Salud y Fármacos is an international non-profit organization that promotes access and the appropriate use of pharmaceuticals among the Spanish-speaking population.
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A medida que aumenta la presión mundial para que durante la lucha contra la pandemia de COVID-19 se suspenda la aplicación de varias disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, EE UU, la Unión Europea, Japón y Suiza, entre otros, al parecer han adoptado tácticas de “bloqueo” para impedir que se avance en la toma de decisiones del Consejo General sobre esta cuestión, según dijeron los negociadores a SUNS.
A pesar de que cada vez se reconoce más que se ha avanzado poco en cómo asegurar el acceso de los más pobres del mundo a las vacunas de COVID-19, EE UU, la Unión Europea, Japón y Suiza siguen oponiéndose obstinadamente a que los países en desarrollo y los más pobres se beneficien masivamente a través de esta exención, que permitiría la fabricación a gran escala de productos terapéuticos, kits y equipos de diagnóstico y vacunas, dijo un negociador, que pidió no ser citado.
Según informó la BBC el domingo, el 22 de noviembre la canciller alemana Angela Merkel, durante una reunión virtual de los líderes del G20, advirtió que “el progreso es lento” y dijo que plantearía el tema ante la alianza mundial para las vacunas (GAVI).
“Vamos a hablar con GAVI sobre cuándo comenzarán estas negociaciones, porque estoy bastante preocupada de que todavía no se haya hecho nada al respecto”, dijo la canciller alemana, según el informe de la BBC.
Según el informe de la BBC, en la misma reunión de líderes del G20 el presidente francés Emmanuel Macron instó a sus homólogos del G20 a “dar más apoyo y más rápidamente” a las naciones más pobres, mediante la donación de dosis, la creación de acuerdos industriales e incluso compartiendo la propiedad intelectual.
Estas declaraciones de los líderes del G20 reflejan exactamente las preocupaciones planteadas por los proponentes de la exención de los ADPIC -Sudáfrica, India, Kenya y Eswatini (antes Swazilandia)- en sus intervenciones durante la reunión informal del Consejo de los ADPIC del 20 de noviembre, dijo un negociador que pidió que no se le citara.
El problema del Acuerdo sobre los ADPIC es que es un arma de doble filo, dijo el negociador, sugiriendo que actúa en dos frentes.
En el plano jurídico, el Acuerdo sobre los ADPIC está cargado de disposiciones estrictas que hacen casi imposible que cualquier país en desarrollo utilice adecuadamente las flexibilidades, incluyendo la disposición relativa a las licencias obligatorias, se pronunció el negociador.
Y en el segundo frente, los miembros poderosos como EE UU y la UE ejercen una enorme presión, y cuando algún país en desarrollo quiere beneficiarse con las licencias obligatorias y otras flexibilidades incluso forcejean, entre bastidores, añadió el negociador.
Irónicamente, Brasil, que ahora se ha aliado con EE UU en contra de la exención, fue el primer país que se enfrentó a las tácticas coercitivas de EE UU en el año 2000, cuando Brasilia lanzó un movimiento mundial contra los derechos de propiedad intelectual (véase la controversia sobre derechos de propiedad intelectual entre EE UU y Brasil en la OMC, Disputa No. 199). Brasil había aprobado una ley industrial que imponía un requisito de “trabajo local” para disfrutar de los derechos exclusivos de patente.
Frente a la movilización internacional de la sociedad civil y otros grupos de presión, EE UU retrocedió discretamente y retiró su solicitud de disputa frente a un panel en la OMC, agregó el negociador.
Con este telón de fondo, los proponentes han solicitado una exención para suspender varias obligaciones del Acuerdo sobre los ADPIC mientras dure la devastadora pandemia de COVID-19 y hasta que se vacunen más de 7.000 millones de personas en todo el mundo, dijo otro negociador, pidiendo que no se le citara.
En la reunión informal del Consejo de los ADPIC, celebrada en la OMC el 20 de noviembre, los cuatro proponentes refutaron las críticas formuladas contra su propuesta, especialmente las cuestiones planteadas por EE UU, la Unión Europea, Japón, Suiza y Brasil, entre otros, para distorsionar las principales disposiciones de la propuesta de exención, dijo otro negociador, quien pidió que no se le citara.
