Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
Public Citizen se une a más de 100 congresistas y cientos de organizaciones de defensa de los trabajadores, el medio ambiente, la salud, las creencias religiosas, la agricultura, las pequeñas empresas y la justicia migratoria para solicitar a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (en inglés USTR) que reforme el Tratado entre EE UU, México y Canadá (T-MEC), para que beneficie a las personas y al planeta, en lugar de intereses corporativos.
Antes de la revisión conjunta del acuerdo en 2026, coaliciones de diversos sectores presentaron comentarios exigiendo reformas urgentes para abordar las deficiencias del T-MEC, incluyendo las concesiones corporativas, las insuficientes protecciones laborales y ambientales y la rendición de cuentas sobre su implementación, así como las normas que fomentan el desplazamiento y socavan los derechos humanos.
Demandas Intersectoriales
105 congresistas, encabezados por la representante Rosa DeLauro (demócrata por Connecticut) [1], respaldaron un comentario que exige cambios sustanciales al T-MEC, incluyendo mejores protecciones para los trabajadores, consumidores, pequeñas empresas y agricultores estadounidenses, mejores mecanismos para asegurar la adherencia a las normas laborales y ambientales, y la eliminación de las normas que socavan la soberanía, el acceso a medicamentos, la regulación de las grandes tecnológicas y otros cambios más.
Los temas destacados en su carta reflejan las reclamaciones de más de 700 organizaciones [2] y más de 23.000 personas [3] que firmaron un comentario copatrocinado por la Campaña Ciudadana por el Comercio (Citizens Trade Campaign) y otra docena de organizaciones.
Public Citizen presentó un comentario detallado exigiendo una revisión completa del acuerdo [4], con especial énfasis en la eliminación de los términos que benefician a las grandes empresas tecnológicas y farmacéuticas en detrimento del resto de la población.
Acceso a Medicamentos Asequibles
Organizaciones de salud pública [5], como Médicos Sin Fronteras USA, Universidades Aliadas por los Medicamentos Esenciales, Public Citizen, y Health GAP se unieron a sindicatos como Communications Workers of America y National Nurses United, así como a grupos religiosos como NETWORK Lobby for Catholic Social Justice, para exigir la eliminación de las normas de propiedad intelectual del T-MEC que mantienen altos los precios de los medicamentos, incluyendo las extensiones de la vigencia de las patentes, la exclusividad de mercado, y la vinculación de patentes.
Justicia para los migrantes y Derechos Humanos
Organizaciones de defensa de las derechos de los emigrantes [6], como National Partnership for New Americans, League of Uniteds Latin American Citizens (LULAC), y Labor Council for Latin American Advancement (LCLAA), instaron a reformar la política comercial para abordar el desplazamiento, la explotación y la desigualdad, que han aumentado tras décadas de comercio impulsado por las corporaciones. Solicitaron revisiones del T-MEC que prioricen los derechos humanos, los salarios justos, la resiliencia climática y la formulación de políticas inclusivas.
El Centro de los Derechos del Migrante [7] exigió que se mantengan, fortalezcan y apliquen las protecciones del acuerdo para los trabajadores migrantes, en particular para las trabajadoras migrantes. También recomendaron que las disposiciones para exigir la adherencia a las normas ocupacionales se amplíen para incluir a las instalaciones en EE UU y Canadá, así como en México.
Derechos de los trabajadores
El Comité Asesor Laboral (Labor Advisory Committee o LAC) [8], un panel de asesores autorizados por la USTR, que incluye a la AFL-CIO, el sindicato United Steelworkers, el sindicato United Auto Workers, el sindicato Teamsters y otros, advirtió que con el T-MEC persiste la deslocalización, la pérdida de empleos y la supresión salarial. El comité solicitó una renegociación antes de ampliar la vigencia de 16 años del acuerdo, para que incluya una verificación más estricta de que se cumplen las condiciones laborales, se fortalecen las normas de origen y se restablece el nombre del país de origen en los alimentos.
Casi 70 miembros del Caucus Laboral del Congreso [9], encabezados por los representantes Debbie Dingell (demócrata por Michigan), Donald Norcross (demócrata por Nueva Jersey), Mark Pocan (demócrata por Wisconsin) y Steven Horsford (demócrata por Nevada) recomendaron presionar a México para que aumente los salarios y mejore los estándares laborales, y fortalecer y ampliar el “mecanismo de respuesta laboral rápida” del T-MEC, garantizando que tanto Canadá como México apliquen plenamente la prohibición de productos fabricados con trabajo forzado y abordando el comercio de China.
Tribunales ambientales y corporativos
Las principales organizaciones ambientales [10], Sierra Club, la Liga de Votantes por la Conservación, el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales e Industrious Labs, exigieron revisiones al T-MEC que apoyen los empleos verdes y sindicalizados, así como agua y aire limpios. Las revisiones incluyen normas ambientales vinculantes y exigibles, la eliminación total de la organización Solución de Controversias entre Inversores y Estados (en inglés Investor-State Dispute Settlement ISDS) que socava las salvaguardias laborales y ambientales, y un nuevo organismo trinacional para combatir la contaminación atmosférica, entre otras medidas.
BlueGreen Alliance [11], una poderosa coalición de organizaciones de defensa de los trabajadores y el medio ambiente, compartió disposiciones clave necesarias para apoyar la resiliencia industrial, la manufactura limpia, y normas laborales y ambientales de alto nivel.
Lucha contra la extralimitación de las grandes tecnológicas
Las representantes Pramila Jayapal (demócrata por Washington), Maggie Goodlander (demócrata por New Hampshire) y 17 congresistas más [12] pidieron la eliminación de las cláusulas del T-MEC que obstaculizan que el Congreso supervise las actividades monopolísticas. Los comentarios también instan a realizar revisiones para proteger la privacidad de los datos, el derecho a la reparación y la transparencia de la inteligencia artificial (IA), oponiéndose a las normas de “comercio digital” que eximen a las grandes tecnológicas de rendir cuentas.
Un grupo de pequeñas empresas, organizaciones de consumidores y organizaciones digitales [13] explicaron cómo ciertas disposiciones del T-MEC socavan los mecanismos gubernamentales para apoyar el derecho de los consumidores a la reparación. Proyecto American Economic Liberties, Centro para la Democracia y la Tecnología, Fundación Frontera Electrónica, La Fundación FULU, iFixit, la Coalición Re: Create, la Asociación de Reparación y la U.S. PIRG recomendaron revisar o eliminar los términos que dificultan que las personas reparen los productos que poseen.
Agricultores y soberanía alimentaria
Grupos que representan a agricultores y comunidades rurales [14], incluyendo el Instituto de Política Agrícola y Comercial (Institute for Agriculture and Trade Policy o IATP), la Coalición Nacional de Granjas Familiares (National Family Farm Coalition NFFC) y la Organización Occidental de Consejos de Recursos (Western Organization of Resource Councils WORC), instaron a que se implementen reformas para proteger los mercados justos, fortalecer las normas laborales y ambientales, defender el etiquetado de alimentos y el derecho a conservar semillas, y limitar el control corporativo sobre la agricultura.
Referencias