EE UU y Canadá

La orden de Trump es un intento de distraer la atención de los esfuerzos republicanos por aumentar los precios de los medicamentos y privar de asistencia médica a millones de personas.

Puntos clave

• Reducir los precios de los medicamentos en EE UU, de manera que se equiparen a los de otros países, cuenta con un amplio apoyo bipartidista, pero es poco probable que la orden ejecutiva de Trump logre ese objetivo [1, 2].
• La orden ejecutiva de Trump es un intento descarado de distraer la atención de los esfuerzos que han hecho los republicanos por excluir más medicamentos de la negociación de precios de Medicare y retrasar dichas negociaciones durante más años [3, 4].
• Atacar a otros países que combaten más eficazmente el aumento abusivo de precios por parte de las empresas farmacéuticas, no servirá para bajar los precios en EE UU.
• Si Trump y los republicanos del Congreso se tomaran en serio la reducción de los precios de los medicamentos en EE UU hasta equipararlos con los de otros países, lo harían fortaleciendo y ampliando la ley de negociación de precios de medicamentos de Medicare, y no con decretos ejecutivos mal planeados [5].
• En cambio, Trump y los republicanos del Congreso están tratando de aprobar una ley para privar de asistencia médica a millones de personas, con el fin de recortar los impuestos a los multimillonarios y a las corporaciones, incluyendo a las que venden medicamentos de venta con receta [6].

Antecedentes

• En 2018, la administración Trump propuso por primera vez un confuso modelo de fijación de precios internacionales de referencia para la Parte B de Medicare en un aviso previo a la propuesta de regulación (ANPRM o Advanced Notice of Proposed Rulemaking) [7]. El modelo quedó en suspenso, sin que se tomara ninguna medida, hasta después de que Trump perdiera las elecciones presidenciales de 2020.
• La propuesta enfrentó una enorme resistencia por parte del Congreso; en 2019, 13 republicanos del Comité de Finanzas del Senado votaron a favor de bloquear el modelo del “Índice Internacional de Precios”.
• Tras perder las elecciones de 2020, la administración Trump publicó una Regla Final Provisional (Interim Final Rule) actualizada de su propuesta, rebautizada como “Modelo de la nación más favorecida” [8]. La Oficina del Actuario de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid estimó que la implementación del modelo provocaría una disminución drástica del acceso de los pacientes a los medicamentos de venta con receta, ya que la propuesta de Trump no garantizaba que los consultorios médicos pudieran obtener los medicamentos a precios que no fueran superiores a los niveles de reembolso de Medicare [9]. (Este problema podría evitarse si, en su lugar, se redujeran los precios, incorporando un límite máximo basado en el precio de referencia internacional en el Programa de Negociación de Precios de Medicamentos de Medicare, a través de la legislación).
• La administración aceleró la publicación de la Norma Final Provisional en el último momento, sin seguir los procedimientos administrativos, por lo que la propuesta se enfrentó a riesgos legales y finalmente fue retirada por la administración Biden [10].
• Ahora, los republicanos del Congreso están tratando de aprobar una ley de reconciliación presupuestaria para alargar el plazo durante el cual los medicamentos tendrán que haber estado en el mercado para que Medicare pueda negociar los precios de los medicamentos, este periodo que ahora es de siete años después de que un medicamento haya recibido la aprobación de la FDA pasaría a ser de 11 años, y también quieren ampliar el vacio jurídico respecto a los medicamentos huérfanos, lo que excluiría a muchos más medicamentos costosos de las negociaciones de precios de Medicare [11, 12].
• En una orden ejecutiva del mes de abril, el presidente Trump presionó a los republicanos del Congreso para que incluyeran la propuesta de retraso de las negociaciones en su megaproyecto de ley de reconciliación presupuestaria [13].

La orden ejecutiva de la “Nación más favorecida”

• La orden ejecutiva exige que el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos comunique los “objetivos de precios de la nación más favorecida” a las empresas farmacéuticas, para obtener “el mejor precio”. Sin embargo, actualmente el gobierno de EE UU no tiene la autoridad para negociar los precios para todo el mercado estadounidense, ni para obligar a las empresas farmacéuticas a ofrecer los precios que este dicta.
• La orden ejecutiva exige al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos que facilite un nuevo programa de venta directa al consumidor, para que las empresas farmacéuticas vendan productos a pacientes estadounidenses al precio de la nación más favorecida, pero no está claro a través de qué autoridad legal se realizaría, ni qué poder tiene la administración para obligar a las empresas farmacéuticas a bajar los precios para dicho programa. La gran mayoría de los pacientes obtienen los medicamentos de venta con receta a través de programas de seguros públicos o planes de seguros privados.
• La orden ejecutiva hace referencia a una normativa del Departamento de Salud y Servicios Humanos sin especificar cual és, en un plazo que tampoco especifica, para obligar a las empresas farmacéuticas a bajar los precios si las negociaciones con el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos no son éxitosas. Como ya se ha mencionado, los intentos previos de Trump de regular los precios de referencia internacionales, fueron deficientes y nunca progresaron.
• La orden ejecutiva exige al fiscal general y al presidente de la Comisión Federal de Comercio (FTC o Federal Trade Commission) que emprendan acciones coercitivas contra las prácticas anticompetitivas. La aplicación de las leyes vigentes contra las prácticas anticompetitivas puede aportar algunos resultados positivos, pero es poco probable que tenga un impacto sustancial en el mercado general de medicamentos de venta con receta o en fijar los precios.
• La orden ejecutiva instruye al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos a considerar certificar que la importación de medicamentos no supone ningún riesgo para la salud y la seguridad públicas, pero un intento previo de la administración Trump de apoyar la importación de medicamentos durante su primer mandato, aún no ha resultado en la importación de un solo medicamento [14].
• La orden ejecutiva ordena al Representante de Comercio de EE UU y al Departamento de Comercio que presionen a otros países para que aumenten los precios, pero el aumento de los precios a nivel internacional no contribuirá en nada a reducir los precios para los pacientes y contribuyentes estadounidenses. Cuando los ciudadanos de EE UU dicen que quieren los mismos precios que otros países, no quieren decir que debamos presionar a otros países para que permitan que las empresas farmacéuticas sigan aumentando los precios de forma abusiva, como los responsables políticos permiten que suceda en EE UU.

Conclusión
La orden ejecutiva de Trump está mal planteada y es muy poco probable que dé lugar a una reducción de los precios para los pacientes y contribuyentes estadounidenses.

Se trata de un intento por parte de la administración Trump de bombardear con información y medidas controversiales a los medios de comunicación y oponentes políticos, y de ocultar los esfuerzos de privar de asistencia a millones de personas para financiar recortes fiscales a multimillonarios y corporaciones, y al mismo tiempo cumplir la principal prioridad de los cabilderos de las empresas farmacéuticas: socavar el Programa de Negociación de Precios de Medicamentos de Medicare [15].

Los responsables políticos deberían apoyar, en cambio, el fortalecimiento y la mejora del Programa de Negociación de Precios de Medicamentos de Medicare. Una gran mayoría de los estadounidenses está a favor de que Medicare negocie los precios de más medicamentos, no de que se excluyan más medicamentos de la negociación [16].