América Latina

Tres proyectos de ley que buscan regular los precios de los fármacos están paralizados en comisión y no han sido convocados por el Gobierno a sesiones extraordinarias.

Los esfuerzos detrás de tres proyectos de ley y un decreto del Ministerio de Salud para abaratar los costos de los medicamentos en plena pandemia no sirvieron de nada y quedaron enterrados este año, ante la falta de voluntad política del Gobierno y de la Asamblea Legislativa.

En la Asamblea Legislativa hay tres proyectos de ley que buscan regular los precios de los fármacos, pero ninguno avanza en comisión ni han sido convocados por el Gobierno a sesiones extraordinarias.

El proyecto de Ley de Control de Precios de los Medicamentos (Expediente 22.074), propuesto por Franggi Nicolás (PLN), fija topes a los porcentajes máximos de utilidad sobre el valor CIF (valor real en aduanas) de la importación de medicamentos y aquellos producidos en laboratorios del país. También establece una utilidad máxima para droguerías, farmacias, distribuidores e intermediarios y establecimientos detallistas. Por último, establece multas a quien venda o distribuya medicamentos a precios abusivos.

El proyecto de ley de Creación de la Oficina de Control de Precios de los Medicamentos para la Protección del Consumidor (Expediente 20.838), de Walter Muñoz (PIN) establece un margen fijo de utilidad a importadores, distribuidores y comercializadores; crea una oficina de control de precios en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), sin costo adicional, para que monitoree a nivel internacional el precio de un producto y lo compare con el precio en el país; y elimina el pago del 2% de IVA a los medicamentos.

El proyecto de ley para Promover la Competencia en el Mercado de Medicamentos (Expediente 21.368), de Welmer Ramos (PAC), propone que medicamentos, laboratorios, importadores y droguerías inscritos en países con mejores controles que los nacionales puedan inscribirse en el país a través de trámites sencillos de homologación, para intensificar la competencia en los precios. También prohíbe los contratos de exclusividad entre laboratorios y droguerías, y la participación de los mismos grupos económicos en las mismas cadenas de valor.

Ramos dijo a UNIVERSIDAD que lo que está aquí de por medio “es el dolor de las personas y la defensa de la vida”. “En Costa Rica los estudios que ha hecho la UCR y demás demuestran que el pueblo costarricense está pagando por medicinas en algunos casos hasta seis veces lo que se paga en Europa o en países como El Salvador o Colombia y casi todos los países han legislado en este tema porque es un tema de derechos humanos; es un tema de privación de acceso a mecanismos para mantener una salud aceptable”.

Por otra parte, el Ministerio de Salud mantiene estancado el trámite del decreto del “Reglamento para la Prescripción de Medicamentos de Conformidad con su Denominación Común Internacional (DCI) para el mercado privado costarricense”, que impulsa dicho ministerio desde el 2018.

El reglamento, que está listo desde el 2019, establece que todos los médicos, odontólogos y obstetras están obligados a prescribir los medicamentos por su denominación común internacional o nombre genérico y no por marca. Pero ahora el Ministerio, los gremios de médicos y especialistas y las cámaras empresariales del sector de laboratorios y farmacéuticas que han participado en la mesa de trabajo para discutir dicho decreto, insisten en que para poderlo aprobar se requiere ampliar un registro actualizado de todos los medicamentos bioequivalentes en el país.