Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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En abril de 2025, el fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York anunció un acuerdo de US$202 millones con Gilead Sciences, por haberse valido de programas de conferencias para pagar sobornos a médicos, con el fin de persuadirlos para que recetaran los medicamentos de la empresa para el tratamiento contra el VIH y el SIDA [1].
Aunque el acuerdo abarcaba actividades promocionales realizadas entre enero de 2011 y noviembre de 2017, refleja una práctica preocupante que ha persistido durante más de 30 años. En 2024, el Grupo de Investigación en Salud de Public Citizen publicó un informe en el que se documentaban las sanciones penales y civiles impuestas a la industria farmacéutica, entre 1991 y 2021; encontramos 482 acuerdos federales y estatales con fabricantes, que sumaban un total de US$62.300 millones en sanciones económicas [2]. Muchos de los acuerdos estaban relacionados con la prescripción de opioides. Las sanciones económicas representaron un pequeño porcentaje de los US$1,9 billones de ingresos netos que las 35 mayores empresas farmacéuticas obtuvieron en solo 19 de esos 31 años (2000-2018).
Hay otros ejemplos recientes. En 2022, Biogen Inc acordó pagar US$900 millones para resolver las acusaciones de pagos indebidos efectuados a médicos [3]. En 2024, Endo Health Solutions fue obligada a pagar alrededor de US$1.500 millones en multas y sanciones penales por distribuir medicamentos opioides de manera fraudulenta [4]. En 2025, Pfizer acordó pagar casi US$60 millones después de que una filial hubiera sido acusada de haber hecho pagos indebidos a médicos, antes de ser adquirida por la empresa [5].
El acuerdo de Gilead es especialmente preocupante debido a la conducta manifiestamente inapropiada que se describe. Gilead llevó a cabo programas de conferencias sobre el VIH para promover y aumentar las ventas de sus medicamentos, y el programa de adherencia a las regulaciones de la empresa no logró impedir las “prácticas indebidas”, a pesar de que los responsables sabían que “tenían que cumplir” con la ley federal antisoborno [6]. Aunque se suponía que los programas “debían ser de carácter educativo” y que el gasto en las comidas “debía ser modesto”, en la práctica los programas fueron promocionales, poco educativos, y las comidas no fueron modestas.
Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, “los programas de conferencias sobre el VIH de Gilead ofrecían sobornos a los proveedores de atención médica: organizando cenas para hablar del VIH en restaurantes de lujo que eran totalmente inapropiados para eventos educativos; permitiendo que los asistentes acudieran una y otra vez a cenas con motivo del VIH sobre exactamente el mismo tema y, con ello, disfrutaran de lujosas comidas gratuitas por participar en eventos que tenían un valor educativo mínimo para ellos; y pagando a los conferenciantes para que pudieran viajar y dar charlas en sitios atractivos, a veces a petición del mismo conferenciante” [7]. De hecho, 250 personas que prescribieron los medicamentos de la empresa contra el VIH asistieron a una cena para hablar del mismo tema, tres veces o más, en un plazo de seis meses, y 80 asistieron a cinco programas o más sobre el mismo tema.
Cuando los médicos que “recibieron estos sobornos indebidos” recetaron los medicamentos de la empresa contra el VIH, “los programas federales de salud pagaron millones de dólares en reembolsos por recetas fraudulentas” [8].
¿Qué se puede hacer? Dado que hay pocas esperanzas de que cesen los pagos indebidos que las empresas farmacéuticas realizan a los médicos, el gobierno federal y los estados deben pedir que la industria farmacéutica rinda cuentas por la promoción ilegal de medicamentos, el cobro excesivo a los programas gubernamentales y otras actividades ilícitas. Al igual que en el caso de la demanda contra Gilead, los fiscales del gobierno se pueden sumar a las demandas presentadas por particulares, en virtud de las disposiciones qui tam [1] o de denuncia de irregularidades de la Ley Federal de Facturas Falsas. Y los fiscales pueden estar más dispuestos a presentar cargos penales contra los ejecutivos farmacéuticos, cuando los hechos lo justifiquen.
Este problema persistente no tiene una solución fácil.
Referencias
[2] Qui tam es una disposición de la Ley de Reclamaciones Falsas que permite a los ciudadanos privados, llamados denunciantes o “delatores”, demandar en nombre del gobierno por fraude contra el gobierno.