Ecuador y América Latina debaten los conflictos de interés en políticas alimentarias

Ecuador y América Latina debaten los conflictos de interés en políticas alimentarias

Tags: estrategias para la prevención y atención de la Obesidad Infantil, vigilancia alimentaria y nutricional en niños, niñas y adolescentes, tratamiento de la obesidad, alternativas a la medicalización de la obesidad, Generalización de los ensayos clínicos de medicamentos nuevos para bajar de peso, agonistas GLP-1, efectos adversos de los agonistas GLP-1, aprobación de GLP-1 en Brasil

El lector se preguntará por qué Salud y Fármacos publica una nota sobre nutrición, y lo hacemos por dos razones. La primera es que con la creciente disponibilidad de productos para tratar la obesidad ha surgido una tendencia a medicalizar el sobrepeso, en lugar de invertir en políticas públicas que reviertan las tendencias nutricionales que han ocasionado el problema, y que responden a los intereses corporativos (entre otros la industria de la alimentación y las empresas de comida rápida).

La segunda razón es que tal como demostró Marion Nestlé en su libro Food Politics, las tácticas que utilizan la industria farmacéutica y de la alimentación para impedir la implementación de políticas públicas a favor de la salud son muy similares. Consecuentemente, los que trabajamos en el área de políticas farmacéuticas podemos aprender de las tácticas exitosas que implementan, o han implementado, otros grupos que promueven hábitos saludables, con frecuencia enfrentando a los poderes corporativos.

Todos estamos interesados en recordar a los tomadores de decisiones que las políticas públicas deben maximizar el bienestar de la población.

Quito, Ecuador. En el marco del conversatorio regional titulado “Una mirada al manejo de conflictos de interés en políticas alimentarias en Ecuador y la región”, realizado el pasado 29 de mayo y organizado por la Fundación de Fomento de la Investigación en Nutrición, Alimentación, Actividad Física y Salud Pública (SLAN, capítulo Ecuador) y el Comité de Usuarios y Usuarias del Mercado de Alimentos (CUUM), especialistas, organizaciones civiles y académicos de varios países latinoamericanos se reunieron para abordar uno de los retos más complejos y prioritarios en salud pública: la influencia de intereses corporativos en las decisiones sobre alimentación y nutrición.

Durante el evento, se destacó la importancia de diseñar políticas públicas libres de conflictos de interés que prioricen la salud de la población por encima de los intereses económicos de la industria alimentaria. Se compartieron las experiencias y estrategias adoptadas en los distintos países para enfrentar este desafío.

Desde Brasil, el Instituto Brasileño de Defensa del Consumidor (IDEC) presentó su trabajo en la protección de los derechos de los consumidores. Esta organización sin fines de lucro, fundada en 1987, ha sido clave en la vigilancia de productos, la promoción de leyes que protegen al consumidor y la lucha por un consumo justo y saludable. Su lema, “Tus derechos, nuestra lucha”, resume su compromiso en este campo.

México estuvo representado por El Poder del Consumidor, una organización que desde 2006 trabaja en campañas informativas, acciones legales y propuestas legislativas para regular la publicidad dirigida a menores, mejorar el etiquetado nutricional y promover una alimentación saludable. Su enfoque integral ha permitido construir alianzas con otras organizaciones e incidir de manera significativa en políticas públicas.

El Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México también aportó una perspectiva académica. A través de la investigación y la formación de profesionales, el INSP contribuye al diseño de políticas basadas en evidencia científica, especialmente en áreas como nutrición, salud ambiental y enfermedades crónicas. La institución destacó su rol en asesorar al gobierno mexicano y en promover políticas efectivas de salud pública.

Uno de los aportes más relevantes del conversatorio vino de la comunidad NutriCOL, una red de profesionales de la salud comprometida con el trabajo ético y libre de conflictos de interés. NutriCOL hizo énfasis en la necesidad de consolidar una base científica independiente en el desarrollo de políticas públicas, señalando que “la ética en salud pública no es negociable”.

La comunidad destacó su objetivo de impulsar acciones políticas y científicas transparentes para combatir la mala nutrición en todas sus formas. NutriCOL invitó a más profesionales de la salud a sumarse a este compromiso colectivo por sistemas alimentarios justos y sostenibles.

