Conflictos de Interés

La Academia Americana de Pediatría (AAP o American Academy of Pediatrics), que cuenta con unos 67.000 miembros, es la organización pediátrica más influyente de EE UU, y quizás de todo el mundo. Entre otras funciones, la AAP emite recomendaciones oficiales —sobre temas que van desde las vacunas contra la covid-19, hasta el sueño en la infancia— que determinan cómo se debe atender a los niños estadounidenses en casa y en el consultorio médico [1].

Recientemente, las nuevas recomendaciones de inmunización que elaboró la AAP fueron objeto de críticas por parte del secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., quien dijo en una publicación en X, el 19 de agosto, que la AAP “debía revelar sus conflictos de intereses” para que los estadounidenses pudieran “preguntarse si las recomendaciones de la asociación reflejaban los intereses de la salud pública o si quizás eran solo un fraude para promover las ambiciones comerciales de las empresas farmacéuticas benefactoras de la AAP” [2].

Kennedy, quien fundó una organización que cuestiona la seguridad de las vacunas de uso frecuente, y que ha participado en demandas contra los fabricantes de vacunas, podría tener sus propios conflictos de intereses. Y las relaciones de financiación o consultoría entre médicos y empresas farmacéuticas no son inusuales. Pero los comentarios de Kennedy, aunque estén motivados ideológicamente, reflejan inquietudes más importantes sobre la influencia que la financiación corporativa podría tener en muchas asociaciones médicas estadounidenses, incluyendo la AAP, y sobre por qué la organización pediátrica más importante no hace nada más para revelar posibles conflictos de intereses en la elaboración de sus guías y otras recomendaciones y avales oficiales.

En algunos casos, esas recomendaciones que publican sugieren que los autores no tienen ningún conflicto farmacéutico digno de mención, aun cuando estos han recibido honorarios por consultoría o financiación para investigación por parte de empresas que tienen un interés particular en el resultado.

Undark descubrió, por ejemplo, que uno de los autores de las guías de 2018, respaldadas por la AAP, sobre el tratamiento de la depresión en adolescentes, ha sido consultor de los fabricantes de los antidepresivos Zoloft y Lexapro, un detalle que se reveló en otros artículos que él escribió por esa época, pero que no se menciona en las guías [3].

Un análisis académico reciente reveló que varios autores de una controvertida guía de 2023, en la que se recomienda prescribir medicamentos para bajar de peso a algunos niños más pequeños (junto con cambios en el estilo de vida y otros tratamientos), tienen vínculos financieros con las empresas que fabrican esos medicamentos [4]. Sin embargo, esos vínculos no se mencionan en la guía.

Asimismo, un borrador de declaración normativa publicado en agosto, en el que se recomendaba que se aplicara la última vacuna contra la covid-19 a bebés y a algunos niños de mayor edad, indicaba que los autores no tenían ningún potencial conflicto de intereses que revelar. Sin embargo, los registros públicos muestran que al menos nueve de los 16 miembros del comité responsable de esas declaraciones, y otras recomendaciones de inmunización, han recibido pagos, financiación para investigación o beneficios en forma de comidas, viajes o alojamiento por parte de los fabricantes de vacunas. De ellos, cinco tienen vínculos financieros con empresas que comercializan vacunas contra la covid-19 en EE UU.

Poco después de que Undark enviara preguntas sobre esos posibles conflictos de intereses a la AAP, se actualizó el borrador público para señalar que dos de los miembros del comité, que tenían vínculos financieros con los fabricantes de vacunas contra la covid-19, no habían participado en la elaboración de las recomendaciones [5]. “Se revisaron otras declaraciones de los miembros del comité y se determinó que no eran relevantes para el trabajo relacionado con la declaración”, dice actualmente el borrador.

En todos estos casos, es posible que estos vínculos financieros no hayan influido en las directrices o políticas, y es probable que quienes trabajan en su redacción hayan revelado posibles conflictos de intereses a la AAP, como parte del proceso de selección. Sin embargo, según algunos expertos, la falta de transparencia y divulgación por parte de la AAP se aleja de las buenas prácticas. Las deliberaciones privadas de la AAP también hacen que resulte difícil conocer la naturaleza exacta de las relaciones de consultoría entre los investigadores y los fabricantes de medicamentos, incluyendo si el trabajo estaba relacionado con un medicamento, que pudiera estar indirectamente respaldado por una declaración normativa de la AAP, o con algún otro asunto no relacionado.

