Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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La Secretaría de la Organización Mundial de la Salud (OMS), durante la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTIG, Intergovernmental Working Group o IGWG), el órgano de negociación del Sistema de Acceso a Patógenos y Distribución de Beneficios (Pathogen Access and Benefit Sharing o PABS), distribuyó un documento conceptual que incluye información sobre prácticas cuestionables de las redes de laboratorios gestionadas por la OMS relacionadas con diferentes patógenos y enfermedades.
El Anexo 1 del documento conceptual ofrece una lista no exhaustiva de 15 redes de laboratorios establecidas entre 1952 y 2024. La más antigua de las enumeradas es el Sistema Mundial de Vigilancia y Respuesta a la Gripe (Global Influenza Surveillance and Response System o GISRS), establecido en 1952, mientras que la más reciente es CoViNet —la Red de Coronavirus—, establecida en 2024. El Anexo 2 enumera los laboratorios que participan en el Plan de I+D de la OMS sobre patógenos prioritarios. El documento conceptual viene acompañado con un archivo Excel que contiene detalles adicionales sobre estas redes de laboratorios.
Este documento se elaboró en respuesta a las reiteradas solicitudes de los Estados Miembro de la OMS durante las negociaciones del PABS, quiénes reclaman que se aclare en qué consiste la Red de Laboratorios Coordinada por la OMS (WHO-Coordinated Laboratory Network o WCLN) y cuál es su función en el intercambio de patógenos en el marco del Sistema PABS. En particular, los Estados Miembro deseaban tener mayor claridad respecto a las redes y laboratorios que manipulan patógenos y cómo funcionan.
Según el documento conceptual, «hay, como mínimo, 15 redes de laboratorios y otras redes similares que están coordinadas por diferentes programas de la OMS. Las funciones, responsabilidades y actividades que llevan a cabo las diferentes redes de laboratorios de la OMS, especializadas en patógenos concretos, reflejan tanto las áreas técnicas a las que se dedican como la naturaleza de los laboratorios que las integran. Algunas de estas redes especializadas en patógenos incluyen centros colaboradores de la OMS con capacidad para realizar caracterizaciones avanzadas, incluyendo sobre la propagación de patógenos».
El Anexo 1 indica que, entre estas redes, puede haber intercambio transfronterizo de patógenos y datos para una serie de fines, tal como se detalla a continuación, lo cual cuestiona el cumplimiento de las normas internacionales y nacionales relativas al acceso y la distribución de beneficios (ADB), la supervisión por parte de los Estados Miembro de la OMS, la transparencia y las implicaciones para el Sur Global:
¿Socavando las normas sobre acceso y participación en los beneficios?
El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y su Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios reconocen los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos biológicos. El acceso a dichos recursos requiere el consentimiento fundamentado previo de la Parte proveedora y que se hayan establecido condiciones mutuamente acordadas para el acceso, incluyendo disposiciones que garanticen una participación justa y equitativa en los beneficios derivados de su utilización. El Protocolo de Nagoya profundiza y operacionaliza estos derechos estableciendo obligaciones detalladas sobre los procedimientos de acceso, los acuerdos de participación en los beneficios, la adherencia y el seguimiento.
En 2011, en base a estas normas internacionales, se negoció y adoptó el Plan de Preparación para una Gripe Pandémica (Pandemic Influenza Preparedness o PIP) de la OMS, con el objetivo de abordar las flagrantes inequidades en el acceso a vacunas y otros productos farmacéuticos que experimentaron los países en desarrollo durante las emergencias de gripe H5N1 y H1N1.
El Plan PIP operacionalizó los principios de Acceso y Participación en los Beneficios (APB) a nivel multilateral, pues estableció un sistema estructurado para facilitar la transferencia transfronteriza de virus de la gripe con potencial pandémico y el intercambio de la información sobre sus secuencias, vinculando explícitamente dicho acceso a compromisos vinculantes de participación en los beneficios. A lo largo de más de 14 años de implementación, ha generado al menos US$349 millones, procedentes de las industrias que han utilizado los datos, y ha celebrado múltiples acuerdos con compañías farmacéuticas para reservar suministros de vacunas y antivirales para ser utilizados durante una pandemia.