Las conclusiones del conversatorio hicieron un llamado contundente a reforzar las políticas públicas ecuatorianas y regionales frente a los conflictos de interés. Se destacó que el enfoque del gobierno ecuatoriano para abordar este problema de salud pública sugiere que las alianzas público-privadas para la salud son necesarias; sin embargo, primero deben ser transparentes en cuanto a sus estructuras, liderazgo y mecanismos de financiamiento.

También se propuso incluir disposiciones que exijan la rendición de cuentas continua por parte de las organizaciones no gubernamentales (ONG), así como establecer límites claros a la influencia de la industria de alimentos, especialmente a los productores de ultraprocesados y bebidas azucaradas en el diseño y ejecución de políticas nutricionales saludables y que desincentiven su producción y consumo.

El fortalecimiento de mecanismos que favorezcan la transparencia debería exigir la divulgación completa de la composición de todas las entidades—comerciales y no comerciales—que asesoren o participen en la lucha contra la desnutrición infantil y las prácticas alimentarias inadecuadas de la población general.

El conversatorio dejó claro que los conflictos de interés en las políticas alimentarias no son inevitables ni irreversibles: con voluntad política, organización social y evidencia científica, es posible transformarlos en oportunidades para construir sistemas alimentarios más saludables, inclusivos y sostenibles para todos.

Desde Salud y Fármacos consideramos que la protección de la salud pública debe estar por encima de cualquier interés comercial. Las políticas alimentarias deben construirse con base en evidencia científica independiente y propiciar entornos que favorezcan la elección de alimentos saludables, libres de la influencia de actores con intereses económicos, especialmente de la industria de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas que perpetúan el ciclo sobrepeso-obesidad-prescripción de medicamentos para la pérdida de peso.

Crisis en la investigación del Alzheimer: colapso de la hipótesis del β-amiloide y sus implicaciones éticas
Salud y Fármacos

Tags: la hipótesis del β-amiloide en la enfermedad de Alzheimer, fármacos antiamiloides para tratar Alzheimer: Aduhelm (aducanumab), Leqembi (lecanemab) y Kisunla (donanemab), muerte, hemorragias e inflamación cerebral relacionados con fármacos antiamiloide, fraude en la investigación clínica

Durante los últimos 25 años, la investigación sobre la enfermedad de Alzheimer ha sido víctima de una serie de fraudes y otras conductas inapropiadas por parte de investigadores de renombre mundial y de científicos desconocidos [1, 2], todos intentando ascender en un campo brutalmente competitivo.

Entre los escándalos que ha suscitado la I+D en busca de una cura contra la enfermedad de Alzheimer, Piller sigue de cerca lo sucedido con Eliezer Masliah, cuya investigación tuvo una gran influencia en el desarrollo de tratamientos para la pérdida de memoria y la enfermedad de Parkinson, y a quien en 2016 se le confió la dirección del programa del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento para abordar el Alzheimer.

El neurocientífico Eliezer Masliah había publicado aproximadamente 800 artículos, muchos de ellos considerados muy influyentes, por lo que parecía ser la persona ideal para dirigir un proyecto para investigar el Alzheimer que contaba con miles de millones de dólares en financiamiento. Sin embargo, en septiembre de 2024, Piller publicó un artículo en la revista Science, describiendo la conducta de Masliah y la evidencia sobre cómo había manipulado fotografías de tejido cerebral y otras imágenes; una clara señal de fraude. Salud y Fármacos resumió el articulo y lo publicó en febrero de 2025 [3].

Pero eso no es todo, Piller solicitó a un equipo de expertos en neuroimagen y en imágenes científicas que lo ayudaran a analizar estudios sospechosos de 46 investigadores destacados en Alzheimer. El proyecto no pretendía realizar un análisis exhaustivo de los 46, y mucho menos de la multitud de otros especialistas en Alzheimer que trabajaron con ellos. Eso requeriría un ejército de detectives y años de trabajo. Pero fue el primer intento de evaluar sistemáticamente el alcance de la manipulación de imágenes por un amplio abanico de científicos clave que investigan una enfermedad.

A lo largo de varios meses, el grupo elaboró un expediente de 300 páginas con 132 artículos del Dr. Masliah que consideraron sospechosos (aunque los artículos fueron escritos en colaboración con colegas, el Dr. Masliah fue el único autor común y, por lo general, desempeñó un papel destacado). Los experimentos incluidos en dichos artículos se habían citado más de 18.000 veces en revistas académicas y médicas.