En una declaración enviada por Susan Martin, vicepresidenta de relaciones públicas de la AAP, la organización insistió en que su proceso de selección era riguroso. La AAP solicita habitualmente “información adicional sobre el alcance y el propósito de cualquier trabajo que un autor esté realizando con una empresa”, según se lee en la declaración enviada por correo electrónico. “En el caso de una persona que haya recibido financiación para investigación, por ejemplo, dicha información incluiría detalles sobre cualquier producto específico que se esté investigando”.

Si la AAP identifica un posible conflicto relevante, la organización afirmó que eso impediría que “en la mayoría de los casos”el investigador actuara como autor principal en una declaración normativa de la AAP relacionada con ese producto. Los expertos cuya relación con una empresa se centre en un producto diferente o no relacionado, añadió la organización, “pueden seguir contribuyendo”.

Según informó la organización a Undark, los autores de guías y otras recomendaciones están sujetos a una política que “incluye declaraciones anuales, la notificación de nuevos conflictos y un riguroso proceso de revisión”.

Sin embargo, los detalles sobre la naturaleza y el rigor de ese proceso de revisión, incluyendo cómo la organización juzgó cualquier caso particular de posible conflicto, suelen seguir estando poco claros para el público. Y ninguna de las recomendaciones revisadas revela que la propia AAP acepta donaciones de patrocinadores corporativos. En su sitio web, la organización sí da a conocer esas asociaciones, describiendo una “Cumbre Corporativa” anual en su sede de Illinois para donantes de US$50.000 o más, un estatus que disfrutan las empresas farmacéuticas Pfizer, Merck, Moderna y Sanofi, así como Mead Johnson Nutrition y Abbott, dos de los principales productores de leche de fórmula para bebés [6].

El contenido para padres también tiene marca: un seminario web sobre el sueño, celebrado en 2020, fue patrocinado por una empresa que fabrica suplementos de melatonina [7]. Un boletín informativo de mayo de 2024, sobre el tiempo que se pasa frente a la pantalla, incluye a la empresa de telecomunicaciones AT&T entre sus patrocinadores [8].

Es difícil determinar si estos tipos de relaciones financieras influyen en las políticas de la AAP. La organización declaró a Undark que solo alrededor del 4% de los ingresos que recabaron entre julio de 2024 y junio de 2025 procedía de financiación corporativa, y añadió que “todo el apoyo externo se comunica de forma transparente, en consonancia con su misión y regido por estrictos protocolos de interacción”. Según la declaración, esa financiación no se utiliza para el desarrollo de políticas.

Sin embargo, varios expertos en conflictos de intereses y su divulgación cuestionaron por qué la AAP no siempre revelaba dichas relaciones financieras en sus guías, o por qué no hacía más por separarse de tales vínculos corporativos en primer lugar.

Quinn Grundy, investigador de la Universidad de Toronto, quien estudia la influencia de la industria en los sistemas de salud, tras revisar los detalles de las guías de la AAP sobre los medicamentos para bajar de peso afirmó: “Está claro que el proceso no está en consonancia con los estándares internacionales de calidad para la elaboración de guías fiables”.

Sin embargo, añadió que la organización no era una excepción: “La Academia Americana de Pediatría, sus líderes, y los miembros que elaboran estas guías se comportan de una manera que las asociaciones profesionales médicas y la profesión médica consideran que es completamente normal y aceptable.

En una declaración a Undark, el director ejecutivo de la AAP, Mark Del Monte, elogió la estrategia de su organización. En un comunicado escrito afirmó: “La AAP está seriamente comprometida con la elaboración de recomendaciones sobre salud infantil en las que los médicos y las familias puedan confiar; Las recomendaciones de la AAP son científicamente sólidas, clínicamente relevantes y libres de influencias indebidas. Nuestro objetivo es servir a los pediatras y al público, con integridad y transparencia”.

A menudo, la financiación farmacéutica dirigida a los médicos se utiliza para la investigación: por ejemplo, una empresa farmacéutica puede financiar el estudio de un médico de un medicamento concreto. Un centro médico académico puede llevar a cabo ensayos clínicos que son fundamentales para comercializar medicamentos vitales.

Otras formas de pago son más ambiguas: los representantes farmacéuticos pueden invitar a los médicos a cenar, pagarles los gastos de viaje y alojamiento, u ofrecerles honorarios por conferencias y consultoría. Para algunos, tales interacciones son rutinarias y no necesariamente comprometen la independencia e integridad del trabajo científico.

