Resumen
Este texto discute los impactos de la judicialización en la garantía del derecho a la salud en Brasil y la necesidad de reevaluar el papel del Poder Judicial en su protección. Para fundamentar los argumentos se utilizaron evidencias de la literatura técnico-científica e informaciones sobre la ejecución presupuestaria-financiera y la adquisición de medicamentos del Ministerio de Salud. Se demuestra que, en 2019, los juicios consumieron el 25,2% de los recursos del Componente Especializado de Atención Farmacéutica, siendo el 21% para 10 medicamentos. Se argumenta que, aunque el Poder Judicial promueva este derecho cuando el Estado no garantiza el acceso a los medicamentos incorporados al Sistema Único de Salud (SUS), compromete el acceso de la población a los medicamentos con las determinaciones de adquisición de productos no incorporados. Defendemos la necesidad de que el Poder Judicial oriente su control sobre la observancia de los preceptos constitucionales y legales en las políticas públicas, especialmente en la política fiscal, dado su impacto en la financiación del SUS.