América Latina

En el siempre dinámico y a menudo intrincado panorama de la política económica mexicana, emerge, nuevamente, con renovado ímpetu un concepto que, para los observadores que venimos de antaño, no es del todo ajeno: el “Requisito de Planta”. Esta noción, que ahora se inscribe en una ambiciosa y más amplia Política Industrial Farmacéutica, no es un mero capricho sexenal ni una ocurrencia pasajera. Se trata, más bien, de una estrategia integral que el Gobierno de México impulsa con la mira puesta en transformar al país en una opción de medicamentos e insumos para la salud. La promesa parece ser clara y resonante: garantizar el abasto, generar empleo y catapultar el desarrollo tecnológiconacional. Pero ¿Es este un salto hacia la sustentabilidad sanitaria y económica, o acaso un paso que encierra riesgos aún por calibrar?

Para ello, es necesario desglosar los componentes de esta nueva política, con especial énfasis en la materialización del “Requisito de Planta”.

Exploraremos sus antecedentes históricos en México y evaluaremos sus implicaciones potenciales, con el fin de ofrecer una perspectiva integral para la toma de decisiones estratégicas en un sector tan sensible. Es necesario comprender que la instrumentación de esta Política Industrial no se concibe como un esfuerzo aislado. Por el contrario, se engrana y contribuye directamente a dos de las iniciativas estratégicas más amplias y definitorias del actual gobierno: el “Plan México” y el programa “República Sana”. Esta alineación, me atrevo a decir, es notable y exige nuestra más profunda atención.

El “Plan México”, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, tiene entre sus metas cardinales el fortalecimiento del mercado interno y el incremento sustancial de la producción nacional, con objetivos como que el 50\% de las compras gubernamentales sean de origen nacional; aquí es donde la política farmacéutica entra en juego. Al buscar aumentar la producción nacional de medicamentos e insumos médicos, se utiliza el poder de compra del gobierno —que anualmente se estima en alrededor de 300 mil millones de pesos— como palanca de desarrollo. La lógica parece clara: si el gobierno compra, que esa compra incentive la inversión y el contenido local. El sistema de puntos en licitaciones, que entrará en vigor a partir de 2026 se pretende beneficie a las empresas con plantas en México y que establezcan asociaciones con Birmex, es la manifestación más palpable de esta estrategia, aplicándose a la compra de insumos genéricos.

Pero la visión no se detiene ahí. El “Plan México” también busca desarrollar la industria farmacéutica nacional, con objetivos específicos como la producción de vacunas “Hechas en México” y la creación de bioincubadoras, visualizando a este sector no solo como un costo, sino como un motor de crecimiento económico y tecnológico.

Por otro lado, tenemos programa “República Sana”, cuyo ADN está forjado en la consolidación del acceso universal a la salud pública como un derecho y la garantía del acceso a las opciones terapéuticas necesarias Aquí, el “Requisito de Planta” se presenta como un aliado estratégico al buscar la autosuficiencia y seguridad en el suministro de medicamentos e insumos, reduciendo nuestra vulnerabilidad y dependencia de las importaciones. La lógica: si producimos localmente, fortalecemos nuestra cadena de abasto, lo que se traduce en mayor seguridad sanitaria y, potencialmente, en una reducción de costos que facilitaría la gratuidad y el acceso equitativo. Además, se busca fortalecer a Birmex como una entidad pública clave en esta cadena de producción y distribución de medicamentos y vacunas para las enfermedades prevalentes en México.

No es la primera vez que México coquetea con este tipo de políticas de fomento a la industria local. La historia económica nos deja ver el “Grado de Integración Nacional” como pilar de nuestra política industrial durante la era de la sustitución de importaciones. Recordemos, por ejemplo, el sector automotriz, donde desde los años 60, decretos establecían porcentajes mínimos de contenido local. Esto impulsó cadenas de proveeduría nacionales, aunque no sin críticas por costos y eficiencia.

