Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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La Asociación Nacional de Fabricantes de Medicamentos (ANAFAM) advirtió que la resolución dictada el 22 de enero de 2026 por el Poder Judicial Federal, que ordena “reactivar” la patente del principio activo denosumab, comercializado como Prolia, implica un retroceso jurídico e institucional, y vulnera el Derecho Humano a la Salud.
A través de un comunicado, la agrupación, miembro de la Asociación Latinoamericana de Industrias Farmacéuticas (ALIFAR), recordó que dicha patente concluyó su vigencia en 2022, lo que abrió la puerta a la comercialización legal de medicamentos genéricos y biocomparables en el mercado mexicano.
Señaló que la decisión de restablecer la patente contraviene los principios de certeza y seguridad jurídica, al alterar de manera retroactiva las condiciones bajo las que operan los participantes de la industria farmacéutica.
“La decisión altera las reglas de competencia, afecta inversiones realizadas conforme al marco legal vigente y sienta un precedente que pone en riesgo el equilibrio entre innovación y acceso a medicamentos”, advirtió.
La Asociación también indicó que, aunque el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) manifestó su oposición a la reactivación de una patente ya caducada, con fundamentos que calificó como sólidos, su postura no fue considerada en la determinación judicial, lo que, sostuvo, genera incertidumbre en el entorno regulatorio.
Desde la óptica de salud pública, agregó, la medida resulta especialmente relevante, ya que vulnera de facto el Derecho Humano a la Salud al reducir la disponibilidad de alternativas terapéuticas más accesibles para pacientes con cáncer óseo y osteoporosis, con efectos tanto para las familias como para el gasto de las instituciones públicas.
“Resucitar una patente que expiró legítimamente en 2022 rompe con la certeza y la seguridad jurídica que deben regir al sector farmacéutico, y envía una señal de profunda incertidumbre a inversionistas, fabricantes y proveedores.
“Este fallo no es un asunto técnico: vulnera de facto el Derecho Humano a la Salud al restringir el acceso a tratamientos seguros y asequibles para millones de mexicanos, y compromete tanto la competencia como la sostenibilidad del sistema de salud pública”, expuso Ricardo del Olmo, director de ANAFAM.
En este escenario, la organización exhortó a las autoridades mexicanas a revisar la resolución y a ajustar el marco normativo aplicable.
Recalcó que la extensión de la vigencia de patentes constituye un mecanismo excepcional, por lo que debe aplicarse bajo un escrutinio riguroso, evaluando los efectos que tales ampliaciones puedan tener sobre el acceso a la salud, cuyo desarrollo progresivo está protegido por el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también denominada Pacto de San José.