En un artículo publicado en 2008 el difunto profesor Thomas Stossel, de la Facultad de Medicina de Harvard, explicó en la revista médica The BMJ que una vigilancia excesiva de los conflictos de intereses puede obstaculizar la innovación médica [9]. Según escribió, tales políticas “impiden que los mejores expertos impartan formación y asesoría, además consumen tiempo y dinero, y son profundamente irrespetuosas con los médicos e investigadores”.

Sin embargo, los críticos del sistema actual afirman que estas interacciones a veces parecen poco más que una contraprestación, lo que, según sugieren algunas evidencias, sí influye en el comportamiento de los médicos [10]. “Es el tipo de corrupción y soborno institucionalizados que existen desde hace tanto tiempo, que ya nadie se sorprende”, afirma Carl Elliott, bioeticista de la Universidad de Minnesota y autor del libro de 2010 “White Coat, Black Hat: Adventures on the Dark Side of Medicine” (Bata blanca, sombrero negro: aventuras en el lado oscuro de la medicina). “De hecho, no toleraríamos ese tipo de conflicto de intereses si se tratara de un periodista, un juez o un agente de policía… Sin embargo, por alguna razón, en el caso de los médicos, les permitimos salirse con la suya, siempre y cuando lo divulguen”.

Según la legislación federal, esas empresas deben informar esos pagos al gobierno federal, que a su vez pone la información a disposición del público a través de la base de datos Open Payments [11].

Los riesgos son especialmente graves en el caso de las guías, ya que grupos relativamente pequeños de médicos y científicos redactan recomendaciones que pueden influir en la atención médica de todo un país o de todo el mundo. En respuesta a ello, las organizaciones han desarrollado procesos para revelar y resolver posibles conflictos de intereses. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, instruye a los redactores de guías que declaren todos los intereses potencialmente relevantes a revisores independientes. En las guías publicadas se enumeran esas declaraciones y luego se indica si los revisores consideraron que los conflictos de intereses fueron significativos y, de ser así, se indica cómo se abordaron dichos conflictos.

Según Lisa Bero, investigadora de la Universidad de Colorado, que estudia el impacto de los conflictos de intereses en la salud el proceso de la AAP es considerablemente menos transparente. Señaló que la cuestión de los conflictos de intereses no es exclusiva de la AAP: “No se me ocurre ningún ejemplo de una asociación médica con una buena política”, escribió en un correo electrónico a Undark, “pero puede que haya alguna”.

En julio, Bero y tres colegas publicaron un artículo en The BMJ en el que analizaban las guías de 2023 de la AAP sobre el tratamiento de la obesidad infantil. Notaron que las guías diferían de las de otros países —ya publicadas o en fase de desarrollo— por el hecho de aprobar el uso de medicamentos para la pérdida de peso en niños pequeños [12].

“En las guías sobre obesidad infantil de la AAP, no se reveló ningún conflicto de interés financiero que involucrara a empresas farmacéuticas”, escribieron los autores. Sin embargo, el equipo continuó diciendo que habían “identificado a 11 desarrolladores de fármacos agonistas del GLP-1 que realizaron pagos de patrocinio corporativo a la AAP, durante 2012-24”. Además, diez personas que participaron en la elaboración de las guías habían recibido obsequios, beneficios adicionales o pagos por parte de dichas empresas entre 2017 y 2023, que iban desde pequeñas compras de alimentos y bebidas, hasta más de US$17.000 en concepto de honorarios de consultoría para uno de los autores.

No está claro si esas remuneraciones influyeron de alguna manera en las guías. Sin embargo, algunos expertos afirman que la falta de transparencia deja lugar a dudas. Además, según los autores, el proceso de la organización para revelar los conflictos de intereses “se alejó de los estándares internacionales”.

Bero lo explicó con más detalle en un correo electrónico enviado a Undark: “No proporcionan información sobre lo que realmente revisaron en referencia a la divulgación de información por parte de los participantes, ni sobre cómo la evaluaron para llegar a la conclusión de que no existía ningún conflicto de intereses”.

Bero también señaló a organizaciones internacionales que mantienen normas más estrictas en materia de transparencia en los conflictos de intereses, incluyendo el Consejo Nacional de Investigación Médica y de Salud de Australia (National Health and Medical Research Council), el Instituto Nacional para la Salud y la Excelencia de los Servicios de Salud (National Institute for Health and Care Excellence) en el Reino Unido y el Instituto para la Calidad y la Eficiencia en la Atención Sanitaria (Institute for Quality and Efficiency in Health Care) en Alemania.

