Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
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Illinois está considerando legislación para abordar la carga financiera que debe afrontar por el alto precio de los medicamentos recetados. El proyecto de ley HB 1443 [1] / SB 66 [2] establecería una Junta de Asequibilidad de Medicamentos Recetados (Prescription Drug Affordability Board o PDAB) para analizar los costos excesivos de los fármacos y fijar límites máximos de pago para ayudar a contener el gasto. La propuesta de ley de Illinois se basaría en el éxito del Programa federal de Negociación de Precios de los Medicamentos de Medicare, y adoptaría los precios negociados por Medicare como límites máximos de pago en todo el estado.
La industria farmacéutica a menudo se opone a los esfuerzos por frenar los precios de los medicamentos recetados, alegando que hacerlos más asequibles perjudicará su capacidad para invertir en la investigación y el desarrollo de nuevos fármacos. En realidad, las compañías farmacéuticas no fijan los precios en base al costo de la investigación y desarrollo del medicamento [3]; al contrario, amparadas por protecciones monopólicas, establecen los precios en función de lo que el mercado está dispuesto a pagar [4], obteniendo así enormes beneficios en el proceso [5].
Las compañías farmacéuticas gastan miles de millones en enriquecer a sus accionistas mediante la recompra de acciones y el pago de dividendos, en lugar de invertir en tratamientos nuevos [6]. En los últimos cuatro años (de 2022 a 2025), las 15 empresas que cotizan en bolsa, cuyos medicamentos fueron seleccionados para la primera y segunda ronda de negociaciones con Medicare, gastaron, en conjunto, US$4.400 millones más en recompra de acciones y dividendos que en investigación y desarrollo (véanse el Cuadro 1 y la Figura 1). Durante cada uno de los años de dicho periodo, estas empresas gastaron colectivamente una suma superior, o casi equivalente, en la recompra de acciones y dividendos a la que destinaron a investigación y desarrollo. Cabe destacar que aproximadamente la mitad de los medicamentos (12 de 25) para los cuales Medicare ya ha negociado precios figuraban entre los 25 fármacos que generaron mayores gastos para los planes de salud del estado de Illinois, que ofrecen cobertura a los empleados estatales y a los jubilados. Según datos obtenidos mediante una solicitud amparada por la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act o FOIA), estos 12 medicamentos representaron un gasto de casi US$1.000 millones para los planes de salud estatales entre los años fiscales 2024 y 2025 [7].
Análisis realizado por Public Citizen a partir de los documentos presentados por las empresas ante la SEC y de informes financieros análogos [8]; datos de Illinois obtenidos por Citizen Action/Illinois mediante una solicitud de la FOIA dirigida al Departamento de Servicios de Gestión Central de Illinois, relativos a los gastos de los planes de salud estatales en medicamentos recetados. Es posible que los datos obtenidos mediante la FOIA no constituyan un recuento exhaustivo de todos los gastos en medicamentos de los planes de salud estatales. La suma de los valores podría no coincidid con el total general mostrado debido al redondeo.
Del mismo modo, en 2025, las 10 mayores corporaciones farmacéuticas destinaron US$84.000 millones a la retribución de los accionistas y obtuvieron US$131.000 millones en beneficios [9], e invirtieron US$109.000 millones en investigación y desarrollo.
Las empresas con las que Medicare ha negociado precios durante las dos primeras rondas de su programa de negociación también destinan más fondos a los pagos a los accionistas que otras empresas. Según una comparación de los pagos financieros promedio a los accionistas (recompras y dividendos), estas empresas gastan casi tres veces más en distribuciones a los accionistas que otras compañías que cotizan en bolsa y están incluidas en el índice S&P 500 (Figura 2).
