Los Países y la Propiedad Intelectual

Una gran celebración no es lo mismo que un gran éxito. El pasado 30 de septiembre, el presidente Donald Trump, el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS o Health and Human Services), Robert F. Kennedy Jr., y varios otros funcionarios del Gobierno, celebraron una rueda de prensa sobre su estrategia más reciente para reducir los precios de los medicamentos [1].

Señalaron acertadamente la enorme discrepancia entre los precios que pagan los estadounidenses por los medicamentos y los que se pagan en otros países. En 2022, los estadounidenses pagaron aproximadamente tres veces más por los mismos medicamentos de venta con receta que los otros 38 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE o Organisation for Economic Cooperation and Development) [2].

Diferentes estimaciones muestran que entre dos tercios y tres cuartas partes de las ganancias farmacéuticas mundiales provienen tan solo de EE UU, a pesar de que los estadounidenses representan solo el 8% del volumen mundial de ventas [3-5].

A principios de este año, el presidente firmó una orden ejecutiva en la que ordenaba al Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) “ajustar los precios para los pacientes estadounidenses a los precios en los países con un nivel de desarrollo similar” [6]. El mecanismo que cita la orden para reducir los precios es el precio de la nación más favorecida (MFN o Most-Favored-Nation). En términos sencillos, el precio de un medicamento en EE UU tendría que ser igual o inferior al precio más bajo del mismo medicamento en un grupo de países similares.

Si bien esta orden se basa en una idea que es sin duda excelente para los estadounidenses que desean pagar precios más bajos por los medicamentos, y para el esfuerzo general por reducir los costos de los servicios de salud, el Congreso no ha aprobado ninguna ley que otorgue al gobierno la facultad de fijar precios de manera generalizada.

En otras palabras, la orden ejecutiva no otorga automáticamente al presidente el derecho de reducir de inmediato los precios de los medicamentos. Más bien, la orden da instrucciones al Departamento de Salud y Servicios Humanos para que fije objetivos de precios, lo que significa que la adherencia por parte de las empresas farmacéuticas es completamente voluntaria.

La estrategia actual de la administración Trump consiste en negociar directamente con cada empresa para que bajen los precios de forma voluntaria y limitada. En la rueda de prensa del pasado 30 de septiembre, se presentó el primer acuerdo negociado entre el Gobierno y Pfizer.

En virtud de este acuerdo voluntario, Pfizer aceptó una serie de condiciones, como el plan de invertir US$70.000 millones en “investigación, desarrollo y proyectos de capital” en EE UU, una iniciativa destinada a relocalizar la fabricación de medicamentos en el país, en lugar de fabricarlos en el extranjero [7].

Los límites del acuerdo con Pfizer
El acuerdo establece que, para reducir los precios de los medicamentos, Pfizer aplicaría los precios de la nación más favorecida específicamente al programa Medicaid. Esta medida debería suponer un ahorro para los contribuyentes; sin embargo, no afecta a Medicare (que gasta más en medicamentos de venta con receta), ni a la mayoría de los estadounidenses que tienen otro tipo de seguro o carecen de él [8, 9].

Además, el acuerdo incluye un programa dirigido al consumidor, en el que Pfizer vendería medicamentos directamente a los estadounidenses a precios de la nación más favorecida. Sin embargo, la gran mayoría de los estadounidenses tienen cobertura farmacéutica a través de seguros privados, Medicare o Medicaid [10-12]. Solo los estadounidenses sin cobertura de seguro, o aquellos que decidan comprar un medicamento sin involucrar a su aseguradora —puede haber casos en los que esto suponga un ahorro, como cuando la aseguradora no cubre el medicamento en cuestión—, se beneficiarían del programa de compra dirigida al consumidor.

Además, incluso en las situaciones en las que se pueda aplicar, es probable que el gasto de bolsillo para los estadounidenses siga siendo mucho mayor que en otros países, ya que estos últimos cuentan con cobertura médica universal, por lo que los individuos no suelen pagar el precio total.

Aunque este acuerdo específico solo involucra a Pfizer, la administración ha dejado claro que también está negociando con otras empresas. A pesar de que la industria farmacéutica se ha consolidado en las últimas décadas, hay miles de empresas, y más de 40 de ellas tienen una capitalización bursátil superior a los US$1.000 millones [13-15]. Por lo tanto, no está claro a cuántas empresas y medicamentos afectará la estrategia de la administración.

