Litigación

Chile. Farmacias Ahumada deberá compensar a los consumidores [1]. El 1° de febrero de 2013, el SERNAC presentó una demanda colectiva en contra de Farmacias Ahumada, Farmacias Cruz Verde y Farmacias Salcobrand, después de que la Corte Suprema confirmara la sentencia dictada por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), que a su vez había condenado a las dos últimas por haberse coludido para alzar los precios de -al menos- 206 medicamentos entre diciembre de 2007 y marzo de 2008, lo que habría causado perjuicios a los consumidores.

El 17 de diciembre de 2019, el 10° Juzgado Civil de Santiago dictó sentencia definitiva de primera instancia, condenando a las cadenas Cruz Verde, Salcobrand y Farmacias Ahumada al pago de US$2,6 millones por concepto de compensación para los consumidores afectados por la colusión de precios de los medicamentos.

Tras esta sentencia de primera instancia, el SERNAC, Cruz Verde, Salcobrand y asociaciones de consumidores iniciaron conversaciones, logrando finalmente un acuerdo en noviembre de 2020, el cual estableció compensaciones que beneficiaron a 53.000 consumidores, quienes recibieron más de 1.100 millones de pesos.

Sin embargo, Farmacias Ahumada no formó parte del acuerdo en ese momento, por lo que siguió el juicio en los tribunales de justicia.

Finalmente, la demanda del SERNAC en contra de Farmacias Ahumada llegó a la Corte Suprema, instancia donde las partes sí lograron un acuerdo, poniendo fin a un episodio que afectó fuertemente la confianza en el mercado farmacéutico, y especialmente a las y los consumidores del país.

Después de un largo proceso judicial, Farmacias Ahumada compensará a un universo de casi 34.000 consumidores tras haber participado en la colusión, junto a Salcobrand y Cruz Verde, sobre los precios de los medicamentos.

Tras el avenimiento firmado por el SERNAC, Farmacias Ahumada y las asociaciones de consumidores, Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios (CONADECUS), la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (ODECU) y Formadores de Organizaciones Juveniles de Consumidores y Consumidoras (FOJUCC), la empresa pagará una compensación de $980 millones.

El acuerdo, alcanzado durante la tramitación de la demanda colectiva ante la Corte Suprema, fue presentado al tribunal y se espera su aprobación durante los próximos días, y establece que lacompensación beneficiará a dos grupos de consumidores:

Primero, de interés colectivo: Considera un universo de 17.652 personas, quienes fueron afectados, según los registros de Farmacias Ahumada. Este grupo de consumidores recibirá un monto total de $575 millones, lo que implica que cada persona beneficiaria obtendrá $32.620.

Segundo, de interés difuso: Corresponde a un universo amplio de personas que reciben mensualmente el bono por Control Niño Sano, que en junio de 2025 alcanzaba a 16.249 beneficiarios, quienes obtendrán un monto de $20.884, dinero que será entregado a través del Instituto de Previsión Social (IPS).

EE UU. Un juez ha bloqueado una ley del estado de Arkansas que prohíbe que los administradores de beneficios de farmacia (PBM) sean dueños de farmacias [2]. Un juez de un tribunal federal estadounidense bloqueó temporalmente una ley pionera en el país que prohibiría que las empresas propietarias de gestores de beneficios farmacéuticos operaran también farmacias minoristas y de venta por correo en Arkansas.

La ley estatal pretende disipar la preocupación de que los gestores de beneficios farmacéuticos más grandes, controlados por CVS Health, Cigna y UnitedHealth Group, favorezcan sus propias operaciones farmacéuticas. Los críticos argumentan que, al hacerlo, las empresas no solo dominan el diseño de los planes de salud para decenas de millones de estadounidenses, sino que también distorsionan la distribución y los precios de los medicamentos de venta con receta.

CVS Caremark, Express Scripts y OptumRx procesaron casi el 80% de los aproximadamente 6.600 millones de recetas dispensadas por las farmacias estadounidenses en 2023. La FTC sostuvo que el mercado de medicamentos recetados está “altamente concentrado” porque los administradores de beneficios farmacéuticos son propiedad de aseguradoras que, a su vez, poseen farmacias especializadas, de venta por correo o minoristas.

Los administradores de beneficios farmacéuticos han culpado a las compañías farmacéuticas por el aumento de precios.

