El Dr. David Blumenthal es el presidente de Commonwealth Fund, un grupo filantrópico de nivel nacional dedicado a la atención médica, con sede en Nueva York.

Las compañías farmacéuticas cuando defienden sus precios usan constantemente el mismo argumento: se requieren precios altos para apoyar la innovación, y la innovación es la clave de los avances científicos que salvarán vidas futuras.

El argumento es persuasivo. La inversión de nuestro país en investigación y desarrollo biomédico (I + D) -la base de la innovación- ha producido enormes avances que alargan la vida y reducen el sufrimiento.

Pero al señalar a la I + D como justificación de los altos y crecientes precios de los medicamentos, la industria farmacéutica está planteando una pregunta fundamental: ¿cómo deberíamos, como sociedad, decidir cuánto gastar en I+D, y en qué deberíamos gastarlo?

Una respuesta podría ser dejar que el mercado decida. En los mercados competitivos, los precios idealmente reflejan el valor que los consumidores otorgan a los bienes y servicios, incluyendo la I + D que los produjo.

Sin embargo, hay varios problemas con esta posición. Primero, el sector farmacéutico no se parece en nada a un mercado normal. El gobierno concede a las compañías farmacéuticas un monopolio de 20 años para los productos patentados. En estas circunstancias, los ejecutivos de las empresas, y no las preferencias del consumidor, determinan los precios.

En segundo lugar, la mayoría de los economistas coinciden en que los mercados, incluso los que funcionan bien, no respaldan adecuadamente la I+D básica (a diferencia de la aplicada), ni en el área biomédica ni en otros campos científicos. La investigación básica persigue el conocimiento en sí mismo, y está impulsado por la curiosidad del científico. La investigación aplicada tiene como objetivo producir un resultado particular, que incluye un medicamento o dispositivo.

En segundo lugar, necesitamos más transparencia con respecto a cuánto gastan exactamente las compañías farmacéuticas en I + D, y en qué se gasta. Si bien esto puede parecer una intrusión en los mercados privados, tenga en cuenta que las compañías farmacéuticas se benefician enormemente de los contribuyentes. De hecho, se podría argumentar que los contribuyentes subvencionan una cantidad sustancial de la I + D de las compañías farmacéuticas a través de compras farmacéuticas de Medicare y Medicaid, y de los casi $700.000 millones que el gobierno federal invierte en subsidios fiscales para los seguros patrocinados por el empleador.

La razón por la cual la investigación básica no cuenta con fondos suficientes en los mercados competitivos es que sus resultados son tan impredecibles que las empresas privadas no están seguras de obtener beneficios. Sin embargo, como admiten fácilmente las compañías farmacéuticas, la inversión de nuestro gobierno en investigación básica a través de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) ha sido absolutamente esencial para la mayoría de los principales productos que estas compañías han comercializado.

Una consecuencia de esta serie de fallas del mercado es que podemos estar invirtiendo de forma colectiva en I + D privada -que es principalmente aplicada- e infrainvirtiendo en investigación financiada con fondos públicos, que es predominantemente básica. En 2016, las compañías farmacéuticas gastaron alrededor de US$66.000 millones en investigación en EE UU, aproximadamente el doble del presupuesto del NIH, que es de US$32.000 millones.

Para diseñar un plan más racional y responsable que financie la innovación, debemos dar varios pasos.

En primer lugar, debemos asegurarnos de que el presupuesto de los NIH refleje la demanda del público de avances que salven vidas y que su investigación ha respaldado. En este momento, con el aumento de los déficits federales y un clima político polarizado, no está nada claro que los legisladores federales reciban señales precisas de cuánto el público valora los medicamentos y dispositivos que la investigación financiada públicamente ha producido en el pasado y puede generar en el futuro. En cambio, con sus enormes esfuerzos de mercadotecnia, incluyendo la publicidad dirigida al consumidor, el público otorga virtualmente todo el crédito por los avances a las empresas privadas, que en realidad dependen fundamentalmente del dinero de los impuestos.

En tercer lugar, debemos acelerar las reformas que harán que las compañías farmacéuticas sean más responsables asegurando que el sector farmacéutico funcione como los mercados normales. La administración y el Congreso de Trump han avanzado una variedad de opciones para que el mercado de los medicamentos sea más competitivo. Una sería limitar la capacidad de los fabricantes de medicamentos para extender los monopolios que les otorgan las patentes haciendo cambios que no agregan valor real a sus productos, como cambios mínimos en el empaquetado y en la formulación de medicamentos. Otra opción sería acelerar el proceso de aprobación regulatoria para que las empresas comercialicen los llamados biosimilares, que son el equivalente genérico de los agentes biológicos que imitan a las sustancias naturales, como los anticuerpos. Una tercera sería aprobar la Ley Creates, que requeriría que las compañías farmacéuticas compartan muestras de sus productos con compañías de genéricos para que éstas puedan demostrar la bioequivalencia de sus productos y obtener el permiso de comercialización para su distribución y venta. En este momento, varias compañías farmacéuticas usan argumentos legalistas para evitar compartir dichas muestras.

La inversión de nuestra nación en I+D biomédico es vital para la salud y el bienestar de los estadounidenses. Es tan vital que cuánto invertimos, y en qué invertimos, debe decidirse y responder el público, ya sea mediante el funcionamiento de mercados razonablemente competitivos, a través de los votos de los contribuyentes o de ambos.