Derecho

Durante el último cuarto de siglo, las compañías farmacéuticas que recibieron sanciones por el pago de sobornos y comisiones ilícitas abonaron solo el 2,2% de los ingresos generados en EE UU por la venta de los medicamentos que fueron objeto de las presuntas infracciones [1].

Entre los años 2000 y 2025, se identificaron 64 casos en los que un fabricante de medicamentos alcanzó un acuerdo civil o penal con el gobierno de EE UU por haber pagado sobornos a médicos con el objetivo de incentivar la prescripción de sus fármacos, o por hacer que los programas públicos, Medicare y Medicaid, pagaran precios excesivos por sus medicamentos.

53 de las 64 infracciones relacionadas con sobornos se resolvieron mediante acuerdos civiles (82,8 %), acuerdos penales en dos casos (3,1 %), ambos tipos de acuerdos en nueve casos (14,1 %) y no hubo ningún caso que se resolviera mediante sentencia judicial de responsabilidad. Treinta casos (46,9 %) involucraron múltiples fármacos, y 30 casos (46,9 %) se acompañaron de acuerdos de integridad corporativa, que obligan a las empresas a adherirse a las normas; 11 empresas resolvieron múltiples acuerdos, incluyendo cuatro acuerdos en el caso de Novartis. La mediana (RIC) del tiempo transcurrido desde la presunta conducta indebida hasta la resolución del acuerdo fue de 3,8 (2,6-7,0) años.

De los 142 fármacos implicados, 105 (73,9 %) contaban con datos completos de ingresos, incluyendo 49 (46,7%) fármacos superventas (blockbusters). Entre aquellos con datos completos de ingresos, la mediana (RIC) de los ingresos por fármaco en EE UU durante el período de la presunta infracción fue de US$2.091.773.260 (US$674.693.333 – US$4.827.508.333).

Se dispuso de datos completos de ingresos y sanciones para 46 acuerdos (71,9%); las sanciones relacionadas con los sobornos sumaron un total de US$10.248.496.852 (mediana [RIC] por caso: US$70.000.000 [US$37.700.000 – US$271.900.000]), y los ingresos en EE UU generados durante el período de la infracción sumaron un total de US$458.586.424.016 (mediana [RIC] por caso: US$4.026.006.970 [US$1.214.878.911 – US$15.564.596.384]). La mediana de la multa que pagaron las empresas (RIC) fue del 2,2% (1,0 %-7,3 %) de sus ingresos en EE UU, con diferencias según el tipo de acuerdo y la condición de reincidente. Cuatro acuerdos (8,7%) superaron el 25% de los ingresos en EE UU, incluidos tres acuerdos penales correspondientes a un solo fármaco.

Las compañías farmacéuticas perciben estas sanciones como un mero «coste de hacer negocios», dado que las prácticas comerciales indebidas generan un volumen de ventas suficiente como para eclipsar con creces el gasto que supone llegar a un acuerdo con las autoridades federales. Esta mentalidad parece estar profundamente arraigada, habida cuenta de que este tipo de situaciones se han venido repitiendo durante años.

A modo de ejemplo, Teva Pharmaceuticals acordó hace dos años pagar US$425 millones para resolver una serie de acusaciones relativas al pago de sobornos vinculados a los copagos del fármaco para la esclerosis múltiple Copaxone, entre diciembre de 2006 y enero de 2017. Durante ese lapso, los ingresos totales generados por dicho medicamento, una vez ajustados a la inflación, ascendieron a US$37.000 millones.

Estas infracciones ocasionaron que, en 2024, el gobierno de EE UU pusiera en marcha una base de datos, conocida como OpenPayments, que exige a los fabricantes de fármacos divulgar sus pagos, ante la inquietud de que la industria pudiera ejercer una influencia desmedida e inapropiada sobre la investigación y la práctica médica [2].

Otro análisis, publicado hace dos años, reveló que los pagos de la industria a los médicos seguían siendo una práctica generalizada. Entre 2013 y 2022, la industria realizó más de 85 millones de pagos, por un valor total de US$12.100 millones, a un 57% del total de 1,4 millones de médicos existentes.

En términos generales, el fraude en el sector sanitario constituye una preocupación recurrente. En el año fiscal concluido el 30 de septiembre de 2025, el gobierno de EE UU informó haber obtenido más de US$5.700 millones en concepto de acuerdos extrajudiciales y sentencias judiciales vinculadas a la Ley de Reclamaciones Falsas (False Claims Act), una normativa que faculta a los denunciantes (whistleblowers) para demandar a aquellas empresas que facturen importes excesivos al gobierno. Esta ley se utiliza a menudo para perseguir a los fabricantes de medicamentos que cobran precios excesivos a Medicare o Medicaid.