Europa y el Reino Unido

Si su nuevo anteproyecto de ley de medicamentos y productos sanitarios sale adelante, la ciudadanía NUNCA podrá saber cuánto paga realmente la sanidad pública por los nuevos fármacos.

El Ministerio de Sanidad ha dado un paso sin precedentes: quiere blindar por ley el secretismo sobre el precio real de los nuevos medicamentos que financia la sanidad pública. Su anteproyecto de ley, pendiente de aprobación definitiva, es una concesión inédita a la industria farmacéutica. Los laboratorios llevaban años presionando para esto y la industria, como era de esperar, ya lo califica de “importante”. Pero ningún gobierno anterior se había atrevido a dar este paso.

La ley actual ya considera confidencial la información que las farmacéuticas entregan al negociar sus precios. Pero el borrador de la nueva norma va mucho más allá. El Ministerio de Mónica García ahora quiere ocultar también, y citamos textualmente, la información que resulte de los acuerdos de financiación que se alcancen o de la aplicación de los mismos’. La consecuencia es demoledora: si este texto se aprueba, la ciudadanía NUNCA podrá saber cuánto dinero público se paga realmente por cada nuevo medicamento.

En Civio llevamos años investigando y presionando para que nuestro Sistema Nacional de Salud sea más transparente. Por eso, lo decimos con todas las letras: esta medida es un grave retroceso. Y aquí viene la contradicción más flagrante: el borrador de la nueva ley mantiene un artículo (el séptimo) que suena muy bien, afirmando que las administraciones “garantizarán la máxima transparencia” al decidir sobre medicamentos. Pura fachada. Porque, al mismo tiempo, modifican el artículo clave -el 97- para imponer por ley el secretismo total. Esto es, simple y llanamente, una acción totalmente contraria a los principios de buen gobierno y transparencia que deben regir cualquier administración pública.

Un poco de contexto para entender la gravedad. Desde 2006, con gobiernos de todo color -tanto del PSOE (Partido Socialista Obrero Español) como del PP (Partido Popular) -, la ley ya permitía cierto secretismo: la información que daban los laboratorios al Ministerio era confidencial. Esa opacidad parcial se ha mantenido. Pero hay un límite que hasta ahora nadie había cruzado: ningún gobierno –ni el de Zapatero, ni el de Rajoy, ni el de Sánchez, hasta ahora– se había atrevido a ocultar por ley la decisión administrativa final que autoriza la financiación pública de un medicamento.

Hay, además, una contradicción de manual: el Ministerio presume en sus documentos de “transparencia” al informar sobre las decisiones de la comisión de precios (la CIPM), pero a la vez restringe el acceso a datos que, incluso con la ley actual en la mano (artículo 97), no deberían ser opacos.

Llamar “información confidencial” al precio real que paga un hospital público por un medicamento es, sencillamente, pisotear la transparencia. Porque seamos claros: si no sabemos lo que de verdad cuesta cada fármaco, es imposible que las administraciones rindan cuentas. Imposible el control ciudadano. Imposible saber cómo se gasta nuestro dinero. Este secretismo es una excepción injustificada a la transparencia que se exige en cualquier otra compra pública. El Ministerio dice que dará “datos agregados”. ¿Nos imaginamos que en la obra de una carretera o en la compra de ordenadores para colegios se ocultara el precio de cada unidad y solo nos dieran totales por “grupos de cosas”? Nadie lo aceptaría. Sería un escándalo.

Y pensamos que esta propuesta de ley no llega por casualidad. Aterriza en un momento especialmente delicado: justo cuando, gracias a los procesos judiciales que hemos abierto desde Civio [1], los tribunales están debatiendo si el precio real de los medicamentos debe seguir siendo secreto de Estado. Nuestras victorias iniciales –primero ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno y luego en los juzgados– han alertado a la industria farmacéutica. Llevan años buscando el oscurantismo total y ahora están maniobrando para que esta nueva ley les garantice por fin esa opacidad absoluta que tanto desean.

La batalla legal es dura, no nos engañemos. Recientemente, la Audiencia Nacional ha revocado dos de esas primeras sentencias que nos daban la razón, en los casos de los medicamentos Luxturna y Zolgensma. Pero que nadie se equivoque: esas sentencias no son firmes y vamos a recurrirlas. De hecho, por el caso Luxturna, tanto Civio como el Consejo de Transparencia ya hemos anunciado que llegaremos hasta el Tribunal Supremo [2]. Estamos decididos a defender hasta el final el derecho a saber en un tema tan vital como la salud y el dinero público.

Queremos recordar también que este afán por el secretismo choca frontalmente con las recomendaciones internacionales. Ya en 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pidió “transparencia” en los precios de los medicamentos, algo que el propio Javier Padilla defendía antes de ser Secretario de Estado. Y lo más grave: el Ministerio había dicho que esperaría a las decisiones judiciales para dar acceso a la información si así se dictaminaba. Falso. Este anteproyecto no es una espera pasiva: es una maniobra proactiva y calculada para blindar por ley la opacidad de los precios de los medicamentos. Quieren asegurarse de que, digan lo que digan los tribunales, el secretismo impere.

Es vital que periodistas, activistas, las organizaciones de la sociedad civil y toda la ciudadanía se enteren de lo que realmente está sucediendo: cómo el Ministerio de Sanidad pretende anteponer los intereses de las grandes farmacéuticas a los de la ciudadanía, sacrificando nuestro derecho a saber y la transparencia en la sanidad pública.