Análisis de Public Citizen de los documentos presentados por las empresas ante la SEC y de los informes financieros análogos correspondientes a los medicamentos seleccionados por Medicare (únicamente durante la primera y segunda ronda), periodo 2022-2025; y análisis de Twomey et al. (2026) [10] sobre las empresas incluidas en el índice S&P 500 (excluyendo el sector biofarmacéutico, los servicios financieros y los fideicomisos de inversión inmobiliaria), periodo 2019-2023. El objetivo de este análisis es ilustrar la enorme brecha existente en el promedio de los pagos a los accionistas entre un grupo selecto de compañías farmacéuticas y el resto de las empresas del S&P 500; no obstante, no constituye una comparación directa y exacta, dado que los datos se extrajeron de periodos de tiempo ligeramente distintos.
El precio excesivo de los medicamentos resulta aún más indignante si se considera que las contribuciones financiadas por los contribuyentes sustentan, en la práctica, la totalidad de los nuevos fármacos [11]. Con frecuencia, dichas contribuciones se destinan a investigaciones básicas sobre los objetivos biológicos de la acción farmacológica, base sobre la cual se sustenta el desarrollo de medicamentos, mitigando así los riesgos inherentes a las etapas críticas de la investigación y el desarrollo. Los medicamentos seleccionados para la primera ronda de negociaciones de Medicare se beneficiaron, en conjunto, de una financiación de US$12.000 millones proveniente de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) [12] (cifra que osciló entre los US$4,5 millones para la insulina aspart y los US$6.480 millones para el ustekinumab), fondos destinados a la investigación básica sobre objetivos farmacológicos y a la investigación aplicada en etapas avanzadas, todo ello previo a la aprobación de dichos fármacos por parte de la FDA [13].
Las empresas farmacéuticas comercializan los mismos medicamentos a precios considerablemente inferiores en países comparables y, aun así, obtienen beneficios económicos a dichos precios. La reducción de los precios de los medicamentos mediante su programa de negociación de precios, tal como ha logrado el gobierno federal en el marco de Medicare, y tal como propone el estado de Illinois a través de una iniciativa legislativa para la creación de una Junta de Asequibilidad de Medicamentos Recetados (PDAB) permitirá contener los costos sin dejar de generar ingresos lucrativos para las corporaciones farmacéuticas. Los precios de los medicamentos seleccionados para la primera ronda de negociaciones de Medicare resultaron, en promedio, más de cuatro veces superiores en EE UU que en los países comparables [14], tomando como referencia los precios netos estimados en EE UU antes del proceso de negociación [15]. Incluso tras las negociaciones con Medicare, los precios de dichos medicamentos continúan siendo más elevados que los vigentes en otros países [16].
La industria farmacéutica plantea una falsa disyuntiva: la elección entre hacer que los medicamentos sean más asequibles o, por el contrario, perjudicar la innovación. En realidad, las corporaciones dedicadas a los medicamentos recetados se valen de los monopolios otorgados por el gobierno para fijar precios orientados a maximizar sus ingresos; no obstante, es perfectamente posible reducir los precios de manera significativa sin menoscabar el proceso de innovación. Las negociaciones de precios de medicamentos de Medicare lo han demostrado a nivel federal, con proyecciones que indican que el programa dará lugar a tan solo un 0,01% menos de medicamentos nuevos a lo largo de 30 años [17], al tiempo que ahorrará miles de millones de dólares a los pacientes y contribuyentes durante ese mismo periodo. La legislación propuesta por Illinois para la Junta de Revisión de la Asequibilidad de los Medicamentos (PDAB) puede tomar como base las negociaciones de Medicare en beneficio del 81% de sus residentes que no están inscritos en dicho programa [18], y puede reducir los costos de aquellos medicamentos que se considere que plantean desafíos de asequibilidad y para los cuales Medicare aún no ha negociado precios. Illinois debería aprobar una legislación que ayude a garantizar que las compañías farmacéuticas no puedan anteponer sus beneficios a las necesidades de los ciudadanos comunes que luchan por costear sus medicamentos.
Referencias