Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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The Bureau of Investigative Journalism.
Global Health, 13-04-2026. https://www.thebureauinvestigates.com/stories/2026-04-13/inside-the-64bn-pharma-deal-that-could-cost-more-lives-than-covid (disponible en inglés, abajo el resumen que ha hecho AAJM, editado por SyF)
Este artículo ilustra muy bien cómo se ha realizado el acuerdo farmacéutico entre el Reino Unido y EE UU. Un acuerdo que realmente no puede denominarse como tal, pues ha sido una imposición de EE UU con la complicidad activa de las compañías farmacéuticas en un proceso “negociador” marcado por los lobbies y la corrupción política
Las consecuencias en la salud de la población atendida por el sistema nacional de salud (NHS), que ha decidido pagar más a las compañías farmacéuticas, se traducirá en miles de vidas perdidas.
Un vistazo inicial
Todo comenzó con un mensaje de texto enviado a principios de 2025
“Se avecina un gran problema con los aranceles a la industria farmacéutica”. Fue uno de los muchos mensajes intercambiados entre Peter Mandelson, entonces embajador del Reino Unido en EE UU, y el secretario de Salud, Wes Streeting.
“Trump cree que la industria farmacéutica estadounidense no recibe un trato justo, quiere imponer aranceles a la UE y al Reino Unido, y obligar a que la producción se traslade a EE UU”, advirtió Mandelson.
La respuesta de Streeting fue concisa: “¡Uf!”.
El año siguiente estuvo marcado por largas negociaciones entre los funcionarios estadounidenses y británicos encargados de alcanzar un acuerdo comercial entre ambos países. El Reino Unido y la industria farmacéutica estuvieron enfrentados durante meses. Y finalmente, se llegó a un controvertido acuerdo entre ambos países que, desde entonces, ha permanecido envuelto en el secretismo.
Sin tener en cuenta el acuerdo, el sistema de salud británico sobrevive a duras penas y está bajo una enorme presión. Datos del Real Colegio de Medicina de Urgencias muestran que, en 2024, alrededor de 320 pacientes fallecieron semanalmente en Inglaterra debido a retrasos en la atención de urgencias, algo que podrían haberse evitado. En todo el país, más de siete millones de personas permanecieron en listas de espera del NHS (Servicio Nacional de Salud).
Las negociaciones entre el Reino Unido y EE UU estuvieron marcadas por diversas amenazas hacia el Reino Unido. La administración Trump planteó la posibilidad de aranceles perjudiciales. Las compañías farmacéuticas, cuyos márgenes de beneficio estaban en juego, amenazaron con cancelar importantes proyectos en el Reino Unido.
Cuando finalmente se alcanzó un acuerdo, el gobierno británico declaró que este costaría al NHS de Inglaterra mil millones de libras esterlinas en los próximos tres años. Los expertos afirman que esta cifra representa solo una fracción del coste real.
En cuanto al acuerdo en sí, obliga al NHS a gastar más en medicamentos nuevos y costosos, así como a pagar más por los fármacos que ya adquiere.
También afecta la forma en que el NICE, el organismo que decide qué medicamentos puede comprar el NHS en Inglaterra y Gales (Escocia e Irlanda del Norte también se benefician de estas decisiones) evaluará los nuevos fármacos. Este cambio en el umbral del NICE implica que probablemente se autorice la compra de algunos medicamentos que antes se habrían rechazado por motivos de rentabilidad (coste-efectividad), lo que supone, una vez más, una reducción del presupuesto del NHS.
El NICE declaró: «Nuestras decisiones se basan en encontrar el equilibrio entre que los tratamientos innovadores estén disponibles y garantizar el mejor uso de los fondos públicos».
Acuerdos como este entre EE UU y el Reino Unido tienen un impacto importante en que pacientes británicos reciban medicamentos que salvan vidas. Los críticos del acuerdo afirman que desviar fondos de las salas de hospital, los servicios de urgencias y otras formas de atención vitales costará vidas. En una carta abierta a Streeting (miembro del Parlamento), más de 200 expertos, activistas y profesionales sanitarios calificaron el acuerdo de «catástrofe» para todos los pacientes del NHS. En ella describen las posibles consecuencias como «trágicas» e «impactantes».