En cambio, el documento conceptual identifica al menos 15 redes de laboratorios coordinadas por la OMS que participan en acuerdos de intercambio de patógenos, aunque, en su mayoría, carecen de un mecanismo de APB comparable al del Plan PIP.
La nota aclara: «No todas las redes y laboratorios enumerados en el Cuadro del Anexo 1 pasarán necesariamente a formar parte de la WCLN; solo se invitará a aquellos laboratorios y redes que manipulen patógenos pertinentes para el ámbito del Sistema PABS, y la WCLN crecerá a medida que se vayan identificando las necesidades».
Esto deja claro que, incluso si ciertas redes de laboratorios que trabajan con patógenos con potencial pandémico se incorporan al Sistema PABS, numerosos otros acuerdos de intercambio de patógenos permanecerán al margen de cualquier marco estructurado de participación en los beneficios. En la práctica, podría seguir habiendo importantes intercambios transfronterizos de materiales biológicos y de información de secuencias, sin las correspondientes salvaguardias relacionadas con la equidad.
Por consiguiente, el documento plantea serias inquietudes relacionadas con la coherencia entre las prácticas de la OMS y el plan más amplio de APB establecido en virtud del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) y el Protocolo de Nagoya. Cabe destacar que al menos siete de estas redes de laboratorios se establecieron tras la adopción del Plan PIP en 2011, lo que sugiere que los sistemas paralelos de intercambio de patógenos se han ido expandiendo sin estar anclados en un mecanismo multilateral equivalente de distribución de beneficios.
Falta de supervisión por parte de los Miembros de la OMS
Durante un diálogo informal sobre el Anexo PABS, la Secretaría de la OMS indicó que la única red de laboratorios sujeta a una supervisión formal por parte de los Estados Miembros es el GISRS, en virtud del Plan PIP. El órgano rector de la OMS, la Asamblea Mundial de la Salud (AMS), supervisa la implementación del Plan PIP, incluyendo el funcionamiento del GISRS. En cambio, las otras redes de laboratorios coordinadas por la OMS parecen operar bajo una supervisión directa limitada o inexistente por parte de la AMS.
La lista de redes y laboratorios anexa al documento conceptual sugiere, además, que el panorama de gobernanza está fragmentado y, en gran medida, se ha elaborado ad hoc. Fuentes diplomáticas han indicado que, en base a sus interacciones con la OMS, parece que la propia Organización cuenta con conocimientos limitados sobre el alcance total, la estructura y las actividades de estas redes. La presentación de informes a la AMS sobre el establecimiento de cada una de las redes, los acuerdos de gobernanza y las actividades operativas también parece ser mínima o inexistente.
En conjunto, esto plantea preocupaciones más amplias sobre la transparencia, la rendición de cuentas y el grado de supervisión de los Estados Miembro sobre los acuerdos de intercambio de patógenos coordinados por la OMS, más allá del Plan PIP.
Falta de transparencia
El documento conceptual revela que falta transparencia en el funcionamiento de los acuerdos de intercambio de patógenos de la OMS. En primer lugar, no proporciona una lista exhaustiva de las redes de laboratorios que participan en el intercambio de patógenos. En él se afirma que «actualmente, existen al menos 15 redes de laboratorios y redes similares coordinadas a través de diferentes programas de la OMS», lo que sugiere que existen muchas más redes de laboratorios de este tipo gestionadas por la OMS.
En segundo lugar, de las 15 redes de laboratorios enumeradas en la nota conceptual, solo algunas cuentan con términos de referencia (TDR): el GISRS; CoViNet; la Red Mundial de Laboratorios de Polio (GPLN); la Red de Laboratorios de Diagnóstico de Arbovirus de las Américas (RELDA); la Iniciativa Mundial de Laboratorios de Tuberculosis (GLI); y el DiSC de la Red Mundial de Alerta y Respuesta ante Brotes (GOARN). En el caso de la Red de Laboratorios de Patógenos Emergentes y Peligrosos (Emerging & Dangerous Pathogens Laboratory Network o EDPLN), los TDR parecen corresponder a la región de AFRO (África) y las regiones de la EMRO (Mediterráneo Oriental); por su parte, la Red PulseNet para América Latina y el Caribe (que abarca las enfermedades de transmisión alimentaria y los patógenos emergentes) cuenta con un borrador de los Términos de Referencia (TDR).
