Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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El 15 de septiembre de 2026, Gilead y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunciaron “una nueva vía de acceso” al lenacapavir en América Latina y el Caribe. En la práctica, el anuncio solo señala que, en el futuro, los países podrán comprar el producto de Gilead a través de los Fondos Rotatorios de la OPS.
Los Fondos Rotatorios pueden agrupar la demanda de los países y aumentar su poder de negociación. Sin embargo, en este caso no sabemos qué países manifestaron interés, qué cantidades solicitaron ni si los gobiernos participaron en la negociación. Tampoco se ha divulgado el precio, los volúmenes, los compromisos de suministro, los plazos de entrega ni las demás condiciones del acuerdo. Sin esta información, no es posible saber si el acuerdo responde a las necesidades sanitarias de los países o si establece un mercado regional para Gilead.
La ausencia de información sobre el precio es especialmente grave. En EE UU, las dosis tienen un precio anual entre US$28.218 y US$40.000 (persona año). Algunos estudios estiman que las versiones genéricas podrían producirse entre US$35 y US$46 por persona/año, con la posibilidad, si se producen a mayor escala, de llegar a unos US$25. Una vía de compra sin precio, ni cantidades, ni previsión de entrega, no es acceso.
El acuerdo debe entenderse en el contexto de la estrategia comercial de Gilead. En octubre de 2024, la empresa autorizó a seis fabricantes a producir versiones genéricas, pero limitó su venta a 120 países. Otros 14 países latinoamericanos, entre ellos Brasil, Argentina, México, Colombia y Perú, quedaron excluidos y siguen dependiendo del producto patentado de Gilead.
La OPS presenta como “complementarios” dos regímenes profundamente desiguales: mientras algunos países tendrán acceso a la competencia entre fabricantes de genéricos, los países excluidos permanecerán sometidos al monopolio de Gilead.
Las patentes son las principales barreras de acceso que enfrentan nuestros países. Este acuerdo nos va a imponer a todos los países un precio de monopolio, aún en los que no hayan concedido patentes, como es el caso de Argentina. La estrategia de Gilead no es más que perpetuar el statu quo monopólico a través de este acuerdo.
Una organización internacional de salud pública debe anteponer el interés público, defender el acceso universal, equitativo y sostenible y ampliar las alternativas de los países, no generar una demanda pública en función de la estrategia comercial de una empresa monopólica estadounidense.
La OPS debería responder a las necesidades reales de salud pública de la región. Justificar esta decisión en las 140.000 nuevas notificaciones de VIH en América Latina resulta insuficiente si no se aborda la principal brecha que enfrenta la región: de los 2,3 millones de personas que tienen VIH, alrededor de 725.000 todavía no acceden al tratamiento antirretroviral
No hay estrategia de prevención más efectiva que asegurar el derecho al tratamiento para todas las personas con VIH.
También es inaceptable que Gilead presente el ensayo clínico PURPOSE 2 como parte de sus “esfuerzos de acceso”. Los ensayos clínicos generan las evidencias necesarias para el registro sanitario y la comercialización del producto; no son una política de acceso. Estos ensayos clínicos fueron diseñados por Gilead, sin considerar los intereses en salud pública de nuestras comunidades, quedando restringido exclusivamente a prevención y excluyendo a las mujeres. Así mismo, países como Argentina, Brasil, México y Perú participaron en el estudio y contribuyeron al desarrollo del lenacapavir, pero posteriormente fueron excluidos de las licencias que permiten comprar versiones genéricas más asequibles.
La afirmación de que Gilead continúa “explorando oportunidades” para la producción local en Brasil tampoco representa un compromiso concreto. En julio de 2026, durante la Conferencia Internacional de Sida celebrada en Rio de Janeiro, Brasil (AIDS2026), se informó que las negociaciones seguían estancadas, no habían producido una reducción del precio. Mientras tanto, Farmanguinhos/Fiocruz y Merck comunicaron un acuerdo de transferencia de tecnología de Alimatravir (MK8527) un comprimido oral mensual que también se estudia como prevención. Sin más información, la noticia del acuerdo entre Gilead y OPS funciona más como presión política que como un instrumento para asegurar el acceso.
Por ello, exigimos que la OPS y Gilead que hagan público el contrato, y sus condiciones: el precio, la demanda, los volúmenes de compra, los plazos de entrega, las garantías de suministro, los países involucrados, la participación de los gobiernos de la región en la negociación y todas las condiciones del acuerdo, incluidas aquellas relacionadas con la producción local y la transferencia de tecnología. La OPS no debe actuar como intermediaria comercial de una empresa ni legitimar su estrategia de segmentación de mercados.
América Latina no necesita mecanismos para perpetuar la exclusión creada por Gilead; necesita decisiones políticas que permitan superarla: impedir la concesión de patentes farmacéuticas, decretar licencias obligatorias, promover la competencia de genéricos y fortalecer la producción pública y local. La transparencia y la soberanía farmacéutica son condiciones indispensables para garantizar el derecho a la salud.