Karl Claxton, destacado economista de la salud que formó parte del comité de evaluación del NICE, dirigió un equipo de investigadores de la Universidad de York para modelar los posibles resultados. Sus conclusiones son contundentes: «Para 2033, el exceso de muertes derivado de este acuerdo será mayor que el causado por la covid-19».
Más letal que la covid-19.
Investigadores de la Universidad de York proyectan que el acuerdo farmacéutico del Reino Unido provocará más muertes adicionales que las sufridas durante dos años de pandemia.
La versión oficial es diferente. Un portavoz del gobierno cuestionó los cálculos. El acuerdo, afirmó, «es una inversión vital que se basa en la solidez de nuestro Servicio Nacional de Salud (NHS) y en el sector de las ciencias de la vida, líder a nivel mundial, para aumentar el acceso a medicamentos que salvan vidas sin desviar fondos esenciales de nuestros servicios sanitarios de primera línea».
La Asociación de la Industria Farmacéutica Británica (ABPI) desestimó la investigación de la Universidad de York por considerarla «fundamentalmente errónea». El NICE declaró estar al tanto de la investigación académica sobre la fijación de precios de los medicamentos, incluyendo el trabajo de la Universidad de York, y que «toma en serio este tipo de análisis».
«El NICE revisa y actualiza continuamente sus métodos para garantizar que sigan representando las mejores prácticas en la evaluación de tecnologías sanitarias», añadió.
Pero a pesar de las enormes implicaciones del acuerdo para la salud pública, no se ha permitido que el Parlamento revise sus términos. A activistas y periodistas se les han denegado solicitudes de acceso a la información para obtener detalles clave. Las preguntas de los políticos no han recibido respuestas satisfactorias.
Entonces, ¿cómo ha podido el gobierno llegar a un acuerdo que elude el escrutinio democrático? ¿Y cuáles fueron sus razones para aceptarlo?
Dentro de las negociaciones
En las semanas posteriores al mensaje de texto de Mandelson a Streeting, las fuerzas que moldearían las negociaciones, tanto nacionales como internacionales, se hicieron rápidamente evidentes.
El primer punto de controversia fue el programa de reembolso de medicamentos del Reino Unido, que, en marzo del año pasado, la ABPI afirmó que estaba haciendo que el país fuera «poco atractivo para la inversión». Según este programa, el NHS acepta un límite de gasto determinado en medicamentos de marca, y obliga a las compañías farmacéuticas a devolver cualquier gasto excesivo. (Según la ABPI, las compañías farmacéuticas devolverían £13.500 millones en cuatro años bajo la normativa actual).
El verano pasado, la industria farmacéutica exigió un aumento en los precios que representaría alrededor de £2.500 millones anuales a través del programa. Los ministros lo rechazaron y propusieron inyectar £1.000 millones en el mercado durante tres años. La industria farmacéutica se negó. Streeting afirmó que no permitirá que las compañías farmacéuticas se aprovechen de los pacientes.
Lobby (cabildeo) a larga distancia
PhRMA, el grupo de presión en Washington que representa a las grandes farmacéuticas estadounidenses, lleva años presionando al NICE y al sistema para establecer los precios de los medicamentos en el Reino Unido. Lo que diferenció las negociaciones del año pasado fue «la agresividad con la que Trump está dispuesto a oponerse a estos controles de precios», afirmó Nick Dearden, de Global Justice Now.
Resulta sorprendente cómo ciertos elementos del acuerdo —el aumento del umbral del NICE y el límite del 15% en el programa de descuentos— coinciden casi a la perfección con las antiguas demandas de PhRMA.
También surgen dudas sobre quién influyó en la postura negociadora del Reino Unido. Peter Mandelson, que era embajador del Reino Unido en Washington durante la fase clave de las negociaciones, es también cofundador de la consultora Global Counsel. Según los registros oficiales, esta consultora ejerció presión en nombre de importantes empresas estadounidenses, como GSK, hasta el verano de 2024.
