manufactura local”.

Sudáfrica, en nombre de la Región de África, opinó que garantizar la trazabilidad y la transparencia, y contar con acuerdos contractuales claros sobre el acceso puede salvaguardar los intereses de todos los países, al tiempo que facilita la colaboración científica. También solicitaron la supervisión nacional de los laboratorios que participan en la red coordinada por la OMS, y medidas que promuevan la rendición de cuentas y la trazabilidad en el acceso a los datos, como el registro de usuarios y los acuerdos de acceso a datos.

Botsuana abogó por una representación significativa de las instituciones de los países en desarrollo —incluidos laboratorios, centros de investigación y fabricantes— en el sistema PABS.

La República Centroafricana afirmó que el PABS no puede convertirse en un mecanismo que promueva la biopiratería. Argumentó que «la trazabilidad, los contratos y las obligaciones de compartir beneficios deben garantizarse desde el momento en que se accede a los recursos».

Namibia advirtió a los Estados miembros que «si las obligaciones de acceso se expresan como “deberán”, mientras que las de compartir beneficios se expresan como “opciones” y “cuando estén disponibles”, se habrá introducido una desigualdad en el derecho internacional». Namibia hizo hincapié en la necesidad de contratos jurídicamente vinculantes como una «cuestión transversal que debe definir la estructura de participación en todo el anexo.

Marruecos, en nombre de la Región del Mediterráneo Oriental (EMRO), subrayó asimismo que «el vínculo entre el acceso y el reparto de beneficios debe seguir siendo fundamental e indivisible».

Irán insistió en que el sistema “debe construirse sobre una base de confianza, transparencia y claridad jurídica”, y “la claridad jurídica exige que las obligaciones sean vinculantes y exigibles”, mientras que la transparencia requiere que los países puedan “rastrear qué se comparte, con quién y con qué propósito”.

Túnez destacó la necesidad de transferencia de tecnología, sistemas de salud resilientes y una gobernanza “basada en la confianza, la transparencia y el respeto a la soberanía nacional”.

Los Emiratos Árabes Unidos también hicieron hincapié en que las medidas jurídicamente vinculantes “deben estar claramente definidas” de manera que garanticen “seguridad jurídica y el pleno respeto de la soberanía estatal, incluyendo los derechos soberanos sobre los patógenos y su intercambio”. La República Centroafricana subrayó que el GTIG «no tiene mandato para renegociar los principios ya acordados en virtud del Artículo 12». Afirmó que el sistema PABS «debe mantener el equilibrio entre el acceso y la distribución de beneficios», y advirtió que «no debe convertirse en un mecanismo que legitime la biopiratería en nombre de la salud mundial».

Varios países en desarrollo también hicieron hincapié en la soberanía sobre los recursos biológicos y la necesidad de sistemas de gobernanza y trazabilidad transparentes.

Brasil, al tiempo que promovía un diálogo constructivo para concluir las negociaciones en 2026, declaró: “No podemos renunciar de ninguna manera a los principios de equidad y solidaridad que inspiraron la negociación del Acuerdo sobre la Pandemia. Tampoco podemos aceptar ninguna distorsión ni retroceso respecto de lo que ya se ha acordado como fundamental en virtud del Artículo 12, a saber, la igualdad de condiciones entre el acceso y la distribución de beneficios en términos y condiciones que garanticen la seguridad jurídica para ambos pilares del sistema”.

Uruguay enfatizó la necesidad de un sistema PABS que garantice la bioseguridad, la trazabilidad y la responsabilidad de todos los Estados, reafirmando su compromiso con la distribución equitativa de los beneficios y el acceso a los patógenos.

Los países desarrollados abogan por el consenso. La Unión Europea reafirmó su compromiso de desarrollar un sistema PABS equitativo, eficaz y viable que tenga un impacto positivo sobre el terreno.

Noruega manifestó su interés en encontrar soluciones prácticas que garanticen un acceso más equitativo a vacunas, pruebas diagnósticas y tratamientos para patógenos con potencial pandémico, fomentando al mismo tiempo un entorno sólido de investigación y desarrollo que genere las innovaciones necesarias.

Francia, si bien se adhirió a la declaración de la UE, señaló que hay cuestiones clave que requieren un debate profundo. Advirtió que, aunque estas discusiones son necesarias, no deben frenar el ritmo colectivo adoptado en los últimos años. Francia reiteró que solo una respuesta multilateral coordinada permitirá proteger a las poblaciones de manera sostenible. Seis años después de la pandemia de covid-19, «no podemos aceptar enfrentarnos a una nueva crisis con las mismas vulnerabilidades».

Alemania reconoció las divergencias que impiden alcanzar un consenso, pero instó a los Estados miembros a «salvar las brechas existentes y encontrar puntos de acuerdo realistas… Necesitamos tanto pragmatismo como una comprensión mutua de los intereses y márgenes de flexibilidad en cada parte».

Los países en desarrollo denuncian retrocesos respecto al Artículo 12. Los países en desarrollo denunciaron que, a pesar de los avances que se han logrado en las negociaciones durante el último año, existen intentos de retroceder en compromisos ya adquiridos en virtud del Artículo 12 del Acuerdo sobre Pandemias, a veces incluso bajo el pretexto de buscar un punto de acuerdo o un compromiso.

Pakistán señaló que «las propuestas de un supuesto sistema híbrido, con vías paralelas de acceso abierto y cerrado, están diseñadas para preservar los privilegios comerciales de un puñado de fabricantes, ofreciendo a los países en desarrollo poco más que gestos de buena voluntad a cambio. El anexo sobre acceso y participación en los beneficios (PABS) debe operacionalizar el Artículo 12 de manera plena y fiel, no negociar su eliminación».

Indonesia afirmó que una base de acuerdo creíble es aquella que no retrocede respecto a lo establecido en el Artículo 12 del Acuerdo sobre Pandemias, subrayando la primacía del acceso y la participación en los beneficios en igualdad de condiciones, así como la necesidad de un sistema plenamente seguro, transparente y sujeto a rendición de cuentas.

La República Centroafricana advirtió que el Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTIG) no tiene mandato para renegociar los principios ya acordados en el Artículo 12.

Sudáfrica manifestó que tiene paciencia con el proceso, pero no con la injusticia. Señaló que la caridad no es equidad. Necesitamos reservar una parte de la producción de vacunas, tratamientos y pruebas diagnósticas para su uso inmediato en los países en desarrollo, con fines de prevención, preparación y respuesta ante pandemias».

Colombia atribuyó los fallos de la respuesta a la anterior pandemia a cuestiones de propiedad intelectual y sostuvo que las negociaciones deben guiarse por principios que trasciendan las diferencias políticas y los intereses comerciales.