En la propuesta conjunta (de Sudáfrica, India, Kenya y Eswatini) que figura en el documento IP/C/W/669.Add.3 y a la que se han sumado Mozambique y Pakistán, los seis proponentes pidieron que el Consejo General tomara la decisión de suspender la aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC relativas a los derechos de autor, los diseños industriales, las patentes y la protección de la información reservada en relación con las medidas para “la prevención, la contención o el tratamiento de COVID-19” durante un período transitorio.
Debido a la premura del tiempo tras la repentina convocatoria de la reunión del órgano de negociación de las Normas de Doha el 20 de noviembre, los participantes en la reunión del Consejo de los ADPIC se quedaron sin debatir varias cuestiones, dijo el negociador.
La Presidenta del Consejo de los ADPIC, Embajadora Xolelwa Mlumbi-Peter de Sudáfrica, informó a los miembros que habría una reunión oficial de ese Consejo el 10 de diciembre para aprobar un informe sobre esta cuestión, que se podrá presentar en la próxima reunión del Consejo General, prevista para los días 16 y 17 de diciembre.
La presidenta dijo que en el período previo a la reunión del 10 de diciembre se pondrá en contacto con las delegaciones bilateralmente, con los coordinadores de grupo y en pequeños grupos para tener una idea de lo que el Consejo podría acordar, dijo otro participante.
Durante la reunión, EE UU, la Unión Europea, Japón, Suiza, Brasil, Reino Unido y Canadá, entre otros países, plantearon muchas preguntas en un aparente intento de desviar la atención de los objetivos centrales de la propuesta.
Preguntas de los oponentes a la exención de los ADPIC
En la reunión, un delegado de EE UU dijo que los derechos de propiedad intelectual (DPI) fomentan la innovación y la I+D, así como la fabricación y el acceso a los medicamentos en todo el mundo, haciendo hincapié en que estas funciones básicas son necesarias para que la comunidad mundial ayude y desarrolle nuevos medicamentos.
El delegado de EE UU dijo que los derechos de propiedad intelectual no son un obstáculo para hacer frente a la pandemia y que en todo caso motivaron a los países a encontrar tratamientos y medicamentos. El delegado argumentó que la propuesta conjunta de renunciar a las disposiciones sobre patentes, derechos de autor, diseños industriales y secretos comerciales no divulgados en relación con la prevención, la contención y el tratamiento de la COVID-19, sería amplia y constituiría un paso sin precedentes.
EE UU describió la exención como una desviación de los anteriores acuerdos de la OMC, sugiriendo que la propuesta “no identifica ninguna medida específica para lo que solicita, sino que dice que la exención tiene por objeto eximir de la obligación de adherirse a las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC para la prevención, el control y el tratamiento (PCT) del COVID 19”.
Argumentó que la exención parece diametralmente opuesta a la declaración ministerial del G-20 del 20 de marzo, en la que se afirma que “estamos de acuerdo en que las medidas de emergencia destinadas a hacer frente a COVID-19 deben ser selectivas, proporcionadas, transparentes y temporales, y no deben crear obstáculos al comercio, ni problemas en las cadenas de valor mundiales”.
Con base en la declaración ministerial del G-20, EE UU planteó varias interrogantes, por ejemplo, si los proponentes podían explicar cómo la exención es una respuesta proporcionada al COVID-19, y cómo los miembros determinarían si su medida se relaciona con la prevención, el control y el tratamiento del COVID-19, etc. EE UU también quiso saber de los proponentes si su medida, durante la aplicación de la exención, se refiere a la pandemia de COVID-19.
El delegado estadounidense reconoció que la financiación gubernamental para el desarrollo de terapias y vacunas asciende a decenas de miles de millones de dólares, pero sugirió que los gobiernos no fabriquen los medicamentos o las vacunas, señalando que las compañías farmacéuticas corren enormes riesgos para desarrollar estos medicamentos, y se las debe apoyar con una fuerte protección de los derechos de propiedad intelectual.
Según EE UU, la propiedad intelectual no ha sido un obstáculo para hacer frente a la pandemia, sino que ha generado un gran esfuerzo a nivel mundial por encontrar tratamientos y curas. “Teniendo en cuenta la necesidad de brindar acceso a toda la población mundial, actualmente las preocupaciones más importantes son las limitaciones de la capacidad de fabricación y los problemas de la cadena de suministro, especialmente en lo que respecta a las vacunas”, dijo el delegado de EE UU.
Japón advirtió que si “la propiedad intelectual no está debidamente protegida, [Japón] reducirá las inversiones en el campo de la medicina, especialmente en el área de las enfermedades infecciosas”.