El Congreso federal ha explorado legislación para restringir diversas prácticas, pero con pocos resultados. En consecuencia, los estados están buscando estrategias para llenar el vacío. El año pasado, los 50 estados habían promulgado al menos una ley para regular a los administradores de beneficios farmacéuticos. Pero la ley de Arkansas, firmada en abril y con entrada en vigor prevista para enero de 2026, fue más allá que otras. La ley obligaría a los propietarios de los PBMs a escoger entre seguir operando los PBMs o seguir operando farmacias minoristas o de venta por correo, en el estado.

La medida generó considerable interés y fue rápidamente respaldada por docenas de fiscales generales estatales, quienes en abril escribieron a los líderes de la Cámara de Representantes y el Senado con la esperanza de que el Congreso impulsara dicha ley.

CVS, Express Scripts y la asociación de PBM argumentaron que la Ley es inconstitucional y presentaron demandas para lograr su anulación. Sostuvieron que la ley discriminaba a las entidades de otros estados. El juez del Tribunal de Distrito de EE UU, Brian Miller, coincidió y emitió una orden preliminar para impedir la entrada en vigor de la ley. “Aunque la ley (estatal) no parece abiertamente discriminatoria, los legisladores declararon abiertamente que la aprobaban para proteger a las empresas locales, lo cual viola la estructura constitucional federal”.

El juez también apoyó el argumento de que la ley de Arkansas queda invalidada por una ley federal que permite que TRICARE, un programa del gobierno federal, proporciona planes de seguro médico a los miembros uniformados de las fuerzas armadas de EE UU.

El fiscal general de Arkansas emitió un comunicado indicando que planea apelar.

Novo Nordisk ha presentado 14 nuevas demandas contra la venta de formulas magistrales que afirman contener semaglutida [3], el ingrediente activo de sus medicamentos para la pérdida de peso y la diabetes, Wegovy y Ozempic, respectivamente. Estas demandan involucran a farmacias que elaboran fórmulas magistrales, empresas de telesalud y spas médicos.

Las demandas alegan que los demandados engañan a los pacientes haciéndoles creer que los productos magistrales han sido revisados y aprobados por la FDA, y/o que son tan seguros y eficaces como los medicamentos de semaglutida de Novo Nordisk. También alegan violaciones de las leyes estatales sobre el ejercicio corporativo de la medicina, acusando a los proveedores de telesalud de influir indebidamente en las decisiones de los médicos.

Dave Moore, vicepresidente ejecutivo de operaciones de Novo Nordisk en EE UU, afirmó: «Los pacientes merecen tratamientos seguros y eficaces de empresas en las que puedan confiar. Nadie debería arriesgar su salud consumiendo medicamentos de imitación elaborados con ingredientes que carecen de supervisión y estándares de seguridad. Novo Nordisk está abordando este problema mediante la educación, la defensa y la acción legal contra las empresas que engañan a los estadounidenses y ponen en riesgo su salud con imitaciones peligrosas que no están aprobadas». Instamos a los reguladores a que apliquen las leyes diseñadas para proteger la salud pública.

Hasta la fecha, la compañía ha presentado 132 demandas en tribunales federales en 40 estados de EE UU, y hasta ahora los tribunales han emitido 44 medidas cautelares permanentes contra los demandados, prohibiendo conductas ilegales, incluyendo la venta de fórmulas magistrales no autorizadas de semaglutida y la falsa declaración de que los productos magistrales de semaglutida están aprobados por la FDA, son seguros o equivalentes a los medicamentos de Novo Nordisk, como Wegovy u Ozempic.

La FDA ha emitido varias alertas, incluyendo una el 29 de julio, advirtiendo sobre los peligros de estas copias de medicamentos.

Grupos de defensa de los pacientes instan al gobierno sudafricano a reabrir una investigación antimonopolio sobre Vertex Pharmaceuticals [4] debido a acusaciones de que la compañía engañó a las autoridades para que cerraran un caso de gran repercusión sobre el acceso a un tratamiento para la fibrosis quística.

Un paciente presentó una queja alegando que Vertex violaba la Constitución sudafricana, abusaba del estatus de sus patentes y violaba los derechos humanos. Cabe destacar que la petición sostenía que Vertex, principal proveedor de medicamentos para la fibrosis quística, incluyendo un tratamiento altamente efectivo llamado Trikafta, no había registrado el medicamento ante los organismos reguladores. Y dado que Vertex poseía los derechos de patente en el país, la única vía disponible para obtener Trikafta era importar el medicamento desde EE UU a un costo prohibitivo (superior a US$300.000).

