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Aunque el manejo y disposición final de fármacos caducos como residuos peligrosos está regulado por cinco leyes generales, siete Normas Oficiales Mexicanas (NOM) así como por otras disposiciones legales que involucran directamente a las Secretarías de Salud y de Recursos Naturales, en la práctica no existen datos oficiales que permitan conocer con precisión tanto el volumen total de estos productos como los costos económicos que implica su desecho y eventual destrucción, de acuerdo con los resultados de una investigación publicada en la revista Salud Pública de México.

Los fármacos caducos deben ser objeto de una estricta vigilancia sanitaria, ya que además de los posibles efectos indeseables sobre la salud asociados con su consumo, derivados de la potencial degradación de sus componentes, también constituyen una fuente de contaminación de suelos, ríos y aguas superficiales cuando no son desechados adecuadamente, según lo demuestran estudios realizados en diversos países.

La investigación analizó la normatividad aplicable en esta materia, así como la disponibilidad de datos obtenidos de diversas fuentes institucionales y gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal (entre ellas secretarías de salud y organismos como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios o el Instituto Mexicano del Seguro Social) para valorar el volumen, disposición final y costo económico asociado con la disposición de estos productos farmacéuticos [1].

El equipo autoral realizó, por una parte, la búsqueda y análisis documental de la normatividad aplicable al manejo de fármacos caducos y, por otra parte, llevó a cabo la indagación y descripción tanto de los datos de libre acceso sobre estos, como peticiones específicas de información relevante a las respectivas autoridades sanitarias a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Esto se complementó con consultas al portal Compranet del gobierno federal para revisar contratos públicos relacionados con el desecho de fármacos durante el periodo de 2019 a 2023.

Las y los responsables de la investigación encontraron que en el país existe un marco jurídico muy detallado, con distinciones tanto de responsabilidades como de mecanismos de registro y control de los fármacos caducos, ya sea por su descripción en la Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos o por su clasificación como residuos peligrosos en la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Sin embargo, según expusieron en la publicación: “Es notoria la falta de evidencias de su cumplimiento, sin datos de acceso público para valorar la situación y con escasa y heterogénea respuesta a las peticiones (de información a instancias federales y estatales, 49 en total) hechas a través del Sistema Nacional de Transparencia”.

Las 49 solicitudes que hicieron a través de la Plataforma Nacional de Transparencia recibieron respuesta, aunque poco más de la mitad (55,1 %) argumentaron “inexistencia de la información” o “incompetencia”. En una parte importante (40 %), el sujeto requerido no demostró que la consulta no compete a sus facultades, competencias o funciones ni tampoco orientó a los peticionarios sobre qué organismo garante sí podría responder su petición.

Asimismo, la mayoría de las instituciones públicas que respondieron a través de la mencionada plataforma aseguraron que la gestión y destrucción de fármacos caducos se realiza en apego estricto a la normatividad, pero no proporcionaron la información que de manera factual avale su aseveración. “Para la destrucción se menciona el método de incineración directa, pero no se menciona la inhabilitación ni la realización de clasificación alguna, que son otras posibilidades contempladas en documentos oficiales mexicanos e internacionales”, describieron los autores en su reporte, y añadieron que “tampoco fue posible conocer a detalle el proceso desde la recogida hasta la incineración, ni si este cumple o no los límites de emisión que determina la NOM-098-SEMARNAT-2002”.

El Dr. Pedro Jesús Saturno Hernández, del Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y autor principal del estudio, compartió a Medscape en español que decidieron llevarlo a cabo por dos razones: conocer el manejo de los fármacos caducos, que ─dijo─ son el segundo rubro más costoso para las instituciones de salud después del pago de personal, y abordar el impacto ambiental de los propios servicios de salud, que ocurre, entre otras formas, a través de dichos productos farmacéuticos.

El especialista en medicina preventiva y salud pública recordó que al visitar diversas instituciones para desarrollar el tema pudieron observar ciertas prácticas ─no generalizadas─ que llamaron su atención, “desde tirarlos [los fármacos desechados] directamente a la basura hasta enterrarlos en el jardín o no saber qué hacer con ellos, y es un problema grande, porque a veces se tienen que manejar fármacos que están a punto de caducar y deshacerse de ellos cuesta dinero”, relató.

“Ahí fue donde nos interesamos por ver qué pasa con este problema. Ahora, lo que estamos proponiendo es una gestión integral que atienda no solo al costo del fármaco para tratar de comprar, distribuir y prescribir bien, sino también gestionar bien la eliminación de los que son desechados, de manera que no produzcan este efecto paradójico de causar enfermedad a través de la contaminación”, precisó el Dr. Saturno Hernández.

“La gestión de fármacos caducos se ha descuidado, no se le ha dado la atención que merece. Quizás los esfuerzos se han centrado en otros ámbitos [de la salud], pero no en la generación de bases de datos sobre estos productos farmacéuticos que no se utilizan y que sería muy importante conocer, porque esto nos daría indicios sobre cuáles son los que más se desperdician en algún centro o región del país”, expresó por su parte, Juan Manuel Martínez Núñez, doctor en Ciencias Biológicas y de la Salud en el área de Atención Farmacéutica, Farmacoeconomía y Farmacoepidemiología, experto en investigación farmacoeconómica y farmacoepidemiológica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Unidad Xochimilco, en la Ciudad de México.

Es necesario un estricto control sobre la gestión de estos productos
El equipo que escribió el estudio subrayó que, aun cuando la Organización Mundial de Salud ha llamado a los gobiernos a implementar un estricto control de los desechos sanitarios, incluidos los fármacos caducos, en México no hay un acercamiento sistemático e integral a esta problemática. Tampoco existen cifras oficiales que den cuenta del volumen total de los que son desechados; tan solo una estimación de la Secretaría de Salud señala que la cantidad podría ascender a 200 millones de unidades cada año [2].

