Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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Según informa Ed Silverman [1] un grupo de activistas contra el sida presentó una demanda contra la administración Trump por no revelar los términos del acuerdo que resolvió un litigio entre el gobierno de EE UU y Gilead Sciences sobre patentes para la prevención del VIH.
Hace seis años, el gobierno de EE UU entabló juicio contra Gilead porque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) sostuvieran que Gilead había infringido sus derechos de patente. La administración alegó que Gilead ignoró las contribuciones de los científicos de los CDC, exageró su propio papel en el desarrollo de fármacos para prevenir el VIH y se negó a firmar un acuerdo de licencia —a pesar de los “múltiples intentos” por llegar a un pacto— tras haber obtenido injustamente cientos de millones de dólares gracias a investigaciones financiadas por los contribuyentes.
El juicio gira entorno a dos cuestiones no resueltas: (1) hasta qué punto una empresa puede utilizar investigaciones financiadas con dinero público para generar enormes beneficios, (2) cuando los precios de los medicamentos son inasequibles para muchos estadounidenses.
Los activistas contra el sida argumentaron que la empresa se aprovechó del gobierno federal al beneficiarse de la propiedad intelectual cobrando precios cada vez más altos por Truvada. Se calcula que el gobierno federal otorgó 73 subvenciones e invirtió unos US$143 millones para el desarrollo de los productos implicados.
Como parte del acuerdo, Biden otorgó a Gilead una licencia sobre “determinadas” patentes vigentes y futuras relacionadas con la prevención del VIH, a cambio de no tener que pagar indemnizaciones por daños y perjuicios. No se divulgaron otros términos, aunque un portavoz de Gilead señaló que el acuerdo no incluía pagos por parte de la empresa ni del gobierno federal.
Inicialmente, los activistas contra el sida acogieron con satisfacción el acuerdo, esperando que incluyera un compromiso de financiación de un programa nacional de prevención del VIH que promoviera el acceso equitativo; sin embargo, posteriormente se enteraron de que Gilead no pagaría regalías por el uso de la patente gubernamental.
PrEP4All observó que el acuerdo incluía una referencia a un acuerdo cooperativo de investigación y desarrollo de materiales (M-CRADA), firmado por Gilead, el HHS y el Departamento de Justicia alcanzado cuando se formalizó el acuerdo principal. No obstante, dicho acuerdo de investigación y desarrollo nunca se ha hecho público, y no lograron obtenerlo a través de una solicitud basada en la Ley de Libertad de Información (FOIA).
Jeremiah Johnson, líder de PrEP4All, sostuvo que la demanda pone de relieve inquietudes más amplias sobre la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno, especialmente en lo que respecta a decisiones sobre investigaciones financiadas por los contribuyentes e intervenciones médicas que salvan vidas. Añadió que existe interés en saber si el M-CRADA o las demás condiciones del acuerdo podrían extenderse de algún modo a lenacapavir (Yeztugo), el innovador fármaco inyectable para la prevención del VIH comercializado por Gilead.
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