Una organización internacional sin ánimo de lucro para fomentar el acceso y el uso adecuado de medicamentos entre la población hispano-parlante
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ECONOMÍA y ACCESO
Investigaciones
La globalización del mercado a través de tratados de libre comercio: su costo social e impacto en el precio de los medicamentos
Salud y Fármacos, 27 de marzo de 2014
Hay unanimidad entre los expertos independientes en que la forma en que se está organizando el mercado mundial a través de tratados de libres comercio favorece a los países dominantes, y que esto tendrá un impacto negativo significativo en la salud pública, en la atención médica y en el acceso a los medicamentos necesarios. Matthew Rimmer, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Australia en Camberra acaba de colgar en la red un artículo [1] que describe la experiencia de su país y que pensamos es de lectura obligada, no solo para los países de bajos y medianos ingresos sino también para los países de altos ingresos como es el caso de Australia.
Según nos informa el Prof. Rimmer, esta semana se ha dado a conocer el informe sobre medicamentos y la ley de patentes de Australia que el gobierno anterior había pedido a un grupo independiente y que el gobierno actual había mantenido secreto hasta ahora. El informe fue realizado por tres expertos reconocidos profesionalmente por sus pares (Tony Harris; la profesora especializada en propiedad intelectual Dianne Nico, y el economista Dr. Nicholas Gruen). El objetivo era examinar si el sistema de patentes del país permitía asegurar el acceso oportuno a los medicamentos, si fomentaba la innovación y creaba empleo en el sector farmacéutico [2].
El Partido Laborista de Australia, bajo el liderazgo de Julia Gillard (Primera Ministra de Australia 2010-2013), se preocupó seriamente del impacto que la ley de patentes tenía en la investigación clínica, la atención médica y la provisión de servicios de salud [3]. Ciertamente, la Primera Ministra Gillard se tomó un interés particular en los dueños de las patentes que se dedican a la práctica nefasta de ‘evergreening”, es decir de extender su periodo de exclusividad en el mercado utilizando diversas estrategias, incluyendo la extensión de la vida de las patentes más allá de su término, para mantener a los competidores fuera del mercado. Mark Dreyfun, abogado y miembro del Parlamento de Australia por el Partido Laborista fue quien comisionó el informe conocido como el Pharmaceutical Patents Review.
Ian McFarlane, Ministro de Industria del nuevo gobierno de coalición se opuso a hacer público el informe final. La parlamentaria Melissa Parke en una sesión del Parlamento preguntó al Ministro cuando haría público el informe final de 2012 del Pharmaceutical Patents Review y si se estaba teniendo en cuenta las recomendaciones que se habían publicado en abril de 2013 [4]”. El Ministro respondió: “El gobierno, en este momento, no tiene planes de hacer público el informe y no está considerando las recomendaciones hechas por los autores en el borrador del informe”. Y añadió: “Como el informe lo pidió el gobierno anterior y lo llevó acabo un grupo de expertos independientes, el gobierno no tiene obligación de hacerlo público”.
La sociedad civil australiana no aceptó esta respuesta y se movilizó para exigir sus derechos como ciudadanos de un país democrático. Brendan Mollow, un activista de la información, y miembro del Partido Pirata de Australia, y de Fronteras Electrónicas de Australia insistió en que se diera a conocer el informe final pidiéndolo repetidas veces apoyándose en la ley de la libertad de información [5].
Finalmente, el gobierno cedió y publicó el Informe sobre la Revisión de Patentes Farmacéuticas, pero el Gobierno de Australia no se quiso comprometer con las recomendaciones del informe y se limitó a explicar: “El gobierno tiene en cuenta que este informe es uno de los varios estudios que realizó el gobierno anterior… quizás tenga en cuenta la información que se presenta en este informe cuando en el futuro se estudien cambios de políticas. Las opiniones que se expresan en este informe y sus recomendaciones no reflejan necesariamente la política oficial del gobierno sino la de las personas que realizaron el estudio”.
Se puede preguntar por qué, en una sociedad democrática, un gobierno necesita ocultar la opinión de expertos sobre un tema que afecta a la salud y la vida de los ciudadanos. Los informes se pagan con dinero público, es decir de los ciudadanos. El Prof. Rimmer en su artículo explica el contenido del informe que hasta hace unos días fue secreto. Entre otras cosas, destaca la posibilidad de que el sistema de salud de Australia hiciera grandes ahorros si no se prolongara la vida de las patentes tan generosamente como se ha hecho.. El economista Peter Martin ya había advertido: “La política entusiasta de Australia de prorrogar la vida de las patentes de medicamentos ha costado a la economía del país miles de millones, según ha descubierto un informe independiente”[6].