En conjunto, los expertos identificaron cerca de 600 artículos dudosos que han distorsionado la investigación en este campo; estos artículos se han citado unas 80.000 veces en la literatura científica. Muchos de los estudiosos del Alzheimer más respetados, cuyo trabajo guía el discurso científico, se refirieron repetidamente a estos estudios adulterados para respaldar sus propias ideas.

Piller también ha publicado un artículo en Statnews [4] donde describe como se fue difundiendo la teoría del β-amiloide para explicar la enfermedad de Alzheimer y la búsqueda de tratamientos para dicha enfermedad, y como se fue censurando a los científicos que cuestionaron esa teoría.

Hasta la fecha, ninguna de las hipótesis investigadas explica por sí sola la causa del Alzheimer [5], y solo recientemente se ha empezado a cuestionar la hipótesis del β-amiloide, que ha servido de base para numerosos proyectos de investigación que han costado miles de millones de dólares.

El hecho de que personas con gran cantidad de depósitos de β-amiloide no desarrollen demencia [6] refuerza la importancia de explorar otras hipótesis. Se ha dicho que el papel del β-amiloide podría ser más bien epifenoménico (epifenómeno es un fenómeno accesorio que acompaña al fenómeno principal y que no tiene influencia sobre él [NH1]; es decir, es un subproducto de un proceso, sin un rol causal relevante).

Los medicamentos que se han aprobado recientemente para tratar la enfermedad de Alzheimer eliminan el amiloide con éxito, pero no mejoran significativamente ni la cognición ni ralentizan la velocidad del deterioro, y en algunos casos sus efectos secundarios empeoran la enfermedad de base. Además, cuando hay cambios positivos, son tan pequeños o sutiles que no se consideran clínicamente relevantes y ni los pacientes ni sus cuidadores los perciben.

Si la acumulación de β-amiloide no es la causa del Alzheimer, sino una consecuencia de la enfermedad o una condición relacionada, pero sin un rol activo preponderante en su patogénesis, se desacredita la base científica sobre la que se justifica el desarrollo, aprobación [7] y comercialización de los fármacos antiamiloides para tratar el Alzheimer: Aduhelm (aducanumab), Leqembi (lecanemab) y Kisunla (donanemab).

Esto debería ser suficiente para cuestionar su valor terapéutico, y detener la exposición de adultos mayores a los graves efectos adversos documentados tras el consumo de estos fármacos [8-11]: muerte, hemorragias e inflamación cerebral.

Por otra parte, lo ocurrido nos lleva a resaltar algunos aspectos regulatorios que deberían reformularse para proteger a los pacientes y evitar que se sometan a riesgos innecesarios.

Entre otras cosas se ha documentado la presencia de conflictos de interés [12] entre los miembros de uno de los comités asesores de la FDA y entre el personal de la FDA, así como falta de transparencia y de acceso a los datos de los ensayos clínicos, obstaculizando que grupos independientes y libres de conflictos de interés con la industria puedan verificar los resultados.

También se cuestiona que la FDA otorgara la aprobación acelerada (fast track) en base a una variable indirecta o subrogada, (la reducción de biomarcadores – la presencia de beta-amiloide-), sin evidencia sólida de su correlación con la evolución clínica de la enfermedad.

El detallado reportaje investigativo de Lenzer et al [13] describe múltiples violaciones de los principios éticos fundamentales durante la realización de los ensayos clínicos, como es la falta de equilibrio entre los riesgos y los posibles beneficios [dudosos], la falta de consentimiento verdaderamente informado cuando los participantes aceptaron participar en los ensayos, ya que se omitieron algunos y/o se minimizaron potenciales daños graves.

Adicionalmente, también se ha documentado que cuando han muerto pacientes en tratamiento con antiamiloides, tanto si estaban en ensayos clínicos como en tratamiento para el Alzheimer, no se han hecho autopsias o cuando se han hecho ni siquiera las familias han tenido acceso al resultado, lo cual impide acceder a conocimiento y entorpece el planteamiento de posibles nuevas hipótesis, retrasando el avance científico en esta materia.

Lo sucedido con la búsqueda de tratamientos para el Alzheimer refuerza la necesidad de promover cambios regulatorios, para que esos entes que deben defender el interés público aseguren con vehemencia la proporcionalidad riesgo-beneficio de los tratamientos que autorizan y la publicación íntegra y oportuna de los datos de los ensayos clínicos, incluyendo los de ensayos clínicos negativos. Si expertos independientes hubieran tenido acceso a los resultados de los ensayos clínicos, habría mejorado la posibilidad de explorar otras hipótesis o de diseñar nuevos estudios que evitaran los riesgos y errores ya conocidos.

