Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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La administración Biden resolvió una demanda contra Gilead, que a instancias de activistas contra el Sida había interpuesto el gobierno durante por la primera administración Trump, por considerar que Gilead había infringido los derechos de patente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que financiaron la investigación que sirvió de base para los tratamientos contra el Sida de Gilead (Truvada y Wengovy).
La administración alegó que Gilead ignoró las contribuciones de los científicos de los CDC, exageró su papel en el desarrollo de medicamentos para la prevención del VIH y se negó a firmar un acuerdo de licencia. La base de la disputa consistía en determinar hasta qué punto una empresa privada puede utilizar la investigación financiada con fondos públicos para obtener enormes ganancias, especialmente cuando los precios de los medicamentos involucrados son inasequibles para muchos estadounidenses.
Un estudio de Health Affairs de 2023 calculó que el gobierno federal había otorgado 73 subvenciones y gastó aproximadamente US$143 millones en el desarrollo de los medicamentos involucrados.
En 2023, tras un breve juicio, un jurado federal dictaminó que Gilead no había infringido las patentes de los CDC y que dichas patentes eran inválidas. Una jueza de distrito anuló el veredicto del jurado que dictaminaba que no se habían infringido las patentes de los CDC. Posteriormente, la administración Biden apeló la decisión y llegó a un acuerdo en enero de 2025 (justo antes de que asumiera Trump su segundo mandato).
Como parte del acuerdo, Biden otorgó a Gilead una licencia para ciertas patentes vigentes y futuras relacionadas con la prevención del VIH, a cambio de no tener que pagar indemnizaciones. No se revelaron los términos adicionales, aunque un portavoz de Gilead señaló que el acuerdo no incluía ningún pago ni por parte de Gilead ni del gobierno federal.
Inicialmente, los activistas contra el SIDA acogieron con satisfacción el acuerdo, con la esperanza de que incluyera un compromiso de financiación para apoyar un programa nacional de prevención del VIH que promoviera el acceso equitativo a la profilaxis pre-exposición o PrEP. Sin embargo, mostraron su descontento al enterarse de que Gilead no tendría que pagar regalías por el uso de la patente gubernamental. Los activistas también lamentaron que la administración Biden se precipitara en llegar a un acuerdo, porque consideraban que la administración Trump podía haber logrado mejores términos.
Los activistas observaron que el acuerdo incluía una referencia a un acuerdo cooperativo de investigación y desarrollo de materiales (M-CRADA), firmado con Gilead, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y los CDC que se estableció al mismo tiempo que se alcanzó el acuerdo. El M-CRADA no se divulgó al público, por los que, en abril de 2026, tras el fracaso de varias solicitudes al amparo de la Ley de Libertad de Información, los activistas interpusieron una demanda para obtenerlo.
Tras más de un año de disputas, un grupo de activistas obtuvo el acuerdo y ha manifestado su decepción por lo que no contiene el documento. El grupo esperaba que el M-CRADA incluyera investigaciones sobre lenacapavir, el innovador medicamento de Gilead para la prevención del VIH que aprobó la FDA el año pasado.
Christopher Morten, profesor asociado de derecho en la Universidad de Nueva York, afirmó:
“Obtener este compromiso por escrito, en un contrato vinculante, podría haber ayudado a proteger la investigación sobre lenacapavir de los recortes presupuestarios, que la segunda administración Trump aplicó a la investigación sobre el VIH con consecuencias devastadoras, el Plan Maestro de Investigación del M-CRADA es vago y carece de límites definidos. No se compromete a nada concreto.
Además, el M-CRADA permite que Gilead rescinda unilateralmente este acuerdo en cualquier momento… En la práctica, Gilead logra salir impune tras explotar a los pacientes, a los contribuyentes y a los científicos del gobierno. Este acuerdo, profundamente desequilibrado, sienta un mal precedente en materia de políticas y genera una injusticia innecesaria”.
El precio de lenacapavir (Yeztugo) en EE UU es de US$28.218 al año.
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