De estas, solo los términos de referencia del GISRS son jurídicamente vinculantes (según el documento de Excel preparado por la Secretaría), dado que el cumplimiento de dichos términos de referencia es un requisito estipulado en el Acuerdo Estándar de Transferencia de Material 1, un contrato entre el proveedor del material patógeno y el laboratorio receptor perteneciente al GISRS.
Con base en la información difundida por la OMS, no se indicaron TDR para las redes restantes: la Red Mundial de Laboratorios de Fiebre Amarilla; PAHOGen (vigilancia genómica de múltiples patógenos en las Américas); la Red Latinoamericana de Resistencia (ReLaVRA+); el Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos y de su Uso (GLASS); y la Red Internacional de Vigilancia de Patógenos (IPSN).
Algunos delegados que recibieron información de la OMS señalaron que la Organización indicó que no le fue posible recuperar los términos de referencia para algunas de las redes. Si bien el documento de la OMS no indicaba los términos de referencia para la IPSN, estos están disponibles en el sitio web de la red.
La información difundida por la OMS no aporta claridad alguna sobre los participantes específicos en las redes, pero reveló que muchas de estas redes involucran a un gran número de actores. Una búsqueda rápida revela que la composición de estas redes es sumamente amplia y abarca diversos tipos de actores no estatales, incluyendo asociaciones empresariales.
Por ejemplo, en la GOARN participan más de 300 instituciones técnicas asociadas con este mecanismo, incluyendo aquellas que realizan actividades comerciales, tales como la obtención de patentes. A modo de ejemplo, el Chan Zuckerberg Biohub —si bien se presenta como una organización sin fines de lucro— se dedica a patentar sus descubrimientos y tecnologías (a menudo en colaboración con universidades asociadas), con el objetivo de introducirlos en el mercado.
La composición de la IPSN (según los términos de referencia publicados en su sitio web) incluye a representantes de organizaciones gubernamentales, organizaciones intergubernamentales, organizaciones no gubernamentales, instituciones académicas, asociaciones empresariales del sector privado y fundaciones filantrópicas. Asimismo, en su sitio web se indica que la red colabora con 366 organizaciones asociadas activas, de las cuales 268 son organizaciones con miembros formales.
Extracción de datos del Sur
El Anexo 2 de la nota conceptual de la Secretaría enumera los laboratorios que participan en el Plan de I+D de la OMS sobre patógenos prioritarios. Dicha lista abarca 29 patógenos prioritarios pertenecientes a 12 familias de patógenos.
En el documento, los laboratorios de la región europea (EURO) recibieron el mayor número de menciones (29) y, por consiguiente, son claramente los más activos en la recepción, manipulación y uso de una amplia gama de patógenos prioritarios. A estos les siguen los laboratorios de la región de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) (20 menciones), la región del Pacífico Occidental (WPRO) (17 menciones), la región de África (AFRO) (12 menciones), la región de Asia Sudoriental (SEARO) (7 menciones) y la región del Mediterráneo Oriental (EMRO) (7 menciones).
Este desequilibrio geográfico sugiere que hay un modelo de extracción de datos del Sur hacia el Norte, a través de las redes de la OMS. Según el documento conceptual: «Algunas redes específicas de patógenos incluyen centros colaboradores de la OMS, los cuales poseen la capacidad para realizar una caracterización avanzada, incluyendo la propagación de patógenos». Sin embargo, la Secretaría no revela la ubicación de los laboratorios con capacidad para realizar dicha caracterización avanzada.
El documento conceptual demuestra claramente que, a pesar de los compromisos formales de la OMS con el acceso equitativo a pruebas diagnósticas, terapias y vacunas, sus prácticas actuales corren el riesgo de perpetuar las inequidades y propiciar formas de extractivismo de datos, mediante las cuales los patógenos y los datos asociados se comparten a través de fronteras sin las correspondientes garantías de que los beneficios se distribuyan justa y equitativamente.