Desde el punto de vista de política pública, hay que tener en cuenta que estos fármacos antiamiloides, en EE UU [NH2], cuestan alrededor de US$100.000 anuales por paciente (incluyendo infusión, imágenes y seguimiento), por lo que su uso a gran escala podría colapsar los presupuestos de la salud sin generar beneficios proporcionales, lo que tendría un impacto económico insostenible para los sistemas de salud y podría contribuir a que se desviaran fondos que se están utilizando en otras intervenciones más costo-efectivas.

Por último, las extrapolaciones del artículo de Lenzer et al [13] llaman la atención sobre las implicaciones para la salud pública de que se generalice el uso de estos medicamentos por millones de personas con deterioro cognitivo leve o en riesgo de padecerlo, pudiendo resultar en un número significativo de muertes o de personas con secuelas de efectos adversos graves, especialmente ante el crecimiento sostenido de la población envejecida y el aumento mundial de la expectativa de vida.

A pesar de la letal negligencia de Estados Unidos, los miembros de la OMS optan por la salud y la justicia
(Despite Deadly U.S. Neglect, WHO Members Choose Health and Justice)
Public Citizen, May 20, 2025
https://www.citizen.org/news/despite-deadly-u-s-neglect-who-members-choose-health-and-justice/

WASHINGTON, D.C. – Hoy, los Estados Miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) adoptaron el acuerdo sobre la pandemia https://www.who.int/news/item/20-05-2025-world-health-assembly-adopts-historic-pandemic-agreement-to-make-the-world-more-equitable-and-safer-from-future-pandemics, para prepararse y responder ante futuros brotes de enfermedades a raíz de la mortal inequidad causada por la covid-19.

Oficialmente, Estados Unidos no estuvo presente ni votó. En un discurso en video, el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., afirmó que los países deberían unirse a Estados Unidos para colaborar al margen de la OMS.

“Los miembros de la OMS eligieron hoy la salud y la justicia, a pesar del insulto barato de RFK, la imprudente retirada de Estados Unidos y la negligencia de Trump ante las amenazas de las enfermedades infecciosas”.

Este es tan solo el segundo instrumento jurídico internacional adoptado en virtud del Artículo 19 de la Constitución de la OMS, después del Convenio Marco para el Control del Tabaco de 2003.

Peter Maybarduk, Director de Acceso a Medicamentos de Public Citizen, emitió la siguiente declaración:

“El acuerdo sobre la pandemia apoya el intercambio no solo de medicamentos, sino también de tecnología médica. Esto fue esencial para resolver las diferencias entre los países en desarrollo y los países ricos”.

“Si Estados Unidos hubiera aplicado estos mismos términos con firmeza al inicio de la pandemia de la covid-19, la vacuna NIH-Moderna podría haber sido asequible y estar disponible oportunamente para las personas de países ricos y pobres por igual, salvando decenas, si no cientos, de miles de vidas”.

“Pero los beneficios del acuerdo no serán automáticos y podrían ser escasos. Salvar vidas bajo el acuerdo depende de que los estados tomen la iniciativa, lo cual no está garantizado. Resolver el acceso a las vacunas requerirá mucha mayor ambición y financiación de todos los estados”.

“El mundo avanzó hoy sin Estados Unidos. Los recortes devastadores de Trump ensombrecieron las conversaciones y están en camino de costar millones de vidas, incluidas las de estadounidenses que ahora son más vulnerables a las enfermedades infecciosas”.

“Aun así, los países se unieron en medio de la escasez para comprometerse con un mundo más justo y saludable, y eso es digno de celebrar”.

Órgano de Negociación Intergubernamental para redactar y negociar un convenio, acuerdo u otro instrumento internacional de la OMS sobre prevención, preparación y respuesta frente a pandemias (Descargar PDF)

Resultado de las consultas oficiosas de los Estados Miembros (Descargar PDF)

Medicalización de la obesidad en adolescentes: una amenaza para la salud pública
Salud y Fármacos

Tags: tratamiento de la obesidad infantil, agonistas GLP-1, efectos adversos de los agonistas GLP-1 en adolescentes, alternativas a la medicalización de la obesidad infantil, aprobación de GLP-1 en Brasil, estrategias para la prevención y atención de la Obesidad Infantil, vigilancia alimentaria y nutricional en niños, niñas y adolescentes

La revista brasileña Informes en Salud Pública (Cadernos de Sáude Pública), ha publicado un escrito relacionado con el uso de medicamentos para tratar la obesidad en adolescentes [1], lo resumimos a continuación.

