Prescripción

En su último artículo publicado, Oxman, Chalmers y Glasziou, evalúan los persistentes desafíos para promover la toma de decisiones informadas en salud [1].

Los investigadores analizan las intervenciones clínicas y las políticas sanitarias que resultan perjudiciales cuando no se fundamentan en una base sólida de evidencia. Los autores afirman que las decisiones informadas incrementan la probabilidad de que los beneficios de una intervención superen sus efectos no deseados. Por esta razón, sostienen que todas las políticas y prácticas sanitarias deben apoyarse en la mejor evidencia disponible sobre sus efectos.

Los autores destacan que las personas toman decisiones según los efectos que esperan de sus elecciones, y señalan que disponer de información confiable sobre la probabilidad de que ocurran esos efectos deseados resulta esencial para tomar decisiones informadas, aunque dicha información no basta por sí sola.

Otras dificultades asociadas al uso de evaluaciones sobre los efectos de las intervenciones sanitarias para sustentar políticas y prácticas incluyen:

• Consideración inadecuada de los efectos nocivos de las intervenciones
• Evaluaciones sesgadas de los efectos de las intervenciones
• Conflictos de intereses
• Informes sesgados de las investigaciones
• Informes deficientes de las investigaciones
• Revisiones deficientes
• Revisión por pares ineficaz e ineficiente
• Falta de actualización de las revisiones
• Duplicación innecesaria de esfuerzos
• Información errónea
• Acceso limitado a información fiable sobre los efectos de las políticas y prácticas
• Brechas entre las recomendaciones basadas en la evidencia y la práctica profesional
• Formulación de políticas con información insuficiente
• Falta de participación de los pacientes y del público en la toma de decisiones.

En el artículo se abordan las intervenciones en salud de forma amplia, desde decisiones individuales como los tratamientos farmacológicos o las dietas, hasta las políticas orientadas a la salud poblacional. El artículo también describe la trayectoria histórica de los autores, quienes, desde la década de 1970 comenzaron a cuestionar la autoridad y la opinión de expertos sin contar con evidencia sólida, lo que impulsó esfuerzos colaborativos orientados a mejorar la evaluación de las intervenciones en salud. La comunidad científica reconoce estos problemas; aunque en las últimas cinco décadas se han producido avances significativos hacia decisiones sanitarias mejor informadas, sigue habiendo limitaciones.

A pesar del crecimiento exponencial de las revisiones sistemáticas desde la década de 1980, numerosos estudios continúan sin aplicar métodos rigurosos. Además, la comunidad científica duplica esfuerzos innecesariamente. Las barreras de comunicación y los costos restringen el acceso a revisiones de gran calidad. Consecuentemente, muchas decisiones en salud todavía carecen de un respaldo sistemático, actualizado y confiable.

Los autores identifican la dependencia acrítica de opiniones mal fundamentadas como el problema central. En particular, el análisis señala que las autoridades seleccionan la evidencia de forma sesgada y/o que no son explícitas cuando presentan la base científica verificable de sus afirmaciones.

En un contexto político marcado por el aumento del autoritarismo y la desinformación, los autores advierten que este problema adquiere una relevancia creciente, no solo en el ámbito sanitario, sino también en todas las decisiones que influyen sobre la salud individual y colectiva, e invitan a la colaboración y la acción colectiva para abordar desafíos tan complejos como las pandemias, las desigualdades masivas, la resistencia a los antimicrobianos, el uso insostenible de los recursos y el cambio climático (ver cuadro 1).

Finalmente, los autores cierran citando a Chalmers: «las buenas intenciones y las teorías plausibles son insuficientes para seleccionar políticas y prácticas que protejan, promuevan y restablezcan la salud. La humildad y la incertidumbre son condiciones previas para realizar evaluaciones imparciales de los efectos de las prescripciones y prohibiciones de los responsables políticos y los profesionales». «Los intereses del público se atenderán de forma más responsable y ética cuando la investigación diseñada para reducir la probabilidad de ser engañados por sesgos y la influencia del azar se convierta en un elemento esperado de la práctica profesional y de la formulación de políticas, no en un complemento opcional» [2].