La OMS ha propuesto que la WCLN se estructure como una «red de redes», una medida que parece diseñada para preservar la estructura existente de sus numerosas redes de laboratorios e instituciones afiliadas. No obstante, construir la WCLN para el Sistema PABS a partir de un conjunto de acuerdos fragmentados, carentes de transparencia y con una rendición de cuentas deficiente, conlleva el riesgo de debilitar la transparencia, la coherencia y la eficacia del Sistema PABS, así como de socavar la implementación general del acceso y la distribución de beneficios.
Nota de Salud y Fármacos. Otras publicaciones del Third World Network aportan otra información importante que resumimos a continuación.
Una coalición internacional de científicos y organizaciones de la sociedad civil ha emitido una advertencia urgente a los Estados Miembro de la OMS por las graves vulnerabilidades de bioseguridad que figuran en el propuesto Sistema de Acceso a Patógenos y Distribución de Beneficios (PABS) —particularmente en relación con el manejo y la difusión de información de secuencias de patógenos altamente infecciosos, aspectos que se encuentran actualmente en negociación en el contexto del Acuerdo sobre Pandemias de la OMS [1].
En una carta fechada el 10 de febrero de 2026, más de dos docenas de organizaciones científicas y destacados investigadores de todo el mundo advirtieron que el borrador del Anexo sobre el PABS del Acuerdo sobre Pandemias, que describe el diseño del sistema PABS, no aborda las amenazas emergentes derivadas de la inteligencia artificial y la biología sintética, por lo que podría generar nuevos riesgos pandémicos en lugar de prevenirlos. Puede leer la carta completa en inglés en el siguiente enlace https://www.twn.my/title2/intellectual_property/info.service/2026/ip260203.htm
A continuación, reproducimos sus recomendaciones.
Recomendamos que el Anexo PABS [1]:
Por otra parte, el 13 de febrero de 2026, el TWN publicó una nota sobre los contratos [2], en la que se resalta que el objetivo de la quinta reunión del GTIG (o IGWG 5) que se celebra en Ginebra entre el 9 y el 14 de febrero, es negociar el Sistema de Acceso a Patógenos y Distribución de Beneficios (PABS) que se plasmará en un Anexo del Acuerdo sobre Pandemias (AP).
Las intervenciones de los países en desarrollo hicieron hincapié en la necesidad de lograr claridad jurídica y establecer mecanismos de cumplimiento obligatorio, así como en la importancia de evitar postergar elementos operativos esenciales que se relacionan con el funcionamiento y la gobernanza de la distribución de material patógeno y de la información sobre secuencias, así como de la distribución de beneficios, en el marco del Sistema PABS.
El Grupo de África y el Grupo para la Equidad (GfE), en representación de 85 países, hicieron referencia a lo que presentaron en diciembre de 2025, cuando proponían tres tipos de contratos PABS para el intercambio de muestras de patógenos (Acuerdo PMSI 1 y Acuerdo PMSI 2) y de la información de secuencias (Acuerdo de Acceso a Datos), y subrayaron la necesidad de que estas propuestas se debatan formalmente durante el GTIG (o IGWG 5).
Zimbabue, en nombre del Grupo de África dijo, para el Grupo Africano, «la equidad y el reparto de beneficios deben ser viables, exigibles y ocupar un lugar central en el Acuerdo sobre Pandemias, incluido el Anexo PABS. Estos elementos no pueden ser aspiracionales, diferidos, ni ser de implementación voluntaria. La experiencia pasada ha demostrado las consecuencias de tales enfoques».
El Grupo para la Equidad se hizo eco de muchas de las preocupaciones planteadas por el Grupo de África.
Indonesia, hablando en nombre del GfE, declaró: «El PABS es el corazón del Acuerdo sobre Pandemias. Si el corazón es débil, el cuerpo no puede funcionar y el Acuerdo no generará equidad».
Indonesia destacó las debilidades del texto actual y abogó por su fortalecimiento. «Actualmente existen lagunas importantes que impedirán la eficacia del Sistema. El Anexo no puede limitarse a reproducir el Artículo 12 o, lo que sería aún peor, retroceder respecto a él».
