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Se requieren mejoras estructurales en el sistema judicial de EE UU: el caso de Purdue Pharma

Salud y Fármacos, 12 de febrero de 2021
Boletín Fármacos: Ética y Derecho 2021; 24 (1)

Tags: ejecutivos de empresas, conducta de la industria, multas, sanciones, opiáceos, opioides, Purdue, oxycotin, aumentar las ventas, acuerdos judiciales

Hace varios años que se van sucediendo acusaciones contra Purdue Pharma por su contribución a aumentar las recetas de sus opioides, contribuyendo a la crisis por su abuso en EE UU. A finales del año pasado la compañía llego a un acuerdo con el gobierno federal para resolver cargos civiles y criminales; los miembros de la familia Sackler pudieron también resolver las acusaciones federales civiles contra ellos a través del pago de multas. Estos acuerdos se establecieron a pesar de las objeciones de numerosos miembros del Congreso, fiscales generales estatales y familias de personas que murieron tras consumir los opioides de la empresa.

Corey Davis, subdirector de la Oficina de la Región Sudeste de la Red de Ley de Salud Pública, abordó las implicaciones de dicha decisión judicial en el artículo “The Purdue Pharma Opioid Settlement — Accountability, or Just the Cost of Doing Business?”, publicado a comienzos del año en NEJM [1]. A continuación, Salud y Fármacos presenta su resumen del artículo.

Antecedentes

  • En el 2007 Purdue se declaró culpable ante un tribunal federal de afirmar ilegalmente que Oxycontin (oxicodona) era menos adictivo, menos susceptible al mal uso y menos propenso a causar dependencia y síntomas de abstinencia que otros analgésicos.
  • Purdue pagó multas y sanciones por US$600 millones (aprox.) y tres ejecutivos corporativos se declararon culpables de un cargo menor, por el cual pagaron casi US$35 millones.
  • Purdue ha resuelto numerosos desafíos legales estatales, relacionados con demandas prácticamente idénticas a las de la justicia federal, por la promoción de uso de Oxycontin para indicaciones fuera de etiqueta (off-label) y su comercialización engañosa. Todos estos casos se resolvieron con sanciones económicas:

El acuerdo de noviembre 2020
En noviembre pasado Purdue se declaró culpable de haber incrementado ilegalmente las ventas de Oxycontin, después de que hubieran disminuido cuando al reformularlo en el 2010 para dificultar su mala utilización, algunos usuarios prefirieron utilizar otros opioides. Específicamente, la compañía:

  • Concentró sus esfuerzos de marketing en los profesionales que sabía que estaban recetando de forma no ética. Este grupo de prescriptores (7%), recetó más opioides que el restante 93%. Entre las prácticas no éticas, la compañía animó a los prescriptores a que incrementaran el número de pacientes tratados con opioides y recomendaran a las personas que ya los estaban recibiendo que utilizaran formulaciones en dosis más altas y más costosas.
  • Pagó sobornos a algunos de los médicos que prescribían más medicamentos. Por ejemplo, pagó US$475.000 al médico que fue el mayor prescriptor de Oxycontin de todos los prescriptores en el programa de Medicare.
  • Envió frecuentemente a representantes de ventas a las farmacias utilizadas por sus prescriptores de mayor volumen.
  • Pagó comisiones ilícitas a tres farmacias especializadas que dispensaron recetas que otras farmacias se negaron a entregar.
  • Conspiró con Practice Fusion, una compañía de historias clínicas electrónicas, para generar alertas que incentivaran el uso de Oxycontin y de otros opioides de Purdue, aun cuando no fueran necesarios.

El castigo de Purdue por estos cargos será:

  • Una multa penal de US$3.500 millones (aprox.)
  • Una multa civil de US$2.800 millones
  • US$2.000 millones en decomiso

No obstante, dado que la compañía se encuentra en proceso activo de quiebra, se desconoce que parte de estas cantidades que adeuda acabará pagando en algún momento. Y como si esto no fuera suficiente, en contra prestación, el gobierno federal no presentará ningún otro cargo penal contra Purdue por sus acciones desde mayo 2007 a octubre 2020. Las demandas de cientos de estados, municipios y entidades tribales [es decir de los indios americanos] contra Purdue siguen activas, pero es igualmente incierto si habrá fondos para cubrir las obligaciones financieras que llegaran a surgir.

Por su parte los Sackler llegaron a un acuerdo civil por el que pagarán 225 millones, a pesar de haber recibido miles de millones de dólares por las ventas de Oxycontin. Ningún miembro de la familia fue acusado ni ha admitido ningún delito

Análisis del acuerdo de noviembre 2020
Si bien el hecho de que la larga actividad ilegal de Purdue prácticamente haya llegado a su fin genera tranquilidad, persiste la pregunta de por qué se le permitió llegar tan lejos, y por qué muy pocas de las personas que han estado involucradas han tenido que responder por sus acciones.

La compañía admitió haber ejecutado una campaña ilegal y sostenida a lo largo de los años para aumentar la prescripción insegura e innecesaria de opioides. No obstante, según el acuerdo, ninguna de las personas que tomaron las decisiones que contribuyeron a la muerte de decenas de miles de personas enfrentará cargos penales.

En el extremo opuesto de este hecho, [al que se le podría calificar de impune], se encuentra el ejemplo de la persecución criminal contra quienes violan la legislación por el uso de drogas ilegales, que predominantemente son personas de color y de bajos ingresos. En EE UU se realizan más arrestos por violaciones a las leyes de drogas que por cualquier otro delito. ¿Por qué estas personas enfrentan sanciones penales pero los ejecutivos y propietarios de compañías farmacéuticas que deliberadamente lanzaron millones de píldoras innecesarias y altamente adictivas al mercado quedan libres? La respuesta yace en el dinero y en la capacidad de contratar los servicios más costosos y mejor conectados para sortear la justicia. Purdue y los Sacklers tienen bastante de ambos.

Ni el acuerdo del 2020 ni el proceso de quiebra de Purdue resuelven los problemas subyacentes a un sistema de salud que muy a menudo prioriza el lucro sobre los pacientes, y de un sistema criminal legal que es implacable con los eslabones más pequeños de la cadena y deja en libertad a los cerebros corporativos después de pagar unas multas cuyo monto bien puede ser visto como un costo asociado a los negocios.

Algo que ayudaría a equilibrar el inequitativo sistema judicial y lo que esto conlleva, en términos del comportamiento de los diferentes actores, sería que aquellas personas que toman decisiones a nivel corporativo, como en el caso Purdue, asumieran la responsabilidad de devolver la totalidad de los ingresos recibidos por su actividad ilegal, los cuales deberían utilizarse para atender a las comunidades más afectadas por sus acciones.

Nota de Salud y Fármacos. Pensamos que no se puede hablar de justicia sin que aquellas personas responsables de la muerte de otras causadas por una acción cometida con conocimiento de causa no terminan con un castigo que incluye años de cárcel.

Referencia

  1. Davis, C. The Purdue Pharma Opioid Settlement — Accountability, or Just the Cost of Doing Business? The New England Journal of Medicine. 14 de enero de 2021. N Engl J Med 2021; 384:97-99. DOI: 10.1056/NEJMp2033382. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp2033382
creado el 25 de Febrero de 2021