La perdurabilidad del acuerdo de Trump con Pfizer y de cualquier acuerdo futuro también está en entredicho. La administración utilizó la amenaza de aranceles contra Pfizer para que la empresa aceptara el acuerdo, tal y como admitió el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla, durante la rueda de prensa del pasado 30 de septiembre [16]. Si las futuras administraciones no comparten el entusiasmo del presidente Trump por utilizar los aranceles como herramienta de negociación, nada de lo declarado públicamente indica que el acuerdo impida que Pfizer u otras empresas salgan voluntariamente del marco limitado del acuerdo de nación más favorecida, del mismo modo que entraron voluntariamente en él.

Las futuras administraciones no están obligadas a fijar objetivos de precios de nación más favorecida, ya que el presidente Trump solo ha emitido una orden ejecutiva. Cuando el representante Ro Khanna (demócrata por California) presentó una ley con copatrocinadores republicanos y demócratas, para simplemente codificar la orden ejecutiva en una ley, los líderes republicanos decidieron no incluir el proyecto de ley en “El Gran y Hermoso Proyecto de Ley” (“One Big Beautiful Bill“) que se promulgó en julio [17].

En mayo, los senadores Josh Hawley (republicano por Misuri) y Peter Welch (demócrata por Vermont) presentaron la Ley de Precios Justos de los Medicamentos de Venta con Receta para los estadounidenses (Fair Prescription Drug Prices for Americans Act), que en realidad impondría sanciones civiles monetarias a las empresas que no redujeran los precios de sus medicamentos a los objetivos de la cláusula de la nación más favorecida [18]. El Congreso no ha discutido ni considerado seriamente este proyecto de ley.

Aparte del carácter extremadamente limitado del acuerdo negociado entre la Administración Trump y Pfizer, todo el discurso del Gobierno excluye la razón por la que otros países pagan mucho menos que EE UU por los mismos productos: negocian los precios de los medicamentos para toda la población.

Otros países con sistemas de salud universales negocian los precios de los medicamentos con los fabricantes, ya sea con el Gobierno como intermediario directo o a través de instituciones muy reguladas, como la Asociación Federal Alemana de Cajas de Enfermedad (German Federal Association of Sickness Funds) [19, 20]. Estas negociaciones establecen precios máximos obligatorios para los medicamentos.

En cambio, en 2003 el Congreso prohibió explícitamente que Medicare negociara directamente los precios de los medicamentos con los fabricantes [21]. Uno de los logros más destacados de la administración Biden fue un programa muy limitado de negociación de medicamentos, que entrará en vigor en 2026, para un conjunto limitado de 10 medicamentos, un número que irá aumentando gradualmente año tras año [22]. Aunque estas negociaciones redujeron los precios de los medicamentos, Medicare seguirá pagando aproximadamente un 78% más que el siguiente precio más alto registrado en otros 11 países ricos [23].

Si bien en la conferencia de prensa se puso énfasis en el deseo de reducir los costos de los medicamentos, los republicanos del gobierno federal han atacado y tratado de derogar el programa limitado de negociación de precios de medicamentos que redujo los precios para el programa Medicare [24, 25]. De hecho, “El gran y hermoso proyecto de ley” aumentó el número de medicamentos excluidos de tales negociaciones [26].

Irónicamente, mientras que el presidente Trump quiere implementar un modelo de tipo de nación más favorecida, otros países también utilizan los precios de naciones similares. Sin embargo, en lugar de establecer objetivos de precios voluntarios, estos países utilizan estos precios en sus negociaciones sobre medicamentos.

El problema de fondo: los monopolios de las patentes
Además, como ha señalado repetidamente el Centro para la Investigación Económica y sobre Políticas (CEPR o Center for Economic and Policy Research), ni el sistema de la nación más favorecida, ni las negociaciones de precios de los medicamentos, abordan la causa principal de los precios elevados de los medicamentos: el sistema de patentes [27].

El libre mercado por sí solo no protege a los innovadores: si una empresa gasta miles de millones en investigar y desarrollar un nuevo medicamento, sus competidores podrían simplemente producir su propia versión genérica sin realizar la misma inversión. Por lo tanto, el gobierno ha optado por instaurar una intervención importante: los monopolios de patentes impuestos por el gobierno.

