El presidente Donald Trump ha planteado un cambio profundo al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN) entre Canadá, México y EE UU que está en proceso de renegociación. De momento, se ha prestado poca atención a como esos cambios o la terminación del Tratado afectaría el acceso a los medicamentos en los tres países, y como podría tener un impacto negativo para cientos de millones de personas que residen más allá de las fronteras de TCLAN.

El punto de partida de Trump sobre lo que quiere conseguir para EE UU hace caso omiso a la declaración de la Organizacion Mundial del Comercio del 2001 sobre “las flexibilidades” incluidas en las regulaciones del comercio internacional sobre propiedad intelectual para promover el acceso a los medicamentos. Un análisis más detallado de la lista de propuestas expone la agenda auténtica de Trump: aprobar las solicitudes de las grandes empresas farmacéuticas que quieren fortalecer las normas de la propiedad intelectual para así incrementar sus beneficios a expensas de las personas que necesitan los medicamentos. Los objetivos de EE UU establecen claramente que Trump quiere que la política de propiedad intelectual de Canadá y México sean “similares a la legislación de EE UU.” Traducción: Trump favorece las medidas para proteger las inmensas ganancias que las industrias farmacéuticas obtienen de las patentes, ya sea retrasando la entrada de genéricos de bajo precio en el mercado o debilitando las regulaciones o programas que controlan los precios. Y más complicaciones para que Canadá pueda llegar a ofrecer cobertura universal de medicamentos, algo que hace tiempo debería haber hecho.

El TCLAN original normalizaba un conjunto de medidas restrictivas sobre patentes y otros privilegios de propiedad intelectual. También preparaba el camino para que estas regulaciones se incluyeran en subsecuentes tratados de comercio—incluyendo la Asociación Trans-Pacífico (TTP)—que tiene como objetivo limitar las opciones que existen en otros países para que los medicamentos sean accesibles física y económicamente, incluyendo a los más pobres del mundo.

Dependiendo de lo que diga el nuevo tratado, un TCLAN “modernizado” puede empeorar las cosas no solo en América del Norte sino a nivel global, si el nuevo tratado sirve como modelo para futuros tratados.

Por ejemplo, usando las flexibilidades incluidas en las regulaciones actuales de la Organización Mundial del Comercio (OMC), algunos productores de medicamentos genéricos producen medicinas de bajo costo, facilitando que algunas de las poblaciones más marginadas del mundo tengan acceso a medicamentos que salvan vidas. Ampliar el tratamiento para VIH a millones de personas en los países de bajos ingresos solo ha sido posible usando genéricos de bajo precio y buena calidad, particularmente gracias a los productores de la India. Sin embargo, si las negociaciones de libre comercio fueran aprobadas, legislaciones como la de India, que han facilitado esta producción durante los 15 últimos años, se verían amenazadas por las regulaciones más restrictivas de propiedad intelectual que se intentan imponer. Como el futuro del TPP es incierto, las grandes farmacéuticas globales están utilizando la renegociación de TCLAN como nuevo foro. Podemos estar seguros de que cualquier restricción que se consiga en la renegociación de TCLAN se utilizará como “estándar mínimo” para presionar a que los otros países las incluyan en otros tratados de comercio. Hemos visto esta táctica una y otra vez; incluso con el mismo TCLAN.

La amenaza al acceso a los medicamentos, y otros bienes públicos, también se presenta en otro frente. Actualmente, TCLAN ha denunciado ampliamente la cláusula de “compensación por conflictos entre el Estado y el inversor”. Esta cláusula permite que el inversor lleve a juicio a los gobiernos por interferir con las ganancias de las empresas, o potencialmente incluso únicamente por sus expectativas de beneficios, cuando los gobiernos legislan a favor del interés público.

Después de perder dos juicios en los juzgados de Canadá, la poderosa multinacional Eli Lilly trató de usar el TCLAN para forzar cambios a las leyes canadienses de patentes. Afortunadamente, perdió en su intento de forzar el texto actual de TCLAN para que se aplicara a temas de propiedad intelectual. Ahora, dado lo que hemos visto sobre el TPP, las grandes farmacéuticas y muchos otros grupos corporativos (lobby groups) acaban de publicar una carta en la cual piden que EE UU amplíe la regulación de los conflictos entre Estado e inversor en la renegociación de TCLAN.

La ministra de asuntos exteriores, Chrystia Freelan ha dicho que Canadá quiere modernizar el TCLAN. Esto debe incluir salvaguardar el acceso a los medicamentos.

En primer lugar, necesitamos una evaluación transparente e independiente de cómo los cambios que se proponen afectarán los derechos humanos y a la salud pública, incluyendo el acceso a medicamentos, en Canadá y a nivel global.

En segundo lugar, los países necesitan mayor flexibilidad en sus políticas de propiedad intelectual para asegurar que el precio de las medicinas es accesible a las personas que las necesitan, lo que se traduce en un rechazo firme a las presiones de las grandes farmacéuticas para ampliar los monopolios.

En tercer lugar, Canadá debería estar de acuerdo en eliminar las perniciosas provisiones de compensación por conflictos entre Estado e inversor que permiten que las corporaciones lleven a juicio a los gobiernos por hacer lo correcto, es decir regular en favor del interés público, incluyendo la promoción de la salud pública y el acceso a las medicinas. Por lo menos, Canadá (y México) deberían negarse a ampliarlo y rechazar que se aplique a la legislación sobre propiedad intelectual.

El primer ministro Trudeau ha manifestado su preocupación por la salud global, incluyendo el acceso a las medicinas para los cientos de millones que no lo tienen. Ya es hora de que se cumplan los buenos deseos con acciones que rechacen las demandas de EE UU para que las grandes farmacéuticas aumenten sus ganancias a expensas de la salud de los pacientes y de sus vidas. Hay algunas cosas que no se pueden poner en la mesa de negociaciones.

Nicholas Caivano es analista de políticas y Richard Elliott es el director ejecutivo de Canadian HIV/AIDS Legal Network (www.aidslaw.ca).