La aprobación de los agonistas GLP-1 para tratar la obesidad infantil ha generado debate sobre los siguientes puntos:

1. la aprobación de su uso en adolescentes se basa en los resultados de ensayos clínicos aleatorios cuya integridad se ha visto afectada por conflictos de interés;
2. la gravedad de los efectos adversos de dichos medicamentos;
3. la falta de información sobre los efectos de los GLP-1 a largo plazo, por lo que se cuestiona si es ético recetar medicamentos presuntamente de por vida a adolescentes, sobre todo si se tiene en cuenta como los factores sociales, económicos y ambientales influyen en el sobrepeso y la obesidad;
4. otras estrategias para abordar la obesidad, que alertan sobre la prescripción de GLP-1 sin abordar los determinantes socioeconómicos y los entornos obesogénicos;
5. el marketing agresivo que ha hecho la industria farmacéutica que puede incentivar la demanda y el uso de agonistas GLP-1 para tratar la obesidad sin hacer un análisis crítico. Estas campañas pueden contribuir a estigmatizar a los adolescentes que no encajan en los estándares estéticos y biomédicos impuestos, con la consecuente afectación de su salud mental.

En Brasil, el uso de liraglutida para tratar la obesidad en los adolescentes (de 12 años en adelante), se aprobó en agosto de 2020, y la semaglutida en septiembre de 2023 [2, 3]. Las empresas productoras de los medicamentos patrocinaron los ensayos clínicos pivotales con estas sustancias– y las agencias reguladoras los aprobaron para tratar la obesidad en adolescentes, sin tener datos sobre la eficacia y seguridad de su uso a largo plazo.

Vale la pena resaltar que el ensayo clínico de la semaglutida en adolescentes se implementó siguiendo la metodología que se utiliza en la población adulta [4]. Esto es preocupante porque los estudios con niños y adolescentes tienen que abordar otros desafíos propios de la edad de los participantes, como son la diversidad metabólica y los intensos cambios en la biología y composición corporal, que afectan los resultados de la investigación. Entonces, antes de prescribir hay que responder a la pregunta: ¿cuáles serán los efectos a largo plazo de estos tratamientos en esta población?

Los efectos adversos más frecuentes que han reportado niños y adolescentes tras el uso a corto plazo de agonistas del receptor GLP-1 incluyen: vómitos, náuseas, diarrea, estreñimiento, distensión abdominal, dolor abdominal, cefaleas, mareos, fatiga, dispepsia, eructos, hipoglucemia en pacientes con diabetes mellitus tipo 2, gastroenteritis, flatulencia, enfermedad por reflujo gastroesofágico, tumores de células C en la tiroides, pancreatitis aguda, complicaciones súbitas de la vesícula biliar, insuficiencia renal aguda, retinopatía diabética en individuos con diabetes mellitus tipo 2, así como pensamientos y comportamientos suicidas [5].

Por otra parte, ha surgido preocupación por el posible impacto del uso de agonistas GLP-1 en el crecimiento y desarrollo infantil, en los pacientes con trastornos alimentarios o que se involucran en ciertas prácticas deportivas, así como por la posibilidad de que los médicos estén prescribiendo en exceso o de forma insuficiente a poblaciones con alta prevalencia de obesidad [6]. También se ha reportado que al suspender el medicamento los pacientes recuperaron dos tercios del peso perdido, lo que indica que el uso de este fármaco debe ser continuo y posiblemente de por vida.

Aunque hay revisiones sistemáticas que concluyen que el uso de agonistas de GLP-1 es efectivo y seguro para la pérdida de peso y el control de la glucosa en niños y adolescentes con obesidad, es prematuro realizar revisiones sistemáticas cuando no hay estudios clínicos libres de conflictos de interés.

Según la OMS [7], en 2022, 37 millones de niños menores de 5 años tenían sobrepeso, así como más de 390 millones de niños y adolescentes entre los 5 y los 19 años (incluidos 160 millones con obesidad). Según las estadísticas, en Brasil [8-10], el sobrepeso infantil ha aumentado y se presenta a edades cada vez más tempranas; por lo tanto, se deben implementar estrategias efectivas para prevenir la ocurrencia de obesidad, especialmente durante la ventana de los primeros 1.000 días de vida [11].