“También introducirá un factor de riesgo en el desarrollo de la tecnología médica, que se verá obstaculizado, y es posible que en futuras crisis no se puedan elaborar productos esenciales”, dijo Japón.
Japón dijo que los proponentes no explicaron el fundamento de su propuesta, ni por qué el actual marco de propiedad intelectual no funciona, señalando que las empresas y los investigadores están esforzándose por garantizar el acceso a productos médicos eficaces.
La Unión Europea subrayó la necesidad de “una acción pública coordinada y multilateral para centrar los recursos en el desarrollo de terapias y vacunas seguras y eficaces, a fin de garantizar la rápida expansión de su producción, así como para garantizar su aumento y la distribución equitativa, incluso en los países de ingresos bajos y medios, defendiendo el acceso de las poblaciones vulnerables de todo el mundo”.
Teniendo en cuenta los éxitos de Pfizer y Moderna, que han desarrollado vacunas contra el COVID-19, la UE dijo que “estos resultados demuestran que el sistema de propiedad intelectual, como marco que incentiva y provee las bases para que las partes interesadas inviertan e innoven, ha dado frutos”.
La UE dijo que “la exención propuesta pondría en tela de juicio las inversiones y los esfuerzos que están realizando los investigadores para desarrollar la vacuna a una velocidad sin precedentes”. La exención “podría también socavar la colaboración público-privada que se ha establecido para favorecer el acceso equitativo a las vacunas contra el Covid-19 a precios asequibles en todo el mundo”, dijo la UE, sin proporcionar ninguna evidencia concreta.
La UE aceptó a regañadientes que “aunque no anticipamos que la propiedad intelectual se convierta en una barrera que impida el acceso a tratamientos o vacunas contra el Covid-19, coincidimos en que, en tiempos de crisis, los miembros deben prepararse para todas las contingencias”.
La UE declaró que “por eso los marcos jurídicos nacionales deberían reflejar adecuadamente la flexibilidad prevista en el acuerdo sobre los ADPIC; por ejemplo, la posibilidad de expedir una licencia obligatoria, que permita producir para exportar a países vulnerables que carecen de capacidad de producción, o incluir procedimientos acelerados que se puedan utilizar en situaciones de emergencia sanitaria”.
Brasil, que había luchado contra los derechos de propiedad intelectual (DPI) en el año 2000, ha unido fuerzas con EE UU y ha optado por plantear cuestiones similares a las formuladas por el delegado de EE UU para detener el avance de la exención, dijo un negociador que prefirió no ser citado.
Brasil solicitó respuestas precisas a sus preguntas, incluyendo a cuestiones como la justificación para incluir diseños industriales en la propuesta.
Brasil, el segundo país en términos del número de muertes por COVID-19, quiso que los proponentes describieran casos en que la renuncia a los derechos de autor podría ser pertinente para prevenir, controlar o tratar el Covid-19.
Brasil, en franco contraste con su antigua legislación industrial y con las posiciones adoptadas en la OMC contra los derechos de propiedad intelectual, quiso que los proponentes explicaran cómo los miembros están enfrentando dificultades jurídicas e institucionales para utilizar las flexibilidades.
Incluso antes de ultimar una decisión sobre la exención, Brasil solicitó que los proponentes explicaran “[s]i una exención podría resultar engorrosa y difícil de aplicar, teniendo en cuenta que la mayoría de los miembros tendrían que presentarla ante sus parlamentos nacionales, y que profundizaran en los derechos específicos en cada uno de los dominios de la propiedad intelectual que entrarían en el ámbito de aplicación de la medida”.
Suiza, Canadá, México, Reino Unido e Israel, entre otros países, apoyaron firmemente las flexibilidades del ADPIC e indicaron que, en esta coyuntura, no hay necesidad de una exención del ADPIC.
Noruega, que se había opuesto a la exención en la última reunión en octubre, esta vez no se unió a los opositores, dijo un participante que pidió que no se le citara.
Intervenciones de los proponentes
Los proponentes presentaron respuestas detalladas a las diferentes problemáticas planteadas por EE UU y otros oponentes.
Kenia, por ejemplo, dijo que “el énfasis limitado en mantener la propiedad intelectual para aumentar los recursos de las empresas farmacéuticas ignora que el rápido desarrollo de las pruebas diagnósticas, terapias y vacunas para COVID-19 es resultado de la financiación pública y de la colaboración mundial”.