Indonesia identificó un aspecto clave: el registro de usuarios, como un componente fundamental para la trazabilidad, la identificación y la exigencia del cumplimiento de las obligaciones, tanto en lo que respecta a los materiales como a la información sobre secuencias. «El Anexo debe articular los detalles operativos del Sistema PABS y aportar claridad jurídica sobre los derechos y obligaciones de los proveedores de materiales e información sobre secuencias al PABS, así como de los diversos usuarios del Sistema. Asimismo, nos preguntamos cómo se podría exigir el cumplimiento de los términos y condiciones si los usuarios pueden permanecer en el anonimato».
Indonesia recalcó que el acceso equitativo a vacunas, terapias y pruebas diagnósticas es esencial, pero también señaló que «debemos considerar seriamente los beneficios de una producción regional y local diversificada y oportuna, incluyendo licencias no exclusivas para fabricantes en países en desarrollo, transferencia de tecnología y colaboración significativa en I+D».
Indonesia solicitó un debate sobre contribuciones monetarias anuales, «de manera justa, predecible y que respalde la sostenibilidad del sistema a largo plazo».
«Más allá de los contratos, nos preocupa la creciente lista de cuestiones que se están postergando, incluyendo los términos y condiciones para la Red de Laboratorios Coordinada por la OMS (WCLN) y las bases de datos PABS. Si van a formar parte del Sistema, debemos corregir las inequidades estructurales inherentes a la WCLN y a las bases de datos existentes», declaró Indonesia.
«Si se dejan demasiadas cosas para más adelante, corremos el riesgo de terminar con un Anexo que suene bien, pero que en la práctica no funcione. La seguridad jurídica no puede ser algo que esperemos resolver más adelante. Es esencial para los gobiernos que quieran considerar la ratificación», subrayó Indonesia.
Indonesia también señaló que el GfE espera contar con un Anexo que realmente permita poner en marcha un Sistema PABS plenamente operativo en mayo, advirtiendo que «si ahora tomamos demasiados atajos, más adelante pagaremos el precio en términos de credibilidad e implementación».
Kuwait, hablando en nombre de la Región del Mediterráneo Oriental (EMRO), reiteró la necesidad de claridad jurídica.
La EMRO también expresó su preocupación por el aplazamiento de elementos fundamentales del Sistema PABS, «El aplazamiento excesivo de estos elementos conlleva el riesgo de obtener un Anexo bien intencionado, pero débil en la práctica».
La India, en nombre de la Región de Asia Sudoriental (SEARO), hizo hincapié en la necesidad de claridad y seguridad jurídicas, sin dejar margen alguno para la ambigüedad.
Colombia calificó el borrador de texto como carente de salvaguardas suficientes. «El borrador que se está debatiendo no es lo suficientemente ambicioso como para satisfacer la necesidad de poner en marcha un sistema capaz de generar y distribuir beneficios que puedan desarrollar capacidades reales para la preparación, la prevención y la respuesta ante pandemias, que incorpore adecuadamente las lecciones aprendidas durante la pandemia de covid-19».
Además, Colombia subrayó la necesidad de que el GTIG (o IGWG) aborde de manera sustantiva la cuestión de los contratos, pues son los mecanismos principales para estandarizar la transferencia de materiales y garantizar el reparto de beneficios.
Namibia destacó que las obligaciones exigibles en materia de reparto de beneficios ya se encuentran operativas en su legislación nacional. «Nuestra Ley n.º 2 de 2017 sobre el Acceso a los Recursos Biológicos y Genéticos y a los Conocimientos Tradicionales Asociados demuestra claramente que el reparto exigible de beneficios derivados de los recursos genéticos —incluidos los materiales patógenos— no es una mera aspiración, ya es una realidad operativa. Por consiguiente, la igualdad de condiciones es innegociable».
Namibia también hizo un llamado a que se preste atención a otras modalidades de reparto de beneficios —incluyendo la transferencia de tecnología—, tal como se recoge en el artículo 12 del Acuerdo sobre Pandemias, especialmente en lo que respecta al desarrollo de capacidades de fabricación y a la diversificación de la producción.