Para proveer este tipo de servicios a particulares existe el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases y Medicamentos (SINGREM), una asociación civil sin fines de lucro ligada a la industria farmacéutica que opera desde 2007 a través de contenedores ubicados en algunas farmacias y puntos estratégicos en el país. Aunque tiene presencia en varios estados y dispone de estadísticas parciales sobre generación y destrucción de estos productos farmacéuticos, aún no tiene cobertura nacional. Con datos de esta asociación, Martínez Núñez y sus colaboradores calcularon el costo económico del desecho de fármacos antiinflamatorios y analgésicos ─que son los más prescritos─ recolectados en todas las alcaldías de la Ciudad de México durante 2019, a los cuales clasificaron por tipo y cantidad, forma de dosificación, origen y condiciones del empaque. En el reporte de sus resultados, publicado en 2023, advirtieron sobre el alto monto económico que representa este desperdicio [3]: “Encontramos alrededor de 54.000 unidades [desechadas] con un costo de 143.500 dólares, y eso corresponde solamente a los fármacos que sí fueron bien dispuestos en los contenedores, pues mucha gente no sabe de su existencia”, compartió el Martínez Núñez, adscrito al Departamento de Sistemas Biológicos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la UAM Xochimilco.

Asimismo, partiendo de los datos de estudios previos, los cuales han encontrado que solo alrededor de 30 % de la población desecha los fármacos en forma adecuada, estimaron, mediante una proyección, que el costo total por el desperdicio de estos fármacos antiinflamatorios y analgésicos en la capital del país rondaría el medio millón de dólares anualmente.

Casi 90 % de las unidades que registraron estaban caducas y 69 % se mantenían completas sin usarse, es decir, ni siquiera habían sido abiertos sus empaques. Alrededor de 30 % procedían del sector privado y 60 %, del público, según detalló a Medscape en español Martínez Núñez, también coordinador del Posgrado en Ciencias Farmacéuticas en su área de adscripción.

Una parte de esta acumulación de fármacos podría explicarse, según el investigador, por la prescripción innecesaria que ocurre tanto en el sector público como privado; la falta de adherencia terapéutica de los pacientes, así como por la automedicación en que incurren muchos de ellos. “Esto puede ser muy peligroso no solo para los adultos que eventualmente decidan reutilizarlos, sino también para los niños”, enfatizó Martínez Núñez.

Por su parte, el Dr. Saturno Hernández mencionó que una de las referencias para completar la siguiente fase de su estudio ─actualmente en desarrollo─ es un programa de farmacovigilancia que se aplica en Estocolmo, Suecia, mediante el cual se consignan las listas de aquellos que pueden resultar más riesgosos para el medio ambiente. “En ese listado de fármacos más contaminantes hay antiinflamatorios y antibióticos como la amoxicilina, que aparece de forma casi sistemática entre los residuos, así como algunas hormonas. Esto nos da una idea de los fármacos que deben ser más vigilados para procurar que se gestionen mejor, que se prescriban adecuadamente y, desde luego, que se controle mejor su eliminación”, consideró.

De igual manera, destacó que según datos de la Red Iberoamericana de Programas Posconsumo de Medicamentos (https://www.redippm.org/que-es-la-red-iberoamericana/), la cantidad de contenedores que existen por cada 100.000 habitantes es muy dispar, ya que mientras Portugal tiene 62,4 y España 45,6, en el caso de Latinoamérica, Colombia cuenta con 4,2 y México con 3,4. A decir del especialista, estas cifras muestran que en el país no se dispone de una infraestructura de distribución de residuos amplia, lo que de antemano sugiere qué líneas de acción deberían emprenderse.

Para el manejo de los residuos, sugirió, podría utilizarse la logística inversa aplicada en los dos países de Europa mencionados, donde los mismos laboratorios farmacéuticos que distribuyen fármacos se encargan de recogerlos y procesarlos cuando ya no son usables. “Esto no pasa en México, pues aquí no están incluidos todos los laboratorios ni participan prácticamente para nada en el sistema de eliminación. Esta labor la hace el Sistema Nacional de Gestión de Residuos de Envases de Medicamentos A.C., que no recicla ni aprovecha los residuos y, en el mejor de los casos, solo los incinera”, refirió. “Lo que tendría que buscarse en primer lugar es que se cumpla con la normatividad; estandarizar la forma de reportar (los productos desechados) e intentar que haya un sistema de gestión de calidad que incluya la sostenibilidad, de manera que toda la cadena de producción de fármacos, desde la fabricación y compra hasta la eliminación, esté claramente integrada y gestionada y que pueda analizarse”, añadió el Dr. Saturno Hernández.

Por su parte, Martínez Núñez planteó la necesidad de fomentar la educación entre profesionales de la salud y pacientes para evitar la prescripción innecesaria, promover la adherencia a los tratamientos y conocer el manejo adecuado y sustentable que se debe dar a estos productos para evitar problemas como la contaminación ambiental y la resistencia microbiana. “Lo que se requiere es aplicar políticas públicas y especialmente políticas farmacéuticas adecuadas en las entidades y organismos responsables de gestionar estos fármacos, tanto a nivel federal como local. Pero estas medidas deben ir de la mano con la difusión de información y la participación de varios gremios, incluido el farmacéutico, que no está tan presente en el sistema de salud, aunque ya fue reconocido como parte de él desde hace tres años”, concluyó el profesor-investigador de la UAM-Xochimilco.

Nota: Los doctores Hernández y Martínez Núñez, han declarado no tener ningún conflicto de interés económico pertinente.