Gardiner Harris acaba de publicar un libro titulado “No More Tears: The Dark Secrets of Johnson & Johnson”, Editorial Random House), e hizo un resumen para Statnews que resumimos a continuación [1].

Según Harris, la forma en que Johnson and Johnson promocionó la eritropoyetina ha causado incluso más daño al país y a los consumidores que las empresas responsables por la crisis por el consumo de opioides. Se calcula que el tratamiento con eritropoyetina ha contribuido a la muerte de casi medio millón de residentes en EE UU.

La FDA aprobó la comercialización de la EPO (Procrit) en la década de 1980, pero en 2003 el Dr. Michael Henke publicó un artículo en Lancet que llegaba a la conclusión de que la EPO podría estar matando a pacientes con cáncer, casi la mitad de ellos recibían EPO para prevenir o tratar la anemia por el tratamiento con quimioterapia. Posteriormente, expertos en cáncer advirtieron que lo que relataba el artículo eran casos excepcionales, y que los pacientes no debían dejar de usar EPO. Sin embargo, el Dr Henke insistió en que no recomendaría administrar el medicamento a pacientes oncológicos, excepto quizás en el caso de algún estudio clínico.

Se sabía desde hacía tiempo que la EPO conllevaba riesgos para el corazón. Se sospechaba que podía favorecer el crecimiento de tumores. La gran mayoría de los oncólogos asumían que los beneficios del medicamento superaban con creces sus riesgos, porque J & J les había ocultado durante 15 años la creciente cantidad de datos que demostraban lo contrario.

Días después, Paul Goldberg, editor de Cancer Letter, anunció que el estudio de Henke no era un caso excepcional. Goldberg descubrió una carta publicada dos meses antes en The Lancet Oncology, que informaba sobre un ensayo clínico de cáncer de mama con 939 pacientes, que halló 41 muertes entre quienes recibieron Procrit, frente a 16 en el grupo placebo. Al igual que en el estudio de Henke, las muertes por Procrit se debieron principalmente al crecimiento de los cánceres. Cada vez era más evidente que el estudio de Henke no era una excepción: docenas de investigadores que trabajaban para o en nombre de J & J habían participado en ensayos que habían encontrado resultados muy similares a los de Henke. En casi todos los casos, los resultados se habían mantenido en secreto, y ninguno de estos investigadores había tenido la valentía de denunciarlo.

En mayo de 2004, tras conocer el estudio de Henke y la revelación de Goldberg de que existían otros con resultados similares, la FDA convocó una audiencia pública con expertos en oncología. Durante la reunión, un alto ejecutivo de J&J se vio obligado a admitir públicamente que la empresa había realizado al menos cinco estudios que se suspendieron porque los pacientes que recibieron EPO morían con más frecuencia que los que recibieron un placebo.

Varios juicios entre empresas expusieron las tácticas de J&J para promocionar las ventas de Procrit, que involucraron a prácticamente todas las instituciones que ofrecían atención oncológica.

La administración de Procrit estaba cubierto por el programa Medicare (que cubre a los mayores de 65 años y a los discapacitados). Medicare reembolsaba a los hospitales el precio promedio al por mayor (PPM) que le daba la empresa. Sin embargo, las compañías cobraban sistemáticamente a los hospitales menos del precio informado al gobierno. Cuanto mayor era la diferencia entre el precio real que pagaban los hospitales y el PPM ficticio que las farmacéuticas informaban al gobierno, mayor era la cantidad de dinero que los hospitales podían obtener como ganancias. Los oncólogos pronto abrieron clínicas de infusión fuera de los hospitales para hacerse con parte de estas ganancias, en lugar de compartirlas con los hospitales. Ante esto, las compañías farmacéuticas descubrieron que podían impulsar las ventas de medicamentos simplemente ampliando la diferencia entre el precio real y el precio PPM falso.

Según archivos secretos, los representantes de ventas de J & J admitieron que, con el pleno conocimiento y apoyo de los altos ejecutivos de J&J, entregaron viales gratuitos de Procrit a los médicos y les ayudaron a obtener el reembolso de su precio completo por Medicare y las aseguradoras privadas. Además, J & J agregó aproximadamente un 10% más de medicamento a los viales de EPO de lo que indicaban los envases. El producto adicional era simplemente otra forma de entregar producto gratuito a médicos y hospitales, por el cual luego facturarían al gobierno y a las aseguradoras privadas como si hubieran pagado el flete completo. Las ganancias involucradas fueron tan enormes que algunos hospitales contrataron farmacias especializadas en formulas magistrales para reenvasar la EPO en viales más pequeños.

Otros representantes de ventas declararon que J & J incitaba a casi todos los oncólogos del país a facturar a Medicare por los medicamentos que obtenían gratuitamente. Este fraude generalizado creó enormes incentivos financieros para que los médicos utilizaran enormes cantidades de EPO, lo que resultó en una duplicación estimada del salario neto de los oncólogos: de unos US$300.000 al año a unos US$600.000.

En 2007, un gerente de consultorio en el estado de Washington quedó tan consternado por el estado financiero que presentó al Financial Times que mostraban que los médicos de su consultorio se embolsaron US$2,7 millones tras recetar US$9 millones de EPO de J & J en el transcurso de un año. Los periodistas del Wall Street Journal informaron al día siguiente que los oncólogos recuperaron US$237.885 por cada millón de dólares de Procrit que recetaron.

Para finales de 2007, ocho grandes estudios demostraron de forma convincente que la EPO aumentaba el riesgo de ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y crecimiento tumoral. La FDA colocó una advertencia de recuadro negro, la más severa, sobre los medicamentos con EPO, indicando que los médicos debían usar la dosis más baja posible para ayudar a los pacientes a evitar las transfusiones de sangre. Añadió una nota que indicaba que Procrit no debía administrarse a pacientes “cuando el resultado previsto es la curación”.

Es difícil explicar el uso generalizado y continuo de la EPO desde entonces. En el tratamiento del cáncer, el único uso aprobado de la EPO es para los pacientes que desarrollan anemia como resultado de otros tratamientos quimioterapéuticos. Sin embargo, los pacientes con cáncer rara vez reciben una quimioterapia tan tóxica a menos que busquen una cura, una situación para la cual la FDA indicó que no se les debía administrar EPO. No se ha demostrado que el medicamento mejore la calidad de vida de los pacientes y, por lo tanto, tampoco es apropiado para pacientes en cuidados paliativos.

Dado que las transfusiones de sangre simples son mucho más seguras y eficaces que la EPO, lo único que ofrece este fármaco a los pacientes con cáncer es causar lesiones y la muerte.