Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
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El presidente Trump ha firmado un paquete de gastos de US$1,2 billones, cuyas disposiciones podrían cambiar radicalmente la forma en que operan los gestores de beneficios farmacéuticos (pharmacy benefit managers o PBM). La legislación también puso fin a un cierre parcial del gobierno que había comenzado el 31 de enero por la mañana.
Una de las funciones principales de los PBM es negociar descuentos para los planes de seguros de salud. Sin embargo, los críticos de estos intermediarios farmacéuticos sostienen que los PBM han provocado un aumento de los precios, en lugar de contener los costos de los medicamentos. Esto se debe a que, dada la estructura de los reembolsos, los PBM se benefician de que los precios de lista sean elevados. Cuando más alto es el precio de lista, mayor es el monto de los reembolsos, y los PBM se quedan con una parte de estos últimos (Nota de SyF, para ser más precisos: Los PBM negocian reembolsos de medicamentos para los planes de salud a cambio de una ubicación favorable de los fabricantes de fármacos en los formularios. Consecuentemente, los fabricantes de medicamentos aumentan los precios de lista para poder ofrecer mayores reembolsos. Los copagos de los beneficiarios se basan en los precios de lista. Además, los PBM establecen redes de farmacias y les cobran tarifas).
No obstante, en virtud de la nueva ley, los PBM no podrán vincular los reembolsos a los precios de lista de las compañías farmacéuticas, y se les exigirá transferir el 100% de los reembolsos a los planes y patrocinadores.
Además, la legislación exigirá que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (Centers for Medicare & Medicaid Services o CMS) establezcan contratos para los planes de la Parte D de Medicare que sean “razonables y pertinentes”, y que verifiquen su cumplimiento. La legislación también incluye las siguientes disposiciones:
Las disposiciones del proyecto de ley relativas a los PBM parecían destinadas a convertirse en ley hacia finales de 2024 [3], hasta que intervino Elon Musk, quien por aquel entonces ejercía como asesor del presidente electo Trump.
Otras partes del paquete de gastos firmado por Trump esta semana incluyen fondos para el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), tales como el presupuesto de los Institutos Nacionales de Salud para 2026 [4], prórrogas temporales de las flexibilidades en materia de telesalud para Medicare [5], y las flexibilidades relativas a la atención hospitalaria – domiciliaria que se implementaron durante la pandemia.
Los PBM están “aplastando a las farmacias de pequeñas empresas”.
En enero de 2025, una investigación de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission o FTC) reveló que los tres PBM (gestores de beneficios farmacéuticos) más grandes (Caremark Rx de CVS Health, Express Scripts de Cigna y OptumRx de UnitedHealth) inflaron los precios de los medicamentos genéricos especializados, incluyendo los fármacos para enfermedades cardíacas y el cáncer, por encima de sus costos de adquisición, generando más de US$7.300 millones en ingresos entre 2017 y 2022 [6].
Además, las tasas de reembolso que los PBM pagaron por casi la totalidad de los medicamentos genéricos analizados por el personal de la FTC fueron más altas para las farmacias afiliadas que para las farmacias independientes no afiliadas.
La Asociación Nacional de Farmacéuticos Comunitarios (National Community Pharmacists Association o NCPA) aplaudió las nuevas restricciones impuestas a los PBM.
“Durante años, nuestros miembros y nosotros hemos estado diciendo a todo aquel que ha querido escuchar, y trabajando para convencer a quienes no querían hacerlo, que los conglomerados de PBM y aseguradoras están devorando cuota de mercado, disparando los costos de los medicamentos, aplastando a las farmacias de pequeñas empresas y dificultando que los pacientes reciban la atención que necesitan”, declaró en un comunicado de prensa B. Douglas Hoey, RPh, director ejecutivo de la NCPA [7].
“Hemos estado advirtiendo que, a menos que se tomen medidas, cerrarán más farmacias y proliferarán más ‘desiertos farmacéuticos’. Lamentablemente, con el paso del tiempo se confirmó que teníamos razón y, por fin, se están tomando medidas para ayudar a revertir estas tendencias”, añadió.
Hoey agradeció a “nuestros defensores en el Congreso” y al presidente Trump por ayudar a que estas disposiciones llegaran a buen puerto.
Por su parte, la organización Transparency-Rx calificó la medida como un “punto de inflexión” y un “primer paso crucial” hacia el restablecimiento de la competencia en el mercado.
“Estas disposiciones eliminan los incentivos perversos vinculados a los precios de lista elevados y a la compensación basada en reembolsos; estandarizan las definiciones y garantías de los PBM en todo el mercado; y refuerzan la transparencia contractual y los derechos de auditoría para ofrecer una mayor visibilidad sobre cómo funcionan realmente los acuerdos de reembolso”, afirmó en un comunicado de prensa la coalición de PBM transparentes y con licencia.