Los programas que se han implementado en el Sur de Brasil para fomentar la alimentación saludable durante los primeros dos años de vida han demostrado que pueden reducir la adiposidad infantil a los 6 años. Sin embargo, en lugar de promover medidas preventivas, como los cambios en la alimentación y la actividad física, la Academia Americana de Pediatría ha emitido guías clínicas sobre el tratamiento de la obesidad infantil, enfatizando en el uso de medicamentos y cirugía bariátrica.

Ludwig y Holst [12] han afirmado que la pérdida de peso utilizando medicamentos no garantiza que la salud de los niños y adolescentes mejore. Además, de que el uso de medicamentos inyectables para tratar la obesidad en niños y adolescentes conlleva desventajas y riesgos, su costo es elevado. Actualmente, cada farmacia ofrece un precio distinto, sin exceder el Precio Máximo al Consumidor (PMC) establecido por Anvisa, pero el costo de una sola dosis puede equivaler a un salario mínimo mensual, lo que limita el acceso de las poblaciones más vulnerables.

Hay evidencia de que el consumo de agonistas del receptor GLP-1 como semaglutida, liraglutida o tirzepatida, se acompaña de efectos secundarios que afectan la calidad de vida durante y después del tratamiento; sin embargo, los efectos a largo plazo de estas terapias farmacológicas innovadoras sobre las condiciones fisiológicas y clínicas de esta población vulnerable son desconocidos.

En 2023, el Instituto De Salud Pública de Chile no recomendaba el uso de la semaglutida para tratar a niños y adolescentes, pues no se había demostrado su seguridad y eficacia [13].

En 2024, Cofepris divulgó un comunicado sobre los riesgos asociados al consumo de semaglutida y liraglutida por la población general, no necesariamente los niños y adolescentes. Este comunicado incluye información de la FDA, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), la Agencia Española de Medicamentos y productos sanitarios (AEMPS) y Health Canadá [14] y advierte que dichos medicamentos están autorizados en México para controlar el peso corporal, pero que los deberá prescribir el médico especialista, tras haber evaluado al paciente y emitido el diagnóstico correspondiente. Estos prescriptores deberán monitorear de cerca la evolución de los pacientes.

El uso de fármacos para el manejo de la obesidad en individuos a partir de los 12 años se había sugerido previamente, incluyendo moléculas como el Orlistat (tetrahydrolipstatin), pero sólo se recomendaba para niños en circunstancias excepcionales, como aquellos con obesidad severa, problemas óseos o articulares y/o apnea del sueño. Cuando haya que prescribir medicamentos a niños, el médico tratante debería ser un especialista, quién debería ejercer un monitoreo cercano en colaboración con un grupo multidisciplinario [15].

Salud y Fármacos considera que la obesidad es un problema multifactorial y está en contra de utilizar los agonistas GLP-1 para abordar este complejo problema, sobre todo en niños y adolescentes. La evidencia existente sugiere que los riesgos de su consumo superan sus posibles beneficios, que además parecen ser temporales.

Tratar la obesidad infantil principalmente con medicamentos ignora el papel de la pobreza, el acceso limitado a alimentos saludables, la desinformación sobre estilos de vida recomendables, la publicidad inadecuada dirigida a menores y la falta de espacios seguros para la actividad física.

Medicalizar el sobrepeso en niños, niñas y adolescentes es una práctica inapropiada que puede desplazar intervenciones a nivel comunitario y cambios estructurales en las políticas públicas que podrían modificar los determinantes socioeconómicos de la obesidad. Además, puede poner en riesgo la salud física y mental de los menores, fomentar el estigma corporal y generar dependencia a tratamientos costosos sin garantizar resultados sostenibles en el tiempo.

Dicho esto, habrá casos mórbidos excepcionales de niños y adolescentes obesos que se podrán beneficiar del uso de estos productos, pero solo tras una evaluación pormenorizada que tenga en cuenta los determinantes sociales de su problema. Estas intervenciones farmacológicas deberán ir acompañadas de cambios en el estilo de vida, que deberían ser acogidos tanto por los pacientes como por su núcleo familiar primario, adoptando un enfoque holístico que aporte mayores beneficios.

La protección de la salud de niños, niñas y adolescentes debe centrarse en estrategias integrales que promuevan una relación saludable con el cuerpo y la alimentación, y garanticen el acceso equitativo a los recursos que faciliten una vida activa y plena, sin recurrir precozmente a la farmacoterapia.