En diciembre de 2024, la Comisión de la Competencia dictaminó que la compañía había proporcionado suficiente acceso a sus medicamentos después de que este paciente presentara la queja. Esto porque en respuesta a una denuncia presentada en varios países (Sudáfrica, India, Brasil y Ucrania) para ampliar el acceso a los medicamentos de Vertex (especialmente genéricos), la empresa aplicó lo que los defensores denominaron una solución alternativa. Vertex comenzó a facilitar el acceso a Trikafta a través de un mecanismo gubernamental que permite que un medicamento no registrado esté disponible para pacientes individuales.

En concreto, Vertex llegó a un acuerdo con un plan de salud del sector privado, lo que significó que su medicamento estaba disponible a precios accesibles. La empresa también ofreció un programa de ayuda al paciente gestionado por una organización no gubernamental, de modo que los pacientes elegibles que pertenecían a ciertos planes médicos podían obtener Trikafta sin coste alguno.

Esta medida provocó que el paciente retirara la denuncia y, a su vez, la Comisión de Competencia cerró su investigación.

Aunque inicialmente el programa recibió elogios de las asociaciones de pacientes, estas se mostraron indignadas por la decisión de cerrar el caso, dado que Vertex aún no había registrado el medicamento ante los organismos reguladores. Desde entonces, han intentado convencer al organismo regulador para que reabra su investigación.

“La Comisión de Competencia fue engañada al creer que el acceso estaba garantizado, cuando la realidad es que solo las personas muy adineradas pueden costear este tratamiento vital”. declaró Kimberly Keyzer, presidenta de la Asociación Sudafricana de Fibrosis Quística.

Los grupos han argumentado que el acuerdo de acceso es insuficiente porque solo los pacientes con planes médicos de alto nivel tienen probabilidades de obtener el medicamento (aproximadamente el 16% de la población general cuenta con dicha cobertura). La asociación también indicó que solo la mitad de los 420 pacientes clínicamente elegibles pueden acceder al medicamento. En total, los grupos afirman que hay 505 personas en el país diagnosticadas con fibrosis quística.

Los defensores se han quejado además de que ni Vertex ni el gobierno han revelado los precios, los nombres de los planes médicos que ofrecen cobertura, ni por cuanto tiempo Vertex facilitará el acceso. Y dado que la compañía no ha registrado su medicamento en Sudáfrica, los pacientes y los médicos deben importarlo, un proceso que debe renovarse cada seis meses.

Los grupos de defensa sostienen que el programa de acceso excluye a los pacientes del sector público y privado con planes médicos de bajo costo, a menos que también puedan contribuir con unos US$1.600 dólares al mes, además de otros requisitos administrativos, pruebas y costos. Y aquellos pacientes que pueden permitirse cambiar a planes médicos de alto nivel y más costosos para ser elegibles para recibir el medicamento enfrentan un período de espera de 24 meses.

Además de reabrir la investigación, los grupos de defensa exigen que la Comisión de Competencia multe a Vertex por prácticas anticompetitivas, se asegure de que la empresa tome medidas para registrar Trikafta ante la Autoridad Reguladora de Productos Sanitarios de Sudáfrica y levante el período de espera de 24 meses, entre otras medidas.

Trikafta es enormemente rentable, generó más Más de US$10.200 millones en ventas el año pasado. Mientras tanto, un análisis publicado hace tres años sostuvo que el costo de producción de Trikafta fue inferior a US$5.700; los investigadores argumentaron que se podría producir una versión genérica por una fracción de su precio de lista. La compañía ha cuestionado los hallazgos.

El sitio web de Vertex afirma que se han firmado “acuerdos formales en más de 50 países de todo el mundo, incluidos aquellos con la mayor necesidad médica insatisfecha”. Vertex también creó un programa piloto de donaciones en colaboración con Direct Relief, una organización sin fines de lucro que abarca 14 países: Egipto, El Salvador, Honduras, India, Costa de Marfil, Kenia, Líbano, Nepal, Pakistán, Sri Lanka, Tanzania, Túnez, Uganda y Ucrania. El programa se encuentra en diferentes etapas de evaluación e implementación, pero la compañía afirma que cientos de pacientes están recibiendo su medicamento a través del programa.

