Los Países y la Propiedad Intelectual

En 2007, Brasil garantizó el acceso a un importante medicamento contra el VIH/SIDA quebrando su patente. Las amenazas de las grandes farmacéuticas no se cumplieron, no hubo desabastecimiento ni perjuicio para la innovación; al contrario, se obtuvieron beneficios económicos, acceso y soberanía. ¿Por qué no repetir esta historia?

Las sanciones comerciales impuestas por EE UU a Brasil durante la administración de Donald Trump abrieron un nuevo capítulo en el debate sobre la salud y la soberanía. La respuesta brasileña podría provenir de un instrumento previsto por la ley: la suspensión de las patentes de medicamentos y otras tecnologías estratégicas. Esta posibilidad, garantizada por la Ley de Reciprocidad Económica y la Ley 12.270/2010, permite la suspensión temporal de los derechos de propiedad intelectual como contramedida a las prácticas comerciales desleales.

Sin embargo, la ofensiva no se limita al uso de sanciones comerciales por motivos políticos. La reciente decisión de EE UU de suspender las visas de funcionarios del Ministerio de Salud —entre ellos Mozart Júlio Tabosa Sales, Secretario de Atención Especializada de la Salud, y Alberto Kleiman, coordinador brasileño de la COP-30 y exdirector de la OPS— revela cómo la salud se puede utilizar como arma en disputas geopolíticas. Este ataque subraya la necesidad de que Brasil adopte medidas firmes para defender su soberanía y el SUS (Sistema Único de Salud).

En la práctica, la suspensión de patentes permite que el país utilice tecnologías bajo monopolio sin solicitar autorización ni pagar regalías a empresas extranjeras. Esta es una medida legítima que refuerza la capacidad de Brasil para proteger a su población de presiones externas.

¿Qué significa romper una patente?
El término “rotura de patentes” se refiere a la concesión de licencias obligatorias o, en este caso, a la suspensión de patentes. En ambos casos, la idea central es romper el monopolio temporal otorgado por la patente, permitiendo que terceros produzcan el medicamento o la tecnología. En contra de lo que se suele argumentar, Brasil no necesita autorización de EE UU ni de las grandes farmacéuticas para adoptar medidas como la suspensión de patentes o la concesión de licencias obligatorias. Ambas son herramientas legales, contempladas en el Acuerdo sobre los ADPIC de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en la legislación nacional.

En el caso de las licencias obligatorias, la patente sigue vigente y su titular recibe regalías cuando un tercero produce y comercializa el producto. En el caso de la suspensión de la patente, no hay compensación económica, lo que aumenta el margen para reducir precios y garantizar un acceso rápido. La decisión depende de hacer una evaluación estratégica: identificar qué tecnologías son prioritarias para el SUS (Sistema Único de Salud) e identificar a los productores nacionales o internacionales capaces de ofrecer alternativas.

Hablar de “romper patentes” parece radical, pero no lo es. Las licencias obligatorias son un mecanismo legítimo, reconocido en el derecho internacional y la legislación brasileña, que ya ha salvado vidas y protegido el Sistema Único de Salud. Es urgente rescatar esta historia e incorporarla al debate. La salud pública no puede subordinarse a las grandes farmacéuticas ni a las presiones externas de EE UU.

El precedente de 2007
En 2007, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva firmó el decreto para la licencia obligatoria del efavirenz, un medicamento esencial para el tratamiento del VIH, entonces producido por la farmacéutica estadounidense Merck Sharp & Dohme.

En aquel momento, el gobierno brasileño pagaba US$1,59 por tableta. Al quebrar la patente, comenzó a adquirir el mismo medicamento de un laboratorio indio por US$0,44, lo que representó una reducción en el precio de aproximadamente el 72%. El Ministerio de Salud estimó que 75.000 pacientes usarían efavirenz en Brasil ese año, y que los ahorros generados alcanzarían los US$30 millones, que se reinvertirían en el programa de Enfermedades de Transmisión Sexual /SIDA.

La decisión no provocó escasez ni comprometió la innovación. Al contrario: fortaleció el SUS (Sistema Único de Salud) y reafirmó que el país puede defender el derecho a la salud incluso ante la presión de las grandes farmacéuticas. En aquel momento, Lula fue directo: «Entre nuestro comercio y nuestra salud, cuidemos nuestra salud».

Este precedente refuta todos los argumentos de las asociaciones y oficinas que defienden los intereses monopólicos de las grandes farmacéuticas en Brasil frente a la quiebra de patentes. Es importante aclarar que los mayores centros de investigación y desarrollo de las corporaciones farmacéuticas norteamericanas no se encuentran en Brasil, ni existe ninguna inversión local productiva; lo que existe es la extracción de valor: el SUS (Sistema Único de Salud) es un mercado amplio y ventajoso.

La licencia obligatoria para el efavirenz fue el resultado de una larga historia de lucha y organización social. Las comunidades y redes de personas que viven con VIH/SIDA, el Grupo de Trabajo sobre Propiedad Intelectual (GTPI) y la Asociación Brasileña Interdisciplinaria del SIDA (ABIA) crearon espacios de reflexión y expresión que aportaron peso político a la defensa del acceso a los medicamentos, incluido el caso destacado, marcado por el «Movimiento por el Acceso a los Medicamentos» en respuesta al precio exorbitante del fármaco fijado por Merck. En 2007, esta movilización fue decisiva para lograr que el gobierno adoptara la medida, desafiando el poder de las compañías farmacéuticas multinacionales.