Durante la quinta reunión del GTIG (o IGWG), también se plantearon inquietudes sobre el proceso. Sudáfrica cuestionó el modo en que algunos Miembros estaban utilizando el tiempo asignado a las deliberaciones informales: lo empleaban para facilitar la interacción con determinados actores con intereses comerciales —entre otros—, socavando así la transparencia y la inclusividad del proceso del GTIG.
Otra nota publicada el 20 de febrero [3] resalta que, durante la Quinta Reunión del Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTIG o IGWG), la Unión Europea (UE) y sus aliados, incluyendo Noruega, el Reino Unido, Japón y Australia, mostraron un inquietante desprecio por los compromisos consagrados en el Artículo 12 del Acuerdo sobre Pandemias, así como por el derecho internacional establecido.
Durante las negociaciones, la Unión Europea (UE) y sus aliados, en ocasiones respaldados por la Mesa del GTIG, presionaron a los países en desarrollo para que «mostraran flexibilidad» al aceptar un sistema PABS que exigiría el intercambio obligatorio de patógenos con potencial pandémico y de la información sobre sus secuencias genéticas, sin garantías vinculantes de que todos los receptores estarían sujetos a términos y condiciones claras y contractualmente exigibles, incluyendo la distribución justa y equitativa de beneficios.
Este planteamiento no solo socava el objetivo de equidad que sustenta el AP, sino que también contradice las propias obligaciones y prácticas de los países desarrollados, tanto a nivel internacional como nacional, donde el acceso a recursos biológicos valiosos suele estar condicionado a compromisos jurídicamente exigibles.
En la sesión de clausura de la quinta reunión del GTIG, los países desarrollados intentaron trasladar la responsabilidad de la falta de avances a los países en desarrollo. Alemania, hablando en nombre de la UE, hizo un llamado al pragmatismo y la flexibilidad. Sin embargo, puso de manifiesto su propia rigidez al afirmar que el GTIG (o IGWG) debería «dejar de lado las cuestiones en las que no habrá consenso: ni ahora, ni mañana y, posiblemente, ni dentro de un año».
Suiza instó a las delegaciones a inspirarse en las negociaciones del grupo de negociación intergubernamental (The Intergovernmental Negotiating Body o INB), sugiriendo que los resultados no tienen por qué dejar a ninguna de las partes plenamente satisfecha.
Estas observaciones revelan un marcado desprecio, particularmente por parte de las delegaciones europeas, hacia los objetivos fundamentales de equidad del Acuerdo Pandémico (AP). En lugar de fortalecer la gobernanza global para la preparación ante pandemias, este enfoque consolida las inequidades estructurales, normalizando un sistema en el que la información sobre los patógenos y los datos de secuenciación fluyen libremente desde los países en desarrollo, mientras que los receptores utilizan los sistemas de propiedad intelectual para apropiarse de cualquier resultado derivado del uso de dichos patógenos y sus datos de secuenciación. Asimismo, el reparto de beneficios sigue siendo opcional, incierto e inexigible. Esto sienta, además, un peligroso precedente para futuras negociaciones en materia de salud global.
Namibia replicó con firmeza que los países que aportan materiales biológicos y datos de secuenciación genética para el desarrollo de vacunas, terapias y pruebas diagnósticas no deben verse relegados al final de la fila cuando esos productos estén disponibles. Subrayó que el sistema PABS no puede imponer obligaciones vinculantes a algunos participantes, mientras deja que su cumplimiento sea opcional para otros. Tal asimetría socavaría fundamentalmente la equidad, y erosionaría la confianza en el sistema.
Además, Namibia advirtió que es inevitable que actores poderosos exploten las definiciones vagas y la redacción jurídica endeble, en detrimento de las personas vulnerables. «No es posible construir un consenso pidiendo a algunos que reduzcan sus expectativas mientras otros mantienen inamovibles sus líneas rojas. El verdadero pragmatismo exige concesiones por parte de todos los actores. Lo que nos divide es la inflexibilidad respecto a los principios clave, y no la insistencia en que dichos principios sean respetados».
El Grupo de trabajo intergubernamental solicitó a la Mesa que, con el apoyo de la Secretaría, continuara facilitando discusiones informales específicas con todos los miembros del GTIG. También pidió que presentara propuestas de secciones de texto para el Anexo PABS, lo antes posible, antes de la sexta reunión del GTIG (o IGWG), en base al texto presentado en pantalla y en las discusiones de la quinta reunión.
