Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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Durante décadas, América Latina fue una de las regiones con mayor aceptación social de la vacunación infantil, y con programas de inmunización relativamente sólidos. Sin embargo, en los últimos años, y de forma más marcada tras la pandemia por covid-19, se ha observado una disminución continua en la cobertura de varias vacunas esenciales.
Este artículo, publicado en el sitio web de CEE-Fiocruz, analiza las causas de este declive desde una perspectiva sociológica y antropológica, argumentando que el fenómeno no se explica principalmente por la expansión de las ideologías antivacunas, sino también por una combinación de debilitamiento institucional, desigualdades estructurales, transformaciones en la relación entre el Estado y la ciudad, y cambios en la economía moral del cuidado. Con este diagnóstico, critica la eficacia de las estrategias para promover la cobertura de vacunación mediante la educación sobre la calidad de las vacunas. También examina las respuestas internacionales y propone diferenciar entre dos modalidades.
El Condado de Marin, al norte de San Francisco, California, reporta un ingreso per cápita de casi US$140.000 al año, una alta proporción de profesionales y niveles de pobreza muy bajos. A finales de la década de 1990, algunas escuelas privadas y alternativas comenzaron a experimentar descensos continuos en las tasas de vacunación contra el sarampión. Se incumplió el umbral de inmunidad colectiva del 95%, con tasas cercanas al 70%.
En diciembre de 2014, se detectó una erupción cutánea en un turista en Disneyland. Se confirmó el sarampión y el virus se propagó a varios condados. Entre diciembre de 2014 y abril de 2015, se registraron 131 casos relacionados con el brote en California. Aunque la vacunación obligatoria se ha reforzado desde entonces, en la semana en que se escribió este artículo, los distritos más ricos de California registraron 22 casos de sarampión, el 90% de ellos en personas no vacunadas.
Podría ser ciencia ficción o incluso una novela de José Saramago, pero es pura epidemiología. Es simplista afirmar que las nuevas vulnerabilidades epidémicas provienen de la ideología antivacunas, cuyo resultado reduccionista limita la explicación a los determinantes sociales.
El descenso de las tasas de vacunación es un fenómeno desigual y combinado. Responde a causas distintas en poblaciones distintas. Pero la razón fundamental es la misma: la ruptura del contrato social de la salud. La razón es similar a la de la violencia en las escuelas [1]. Ninguno de estos casos es monopolio del tercer mundo, ni se centra únicamente en los sectores más desfavorecidos de cada país. Ambos expresan un malestar cultural.
Las causas son múltiples, pero en todos los casos, la crisis de la vacunación expresa una crisis del ideal positivista de un mundo que, como proclama la bandera brasileña, busca el orden y el progreso. El contrato social en la atención médica se ha roto; la confianza de la gente en el sistema (sanidad pública, seguridad social y privada) ha disminuido.
Hasta hace unos años, la vacunación era obligatoria en las escuelas. La educación universal en la región está estrechamente vinculada a la vacunación obligatoria. Ambas se consideraban vectores de progreso, sin cuestionarse. Y el carné de vacunación era más importante que el pasaporte. Hoy, estas normas se cuestionan. En varios países latinoamericanos, las tasas de deserción escolar han aumentado, especialmente desde la pandemia, y en algunos casos se mantuvieron entre 2021 y 2023. Al mismo tiempo, la cobertura de vacunación ha disminuido. En Argentina, algunos políticos oficialistas piden la eliminación de la ley que establece la obligación de vacunarse.
El escenario pospandémico, con la llegada de Trump a la presidencia de EE UU, inauguró un período de negacionismo generalizado: del multilateralismo, la solidaridad internacional y la ciencia. Irónicamente, el país más poderoso del mundo abandonó su tradición de participación en el máximo organismo mundial de la salud: la OMS. Por ejemplo, el 19 de noviembre de 2025, el sitio web oficial de los CDC publicó información falsa afirmando que las autoridades de salud ignoraron los estudios que demostraban el vínculo entre las vacunas y el autismo.
La difusión de noticias falsas y el flagrante activismo antivacunas del Secretario de Salud de EE UU, Robert F. Kennedy Jr., están alimentando el negacionismo científico, la reticencia a las vacunas y una estrategia de salud global de “América Primero” [2]. En términos generales, la pandemia de covid-19 y ahora la política impulsada por la administración Trump, con negacionismo y noticias falsas sobre las vacunas, han exacerbado el ya pronunciado aumento del individualismo.
Aunque se basa en evidencia científica, la vacunación nunca ha sido un acto puramente técnico. Es, sobre todo, un acto de confianza. Confianza en la ciencia, en el Estado. Pero, sobre todo, confianza en que otros harán lo mismo. Vacunarse implica aceptar una lógica de salud colectiva: me protejo para proteger a los demás, incluidos los que no conozco. Esta idea, central para la salud pública, se basa en un contrato social invisible, mucho más frágil de lo que parecía. Cuando este contrato se rompe, la vacuna deja de ser un bien público obvio y se convierte en un objeto de duda. Su eficacia no ha cambiado, pero sí el contexto cultural que le dio significado.
Otro cambio, aún más profundo, es que el riesgo para la salud, históricamente concebido como un fenómeno colectivo, se ha individualizado. Decido por mi cuerpo, evalúo el riesgo para mi hijo, no quiero que nadie me obligue. El problema es que la inmunidad de grupo no funciona con decisiones puramente individuales, sino cuando existe un sentido de responsabilidad compartida, cuando el «nosotros» tiene el mismo peso que el «yo». La paradoja es clara: en nombre de la libertad individual, se debilita el bien común que permitía que esa misma libertad existiera sin riesgo.
