Las Patentes y Otros Mecanismos para Ampliar la Exclusividad en el Mercado

Lenacapavir representa una de las innovaciones más prometedoras en la lucha contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH): un fármaco de acción prolongada que con solo dos dosis al año puede prevenir infecciones y mejorar el control de la enfermedad en personas que viven con VIH.

Los ensayos clínicos han mostrado resultados sobresalientes, con tasas de eficacia cercanas al 100% en la prevención de la infección por VIH y un notable beneficio en el manejo de infecciones por VIH resistentes a múltiples tratamientos. Sin embargo, el potencial de este medicamento contrasta con la estrategia comercial de Gilead, que ha fijado un precio anual superior a los US$42.000 por paciente/año, muy por encima del costo estimado de producción de apenas US$40 (cifra que incluye un margen de rentabilidad del 30%), lo cual lo convierte en inasequible para la mayoría de la población.

El problema no es solo el precio, sino la forma en que la compañía ha blindado su monopolio. En la India, entre 2014 y 2022, Gilead presentó catorce solicitudes de patente sobre distintas variaciones del mismo compuesto, incluyendo sales, formas cristalinas, procesos de fabricación y formulaciones inyectables.

Esta práctica, conocida como perennización de las patentes o evergreening, permite que Gilead amplíe el periodo de exclusividad en el mercado del fármaco más allá de los 20 años habituales. Si se concedieran todas estas solicitudes, el monopolio podría prolongarse hasta 2042. La consecuencia es clara: los fabricantes de genéricos enfrentan un entramado legal que desalienta la inversión y retrasa el acceso a alternativas asequibles.

Aunque Gilead anunció la concesión de licencias voluntarias a seis productores para surtir a los países en desarrollo, la medida tiene serias limitaciones. Se excluye a numerosos países de mediana renta —donde se concentra una parte significativa de las nuevas infecciones por VIH— y se imponen restricciones contractuales que dificultan el abastecimiento y la competencia real. Más que un gesto de salud pública, la iniciativa parece diseñada para neutralizar críticas y preservar el control del mercado.

La respuesta de la sociedad civil y de algunos sistemas de patentes ha sido firme. En Argentina, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial rechazó una de las solicitudes de Gilead por considerar que la molécula ya estaba contemplada en patentes previas con estructuras Markush.

En India, varias oposiciones previas a la concesión de las patentes cuestionan la falta de novedad y la escasa actividad inventiva de las nuevas aplicaciones. Los opositores sostienen que muchas de las modificaciones son obvias para cualquier experto y no cumplen los requisitos de mejorar la eficacia del medicamento, que es lo que exige la legislación de patentes.

El caso de lenacapavir refleja un patrón más amplio: el uso del sistema de patentes como herramienta para maximizar los beneficios económicos a costa de limitar el acceso oportuno a medicamentos esenciales para salvaguardar la salud y la vida. Estas prácticas donde las patentes dejan de ser incentivos a la investigación y se transforman en barreras artificiales contra la competencia atenta contra salud pública de las poblaciones más vulnerables, quienes habitan en países de bajos y medianos ingresos. El riesgo es que millones de personas, especialmente en comunidades marginadas, queden sin acceso a un tratamiento que podría cambiar el curso de la epidemia del VIH.

Esta experiencia recuerda la histórica decisión de la Corte Suprema de India en el caso Novartis, que advirtió sobre el peligro de patentes excesivamente amplias y redactadas para favorecer los intereses corporativos más que el verdadero avance científico. Hoy, frente al caso lenacapavir, esa advertencia vuelve a cobrar vigencia. Hay que fortalecer los mecanismos de evaluación de patentes y promover políticas procompetencia que garanticen que la salud pública prevalezca sobre el abuso del sistema de propiedad intelectual.