Undark identificó otros ejemplos en los que los autores de las recomendaciones de la AAP, o de las guías que respalda la asociación, habían recibido financiación de empresas farmacéuticas que no se mencionaba en el producto final.

Por ejemplo, en un artículo que se publicó en 2017 en una revista que no está afiliada a la AAP, el psiquiatra de niños Graham Emslie dijo que había trabajado como consultor para ocho empresas —entre ellas Pfizer, que fabrica el popular antidepresivo Zoloft— [13]. Menos de un año después, apareció como autor de guías respaldadas por la AAP, publicadas en la revista principal de la Academia, que hablan sobre la prescripción de antidepresivos [14]. El artículo no mencionaba ningún conflicto de intereses por parte de Emslie. Es posible que esas relaciones financieras implicaran productos no relacionados con las guías y que no tuvieran ninguna influencia en la declaración normativa final. Sin embargo, algunos críticos afirman que la falta de transparencia de la AAP genera desconfianza en relación con las guías. (Emslie no respondió a la solicitud de comentarios).

En agosto de 2022, una declaración normativa, en la que se recomendaba la administración de vacunas contra la covid-19 a niños, no reveló ningún conflicto de intereses por parte de sus autores, señalando que todos ellos habían presentado declaraciones de conflicto de intereses ante la AAP, y que “todos los conflictos se habían resuelto” [15, 16]. Según los registros de Open Payments, el presidente del comité responsable de la normativa recibió US$17.590 en concepto de honorarios de consultoría por parte de Pfizer, fabricante de una de las vacunas, entre 2018 y 2022, además de una importante financiación para realizar investigación. Una vez más, es posible que esa relación financiera no haya influido en la recomendación, pero, según los críticos, una mayor transparencia ayudaría a reafirmar la confianza del público.

En su declaración a Undark, la AAP se opuso a que solo se utilizaran los datos de Open Payments para evaluar los conflictos de intereses, alegando que los registros “a menudo carecen de contexto detallado” y no se verifican de forma independiente.

La AAP afirmó que cuenta con “una política completa sobre conflictos de intereses”, pero la asociación no puso dicha política a disposición de Undark para su revisión. Las deliberaciones no son públicas, y no está claro cómo es que la AAP determina que algunas relaciones financieras con empresas farmacéuticas no necesitan ser divulgadas en las guías o recomendaciones finales.

Es más complicado determinar si todo esto cambia la forma en que los médicos y el público en general deberían entender estos documentos. Los médicos pueden estar seguros de que un pago por investigación o una comida gratis no influirán en su capacidad para analizar la evidencia. La naturaleza específica de las relaciones con la industria puede variar mucho. Los comités numerosos implican que ninguna persona por sí sola determina necesariamente la conclusión final. Y los autores de las guías que tienen conflictos de intereses pueden ser expertos destacados en su campo, muy respetados por su trabajo y experiencia.

“Me genera cierto conflicto”, afirmó Kenny Lin, profesor de medicina familiar en la Universidad de Georgetown, quien escribió sobre el artículo de Bero y sus colegas para un blog de medicina [17]. Según él, la AAP “podría haber hecho un mejor trabajo en este caso”. Sin embargo, añadió que no está seguro de “que simplemente haya que descartar todo el asunto”. Conocer los conflictos puede hacer reflexionar, dijo, pero muchas partes del documento, como las recomendaciones sobre el estilo de vida, probablemente no se hayan visto influidas por los conflictos de intereses. “Las guías en sí mismas probablemente no se hayan visto afectadas de forma irremediable”, afirmó Lin.

En un momento de creciente desconfianza hacia las instituciones científicas, algunos expertos sugirieron que la AAP y otras asociaciones médicas podrían obtener beneficios si introdujeran algunos cambios. Grundy, de la Universidad de Toronto, reflexionó sobre el precio de aceptar patrocinios corporativos que, en última instancia, solo representan una fracción del presupuesto de la organización: “Si eso está socavando su capacidad para crear guías, ofrecer servicios de formación y asesoría rigurosos, responsables y fiables, entonces sería posible encontrar estrategias para lograr una mayor independencia en ese ámbito”, afirmó.

“Les preguntaría por qué no se adhieren a las normas internacionales para evaluar la evidencia y manejar los conflictos de intereses en el proceso de elaboración de las guías”, escribió Bero, la investigadora de Colorado, en un correo electrónico a Undark. “No les costaría nada más, así que ¿por qué no hacerlo?”.