Canadá y EE UU

Las agencias reguladoras federales de EE UU poseen un tesoro con valiosa información esencial para una sociedad funcional. Sin embargo, poco de este inmenso recurso nominalmente “público” es accesible al público. Este preocupante fenómeno es especialmente cierto en el caso de la valiosa información que las agencias poseen sobre poderosos agentes privados. Las empresas suelen ocultar al público grandes cantidades de la información que comparten con las agencias reguladoras federales, alegando que la información contiene secretos comerciales protegidos legalmente (u otra “información comercial confidencial” patentada). Las propias agencias federales han accedido en gran medida a que ejerzan estos derechos e incluso las han alimentado, interpretando de forma restrictiva diversas doctrinas jurídicas, como la ley de secreto comercial, la ley de libertad de información y el derecho constitucional. Hoy en día, estas leyes -y el miedo a estas leyes- han reducido a un goteo el flujo de información al público. Esto no debería ni tiene por qué ser así.

Este artículo cuestiona la creencia convencional de que la ley del secreto comercial restringe el poder de los organismos públicos para hacer públicos los secretos de las empresas privadas. De hecho, los organismos federales, y especialmente los organismos reguladores, han tenido durante mucho tiempo y siguen teniendo autoridad legal y constitucional para obtener y divulgar información de otro modo secreta sobre agentes privados, cuando hacerlo beneficia al interés público. Para muchas agencias reguladoras, esa autoridad se extiende incluso a los secretos comerciales de buena fe. En la era del “capitalismo informacional”, esta autoridad de divulgación hace que las agencias reguladoras federales de EE UU sean especialmente valiosas, y tal vez especialmente peligrosas. Teniendo en cuenta estudios recientes que exploran este derecho en el contexto de los medicamentos y las vacunas, y basándose en gran medida en la doctrina del derecho a la intimidad y la información, el artículo propone un marco práctico que los reguladores pueden utilizar para hacer pública la información secreta de manera que maximice el beneficio público y minimice el daño privado. En lugar de respaldar la divulgación de información sin restricciones -la transparencia por la transparencia-, este artículo propone una “publicidad de la información” controlada, en la que los reguladores cultiven “jardines” de información secreta cuidadosamente delimitados. Dentro de estos jardines, los organismos sólo admiten a determinados usuarios para que hagan un determinado uso de la información. Basándose en ejemplos reales existentes, pero en gran medida ignorados, el artículo muestra que los reguladores pueden dar a conocer de forma eficaz y selectiva la información secreta comercial a usuarios no comerciales, frustrando al mismo tiempo los usos comerciales. Los reguladores pueden proteger la integridad de los secretos comerciales frente a los competidores y, al mismo tiempo, desbloquear nuevos usos socialmente valiosos.