La designación del Dr. George Tidmarsh como nuevo director del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA constituye un hecho relevante, particularmente dado su historial como fundador y directivo de múltiples compañías farmacéuticas [1].
El Centro de Medicamentos de la FDA es la unidad más grande de la agencia, con cerca de 6.000 empleados encargados de evaluar la seguridad y eficacia de los fármacos nuevos y de supervisar el uso post comercialización de los fármacos comercializados, sin embargo, se enfrenta a una reducción significativa de su capacidad operativa tras el despido de unos 2.000 trabajadores como parte de los recortes generalizados de personal federal [1].
La experiencia clínica, académica y empresarial del nuevo director del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA puede aportar una perspectiva importante, aunque es fundamental reconocer que su trayectoria en la industria plantea interrogantes legítimos sobre sus posibles conflictos de interés; en un contexto en que la agencia está inmersa en un proceso de renovación sin precedentes en sus cargos directivos.
En un momento en que hay un alto nivel de sensibilidad en torno a las decisiones regulatorias por su fuerte impacto social, económico y político, resulta indispensable que la agencia garantice procesos transparentes, independientes y libres de presiones externas y conflictos de intereses.
La convergencia de los cambios internos que se están produciendo en la FDA desde que asumió la nueva administración: una intensa rotación del liderazgo, la disminución marcada de personal experimentado y la incorporación de figuras con fuertes vínculos previos con la industria farmacéutica podría incrementar la percepción de vulnerabilidad institucional.
Expuesto lo anterior, resulta sensato y necesario que la FDA implemente y comunique con mayor claridad salvaguardas adicionales que aseguren que las decisiones se basarán exclusivamente en la evidencia científica, el interés público y el beneficio colectivo, que se defenderá la integridad de la ciencia en los procesos regulatorios y se tratará de recuperar la confianza de los pacientes y de los profesionales de la salud tomando decisiones transparentes, fundamentadas en preservar y mejorar la salud.
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