EE UU y Canadá

La consigna en la política estadounidense actual es la asequibilidad. La inflación está presionando a las familias, pero nada golpea más fuerte que el costo de intentar sobrevivir. Sin embargo, mientras los pacientes evalúan si pueden pagar sus medicamentos recetados, los aviones privados de seis de las mayores empresas farmacéuticas estadounidenses aterrizaron en aeropuertos del área de Washington al menos 127 veces en 2025, según datos de seguimiento de vuelos que ha recopilado Endpoints News. Este contraste presenta un panorama revelador.

EE UU paga casi tres veces más que otros países ricos por los medicamentos recetados. Millones de estadounidenses se saltan dosis, dividen pastillas o dejan sin surtir sus recetas. En 2023, más de una cuarta parte de los adultos pospusieron o evitaron la atención médica porque simplemente no podían pagarla [1]. Estos aviones privados no transportan a los ejecutivos farmacéuticos a Washington para impulsar la asequibilidad de los medicamentos y el acceso de los pacientes; están allí para defender los exorbitantes beneficios que generan a costa de las familias estadounidenses.

Según un informe del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado de EE UU, diez grandes compañías farmacéuticas obtuvieron beneficios por alrededor de US$112.000 millones en 2022 [2]. Según una clasificación de las compañías farmacéuticas más rentables a nivel mundial en 2025, en los últimos 12 meses Merck & Co. registró aproximadamente US$19.000 millones en ingresos netos; Eli Lilly & Company, alrededor de US$18.400 millones; cifras que subrayan cuánto dinero queda después de considerar los costos.

Entre esos costos se encuentra el marketing directo de los medicamentos recetados a los consumidores, una práctica prohibida en otros 193 países [3]. Según un estudio de 2024-2025 [4], las compañías farmacéuticas gastaron más de US$10.100 millones en la comercialización de medicamentos recetados a los estadounidenses, convirtiendo las decisiones médicas en marketing de productos, incentivando a los pacientes a solicitar medicamentos costosos que podrían no necesitar, lo que aumenta aún más los costos.

La crisis, al parecer, se debe a la codicia desenfrenada. Lo que nos lleva de vuelta a Washington.

La industria farmacéutica y de productos para la salud gastó alrededor de US$372 millones en cabildeo en Washington en 2022 [5], casi US$300 millones en 2024 y ya había superado los US$334 millones para el otoño de 2025 [6], mientras el equipo del presidente Trump impulsaba nuevas regulaciones de precios. Si consideramos la cantidad de dinero que se invierte en influir en el gobierno, no sorprende que los precios de los medicamentos se mantengan tan altos. Y la industria farmacéutica distribuye ese dinero casi equitativamente entre ambos partidos, principalmente entre los miembros del Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, el organismo que supervisa la política farmacéutica.

Las grandes farmacéuticas compran influencia de otras maneras: como informó el Wall Street Journal [7], Trump ha estado promocionando un nuevo plan “TrumpRx”, una supuesta reforma que canaliza a los pacientes a plataformas de venta directa como BlinkRx, un plan vinculado a su propia familia. BlinkRx incorporó recientemente a Donald Trump Jr. a su junta directiva [8].

La “puerta giratoria” cuenta la misma historia. El exrepresentante Billy Tauzin (republicano por Luisiana) ayudó a redactar la ley de medicamentos de Medicare de 2003, que prohibía que Medicare negociara precios. Al día siguiente de dejar el Congreso, asumió un puesto millonario al frente de PhRMA, la asociación comercial de la industria [9].

No se trata de un asunto partidista: los demócratas también están involucrados en el asunto.

Durante las negociaciones de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, el gobierno de Obama llegó a un acuerdo con PhRMA: a cambio de una promesa de US$80.000 millones en supuestos “ahorros”, los demócratas —que controlaban la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso— acordaron no permitir la negociación de precios de medicamentos de Medicare y prohibieron la importación de medicamentos más baratos del extranjero. Ambas medidas habrían reducido significativamente los costos de los medicamentos.

Ninguna de las partes puede arrogarse la superioridad moral, tras décadas de acuerdos secretos perjudiciales, en los que las farmacéuticas mantienen su poder de fijación de precios, los cabilderos mantienen sus contratos y los políticos siguen recibiendo donaciones y oportunidades profesionales tras dejar el gobierno… mientras que los pacientes siguen pagando la factura.

En pocas palabras, los medicamentos nunca serán más asequibles hasta que rompamos los lazos financieros que permiten que ambas partes se beneficien del statu quo así como la publicidad de medicamentos dirigida al consumidor. Deberíamos prohibir los conflictos de intereses. Se debería prohibir que presidentes, funcionarios del gabinete y miembros del Congreso impulsaran políticas que benefician a empresas en las que ellos o sus familias tengan acciones, ocupen puestos en la junta directiva o ejerzan funciones de asesoría.

Los legisladores y el personal directivo que supervisan las políticas de salud también deberían tener prohibido negociar puestos con las empresas farmacéuticas, los administradores de beneficios farmacéuticos o los grupos comerciales durante varios años después de dejar el cargo.

También deberíamos establecer una negociación genuina entre el gobierno y las farmacéuticas para Medicare: acabar con las lagunas legales y las exenciones que permiten que la industria avasalle a los consumidores. Las negociaciones deben ser reales y transparentes.

Además, debemos devolver a los médicos el control sobre la prescripción de los medicamentos necesarios: acabar con la publicidad dirigida al consumidor, como hacen otros países, clasificándola como un riesgo para la salud.

Existen proyectos de ley bipartidistas que beneficiarían al pueblo estadounidense, pero enfrentan una intensa oposición por parte de grupos de presión adinerados. Se restringiría a los legisladores y a las familias que comercien con acciones en las industrias que regulan, incluyendo de la industria farmacéutica. Otra, la Ley de Confianza en el Congreso (TRUST in Congress), exige fideicomisos ciegos y normas más estrictas sobre conflictos de intereses.

También existe la Ley de Insulina, una iniciativa bipartidista que demuestra que ambos partidos están comprometidos con la asequibilidad. La Ley de Menores Costos, Más Curas amplía la transparencia, acelera la comercialización de genéricos y añade modestas herramientas de negociación.

Estas medidas son un buen comienzo y sugieren que una reforma bipartidista es una forma eficaz para frenar el dominio de las grandes farmacéuticas. La verdadera pregunta ahora es si los votantes están dispuestos a exigir que los legisladores finalmente confronten el tráfico de influencias de la industria y las enormes ganancias que protege a expensas del público.