La Alianza Nacional de Coaliciones de Compradores de Servicios de Salud calificó la aprobación de esta legislación como un “hito histórico”.
«La aprobación bipartidista de hoy no es solo una victoria política; es una corrección largamente postergada a un sistema que ha carecido de transparencia durante demasiado tiempo», declaró en un comunicado de prensa Shawn Gremminger, presidente y director ejecutivo de la organización [8]. «Durante años, los empleadores han tenido que desenvolverse en un mercado de atención médica donde la información crucial sobre precios, reembolsos y decisiones relativas a los formularios de medicamentos se mantenía oculta. Estas reformas finalmente nivelan el terreno de juego y priorizan a los empleadores y a las familias trabajadoras».
La Asociación de Gestión de la Atención Farmacéutica (Pharmaceutical Care Management Association), el grupo de presión que representa a los PBM, expresó su decepción con el proyecto de ley sobre los gastos.
«La industria farmacéutica merece un gran reconocimiento por esta campaña, que logró convencer a la gente de que los descuentos son, de hecho, algo negativo y de que la transparencia de los PBM es, de alguna manera, el obstáculo para la reducción de los precios de los medicamentos», escribió en una carta abierta Brendan Buck [9], director de comunicaciones de la asociación. «Es algo absurdo a todas luces. Pero funcionó».
La FTC pone la mira en los sobreprecios de la insulina
Además de los cambios introducidos por el Congreso, la FTC anunció un acuerdo con Express Scripts por el que este último tendrá que hacer cambios que aumentarán la transparencia y resultarían en precios más bajos [10, 11].
Se proyecta que los cambios introducidos por el acuerdo reduzcan los costos de bolsillo de los pacientes para ciertos medicamentos, incluyendo la insulina, en hasta US$7.000 millones a lo largo de 10 años, según informó la FTC.
La demanda de la FTC alegaba que Express Scripts había “inflado artificialmente el precio de lista de los medicamentos de insulina mediante el uso de prácticas de reembolso anticompetitivas e injustas, y había obstaculizado el acceso de los pacientes a productos con precios de lista más bajos, trasladando en última instancia el costo de los elevados precios de lista de la insulina a pacientes vulnerables”, según un comunicado de prensa [10].
“El acuerdo de la FTC con [Express Scripts] pondrá fin a las prácticas comerciales que han mantenido los altos precios de los medicamentos, ofreciendo en última instancia un alivio financiero significativo a los pacientes estadounidenses que dependen de [Express Scripts] para acceder a medicamentos vitales de venta con receta, así como a las farmacias comunitarias, cuyos ingresos aumentarán cada año y se verán liberadas de la presión financiera a la que estaban sometidas”, declaró el presidente de la FTC, Andrew N. Ferguson.
Hoey, de la NCPA, afirmó que el acuerdo “ayudará a reducir los copagos de los consumidores, que han estado vinculados a precios inflados artificialmente que alimentan el insaciable apetito de Cigna por obtener cada vez más descuentos y tarifas de GPO [Organizaciones de Compra Colectiva]”.
“El acuerdo también desmantela la ficción promovida por la gran industria de los PBM, según la cual trabajan para reducir el costo de los medicamentos para los estadounidenses. Evidentemente, lo contrario parece ser cierto”, añadió. “Espero que esto sea solo el comienzo de un proceso para corregir las maniobras que conducen a precios de medicamentos más altos y perjudican la competencia”.
Referencias
Nota de Salud y Fármacos. Según Statnews [1] La reforma a los PBM podría ocasionar que los empleadores adquieran medicamentos directamente de los fabricantes, tal como la administración está alentando a hacer a los consumidores individuales a través de su sitio web, TrumpRx.
Una nota en el New York Times [2] añade que las nuevas restricciones generarán ahorros relativamente modestos para el gobierno. La Oficina de Presupuesto del Congreso —un organismo no partidista— estimó que las diversas disposiciones del proyecto de ley que afectan a los PBM ahorrarían al gobierno federal unos US$2.000 millones a lo largo de una década [3]. La mayor parte de estos ahorros provendría de requisitos de transparencia que podrían ayudar a los empleadores a ahorrar más dinero en medicamentos, permitiéndoles así destinar más fondos a la contratación de nuevos trabajadores o a la concesión de aumentos salariales que el gobierno federal podría, a su vez, gravar con impuestos.
En comparación, se proyecta que el programa que permite a Medicare negociar directamente los precios de ciertos medicamentos con los fabricantes genere al gobierno un ahorro de unos US$100.000 millones en el transcurso de una década [4].
Referencias