Kenia dijo que, según los trabajos realizados por varios centros de investigación, a nivel mundial se han comprometido US$9.100 millones para financiar productos COVID-19, mientras que las empresas farmacéuticas recibieron compromisos de financiación para investigación y desarrollo por un total de más de US$3.900 millones (sin contar los fondos identificados como destinados exclusivamente a la fabricación).
Kenia señaló que los países afectados habían compartido datos sobre secuencias digitales e información pertinente sobre cuestiones de salud pública para que los investigadores pudieran seguir la evolución del nuevo coronavirus y apoyar las actividades de investigación y desarrollo.
“El actual modelo de investigación y desarrollo basado en el monopolio deposita los frutos de un esfuerzo colectivo en una sola empresa, lo que le permite dominar el mercado, dictar la oferta y cobrar altos precios, haciendo que los gobiernos y los contribuyentes asuman una vez más los costos del producto médico”, dijo Kenia. “Los copatrocinadores”, añadió, “no creen que ese resultado favorezca la colaboración solidaria para abordar la cuestión del COVID-19”.
Kenia dijo que es erróneo afirmar que no hay pruebas de que la propiedad intelectual sea una barrera al acceso a las vacunas, tratamientos o tecnologías para el COVID-19, indicando que “al principio de la pandemia surgieron casos que implican posibles infracciones de la propiedad intelectual, revelando las complejas implicaciones legales de la producción de copias de productos médicos, o partes de los mismos, que salvan vidas, así como su impacto en el acceso”. Kenia citó el ejemplo de la patente de Gilead para el remdesivir, señalando que Gilead ha bloqueado el acceso a alternativas genéricas hasta 2031.
Intervención de Sudáfrica. Argumentando que “los acuerdos bilaterales ad hoc, poco transparentes e irresponsables que limitan artificialmente la oferta y la competencia no pueden facilitar el acceso confiable durante una pandemia mundial”, Sudáfrica declaró que “estos acuerdos bilaterales no demuestran que haya colaboración a nivel mundial sino que, más bien, refuerzan el ‘nacionalismo’, agrandando las brechas de desigualdad”.
Señaló que, en el caso de las vacunas, “las empresas farmacéuticas están firmando acuerdos bilaterales con determinados gobiernos, pero los detalles de estos acuerdos en gran parte se desconocen”.
Si bien esos acuerdos bilaterales “se destinan a la fabricación de cantidades limitadas y abastecen exclusivamente el territorio de un país o un subconjunto limitado de países”, muchas empresas no han firmado ningún acuerdo para ampliar la fabricación y el suministro, lo que significa que durante el período de desarrollo de la vacuna, cuando podrían haberse abordado esos cuellos de botella en el aprovisionamiento, las empresas se niegan a compartir la propiedad intelectual de manera responsable, dijo Sudáfrica.
“Esto (la actitud de las empresas farmacéuticas) lleva a los países a competir entre sí para acceder al suministro en lugar de trabajar juntos para derrotar la pandemia”, declaró Sudáfrica, citando el ejemplo de la vacuna Pfizer/BioNTech, que ha sido “reservada con antelación por países desarrollados que representan el 14% de la población mundial, sin que se haya asumido ningún compromiso público para apoyar el intercambio de conocimientos, tecnología y propiedad intelectual relacionados con la vacuna COVID-19 para impulsar el suministro, reducir el precio y promover la equidad”.
Citando los pronunciamientos de Moderna, que ha desarrollado la vacuna de ARNm contra el COVID-19, bajo la premisa de que no hará cumplir sus “patentes relacionadas con el COVID-19 contra quienes fabriquen vacunas para enfrentar la pandemia”, Sudáfrica dijo que “la respuesta mundial a la pandemia no puede depender de la posibilidad de que se emitan anuncios tan poco eficaces y ad hoc”.
Sudáfrica afirmó que “las licencias voluntarias que ofrecen las empresas farmacéuticas titulares de patentes también tienden a excluir a millones de personas del acceso a tratamientos más asequibles”. Citó el ejemplo de las licencias del Banco de Patentes de Medicamentos (MPP), cuyas licencias normalmente excluyen el suministro a muchos países en desarrollo y a países de altos ingresos.
El delegado de Sudáfrica ofreció pruebas concretas para demostrar que la propiedad intelectual es un obstáculo para acceder a las vacunas, tratamientos y tecnologías que se requieren en la respuesta mundial al COVID-19.
