En agosto de 2023, Boehringer Ingelheim demandó al Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (Department of Health and Human Services – HHS), alegando que el Programa de Negociación de Precios de Medicamentos de Medicare de la Ley de Reducción de la Inflación (Inflation Reduction Act – IRA) constituye una expropiación forzosa de las propiedades de las empresas y viola el debido proceso de la Quinta Enmienda [1].

El Programa de Negociación de Medicare selecciona anualmente el grupo de medicamentos que someterá a negociación de precios. En 2023, uno de los productos seleccionados fue Jardiance (empaglifozina) de Boehringer. Según la farmacéutica, en esta negociación tuvo que elegir entre: vender el medicamento a un precio muy bajo, incurrir en impuestos muy altos, o no vender ningún producto a Medicare o Medicaid. Boehringer sostiene que el Programa somete a los fabricantes a negociar condiciones que la empresa nunca aceptaría voluntariamente [2].

El Distrito de Connecticut, al que se trasladó de la demanda, explicó que participar en el programa de negociación es voluntario, y por lo tanto no es inconstitucional. En enero de 2025, el Constitutional Accountability Center (CAC) presentó un escrito amicus curiae ante el Segundo Circuito en apoyo del gobierno, explicando por qué la demanda de la farmacéutica basada en la Cláusula de Expropiación no se sustenta en el texto ni en la historia constitucional [3].

La Cláusula de Expropiación solo se aplicaba a la apropiación directa de bienes físicos, no a ninguna regulación que afecte el valor de una propiedad. Como escribió el juez Scalia: «Los primeros teóricos constitucionales no creían que la Cláusula de Expropiación abarcara en absoluto las regulaciones de la propiedad» [3].

A finales del siglo XIX, la Corte Suprema amplió en cierta medida el alcance de la Cláusula, pero incluso en esos casos, continuó limitándola al equivalente funcional de las apropiaciones físicas involuntarias de propiedad. Además, si bien la Corte sostuvo que algunos programas regulatorios pueden contravenir la Cláusula, dejó claro que estos solo pueden constituir una expropiación si obligan a la participación. En otras palabras, una expropiación debe ser involuntaria [3].

El argumento de Boehringer Ingelheim de que el programa es una expropiación inconstitucional es erróneo. Para empezar, el programa no es una expropiación física porque no autoriza la toma física de una sola pastilla. El programa simplemente permite que Medicare desempeñe un papel en la decisión de los precios que está dispuesto a pagar [3].

En Julio de 2024, el Tribunal de Distrito concluyó que la participación de Boehringer en las negociaciones de Medicare fue voluntaria, por lo que el proceso no se consideraba una expropiación ni una violación de la libertad de expresión.

No obstante, Boehringer argumentó en el Distrito que participó de la negociación sólo porque no tenía otra opción más que aceptar las condiciones impuestas, dado que más de la mitad de sus ventas provienen de Medicare y Medicaid.

Por su parte, el HHS rechazó los argumentos presentados por Boehringer, afirmando que la compañía tiene la opción de no vender sus medicamentos bajo los términos propuestos por el gobierno. En su escrito, el HHS destacó que si Boehringer decide aceptar esos términos a pesar de que la alternativa sea menos rentable, no puede quejarse de que se haya producido una expropiación.

El HHS además reveló que Jardiance fue uno de los cinco medicamentos para los cuales no se alcanzó un acuerdo de precio durante las tres reuniones de negociación organizadas por los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Al no lograr un acuerdo en la negociación, el CMS hace una oferta final. En documentos judiciales recientes, el HHS ha confirmado que Jardiance fue uno de los fármacos que recibió una oferta final [4].

Nota de Salud y Fármacos: Frente a la demanda contra el HHS, Public Citizen participó en la presentación de un escrito amicus curiae [5] en el que señalan que los productos objeto del Programa de negociación son medicamentos de marca sin alternativas genéricas, que gracias a la exclusividad de mercado y a la prohibición de Medicare para negociar precios – antes de la IRA- exhibían precios elevados, puesto que los fabricantes habían podido fijar los precios para Medicare con restricciones mínimas, buscando maximizar los beneficios.

Además, el escrito recuerda que el Programa de negociación sólo se aplica a los medicamentos que han generado el mayor nivel de ingresos, un nivel muy superior a cualquier estimación plausible de las inversiones en investigación y desarrollo, y sólo después de que esos medicamentos hayan tenido largos periodos de exclusividad.

También ha mencionado que el poder de monopolio permite a las farmacéuticas fijar precios exorbitantes que no reflejan el coste de I+D, y que las farmacéuticas gastan sólo una cuarta parte de sus ingresos (netos de gastos y descuentos) en investigación y desarrollo.

Por otro lado, el escrito argumenta que los costes de inflación tampoco justifican los aumentos anuales de los precios de los medicamentos, que han aumentado a un ritmo muy superior a la tasa de inflación. Por ejemplo, estudios han descubierto que los precios netos aumentaron cada año una media de 4,5 puntos porcentuales, o 3,5 veces más rápido que la inflación.

En cuanto al “valor justo de mercado”, el escrito sostiene que el precio que un monopolista cobraría en ausencia de negociaciones de precios no puede ser considerado como el “valor justo de mercado”, sino que el verdadero “valor justo de mercado” sería el precio fijado mediante negociación y acuerdo mutuo, tras un amplio período de tiempo para encontrar un comprador, entre un vendedor que está dispuesto (pero no obligado) a vender y un comprador que desea comprar pero no está obligado a adquirir el bien.