A la Secretaría se solicitó que proporcionara información técnica adicional y preparara un borrador de los términos de referencia para la Red de Laboratorios Coordinados de la OMS y para las posibles bases de datos reconocidas por el Sistema de Bases de Datos de Patógenos con Potencial Pandémico (SBP-P) de la OMS, y que propusiera enfoques viables para el posible reconocimiento de dichas bases de datos.
Una de las tendencias más preocupantes fue el constante retroceso de los países desarrollados respecto al artículo 12 del AP. El artículo 12.5(b) del AP establece explícitamente que el instrumento SBP-P debe establecer “modalidades, términos y condiciones de acceso y distribución de beneficios que proporcionen seguridad jurídica”.
Sin embargo, los países desarrollados insisten en la seguridad jurídica para el acceso ininterrumpido a patógenos con potencial pandémico y a los correspondientes datos de secuencias genéticas. No obstante, en lo que respecta a la seguridad jurídica para los países proveedores, estos mismos gobiernos se resisten a cualquier tipo de salvaguardia y buscan promover el acceso anónimo a los datos genéticos.
Se oponen a exigir que las entidades receptoras establezcan contratos en el momento del acceso, y rechazan la imposición de obligaciones jurídicamente vinculantes a las receptoras. Una interpretación unilateral de la “seguridad jurídica” que se aparta tanto de la letra como del espíritu del artículo 12.5(b).
La UE y otros países desarrollados se opusieron a la incorporación de disposiciones obligatorias sobre el reparto de beneficios relacionados con el acceso a vacunas, terapias y pruebas diagnósticas (VTD) para prevenir o durante emergencias de salud pública de importancia internacional (ESPII).
La República Centroafricana (RCA) insistió repetidamente en que las disposiciones de reparto de beneficios incluyan reservas específicas de producción en tiempo real de VTD, disponibles para su distribución durante una ESPII, así como para prevenirla. Sin embargo, expresó su voluntad de negociar y ser flexible, e incluso buscó propuestas alternativas para garantizar que países como la RCA tengan acceso a los VTD. No obstante, los países desarrollados no proporcionaron ninguna sugerencia alternativa, sino que reiteraron su oposición a la propuesta de la RCA.
[El artículo 12.7 del AP establece: “El Instrumento PABS también incluirá disposiciones de reparto de beneficios en caso de una emergencia de salud pública de importancia internacional, tal como se determine de conformidad con el Artículo 12 del Reglamento Sanitario Internacional (2005), incluyendo opciones relativas al acceso a vacunas, terapias y pruebas diagnósticas seguras, de calidad y eficaces para el patógeno causante de la emergencia de salud pública de importancia internacional, de conformidad con contratos jurídicamente vinculantes firmados por los fabricantes participantes con la Organización Mundial de la Salud.”
El Artículo 12.8 del AP establece:
“El Instrumento PABS incluirá disposiciones adicionales sobre el reparto de beneficios, las cuales se estipularán en contratos jurídicamente vinculantes firmados con la Organización Mundial de la Salud, incluyendo opciones para:
En esencia, el principal objetivo de la UE y sus aliados es perturbar el derecho internacional consolidado sobre el acceso y el reparto de beneficios y socavar la soberanía de los Estados sobre sus recursos biológicos, transfiriendo la autoridad de negociación de los gobiernos nacionales al Director General de la OMS.
Ignorando la evidencia y la práctica establecida, la Oficina se alinea con los países desarrollados
A lo largo de la reunión, la UE y sus aliados reiteraron sus posiciones sin fundamentarlas en evidencia ni precedentes establecidos. Por el contrario, las propuestas de los países en desarrollo se basaron en prácticas de acceso y distribución de beneficios bien establecidas, tanto a nivel multilateral como nacional, especialmente en los países desarrollados.
Los copresidentes de la Mesa desaconsejaron la incorporación de las propuestas de texto de los países en desarrollo que se referían a los acuerdos de transferencia de materiales (MTA) y la gobernanza de datos en el borrador de negociación, e instaron a los países en desarrollo a elaborar un lenguaje aceptable para los países desarrollados.