Sudáfrica dijo que muchos de los anticuerpos monoclonales candidatos a convertirse en tratamientos, como el tocilizumab, el bevacizumab e incluso el tratamiento de anticuerpos monoclonales de Regeneron, al que se le acaba de conceder la licencia para uso en emergencias, plantean enormes problemas debido a la disparidad en el acceso, a menos que se adopten medidas concretas para hacer frente a las barreras de propiedad intelectual.
Con respecto al diagnóstico del COVID-19, señaló Sudáfrica, en los Países Bajos no se pudieron realizar pruebas masivas para el COVID-19 debido a la gran dependencia en los equipos y suministros del buffer líquido de Roche para hacer los análisis.
Sudáfrica argumentó que “las nuevas controversias en materia de propiedad intelectual ya están poniendo en peligro el desarrollo y el suministro de los productos médicos para el COVID-19”. En una de las disputas, Regeneron y los fabricantes de vacunas Pfizer y BioNTech se enfrentan a una demanda de Allele Biotechnology and Pharmaceuticals en la que se argumenta que sus productos contra el coronavirus se desarrollaron utilizando la proteína fluorescente mNeonGreen de Allele, sin el permiso de la empresa, señaló Sudáfrica.
La intervención de India. India sugirió que, si bien las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC, incluyendo las que se confirman en la Declaración de Doha sobre los ADPIC y la salud pública, desempeñaron un papel fundamental en la promoción del acceso a los medicamentos, la actual pandemia mundial de COVID-19 presenta circunstancias excepcionales.
India señaló que, si bien “las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC abren un espacio limitado para las políticas de salud pública, nunca se diseñaron para hacer frente a una crisis de salud de esta magnitud (como la pandemia de COVID-19)”.
India explicó algunos de los desafíos que plantea el uso de las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC en la actual crisis mundial:
India dijo que países como EE UU, la Unión Europea, Japón, Canadá y Brasil, “que piensan que las flexibilidades de los ADPIC son suficientes para dar respuesta al Covid-19 y que no necesitan la exención”, “pueden optar por no aplicar la exención en su legislación nacional, pero no deberían obstaculizar la colaboración internacional con respecto al desarrollo, la producción y el suministro de los productos sanitarios necesarios para el Covid-19 que tratamos de lograr a través de la exención del ADPIC”.
“La exención es más que un simple mecanismo jurídico: es una declaración de intención de todos los países, y expresa que conceden mayor valor a la protección de la vida humana que a la protección de los beneficios privados”, declaró India.
En cuanto a la afirmación de que las iniciativas como el acelerador de la ACT (ACT-A) y los Compromisos de Compras Anticipadas (AMC) de Covax, incluyendo las donaciones a esas iniciativas son suficientes para responder a las necesidades mundiales de vacunas y terapias, India dijo que esas iniciativas no bastarían para garantizar un acceso oportuno y equitativo a los productos y tecnologías para el Covid-19.
El objetivo de ACT-A, incluido el Covax AMC, es proporcionar al mundo 2.000 millones de dosis de vacunas (para 1.000 millones de personas si consideramos que para cada persona se requieren dos dosis) para finales de 2021, dijo la India, señalando que “estas iniciativas obviamente son inadecuadas para satisfacer las necesidades a mediano y largo plazo de los 7.800 millones de personas que hay en este mundo”.
Dada la disparidad de acceso entre los países desarrollados y el resto del mundo, India observó que “los países desarrollados han podido aprovechar su posición financiera” para concertar acuerdos bilaterales.
“Las necesidades mundiales son enormes y sólo pueden ser atendidas a través del intercambio mundial de la correspondiente tecnología, conocimientos y la propiedad intelectual, que es lo que nuestra propuesta de exención pretende lograr”, argumentó India, señalando que “sería ingenuo por parte de cualquier país pensar que puede vencer un virus que no conoce fronteras simplemente vacunando a su propia población”.
Los miembros “deben estar a la altura de las exigencias de esta crisis y demostrar al mundo que la OMC sigue siendo pertinente y perfectamente capaz de responder a la necesidad mundial de salvar vidas y medios de subsistencia, al menos durante una crisis sanitaria como la de COVID”, declaró India.
Comentarios de otros países. El representante de Pakistán dijo: “como custodios del orden comercial mundial, creo que a ninguno de nosotros le gustaría ser reconocido por salvar peces pero no vidas humanas”.
