Farmacia

Resumen
La garantía del acceso a medicamentos esenciales en Brasil comenzó en 1971 con la creación de la Agencia Central de Medicamentos (CEME); y se sistematizó a partir de 1998 con la Política Nacional de Medicamentos (PNM), que estableció estándares de seguridad, calidad, eficacia, uso racional y universalidad en el suministro de medicamentos.

Se utiliza como guía la Lista Nacional de Medicamentos Esenciales (RENAME por su sigla en portugués, Relação Nacional de Medicamentos Essenciais) y la reorientación de la Asistencia Farmacéutica (AF). El Programa de Farmacia Popular de Brasil (PFPB), creado en 2004, ha experimentado varias reorganizaciones, períodos de recesión y crecimiento.

Durante la mayor parte de su historia, el suministro de medicamentos requirió un copago por parte de los usuarios, logrando el acceso gratuito solo en 2025. Inicialmente, los medicamentos se dispensaban en farmacias que eran propiedad del Ministerio de Salud y, posteriormente, se expandieron a la red privada acreditada, bajo el modelo “Aquí hay una Farmacia Popular”.

La reestructuración administrativa y financiera dio lugar a períodos de expansión, como la creación de la campaña “La Salud No Tiene Precio” (2011), y de contracción, como la extinción de la red en 2017 y los recortes presupuestarios en 2022. A partir de 2023, se adoptaron nuevas medidas de expansión, centradas en las poblaciones vulnerables, se consolidó el acceso gratuito a toda la lista.

Actualmente, existe una amplia lista y se distribuyen gratuitamente 41 insumos, que abarcan tratamientos para enfermedades crónicas de alta prevalencia (asma, dislipidemia, párkinson, glaucoma, rinitis, osteoporosis), anticonceptivos, así como la distribución de toallas sanitarias y pañales para adultos.

Sin embargo, la lista aún carece de medicamentos para el tratamiento de trastornos mentales, así como de una mayor claridad en cuanto a los criterios de selección. Esta ampliación fortaleció la exhaustividad de la lista de medicamentos, aunque persisten las críticas por la ausencia de criterios claros en la selección de medicamentos y la no inclusión de psicotrópicos para tratar trastornos mentales. Al ser una política pública que adopta un modelo de financiamiento público-privado, se realizan constantes investigaciones y auditorías internas y externas para reducir el fraude y el gasto indebido.

La dependencia de la red privada contratada, sumada a las disparidades regionales en la acreditación, puede debilitar la integralidad de la atención y comprometer la equidad territorial. El programa actúa como complemento de la Atención Primaria, pero, en algunos contextos, sustituye sus responsabilidades, lo que pone de manifiesto las tensiones en la gestión local del Sistema Único de Salud.

Entre los desafíos de gestión, destacan: la sostenibilidad financiera (dado el modelo de reembolso a las farmacias privadas); las desigualdades regionales en la cobertura; las deficiencias en el seguimiento y la supervisión; y la ausencia de evaluaciones periódicas de coste-efectividad.

Las perspectivas futuras apuntan a la necesidad de consolidar los mecanismos de gobernanza y transparencia, ampliar la integración del PFPB en las Redes de Atención a la Salud, fortalecer la participación social y desarrollar estrategias de financiación estables.

El uso de tecnologías digitales para la monitorización en tiempo real se perfila como una herramienta esencial para garantizar una mayor eficiencia y control.

Se concluye que, a lo largo de dos décadas, el PFPB se ha consolidado como una política pública estratégica del Sistema Único de Salud, responsable de reducir las desigualdades y de ampliar el acceso de la población a medicamentos esenciales, aunque aún se debate entre la expansión, la sostenibilidad y el fortalecimiento de la red pública.