Las patentes recompensan a los fabricantes de medicamentos, ya que les permiten fijar precios monopolísticos durante años, es decir, les otorgan la capacidad de fijar precios arbitrariamente altos para sus productos, sin la amenaza de la competencia. Aunque eventualmente las patentes expiran, este proceso retrasa la competencia de los genéricos y la reducción de los precios durante años. Además, las empresas suelen recurrir a la práctica de la perennización de patentes o la introducción de modificaciones menores en sus productos para prolongar la protección de las patentes contra la competencia [28].

Las patentes pueden resolver el problema de la falta de incentivos financieros para que los fabricantes de medicamentos investiguen, desarrollen y fabriquen productos innovadores, pero obligan a que los pacientes y los contribuyentes paguen precios exorbitantes [29]. Estos precios no reflejan el gasto por la fabricación de un medicamento, sino que demuestran cómo cada empresa puede maximizar sus ganancias sin enfrentarse a la competencia.

Del mismo modo, los altos precios monopolísticos no son necesarios para recuperar el gasto en investigación y desarrollo, ya que las grandes empresas farmacéuticas han gastado más en la promoción de sus productos que en investigación y desarrollo (I+D) [30]. Además, las principales empresas han gastado incluso más en el pago de dividendos, y la recompra de sus propias acciones, que en I+D [31, 32].

El sistema de patentes no es la única forma de premiar a los innovadores. Dean Baker, del Centro para la Investigación Económica y sobre Políticas, ha propuesto un modelo de contratación directa en el que el Gobierno federal contrata directamente a empresas para investigar y desarrollar nuevos medicamentos [33]. Ese pago incluye una recompensa por innovar, que se entrega por adelantado, y los medicamentos se enfrentarían a la competencia inmediatamente después de que la FDA los considerara lo suficientemente seguros y eficaces como para ser comercializados. Este modelo de contratación pública podría competir con el sistema de patentes en lugar de sustituirlo.

El senador Bernie Sanders (Partido Independiente de Vermont) y el exrepresentante Dennis Kucinich (Partido Demócrata de Ohio) han presentado, por separado, proyectos de ley con diferentes versiones de un sistema de premios [34, 35]. En este modelo, el gobierno recompensa a los que producen medicamentos innovadores con pagos directos basados en criterios sobre el valor del producto para mejorar la salud pública, como mejorar significativamente los métodos de tratamiento existentes y/o abordar enfermedades raras. Al igual que con los contratos directos, los fabricantes de medicamentos no obtendrían el poder de fijar precios de monopolio.

Tanto el modelo de contratación directa como el de premios a la innovación implican una importante intervención gubernamental. Sin embargo, el sistema de patentes, por sí mismo, es una importante intervención gubernamental en el mercado, en el que las sanciones legales impiden cualquier competencia durante años, otorgando a los fabricantes de medicamentos el poder de fijar precios monopolísticos. Por lo tanto, el debate sobre estos tres sistemas, o cualquier otro método de pago por la innovación médica, no se centra en si el gobierno debe intervenir, sino en qué método produce los mejores resultados para la población estadounidense.

En última instancia, el acuerdo de la Administración Trump con Pfizer, y los posibles acuerdos futuros con otras empresas, tendrán un impacto positivo en los precios de los medicamentos, por limitado que sea. Sin embargo, en el contexto de una nación que gasta mucho más que cualquier otro país en medicamentos de venta con receta, los estadounidenses se deberían preguntar por qué existe esa diferencia en primer lugar y por qué EE UU no negocia sistemáticamente los precios de los medicamentos. Los estadounidenses también se deberían cuestionar por qué el Gobierno aplica una política de la nación más favorecida, que para los fabricantes de medicamentos es totalmente voluntaria, y por qué el Congreso no ha aprobado una legislación que simplemente convierta el decreto del presidente Trump en ley.

Sin embargo, lo más importante es que los estadounidenses se pregunten si el sistema de patentes que obliga al gobierno a imponer monopolios es el mejor método para recompensar a los innovadores, o si hay otras formas de recompensar a los fabricantes de medicamentos, sin que los pacientes tengan que pagar precios abusivos.