En nombre del grupo ACP (África, el Caribe y el Pacífico), Jamaica afirmó que hay consenso en que “el Covid-19 plantea graves problemas para nuestros sistemas de salud, nuestro desarrollo, nuestras vidas individuales y para lograr una respuesta rápida al mismo a nivel mundial”.
El representante de Jamaica indicó que los miembros “necesitan con urgencia tener acceso equitativo a vacunas seguras y eficaces”, sugiriendo que “por eso me sigue gustando la propuesta, ya que trata de responder a un problema internacional urgente y apremiante que nos afecta a todos”.
< Jamaica afirmó: "creemos que el impacto de la pandemia del Covid-19 no tiene precedentes y requiere esfuerzos extraordinarios".
Por otra parte, “la OMC tiene que desempeñar un papel fundamental en este proceso, [y] salvar vidas humanas debería ser siempre nuestra prioridad”, dijo Jamaica, indicando que “el objetivo general de la propuesta está en consonancia con la urgencia adoptada bilateralmente por todos nuestros gobiernos y en otros foros internacionales, incluyendo en los de la OMS y en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York”.
Por lo tanto, dijo Jamaica, “nosotros (los miembros del grupo ACP) creemos que hay esperanza en que los miembros de la OMC participen de manera constructiva en esta iniciativa, lo que incluye sugerir las enmiendas necesarias a la propuesta para ajustar sus disposiciones a lo que sea mutuamente aceptable para los miembros de la OMC”.
Nigeria dijo que “las actuales flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC, incluyendo las licencias obligatorias, si bien son un buen punto de referencia, en la mayoría de los casos son difíciles de aplicar, especialmente en esta situación de emergencia causada por la pandemia”.
Nigeria dijo que los proponentes de la exención dejaron claro que la intención es que ésta se aplique temporalmente y con los productos relacionados con COVID-19, y que también se base en las necesidades específicas de los distintos países.
Túnez instó a los miembros a “centrarse en la solidaridad necesaria para hacer frente a esta situación excepcional, y apoyó toda iniciativa que pueda proporcionar una respuesta rápida, eficaz y equitativa para contener esta pandemia”.
Cuba, al apoyar la propuesta, instó a los miembros de la OMC a “trabajar juntos y garantizar que los derechos de propiedad intelectual y las patentes, los diseños industriales, los derechos de autor y la protección de información confidencial no creen obstáculos al acceso a productos médicos asequibles, incluyendo vacunas y medicamentos para el tratamiento del COVID-19”.
Ecuador adoptó una posición un tanto ambigua al apoyar las flexibilidades del Acuerdo sobre los ADPIC y la iniciativa adoptada por los seis países (Sudáfrica, India, Kenya, Eswatini, Mozambique y Pakistán) para hacer frente a la pandemia de COVID-19.
Chile manifestó que es importante que los proponentes aclaren no sólo los aspectos técnicos de su propuesta sino también “si es la más adecuada y pertinente para responder a las preocupaciones de los proponentes, dados los comentarios que hemos escuchado hoy”.
Singapur favoreció los acuerdos y colaboraciones voluntarias entre el sector público y el privado, como el mecanismo COVAX, para promover el acceso a las pruebas diagnósticas, las vacunas y los tratamientos
Bangladesh solicitó “que se considerara favorablemente la propuesta de exención”, diciendo que la salud pública no debe abordarse desde una perspectiva estrecha. “El comercio no aportará prosperidad si no conseguimos salvar a los seres humanos de este desastre mundial”, advirtió Bangladesh.
Turquía dijo que era necesario realizar más consultas sobre la exención debido a su “carácter amplio”, y subrayó que “es beneficioso entablar debates constructivos sobre esta cuestión; seguimos comprometidos en colaborar con todos los miembros para evitar que se produzcan mayores daños a la vida humana”.
Ucrania agradeció a los proponentes su iniciativa y la información proporcionada “para emprender acciones conjuntas a favor de la solidaridad mundial y para poner en marcha una respuesta colectiva al COVID-19”.
En esencia, los proponentes llevaron la batalla por la propuesta de exención a un escenario mundial en el que cada vez es más evidente que es poco probable que los países en desarrollo y menos desarrollados logren un acceso fácil y asequible a las nuevas terapias y vacunas para COVID-19, ya que EE UU, la Unión Europea, Japón, Suiza y Brasil buscan asegurar que las ganancias de las grandes empresas farmacéuticas tengan prioridad sobre las vidas humanas, dijeron varios negociadores.