En su artículo Rimmer también destaca que el informe tiene recomendaciones importantes para la ley de patentes, los medicamentos y el plan de beneficios de medicamentos (Pharmaceutical Benefits Scheme), y la política comercial del país, en particular en lo que se refiere al Acuerdo de Asociación Transpacífico (AAP o TPP, por sus siglas en inglés). Finalmente, el trabajo de Rimmer examina la petición que hace el informe de adoptar un acercamiento frugal, parco, al conceder los derechos de patentes a los medicamentos en Australia. Examina las recomendaciones del informe de acortar y reducir las extensiones de las patentes así como las propuestas sobre el problema del evergreening y el debate sobre la protección de datos.
El Pharmaceutical Review Report critica el acercamiento pasivo del gobierno a las negociaciones de propiedad intelectual y comercio internacional. Como resultado de los hallazgos que ha hecho el informe, Rimmer enfatiza la necesidad de que Autralia proteja los intereses de la salud pública en las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico.
Son varias las voces que han criticado el secretismo del gobierno. La Dra. Deborah Gleeson de la Universidad LaTrobe resaltó el fracaso del Gobierno de Coalición de no hacer público el informe [7]: “Mientras el Tesorero, Joe Hockey, se queja de que mientras el sistema de salud Australia se está quedando sin dinero, el Gobierno de Coalición ha enterrado un informe con recomendaciones para poder ahorrar grandes cantidades en el gasto en medicamentos. Pero el entierro del informe final, la ocultación de los estimativos económicos del coste de extender la vida de las patentes es especialmente preocupante en vista del actual interés en reducir gastos”. Gleeson añadió: “Sería vergonzoso si termináramos con políticas exabruptas como por ejemplo co-pagos de A$6,00 (1US$=A$1,08) para reducir los costos del sistema de salud cuando reformas sensatas a la ley de patentes podrían generar cientos de millones de ahorros a través del Plan de Beneficios de Medicamentos (Pharmaceutical Benefits Scheme).” Gleeson advirtió que “un panorama incluso peor sería la extensión del monopolio de las patentes a través de nuestros acuerdos comerciales internacionales, que añadirían millones al presupuesto de salud”.
Una clara explicación del interés del gobierno de Australia de no hacer público el informe está relacionada con el secretismo que las empresas farmacéuticas, y otras transnacionales, han impuesto a través del gobierno de EE UU a los países que participan en el AAP de mantener todas las rondas de negociaciones blindadas no solo del escrutinio de los ciudadanos sino también de sus representantes políticos hasta que se firmara el AAP. El blindaje era una forma de reducir las críticas que anticipaban de la sociedad civil y de los partidos políticos. De hecho los partidos políticos, tanto de oposición como los que están en el gobierno, se han quejado del hermetismo de estas negociaciones.
A través de filtraciones se sabe que las transnacionales farmacéuticas han conseguido que tal como está escrito hoy día el AAP será imposible para los países firmantes justificar la ruptura de patentes, como permite el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC, TRIPS), e impedirá que los gobiernos interfieran con el evergreening. La prolongación de la vida de las patentes, así como su protección contra todo intento de romperlas, es de gran importancia para la industria innovadora transnacional en un momento en que están expirando un gran número de patentes y cuando la capacidad innovadora de la industria es limitada. Se sabe que el modelo de innovación farmacéutica que las transnacionales innovadoras han desarrollado en las últimas décadas no es viable, por ello la industria necesita prolongarlo todo lo que sea posible, y está dispuesta a violar los principios éticos y democráticos que sean necesarios. Se trata de su supervivencia.
Es necesario admirar e imitar el ejemplo de la sociedad civil de Australia que ha conseguido destapar un informe que por ningún motivo debía considerarse secreto. Hay muchos grupos nacionales e internacionales que están luchando contra las exigencias secretas de la industria farmacéutica. Aunque no consigan cambiar los objetivos del AAP será importante hacer un examen de lo sucedido para aprender las alternativas que la sociedad civil pueda implementar en el futuro.
Referencias