Durante las negociaciones, la ABPI encargó a Global Counsel un estudio que justificaba muchos de los cambios finalmente alcanzados en el acuerdo. ABPI afirmó que Global Council facilitó talleres durante la elaboración del informe, el cual se produjo bajo su control exclusivo, y añadió que colabora con diversas organizaciones para la producción de sus publicaciones.
El Ministerio de Asuntos Exteriores rechazó la solicitud de información sobre las reuniones de Mandelson con compañías farmacéuticas, alegando que obtener dicha información resultaría demasiado costoso. PhRMA no respondió a las solicitudes de comentarios.
Al otro lado del Atlántico, Donald Trump intentaba obligar a las farmacéuticas a bajar los precios de los medicamentos recetados en EE UU a los niveles de otros países ricos. En las cartas enviadas a 17 empresas en julio, expresó su deseo de poner fin al aprovechamiento indebido de la innovación estadounidense por parte de las naciones europeas y otras desarrolladas. Ya había afirmado que los pacientes estadounidenses «subsidian» el desarrollo mundial de medicamentos.
(Nota de AAJM. Investigaciones realizadas por economistas de la salud demuestran que Trump está equivocado. Con los precios actuales de los nuevos medicamentos, el Reino Unido ya paga lo que le corresponde, lo que significa que las farmacéuticas pueden cubrir el costo de la investigación y el desarrollo de fármacos y aun así obtener ganancias).
En julio del año pasado, el embajador de EE UU en el Reino Unido, Warren Stephens, se reunió con ejecutivos de farmacéuticas estadounidenses en Londres para analizar lo que denominó los «retos y oportunidades de operar en el Reino Unido».
Luego, en el transcurso de una sola semana en septiembre, se desencadenó una reacción en cadena. Una tras otra, las empresas amenazaron con retirar importantes proyectos en el Reino Unido: MSD canceló un centro de investigación en Londres valorado en £1.000 millones de libras; AstraZeneca suspendió un proyecto de £200 millones en Cambridge; Eli Lilly aplazó la construcción de un laboratorio previsto en Londres. Ante la preocupación de que los gigantes farmacéuticos hubieran conspirado para aumentar los precios de los medicamentos, la Autoridad de Competencia y Mercados declaró que había decidido no investigar.
A finales de septiembre, los directores ejecutivos de las farmacéuticas comparecieron ante una comisión de la Cámara de los Comunes para responder preguntas sobre la suspensión de sus inversiones en el Reino Unido. Su mensaje fue claro: el NHS (Servicio Nacional de Salud) debía pagar más por sus medicamentos.
Patrick Vallance, ministro de Ciencia del Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología (DSIT) y antiguo jefe de I+D de GSK, supervisaba las negociaciones. En octubre, confirmó que el gobierno británico estaba dispuesto a que el NHS aumentara su gasto en medicamentos de marca.
Aun así, EE UU se mantuvo firme: un mes después, Stephens insistió en que las farmacéuticas estadounidenses cerrarían sus plantas en el Reino Unido si el NHS no aumentaba su presupuesto.
En diciembre, se cerró el acuerdo.
La interpretación de Claxton sobre la situación es sencilla: «El gobierno se enfrentó a una clara disyuntiva», afirmó, «o apoyaba al NHS y a la atención social para adultos y resistía estas presiones, o no. Y decidió no hacerlo».
Los costes reales
Los ministros han presentado el acuerdo como una victoria: cero aranceles estadounidenses a los productos farmacéuticos británicos, crecimiento económico, inversión y empleos que «refuerzan la posición del Reino Unido omo potencia en ciencias de la vida». La asociación de la industria farmacéutica lo calificó de «buenas noticias para los pacientes del NHS».
Los detalles siguen siendo poco claros. La ABPI, al preguntarle qué cifra habría aceptado o aceptaría en las negociaciones declaró que «no comenta los detalles de las conversaciones confidenciales de la industria con el gobierno».
