Tratado Pandémico

A mediados de septiembre, los miembros de la OMS asumieron la tarea de realizar una complicada negociación sobre un mecanismo de Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios (PABS o Pathogen Access and Benefit Sharing), con el objetivo de alcanzar un acuerdo satisfactorio. Las conversaciones para encontrar una forma de preparar mejor al mundo para futuras pandemias llevan meses estancadas debido a desacuerdos importantes sobre cómo estructurar un acuerdo que vincule el acceso a datos sobre patógenos emergentes capaces de causar pandemias con compromisos vinculantes, para que las vacunas, las pruebas diagnósticas y los tratamientos que se obtengan a raíz de dicho acceso, estén disponibles de manera oportuna, equitativa y asequible.

El Grupo de Trabajo Intergubernamental (IGWG o Intergovernmental Working Group) se reunió del 14 al 18 de septiembre en Ginebra y es el encargado de negociar el anexo de Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios del Acuerdo sobre Pandemias de la OMS, que se debe completar antes de que el Acuerdo entre en vigor y sea ratificado por los Estados miembros.

En estos momentos, los países se encuentran en un punto muerto respecto a cómo, y con qué grado de obligatoriedad, se debe vincular el acceso a los datos relacionados con los patógenos a la participación en los beneficios. Se han presentado dos modelos complejos y contradictorios como posibles vías a seguir. Uno hace hincapié en la flexibilidad y la libertad de elección (pero podría permitir que los fabricantes eludieran las obligaciones de reparto de beneficios); el otro destaca la soberanía nacional o regional sobre los recursos e incluye compromisos escalonados para acceder a la información y utilizar los datos con fines de fabricación (aunque, según algunos, podría resultar lento en situaciones de emergencia). Hasta la fecha, los países de ambos bandos no han logrado encontrar un punto en común desde el cual trazar un camino a seguir.

La organización no gubernamental Knowledge Ecology International (KEI) ha propuesto una vía alternativa: no vincular en absoluto el acceso a la información sobre patógenos con el acceso a los productos. Los Estados miembros deberían prestar atención.

La propuesta de KEI, presentada por primera vez como resumen de un informe en la IGWG7 en julio, y expuesta como nota informativa completa el 14 de septiembre, sugiere vincular la distribución de beneficios al ámbito de uso, en lugar de a la utilización de cualquier material incluido en el Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios o de la información de secuenciación [1, 2]. Es decir, las obligaciones de reparto de beneficios se activarían cuando se autorizara la comercialización o venta de un producto como medida de lucha contra una pandemia. Según KEI, esto es adecuado por tres razones. En primer lugar, no todos los brotes requerirán el acceso a material patógeno a través de un sistema de la OMS para investigar y desarrollar pruebas diagnósticas y terapias.

En concreto, en el caso de un virus de rápida propagación, será fácil obtener muestras al margen del sistema de Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios. Si la distribución de beneficios, incluyendo el acceso equitativo a los productos, se vincula únicamente al uso de material obtenido a través del sistema, muchas medidas médicas importantes podrían eludirla. En segundo lugar, durante una emergencia es esencial compartir, de forma oportuna y amplia, toda la información relacionada con la pandemia; cualquier requisito de negociación puede ralentizar el despliegue rápido y la colaboración. Y, en tercer lugar, con el auge de la IA en la I+D, resultará cada vez más difícil determinar qué datos, entre la amplia variedad de materiales de entrenamiento, han contribuido a un candidato a producto médico generado con la IA.

Vincular el reparto de beneficios a la autorización de comercialización de los productos de salud relacionados con la pandemia permite ejercer una influencia más confiable para garantizar un reparto equitativo de las contramedidas médicas. En concreto, el texto que propuso KEI dice así: “Cada Parte adoptará todas las medidas legales, administrativas o regulatorias necesarias para garantizar que cualquier fabricante que desee registrar o vender productos relacionados con la pandemia, dentro de su jurisdicción, aporte evidencia verificable de un acuerdo jurídicamente vinculante con la OMS, que aborde el acceso a dichos productos, de conformidad con el artículo 12, apartado 6, del Acuerdo sobre Pandemias”.

Los países que deseen comprar a fabricantes sin contrato con la OMS seguirían estando obligados a cumplir las obligaciones de reparto de beneficios establecidas en el Acuerdo sobre Pandemias, así como obligaciones similares en virtud del Acuerdo de 2023, relativo a la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica Marina de las Zonas Situadas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ o Biodiversity Beyond National Jurisdiction), que regula el acceso a los recursos genéticos marinos [3].

La semana pasada, el Grupo de Trabajo Intergubernamental comenzó a analizar la propuesta y se espera que la aborde con mayor profundidad durante las reuniones informales del 5 al 9 de octubre, y en la próxima reunión formal, del 2 al 13 de noviembre.

Antecedentes de los otros dos modelos
En octubre de 2025, la Unión Europea propuso un “modelo híbrido”, que propone compartir los materiales de Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios y la información de secuenciación a través de diferentes vías (una base de datos de secuencias de la OMS y una red de laboratorios colaboradores de la OMS) [4]. El acceso dentro de estos marcos se rige por un sistema de semáforo: se concede únicamente tras la firma de un contrato (rojo); se concede con el compromiso de firmar un contrato (amarillo); y se concede mediante un acuerdo de transferencia de material sin incluir el reparto de beneficios (verde).

Los partidarios de este sistema argumentan que ofrece flexibilidad para que los usuarios puedan actuar según sus necesidades, y que refleja las formas en que actualmente se comparten los datos a través de múltiples vías. A los que no están de acuerdo con este modelo les preocupa que facilite eludir el reparto de beneficios y que se corra el riesgo de reproducir las desigualdades en el acceso a las medidas contra la pandemia que se observaron durante la covid-19.

En julio de 2026, el Grupo de África y el Grupo de Equidad, integrado por 29 países, presentaron un modelo “federado” en el que los materiales y la información sobre secuencias se conservan a nivel nacional, regional o con un anfitrión reconocido [5]. Una entidad centralizada gestionada por la OMS ofrecería un catálogo consultable y sería accesible para los usuarios que firmen un Acuerdo de Acceso a los Datos (DAA O Data Access Agreement) y para los fabricantes que firmen tanto un DAA como un contrato de reparto de beneficios con la OMS.

El modelo incluye mecanismos de activación del acceso acelerado durante emergencias de salud, así como medidas de notificación y observancia. Los defensores de este modelo sostienen que permite que los países o regiones conserven su soberanía sobre los materiales y datos de Acceso a los Patógenos y Participación en los Beneficios, y garantiza una distribución de beneficios basada en las necesidades, sin ofrecer vías para eludir el sistema. Los detractores argumentan que, en situaciones de emergencia, el proceso llevará tiempo, aunque los defensores afirman que pueden tramitar las solicitudes en un plazo de entre 5 y 30 minutos.