En una acusación formal revelada el 10 de junio de 2026, un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida imputó a un médico y a dos empleados de un centro de investigación médica por su participación en un presunto plan para falsificar los datos de los ensayos clínicos de posibles nuevos tratamientos farmacológicos. Un tercer empleado también fue acusado en una denuncia penal.
Según la acusación formal, el Dr. Jaynier Moya de 49 años y residente de Southwest Ranches, Florida, Luis Montano de 55 años y residente de Hialeah, Florida, y Yuniarka García de 41 años y residente de Plantation, Florida, fueron acusados de incurrir en presunta mala conducta durante los ensayos clínicos realizados en Pines Care Research Center LLC (Pines Care), en Pembroke Pines, Florida.
Alexandra Olivera de 38 años y residente de Hialeah, Florida, fue acusada por separado, en una denuncia penal por participar en el presunto plan. Según consta en los documentos judiciales, Moya era copropietario de Pines Care y se desempeñaba como investigador principal. Montano, García y Olivera eran coordinadores de investigación clínica.
A inicios del año 2019, o incluso antes, los acusados presuntamente fabricaron datos de pruebas y falsificaron otros registros de ensayos clínicos patrocinados por una empresa farmacéutica. Los ensayos estaban diseñados para testar la seguridad y la eficacia de fármacos nuevos, que luego se someterían a su posible aprobación por la FDA.
Como consta en los documentos de presentación de los cargos, los acusados falsificaron registros para simular que los participantes habían tomado los medicamentos del estudio y se habían sometido a las pruebas para evaluar sus efectos, tal como se estipulaba en los protocolos de los ensayos, cuando, en realidad, no lo habían hecho.
Los acusados presuntamente utilizaron documentos de identificación de personas que no participaron en los ensayos para crear registros falsos que supuestamente demostraban su participación, y de quienes se pretendió haber obtenido resultados de pruebas.
La acusación también alega que este plan provocó que los datos de las pruebas falsificadas se introdujeran en los sistemas de bases de datos de ensayos clínicos que se utilizan para evaluar prospectivamente los fármacos nuevos.
Cada acusado está imputado por conspiración para cometer fraude electrónico. Moya, Montano y García también están imputados por tres cargos de fraude electrónico. De ser declarados culpables, cada acusado se enfrenta a una pena máxima de 20 años de prisión por conspiración para cometer fraude electrónico. Asimismo, Moya, Montano y García se enfrentan a una pena máxima de 20 años de prisión por cada cargo de fraude electrónico.
El anuncio lo hicieron el Fiscal General Adjunto, A. Tysen Duva de la División Penal del Departamento de Justicia, y el Agente Especial Interino a Cargo, Juan Berrios de la Oficina de Investigaciones Criminales de la FDA en Miami.
La Oficina de Investigaciones Criminales de la FDA, en su oficina de Miami, está investigando el caso.
Los fiscales Andrew Crawford y Brianna Gardner, de la Unidad de Salud y Seguridad de la División Penal, están a cargo del caso.
La Unidad de Salud y Seguridad de la División Penal del Departamento colabora con las fuerzas del orden para investigar y llevar a juicio las infracciones a las Leyes Federales destinadas a proteger la salud y la seguridad públicas. Esta unidad se centra en las empresas y los particulares que fabrican y venden medicamentos, alimentos y otros productos de consumo peligrosos que podrían causar graves daños a la población estadounidense.
Para más información, visite: https://www.justice.gov/criminal/criminal-fraud/health-safety-unit
Una acusación formal o información penal es simplemente un alegato. Todos los acusados se presumen inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable ante un tribunal de justicia.