Aunque el término “Requisito de Planta” no siempre fue oficial, la exigencia de establecer instalaciones productivas como condición para acceder al mercado o a beneficios gubernamentales ha existido. Los sistemas de compras gubernamentales ya contemplaban la asignación de puntos para favorecer a proveedores nacionales. Las lecciones del pasado son innegables: estas políticas pueden ser efectivas si se diseñan con detenimiento, considerando la competitividad global, la capacidad real de nuestra industria y los posibles efectos en precios (inversión vs. economías de escala), y calidad. La transparencia en la asignación de beneficios es fundamental para evitar la corrupción y asegurar la eficiencia. Y, por supuesto, la coordinación interinstitucional y la certidumbre a largo plazo son la materia que atrae y mantiene la inversión. No podemos olvidar las implicaciones bajo acuerdos comerciales internacionales, como el T-MEC, que pueden limitar ciertos tipos de requisitos de contenido local y/o subsidios directos.

La propuesta actual para el sector farmacéutico, con la combinación de estos enfoques históricos, promete un abanico de beneficios: atracción de inversión extranjera directa (IED) y nacional, generación de empleo de calidad, impulso significativo a la transferencia de tecnología y el desarrollo de capacidades locales. El fortalecimiento de Birmex y la industria nacional, junto con la seguridad de suministro, son beneficios deseables. A mediano y largo plazo, una producción local más robusta podría incluso traducirse en precios más bajos para los medicamentos. Y la vinculación con la investigación y desarrollo (I+D) es un componente que podría encender la chispa de la innovación local.

Sin embargo, los desafíos no son menores y no deben ser subestimados. La producción local podría ser inicialmente menos eficiente o más costosa que la de grandes centros de producción globales, lo que podría impactar el presupuesto de salud. El cumplimiento con nuestros acuerdos comerciales, especialmente el T-MEC, exige un diseño meticuloso de los mecanismos para evitar disputas. Es vital atraer la inversión que agregue valor real (I+D, producción de principios activos) y no solo operaciones de manufactura simples. Y, por supuesto, el diseño e implementación del sistema de puntos debe ser dotado de transparencia y objetividad, lejos de cualquier sombra de discrecionalidad.

El rol de Birmex debe ser estratégico y eficiente, evitando que se convierta en un cuello de botella. Además, los beneficios de estas inversiones no son inmediatos y requieren un compromiso sostenido. Para las empresas del sector, el mensaje es claro: es momento de evaluar con seriedad la viabilidad de establecer o expandir operaciones productivas en México. Entender a fondo cómo funcionará el sistema de puntos y los compromisos de inversión para medicamentos de patente será crucial para participar exitosamente en las licitaciones públicas a partir de 2026.

Un análisis detallado de costo-beneficio, sopesando los costos de establecer producción local versus los beneficios del acceso preferencial al mercado y otros incentivos, será la brújula para la toma de decisiones estratégicas. Mantener un canal de comunicación abierto y proactivo con las autoridades es, como siempre, una buena práctica en cualquier entorno regulatorio.

La nueva política de fomento a la inversión farmacéutica, con su énfasis en la producción local a través de mecanismos que implican una serie de incentivos económicos, regulatorios y legales; representa un cambio significativo en el paradigma del sector en México. El potencial es vasto, pero el éxito radicará en una implementación cuidadosa, transparente y coordinada. Para los actores de la industria, esta política presenta tanto oportunidades como desafíos. Aquellas empresas que logren adaptarse estratégicamente, invirtiendo en capacidad productiva local y alineándose con los objetivos gubernamentales, podrían encontrar un entorno favorable para su crecimiento en uno de los mercados farmacéuticos más grandes de América Latina.

Sin embargo, será crucial monitorear de cerca la publicación de Lineamientos y sus respectivas reglas de operación para comprender plenamente el alcance y las reglas del juego. La experiencia histórica de México con políticas de contenido nacional sugiere que, si bien pueden impulsar la industrialización, deben estar bien calibradas para no sacrificar la eficiencia, la competitividad y el cumplimiento de compromisos internacionales. El equilibrio entre fomentar la industria local, en consonancia con el “Plan México” y “República Sana”, y asegurar el acceso a medicamentos de calidad a precios razonables será la verdadera prueba de fuego para esta ambiciosa iniciativa. Solo el tiempo dirá si este retorno al “Hecho en México” en el sector farmacéutico se convierte en un hito de prosperidad o en una lección más de los complejos equilibrios entre la política industrial y la realidad del mercado global.

Hoy cierro con una frase que se atribuye a Tucidides: “La historia es un incesante volver a empezar.”