Un análisis crítico de las respuestas políticas a la disminución de las tasas de vacunación
Atribuir la caída de las tasas de vacunación a una visión anticientífica basada en la desinformación, propia de negacionistas científicos y teóricos de la conspiración, simplifica en exceso un problema complejo. La población no dejó de vacunarse porque el secretario de Salud de EE UU, Robert F. Kennedy Jr., difundiera información falsa que vinculaba las vacunas con el autismo. Tampoco abandonó la vacunación porque un grupo de diputados oficialistas en Argentina organizara una manifestación antivacunas en el Congreso. Ni siquiera redujo su adhesión a las vacunas porque el presidente Gustavo Petro afirmara en redes sociales, en plena pandemia, que las vacunas contra la covid-19 resultaban ineficaces.
Es cierto que la infodemia resultó más letal que el propio coronavirus. Y que, en muchos países de la región más afectados por la pandemia, las prácticas de comunicación eran muy deficientes, pero el resultado fue un alejamiento de las respuestas individuales. Una encuesta de opinión de pacientes realizada por el BID en 17 países (11 países desarrollados de la OCDE y seis en América Latina), registró que las personas ahora confían más en el autocuidado que en los servicios de salud [3]. Y esto era antes de la pandemia. La situación probablemente ha empeorado.
La caída en los niveles generales de vacunación no está relacionada con las nuevas vacunas ni comenzó con la pandemia. El intento por mejorar la cobertura de la vacunación reafirmando la calidad y fiabilidad de las vacunas sin comprender el problema, es ignorarlo [4].
Las respuestas internacionales para restablecer la confianza en prácticas sanitarias esenciales como la vacunación pueden agruparse en dos categorías muy diferentes, casi opuestas. La primera se centra en la incorporación de incentivos económicos para la prevención. La segunda, en el fortalecimiento de las responsabilidades comunitarias.
La incorporación de incentivos económicos se inauguró en Serbia en mayo de 2021, cuando el gobierno anunció un pago de 3.000 dinares (US$30) a las personas que se vacunaran contra la covid-19. En 2023, Singapur lanzó el programa Healthier SG [5], que exime a los pacientes del pago de las consultas de atención primaria, siempre que el médico general elegido prescriba un plan de atención. La adherencia al plan se verifica a través de una aplicación móvil. En este modelo, seguir el calendario de vacunación se traduce en ahorros individuales.
Otro ejemplo, no centrado en las vacunas sino en la prevención, son los bonos de impacto en Kenia, adquiridos por inversores individuales. Estos bonos generan rendimientos financieros para sus dueños, vinculados al logro de los objetivos de prevención del VIH/sida y del embarazo en adolescentes en sus comunidades. En otras palabras, transforman la prevención y la salud pública en un negocio rentable.
Por otro lado, el objetivo es que la comunidad resuelva lo que el Estado no ha hecho. Un ejemplo de como se ha desarrollado la responsabilidad comunitaria se encuentra en México, donde el programa IMSS-Bienestar propone un pacto social por la salud al que los Estados se adhieren voluntariamente. Al adherirse, se implementa un modelo de gestión territorial en el que los centros de salud tienen administración comunitaria y sus usuarios tienen el poder de decidir sobre el presupuesto. El servicio es responsable de los pacientes, al igual que los pacientes son responsables del servicio. Esto es cogestión, no autogestión. Edgar Morin advirtió que «con la autogestión vendrá la destrucción del planeta».
En Brasil, el Ministerio de Salud implementó la estrategia Zé Gotinha [6], intensificando la comunicación, el marketing social, la movilización comunitaria, la microplanificación y el fortalecimiento local, además de promover iniciativas educativas, generar consenso y combatir la desinformación. Como resultado de esta estrategia, en 2023, la cobertura de vacunación aumentó: 13 de las 16 vacunas principales del calendario de vacunación infantil mostraron un crecimiento en comparación con 2022.
Un mecanismo menos estricto, pero similar, se ha implementado en varias empresas públicas: una Carta Ciudadana en la que el servicio se compromete a ciertas respuestas (horario de apertura, programación de citas por teléfono, entrega de medicamentos, etc.), y también pide a los usuarios que asuman ciertas responsabilidades respecto a su salud, como mantener la continuidad del tratamiento.
Conclusión
Si la caída de las tasas de vacunación refleja un malestar cultural, la respuesta no puede limitarse a más carteles ni a más datos. La evidencia científica es necesaria, pero ya no es suficiente. Es necesario recuperar la confianza, reconstruir las narrativas colectivas y recuperar la idea de que ciertas acciones cotidianas respaldan algo más que las decisiones individuales. En otras palabras: explicar de nuevo —culturalmente, no solo científicamente— por qué vacunarse es un acto de cuidado mutuo. Cuando la vacunación deja de ser evidente, lo que está en juego no es solo la salud, sino el tipo de sociedad en la que elegimos vivir.
En la década de 1970, el experto brasileño en salud pública Sergio Arouca advirtió que la medicina preventiva gestiona los riesgos sin cuestionar las condiciones sociales que los generan. Medio siglo después, nos enfrentamos a una nueva forma del dilema preventivo [7].
Ante la caída de las tasas de vacunación, la respuesta dominante insiste en explicar repetidamente que las vacunas son seguras, como si el problema fuera de información. Lo que está en crisis no es el prospecto, sino la confianza; no la técnica, sino el vínculo social que la sustenta.
Referencias