Un tribunal de París dijo que Sanofi y su filial Winthrop debían pagar €150,7 millones (US$177,1 millones) en concepto de daños y perjuicios al Fondo Nacional de Seguro de Salud (CNAM) de Francia por prácticas anticompetitivas relacionadas con medicamento anticoagulante Plavix [5]. La sentencia del tribunal de apelaciones de París se deriva de una decisión de la autoridad francesa de competencia de 2013, que multó a Sanofi con €40,6 millones por actuar contra competidores genéricos de Plavix entre 2009 y 2010.

Sanofi afirmó que está analizando los fundamentos de la sentencia y se reserva el derecho de presentar un recurso ante el Tribunal Supremo francés.

Plavix fue el medicamento más reembolsado de Francia en 2008, con un coste para el sistema sanitario de €625 millones, según el tribunal.

El tribunal de apelación concedió a la CNAM €126,2 millones por costes de reembolso adicionales y honorarios de farmacia, así como €24,5 millones en concepto de daños y perjuicios adicionales.

Grupos de defensa de los pacientes han solicitado al regulador antimonopolio del Reino Unido que investigue a varias grandes farmacéuticas y a su grupo de presión en el Reino Unido por esfuerzos “sospechosos” y “coordinados” para aumentar los precios de los medicamentos [6]. La industria farmacéutica y el servicio nacional de salud (NHS) han estado enfrentados por los reembolsos que el NHS exige de la industria. A principios de este año, el gobierno propuso aumentar los reembolsos, lo que provocó que la industria dijera que el Reino Unido ya no era un destino atractivo para nuevas inversiones.

Durante las últimas semanas, varias grandes farmacéuticas —AstraZeneca, Merck y Eli Lilly— detuvieron o cancelaron los planes de ampliar diferentes instalaciones de investigación o manufactura, por un valor combinado de US$2.600 millones. Al mismo tiempo, el presidente Trump ha exigido que las farmacéuticas reduzcan los precios en EE UU para equipararlos con los de Europa y Canadá. Esto no ha hecho más que intensificar la necesidad de las farmacéuticas de obtener mejores condiciones del gobierno del Reino Unido.

Ahora, tres grupos de defensa de los derechos de las personas (Balanced Economy Project, Just Treatment y Global Justice Now) exigen que la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido investigue si se trata de una acción coordinada entre el gobierno estadounidense y la industria farmacéutica para presionar al gobierno del Reino Unido… y alinear las estrategias comerciales con fines anticompetitivos.

El portavoz de la ABPI mencionó casi una docena de ejemplos en los últimos dos años en los que varias grandes farmacéuticas detuvieron o suspendieron diversos proyectos en el Reino Unido, costando cientos de empleos y miles de millones de dólares. Señaló que solo 17 miembros de la ABPI tienen centros de I+D en el Reino Unido, y la mayoría no realiza investigación preclínica en el país. El grupo comercial también publicó un informe que muestra que la inversión en I+D de las farmacéuticas en el Reino Unido se ha desacelerado desde 2020, cuando el crecimiento cayó al 1,9% anual, por debajo del promedio mundial del 6,6%.

India. Sun Pharmaceutical Industries Ltd. resolvió demandas por valor de US$200 millones en un caso antimonopolio en Pensilvania [6], en el que se alegaba que la empresa, junto con otras, coludió para fijar los precios de medicamentos genéricos.

Las filiales de la principal farmacéutica de la India —Sun Pharmaceutical Industries Inc. y Taro Pharmaceuticals USA Inc.— pagarán a los demandantes a cambio de la liberación total de todas las demandas en su contra. La empresa matriz india que reportó ingresos de US$6.100 millones en el año fiscal 2025 obtiene aproximadamente un tercio de esa cantidad de EE UU.

El caso implica posibles demandas colectivas contra varios fabricantes farmacéuticos por sobreprecios en 18 medicamentos, según el Tribunal del Distrito Este de Pensilvania.

La empresa matriz india también resolvió este mes una demanda de patentes con Incyte Corp. por el medicamento para la caída del cabello Leqselvi, y firmó un acuerdo de licencia para vender el medicamento en EE UU por un monto no revelado.