El NHS England informó que cuenta con un equipo especializado que negocia acuerdos comerciales confidenciales con las compañías farmacéuticas, para garantizar una mejor relación calidad-precio para el público.
Lord Vallance afirma que el acuerdo costará al NHS England £1.000 millones en los próximos tres años. E incluso si se aceptara ese coste al pie de la letra, argumenta Claxton, esos £1.000 millones podrían utilizarse mejor. «La mejor manera de gastarlo no es dárselo a la industria farmacéutica», dijo. «La mejor manera de gastarlo es aumentar los presupuestos del NHS o de la atención social para adultos».
Pero afirma que la cifra que dio Vallance debería ser más cercana a los £3.300 millones. Y el coste real del acuerdo para todo el Reino Unido —una vez que se tenga en cuenta el compromiso del gobierno de duplicar el gasto farmacéutico para 2036— será muchísimo mayor: casi £64.000 millones.
Estas cifras tendrán consecuencias drásticas en la práctica. Su equipo predice que otras 330.000 personas podrían morir en el Reino Unido para 2036, como resultado de que el acuerdo desvíe fondos de otras áreas del NHS, una cifra superior al exceso de muertes registrado durante los dos primeros años de la covid-19.
En resumen
El gobierno británico ha valorado el acuerdo en £1.000 millones. Los investigadores afirman que el coste real a lo largo de 10 años será muchísimo mayor.
Un portavoz del gobierno nos dijo que las cifras de Claxton “se basan en suposiciones y proyecciones que el gobierno no comparte y no reflejan cómo se toman las decisiones sobre la financiación y el acceso a los medicamentos”.
Mathew Hulbert, exconcejal de Leicestershire, no necesita modelos complejos para comprender el coste para un NHS que no cuenta con suficiente financiación. En julio de 2022, su madre de 78 años se cayó y se fracturó las costillas en casa. Mientras yacía en el suelo con dolor, llamó al 999 y le dijeron que no la moviera. “Fueron las 11 peores horas de mi vida”, recuerda. Su madre fue trasladada al hospital, pero falleció dos días después.
Mathew supo más tarde el motivo de la demora: las ambulancias estaban acumuladas a las afueras del Hospital Royal Infirmary de Leicester, sin poder descargar a los pacientes porque las salas ya estaban llenas. “Fue un fallo de todo el sistema”, afirmó.
La historia de Mathew es una de las miles que demuestran cómo los recortes al NHS pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los críticos del acuerdo farmacéutico temen que el dinero adicional destinado a nuevos medicamentos no haga sino agravar la crisis.
Los expertos independientes que fueron consultados afirmaron que el acuerdo afectará a todos los pacientes del NHS, desde un aumento de la mortalidad y una menor supervivencia relacionadas con el cáncer, las enfermedades respiratorias y gastrointestinales, hasta una disminución de la calidad de vida de las personas con problemas neurológicos, endocrinos y de salud mental.
También se cuestiona si algunos de los nuevos medicamentos que se están adquiriendo a precios elevados representan un mejor uso del dinero que los tratamientos más antiguos y de eficacia comprobada.
Las investigaciones demuestran que varios tratamientos cotidianos del NHS, como las vacunas contra la gripe, los medicamentos para la presión arterial y los ejercicios de rehabilitación para enfermedades pulmonares, ofrecen atención médica eficaz a una fracción del costo de los medicamentos de marca más recientes.
Secretos y vidas
A pesar de que el acuerdo tendrá un enorme impacto en el gasto del NHS y en el acceso de los pacientes a los medicamentos, el gobierno se ha negado a divulgar detalles clave sobre lo que realmente ha acordado.
Se enviaron solicitudes de acceso a la información tanto al Departamento de Salud y Asistencia Social (DHSC) como al Departamento de Tecnología de la Información y la Comunicación (DSIT) solicitando una copia de la evaluación del impacto del acuerdo. Ambos departamentos se negaron a facilitarla.
