Hace una década, las empresas farmacéuticas empezaron a publicar informes de “transparencia de precios” cuidadosamente elaborados, que dan la impresión de que los precios de sus medicamentos apenas aumentan, o incluso disminuyen.
Estos informes no incluyen los precios específicos de los medicamentos, solo reportan las variaciones promedio en los precios de lista y en los precios netos de todos sus medicamentos. Al igual que en el sector hospitalario, los precios de lista son los importes inflados artificialmente que establecen las farmacéuticas, y los precios netos son los que realmente obtienen tras negociar los descuentos y reembolsos con las gestoras de beneficios farmacéuticos.
Según informa Statnews [1], en opinión de los expertos, con estos informes, las empresas logran distraer la atención sobre los elevados precios que imponen al mercado estadounidense, que son muy superiores a los de otros países, y a la vez aplacan los llamados a la transparencia total y obligatoria de los precios de los medicamentos. Uno de los expertos dijo “Estos informes forman parte, en esencia, de una estrategia más amplia de la industria para culpar a las gestoras de beneficios farmacéuticos y a los hospitales por los altos precios de los medicamentos, y eludir cualquier responsabilidad que ellas desempeñen en su fijación”.
Además, estos informes presentan deficiencias. Los datos no siempre están ponderados, lo que significa que los medicamentos que generan mayores ingresos y que potencialmente ofrecen descuentos mínimos se comparan en igualdad de condiciones con los medicamentos que generan menos ingresos y ofrecen mayores descuentos. Las compañías tampoco desglosan las fluctuaciones de precios de cada medicamento, lo que les permite mantener oculta la información más relevante sobre precios netos y descuentos.
Los economistas consideran que estos informes no son útiles. Por ejemplo, el último informe de J&J indicó que el 58% de sus ventas brutas se destinó a otras entidades del sector sanitario en forma de reembolsos, descuentos y otras comisiones. Esto equivale a US$48.000 millones que fueron a parar a manos de “aseguradoras, gestoras de beneficios farmacéuticos, hospitales, programas gubernamentales y otras entidades del sector sanitario” [2].
Sin embargo, estas otras entidades no retienen la totalidad de ese dinero. El sector de las gestoras de beneficios farmacéuticos, dominado por tan solo tres empresas, está plagado de conflictos de intereses y destinan la gran mayoría de los descuentos y concesiones a las aseguradoras, empleadores y programas gubernamentales que las contratan; dinero que luego se utiliza para contener el costo de las primas de seguros.
J&J afirmó que el precio neto de todos sus medicamentos aumentó un 0,5 % en 2024, pero no reveló el aumento promedio de los precios de lista. Esta cifra agregada da la impresión de que J&J se mantiene estable. El informe no ofrece información sobre la competencia que rodea a los medicamentos de la compañía y oculta cuánto ha aumentado el precio de cada medicamento a lo largo del tiempo.
J&J no proporcionó los precios de lista, los precios netos ni la información sobre reembolsos de sus medicamentos.
Las farmacéuticas están intentando debilitar las regulaciones que las obligarían a publicar los precios reales de los medicamentos, dejando claro que no quieren estar sujetas a los mismos estándares que ya existen para los hospitales.
Trump firmó una orden ejecutiva en febrero [3] que obligaría a empleadores y aseguradoras a revelar los precios reales de todos los medicamentos recetados.
PhRMA, el principal grupo de presión de las farmacéuticas, presionó para que se exigieran más informes a las aseguradoras y a las gestoras de beneficios farmacéuticos (PBM), sin revelar los precios netos de los medicamentos individualmente. Según una carta enviada a funcionarios de la administración Trump, PhRMA afirmó que los descuentos y los datos de precios solo debían reportarse a nivel de plan.
La Asociación de Gestión de la Atención Farmacéutica (PCMA), que representa a las PBM, también comunicó a la administración Trump que los descuentos no debían desglosarse ni reportarse por separado.
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Referencias