No sorprende que, diez años después, estos actores celebraran el logro como un hito de soberanía y derechos humanos: en debates nacionales e internacionales [1], reafirmaron que las licencias obligatorias no eran solo un acto administrativo, sino el resultado de la persistencia de la sociedad civil en denunciar abusos, cuestionar narrativas y proponer soluciones. Fue esta articulación la que transformó una cuestión aparentemente técnica de propiedad intelectual en una bandera política y social, capaz de garantizar la vida de miles de personas.

No solo Brasil recurre a medidas «no voluntarias» para flexibilizar las patentes. EE UU es, históricamente, el país que más utiliza este tipo de mecanismo, tanto en el sector farmacéutico como para otras tecnologías, siempre bajo el argumento de la defensa nacional. Durante la pandemia de covid-19, estas medidas se emplearon ampliamente, lo que refuerza su legitimidad y la necesidad de recurrir a ellas en momentos críticos.

Producción nacional y plazos
Cuando se habla de quiebra de patentes, una de las principales preocupaciones es el tiempo de respuesta. Si ya existe producción nacional preparada, el suministro de genéricos puede comenzar en pocos meses. Para medicamentos más complejos, como los biológicos, el plazo puede variar según la capacidad de producción instalada y las aprobaciones regulatorias. Sin embargo, para algunos medicamentos, el país puede recurrir a la importación de versiones genéricas disponibles en el extranjero, evitando así la escasez.

Este es el caso del dolutegravir, que se utiliza en el tratamiento del VIH/SIDA, que ya cuenta con producción nacional de genéricos a través del Programa de Desarrollo de Productos (PDP) de Blanver y Lafepe [2]. Actualmente, en Brasil, alrededor de 700.000 personas utilizan dolutegravir diariamente a través del SUS (Sistema Único de Salud); este es el principal régimen antirretroviral en Brasil. El problema principal radica en el precio: mientras que el SUS (Sistema Único de Salud) de Brasil paga alrededor de R$125,40 por frasco de 30 tabletas (aproximadamente R$4,18 por tableta en 2024), según datos obtenidos mediante la Ley de Acceso a la Información, el Fondo Estratégico de la OPS [3] ofrece el mismo medicamento a US$0,89 – 1,21 por 30 tabletas, al tipo de cambio actual de R$5,30 ~ R$4,71-6,41 por frasco. Es decir, lo que Brasil paga por una sola tableta equivale a casi el costo de un mes de tratamiento a través de la OPS. Esta diferencia representó, tan solo en 2024, un gasto adicional estimado de más de R$800 millones para las arcas públicas, al adquirirse 211 millones de unidades adicionales del medicamento.

Este sobreprecio se explica por la patente PI0610030-9, válida hasta abril de 2026, que mantiene el monopolio de ViiV/GSK en el país. A pesar del acuerdo de Alianza Estratégica para la transferencia de tecnología firmado entre Farmanguinhos y ViiV en 2020, con vigencia hasta diciembre de 2029, hasta la fecha no se ha producido ni una sola tableta en el país. Farmanguinhos/Fiocruz solo posee el registro de importación [4], mientras que todo el proceso de producción continúa realizándose en el extranjero. Además, no hay perspectivas de producción nacional del ingrediente farmacéutico activo (IFA), lo que mantiene la dependencia directa de ViiV/GSK. En la práctica, esto constituye una extensión del monopolio garantizado por un acuerdo secreto, antieconómico y abusivo.

Otro caso es el de lenacapavir, un medicamento inyectable de administración semestral para la prevención del VIH. A pesar de que la investigación clínica se hizo en Brasil, el país quedó excluido del programa de licencias voluntarias de Gilead, y el acceso a versiones genéricas no se producirá hasta después de 2037, una década más tarde de la previsión internacional de 2027. Mientras tanto, el costo en EE UU supera los US$27.000 por persona al año, aunque los estudios indican que podría producirse por unos US$30 [5]. Esta diferencia pone de manifiesto cómo los monopolios farmacéuticos afectan directamente el acceso de la población a los medicamentos.

Salud, soberanía y democracia
Los recientes aranceles impuestos por EE UU vuelven a poner de relieve la relación entre el comercio internacional, la salud y la soberanía. Defender el SUS (Sistema Único de Salud) brasileño implica enfrentar las prácticas abusivas que restringen el acceso a los medicamentos y sobrecargan el presupuesto público. Suspender patentes y emitir licencias obligatorias no son medidas extremas, sino herramientas previstas por la ley para proteger a la población.

La experiencia de 2007 demuestra que Brasil puede actuar sin temor a las amenazas. Ahora, más que nunca, es hora de anteponer la salud de la población a los intereses del mercado. Después de todo, como afirmó el presidente Lula en el momento de la autorización obligatoria del efavirenz: “Hoy es el efavirenz, pero mañana podría ser cualquier otro medicamento; es decir, si no está disponible a precios justos, no solo para nosotros, sino para cada ser humano del planeta infectado, debemos tomar esa decisión. Al fin y al cabo, entre nuestro comercio y nuestra salud, cuidemos nuestra salud. Como sostengo la teoría de que todo descubrimiento de interés para la humanidad debe establecerse como patrimonio de la humanidad, el inventor, el creador, puede obtener sus beneficios, ganar su dinero, pero esto debe pertenecer a la humanidad. No es posible que alguien se enriquezca a costa de la desgracia ajena”.