Representantes de GISAID, una iniciativa de base de datos de secuencias de patógenos, presionaron a Alemania para que explicara por qué está pasando de modelos de acceso a datos «transparentes» a modelos de «acceso anónimo» en nombre de la apertura.
Alemania ha ofrecido escasa justificación más allá de la controvertida opinión de algunos científicos que argumentan que el registro de usuarios puede obstaculizar la interacción e interoperabilidad entre máquinas. Este mismo grupo también ha sostenido que el reparto de beneficios debería hacerse únicamente en etapas posteriores, es decir, una vez desarrollados los productos o tecnologías, cuando los agentes comerciales tienen ventaja en términos de poder de negociación frente a la OMS y sus Estados Partes.
Los países en desarrollo han propuesto que las bases de datos reconocidas por la OMS operen bajo acuerdos contractuales, proporcionen acceso no discriminatorio a usuarios registrados y verificados, y exijan acuerdos de acceso a los datos. En las negociaciones de PABS, Noruega presiona para que la OMS reconozca las bases de datos que permiten dicho acceso de forma anónima, insiste en que las bases de datos que ofrecen acceso anónimo estén reconocidas por la OMS y se ha opuesto a que el Anexo del PABS exija cualquier relación contractual entre las bases de datos y la OMS.
Si bien Noruega afirma que los países deben tener libertad para decidir dónde depositar sus datos de secuenciación, quiere preservar el derecho de sus laboratorios a cargar la información de secuenciación en cualquier base de datos reconocida por la OMS, incluyendo aquellas que permiten el acceso anónimo. Esto impide identificar a los usuarios de la información de secuenciación y demostrar que hayan aceptado contractualmente los términos de uso, por lo que la rendición de cuentas se desmorona. Un sistema basado en la falta de transparencia y el anonimato hace prácticamente imposible rastrear el uso o prevenir el mal uso o el abuso. Simplemente facilita la biopiratería a través de plataformas digitales.
El GTIG reveló que se va manifestando una dinámica, cada vez más coordinada, de «policía bueno, policía malo» en las negociaciones. La UE y algunos estados europeos impulsaron propuestas presentadas como compromisos científicos pragmáticos, mientras que Japón adoptó una postura más escéptica, cuestionando incluso esas mismas ideas intermedias.
Durante un evento paralelo organizado por Alemania y Colombia, ponentes vinculados a una red científica respaldada por algunos países europeos promovieron el uso de identificadores persistentes únicos (UPI) para rastrear la información de secuencias PABS y de los productos derivados mediante el análisis de patentes. Alemania, Suiza y Noruega presentaron esto como una alternativa a las demandas de los países en desarrollo de registro de usuarios y acuerdos vinculantes de acceso a los datos.
Sin embargo, los negociadores de los países en desarrollo señalaron que los UPI por sí solos no constituyen obligaciones legales, en ausencia de la identificación del usuario y de acuerdos ejecutables en el punto de acceso.
Mientras tanto, la UE y sus aliados, especialmente Suiza, se resistieron a abordar la propiedad intelectual con respecto a los patógenos y la información de secuencias en el Anexo PABS, argumentando que tales cuestiones competen a foros como la Organización Mundial del Comercio o la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.
La UE y Suiza, mientras presionaban a los países en desarrollo para que compartieran muestras de patógenos e información de secuencias, sin condiciones, se opusieron a las disposiciones que exigían que sus propias entidades compartieran patógenos modificados y datos de secuencias modificadas, a pesar de que dichas modificaciones son fundamentales para el desarrollo de vacunas, terapias y pruebas diagnósticas.
Alegan que estas modificaciones son de su propiedad y no pueden ser objeto de intercambio. Al mismo tiempo, se resisten a aceptar una redacción del Anexo PABS que permitiría que los proveedores de los materiales originales impidieran las reclamaciones de propiedad intelectual sobre las modificaciones y el uso de los materiales compartidos.
Si el Acuerdo sobre Pandemias aspira a representar la equidad y la justicia, este desequilibrio debe ser abordado de manera directa.
Referencias