El DHSC afirmó que divulgar la información podría debilitar la posición negociadora del Reino Unido y perjudicar las futuras relaciones comerciales con el sector farmacéutico. El DSIT, por su parte, confirmó la existencia de un anexo no publicado a la evaluación de impacto, pero indicó que no lo hará público debido a las relaciones internacionales.
«¿No nos permiten verlo porque podría molestar a Donald?», declaró Seamus Logan, miembro del Parlamento por el Partido Nacional Escocés, al enterarse de estas negaciones. «Es indignante. Absolutamente indignante».
«Hasta la fecha, no ha habido ningún escrutinio parlamentario sobre el funcionamiento de este acuerdo, y es absolutamente necesario que lo haya», afirmó. «Necesitamos saber cuál será el coste real de este acuerdo».
Nick Dearden, de la organización sin ánimo de lucro Global Justice Now, declaró: «Cuando se trata de una regulación política interna, como el control de precios del NHS, me parece extraordinario que ni el público ni los parlamentarios tengan acceso a los cálculos».
Al preguntar al gobierno escocés sobre el acuerdo, respondieron que «no tuvo ninguna participación en el proceso, a pesar del claro impacto en Escocia y en nuestro NHS». Si bien afirmó que el acuerdo también debería impulsar la inversión, también reconoció que el gobierno británico ha hecho concesiones sustanciales.
Desde que se anunció el acuerdo, ha crecido la preocupación entre los diputados laboristas, liberaldemócratas, verdes y del SNP sobre sus detalles y su coste para el NHS.
Los liberaldemócratas han pedido a Keir Starmer que cancele el «impuesto Trump» al NHS e invierta en la mejora de la atención social. «Estamos muy, muy, muy preocupados de que se desvíen fondos de los servicios esenciales, donde ya nos encontramos en una situación de crisis», afirmó la diputada Helen Morgan.
Añadió que le preocupa cualquier tipo de acuerdo con EE UU, ya que Trump no ha cumplido con los acuerdos anteriores. De hecho, aunque el Reino Unido y EE UU hayan firmado el acuerdo, este no es jurídicamente vinculante ni según la legislación británica ni la internacional. Esto significa que los acuerdos relativos a las exportaciones británicas a EE UU están sujetos a cambios, incluyendo los aranceles cero.
Parece que los estadounidenses están satisfechos. El secretario de Salud de EE UU, Robert F. Kennedy, agradeció a Trump por «obtener resultados que priorizan a los estadounidenses», y el secretario de Comercio, Howard Lutnick, afirmó que el acuerdo implicaría que «los avances del futuro se desarrollarán, probarán y producirán en suelo estadounidense».
En cuanto a las farmacéuticas que amenazaron con abandonar el Reino Unido, aún no se han comprometido a quedarse. AstraZeneca y Bristol Myers Squibb no respondieron a nuestras preguntas. La última declaración de Eli Lilly, que había suspendido su proyecto de laboratorio en Londres, fue que la confirmación del acuerdo era alentadora y que la compañía «revisará sus planes de inversión allí a medida que mejore el entorno». En otras palabras: todavía no.
¿Qué sigue?
Una propuesta presentada ante el Parlamento en marzo otorgará a los ministros la facultad de indicar al NICE qué umbral financiero utilizar para decidir si aprueba o no un nuevo medicamento. Este cambio normativo, derivado del nuevo acuerdo entre el Reino Unido y EE UU, implica que algunos medicamentos ahora recibirán luz verde a un precio que antes se consideraba poco rentable.
Los activistas temen que las compañías farmacéuticas puedan ejercer presión sobre los ministros para obligarlos a realizar cambios en el NICE que no redunden en beneficio de la salud pública, afirma Diarmaid McDonald, del grupo de defensa de pacientes JustTreatment.
Los parlamentarios pueden oponerse a estas propuestas. Entendemos que algunos diputados laboristas planean tomar medidas antes del 27 de abril. Grupos como JustTreatment, Global Justice Now y All Eyes On presionarán para lograr una mayor transparencia sobre el impacto en los pacientes de todo el Reino Unido.