Los Países y la Propiedad Intelectual

En vísperas de la 118ª legislatura del Congreso en el Distrito de Columbia, muchos especialistas tienen poca fe en que se consigan grandes avances con el Partido Republicano al mando de la Cámara de Representantes, y los demócratas manteniendo su mayoría en el Senado.

Pero, históricamente, tenemos motivos para ser optimistas: los legisladores estadounidenses han aprobado más leyes cuando el gobierno está dividido [1] entre los dos partidos. Nuestros líderes pueden —y deben— trabajar juntos para reducir el coste de los servicios de salud mediante una reforma de patentes, un ámbito en el que nuestros representantes electos pueden encontrar puntos en común y trabajar por el bien de todos.

El sistema de patentes de nuestro país está distorsionado; una manifestación de un sistema de mercado totalmente desequilibrado. Creado para recompensar de forma justa a los inventores por sus contribuciones a la sociedad, nuestro sistema de patentes ahora incentiva y legitima las maniobras astutas de las empresas a expensas del interés público. Y cuando se trata de las patentes de medicamentos, las consecuencias son devastadoras.

Hoy en día, muchos fabricantes de medicamentos se centran menos en investigar y desarrollar nuevos fármacos que en proteger sus monopolios sobre los antiguos, hasta tal punto que las empresas farmacéuticas solicitan una media de más de 140 patentes [2] para los medicamentos más vendidos.

Muchas empresas retrasan o impiden [3] la entrada de competidores más asequibles en el mercado, durante mucho más tiempo que los 20 años de protección que permite la ley.

Libres de competencia, estas empresas tienen la vía libre para fijar los precios de los medicamentos. De hecho, en solo 10 años, el precio promedio que se paga por cada medicamento de marca se ha más que duplicado [4].

Por otro lado, casi 1 de cada 3 [5] estadounidenses, debido al coste, ha optado por no surtir una receta o por dividir las pastillas, racionar las dosis o tomar un medicamento de venta libre en su lugar. Aproximadamente 34 millones [6] de estadounidenses declararon que un amigo o familiar había fallecido por no poder pagar un tratamiento médico.

La buena noticia es que los estadounidenses, de todas las convicciones políticas, reconocen que nuestro sistema se está estrellando contra sus propios límites. Casi 6 de cada 10 republicanos y 7 de cada 10 demócratas quieren que se regulen mejor los precios de los medicamentos [7]. Y 8 de cada 10 [8] personas de ambos partidos creen que los precios de los medicamentos están determinados, en gran medida, por los beneficios de las compañías farmacéuticas.

Los legisladores de ambos partidos también coinciden en que el abuso de las patentes está agravando la crisis. Incluso un grupo bipartidista de senadores escribió el verano pasado a la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de EE UU (U.S. Patent and Trademark Office o USPTO), pidiéndole que pusiera fin a la farsa de conceder múltiples patentes para un solo medicamento [9], una práctica que nuestra organización ha relacionado directamente con el aumento de los precios de los medicamentos para los estadounidenses [10].

Ahora, el Congreso debe abrir el camino para que el sistema de patentes sea más responsable ante el público. Los legisladores deberían empezar con tres sencillos pasos:

En primer lugar, el Congreso debe poner fin al abuso del sistema de patentes.

La Constitución de EE UU afirma que los monopolios de duración limitada deben reservarse para los descubrimientos innovadores que promuevan el progreso de la ciencia y las artes [11]. En consonancia con esta aspiración, el Congreso puede corregir el rumbo autorizando al poder ejecutivo a elevar el listón para las patentes y proporcionar una supervisión que incentive la competencia real y, por tanto, precios más bajos.

En segundo lugar, los legisladores deben potenciar la participación pública en el sistema de patentes.

Hasta hace poco, solo los titulares y solicitantes de patentes intervenían en la política de patentes y en la toma de decisiones, y la participación pública se sigue limitando al mínimo. El Congreso debería conceder al pueblo estadounidense varios escaños en el comité asesor [12] de la Oficina de Patentes y Marcas Registradas y crear un nuevo comité, dirigido por el público, que pueda identificar periódicamente los problemas que surjan y proponer soluciones. Después de todo, si el sistema de patentes afecta a todos los estadounidenses, todos los estadounidenses deberían poder intervenir en el sistema de patentes.

Por último, el Congreso debe garantizar el retorno de la inversión por la financiación pública de la investigación y el desarrollo farmacéuticos, un principio básico que prácticamente cualquier asociación entre inversionistas e inventores pone en práctica.

Durante casi una década, los contribuyentes ayudaron a financiar cada medicamento nuevo aprobado por la FDA [13]. Sin embargo, al pueblo estadounidense se le niegan los beneficios de esos éxitos, mientras que las empresas farmacéuticas obtienen jugosas ganancias. Moderna, por ejemplo, ha obtenido unos US$36.000 millones en ventas por su vacuna contra el covid [14], que fue financiada casi al 100% con fondos públicos [15]. Una nueva norma podría ayudar al gobierno a negociar mejores contratos, de modo que pueda mantener su participación en la propiedad de los tratamientos financiados por contribuyentes, y garantizar que sean accesibles y asequibles.

Desde luego, hay quién mantiene que este tipo de normas obstaculizarían la innovación médica; que las curas del cáncer u otras enfermedades estarán más lejos de nuestro alcance si las empresas farmacéuticas tienen que enfrentar posibles restricciones en el mercado.

Sin embargo, en la vida real, las reformas al sistema de patentes reforzarán la pérdida de creatividad, producto del aumento exponencial del ritmo al que la Oficina de Patentes y Marcas Registradas emite patentes[16] . En pocas palabras, estas y otras reformas podrían alentar a los fabricantes de medicamentos a valorar más la calidad de la nueva propiedad intelectual, que la cantidad de protecciones que pueden obtener.

Sin duda, para ganar privilegios especiales en el mercado, se debería exigir a las empresas que hicieran algo más que simplemente cambiar una tableta por una cápsula [17], para luego etiquetarla como “innovación”. Unas reformas estratégicas, en este sentido, fomentarían una competencia sana.

Lo cierto es que el ciudadano contribuye a subvencionar la mayor parte del progreso farmacéutico, y se merece los beneficios que deberían resultar de los avances científicos, pero también de un capitalismo más justo y democrático.

La reforma del sistema de patentes no es un problema de partidos; es un problema estadounidense. El nuevo Congreso tiene la oportunidad de abordarlo de una vez por todas.

Tahir Amin y Priti Krishtel (a quien se le otorgó la beca MacArthur en 2022) son codirectores ejecutivos de la Initiative for Medicines, Access & Knowledge (Iniciativa para los medicamentos, el acceso y el conocimiento” o I-MAK), una organización sin fines de lucro que trabaja para abordar las desigualdades estructurales en la forma de desarrollar y distribuir los medicamentos.